Al principio de su administración, Enrique Peña Nieto se tomó la
foto con 19 gobernadores, la mayoría de los cuales pertenecían al PRI;
incluso elogió a la “nueva generación” de militantes priistas que lo
acompañaba en su gestión. Sin embargo, su triunfalismo se desdibujó en
2016, cuando perdió siete gubernaturas y varios de los priistas
salientes acabaron inmersos en señalamientos de corrupción. Este
conjunto de hechos es reseñado en el libro más reciente del reportero
Jenaro Villamil, Cleptocracia. El nuevo modelo de la corrupción, en el
que documenta cómo el Estado fue capturado por élites que se sienten
amenazadas ante un eventual desplazamiento del poder. Con autorización
de la editorial Grijalbo, aquí se publican fragmentos del volumen, que
ya se encuentra en circulación y que se presentará el próximo jueves 24
de mayo a las 19 horas en la Casa Lamm por jo Tuckman y Ricardo Peralta.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En su toma de protesta como
presidente de México –el 1 de diciembre de 2012–, Enrique Peña Nieto se
tomó una foto en Palacio Nacional con 19 gobernadores que lo
acompañaron. La mayoría son priistas. Y gran parte de ellos apostaron,
apoyaron e invirtieron en su campaña desde 2010. De aquellos 19
mandatarios estatales, 11 enfrentan ahora cargos por peculado, lavado de
dinero o desvío de fondos, están prófugos o han ganado amparos para
protegerse. El panorama de esa “nueva generación” de priistas en el
poder cambió radicalmente en seis años. Veamos los principales casos:
1. El cuestionado gobierno de Rodrigo Medina Mora en Nuevo León tuvo
como consecuencia que el PRI perdiera la gubernatura en 2015; Medina ha
sido señalado por su sucesor, el “independiente” Jaime Rodríguez, El
Bronco, quien lo acusó por desvío de millones de pesos durante su
administración. Sin embargo, la Operación Tornado del gobierno neoleonés
–que investiga a 60 exfuncionarios– generó más expectativas que
resultados concretos. Medina estuvo recluido 18 horas en el penal de
Topo Chico, en enero de 2017, y salió gracias a un amparo tramitado por
sus abogados. Se le acusó de manipular 3 mil 600 millones de pesos, pero
su sucesor no lo pudo comprobar. Se le siguió un proceso judicial por
ejercicio indebido de funciones.
2. Andrés Granier, exgobernador priista de Tabasco cuya gestión en la
gubernatura provocó que en 2012 el candidato del PRI fuera derrotado en
las urnas por Arturo Núñez, del PRD. Granier fue detenido en 2013,
acusado de desviar 2 mil 604 millones de pesos, proceso contra el cual
se amparó. Desde junio de 2013 se encuentra preso en la Torre Médica del
penal de Tepepan (Ciudad de México).
Asimismo, tiene otra acusación pendiente por el desvío de 196
millones de pesos en el sector salud. Su hijo –Fabián Granier
Calles–también estuvo preso, pero salió libre bajo fianza.
Andrés Granier se volvió un ejemplo de excesos y frivolidades dentro
de los gobiernos tabasqueños. Desde sus 400 pares de zapatos, sus mil
camisas presumidas en un audio, hasta las fiestas en la casa de
gobierno, el mandatario priista superó por mucho la herencia de
cleptocracia de Roberto Madrazo. Extendió sus tentáculos de corrupción
hasta Yucatán.
3. César Duarte Jáquez, exgobernador priista de Chihuahua cuya mala
administración provocó la derrota del tricolor ante la oposición en
2016. Sobre él pesan más de 11 órdenes de aprehensión y varios cargos
por peculado electoral, que suman alrededor de 250 millones de pesos;
además enfrenta acusaciones por otros casos de lavado de dinero a través
de banco Unión Progreso y desvío de recursos por mil 200 millones de
pesos. Actualmente se encuentra prófugo. Se presume que está en Estados
Unidos.
Duarte Jáquez llegó a la gubernatura de Chihuahua apoyado por su
principal padrino político, el senador Emilio Gamboa Patrón. Hizo y
deshizo en su entidad durante seis años sin que nadie lo frenara. Su
gasto intensivo en comprar medios de comunicación formó parte de sus
excesos. En 2012 destinó 808 millones de pesos en gastos para medios,
772 millones en 2013, 602 millones en 2014, 602 millones en 2015 y en
2016, año en que el PRI perdió la gubernatura, destinó 328 millones de
pesos a ese rubro, según los datos oficiales de la Oficina de
Comunicación Social.
4. Javier Duarte de Ochoa, exgobernador priista de Veracruz; tampoco
logró que el PRI refrendara la gubernatura en 2016. Ese año triunfó su
acérrimo adversario, el expriista Miguel Ángel Yunes. A Duarte se le
considera uno de los casos más escandalosos de corrupción en los últimos
años.
Acusado por la Auditoría Superior de la Federación de desvío por más
de 36 mil millones de pesos del presupuesto público, ha sido señalado de
encabezar una red de más de 400 empresas fantasma que le sirvieron para
el lavado de dinero y presuntas operaciones con recursos de procedencia
ilícita. Huyó del país en octubre de 2016, en vísperas de dejar el
gobierno. Fue detenido en abril de 2017 en Guatemala, cuando salía de un
hotel, y en julio del mismo año fue extraditado a México. Se le sigue
un largo y complejo proceso jurídico, del cual se excluyen los delitos
de lesa humanidad cometidos durante su gobierno y denunciados por
activistas, ciudadanos, medios locales e incluso organismos
internacionales.
El desastre que dejó en Veracruz no se refiere sólo a la bancarrota
del erario. La bancarrota moral fue incluso más grave: miles de
desaparecidos, un enfrentamiento constante con los periodistas, hasta
lograr el triste récord del estado con más reporteros asesinados,
secuestrados o desplazados; un secretario de Seguridad Pública, Arturo
Bermúdez Zurita, que se convirtió en el jefe del crimen organizado en la
entidad; una colección de excesos autoritarios y de casos tan graves
como Los Porkys –que alcanzó notoriedad nacional–, gracias al apoyo de
una red empresarial corrupta.
5. Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, quien también
ocasionó la derrota del PRI en la contienda electoral por la gubernatura
en 2016. Se le acusa de presunto “lavado de dinero” y desfalco al
erario estatal por 900 millones 99 mil pesos, derivados de la venta
irregular de 22 predios de 7 millones 118 mil metros cuadrados. También
tiene investigaciones pendientes por presunto peculado electoral, que
sumaría unos 200 millones. Una más: supuestamente está asociado, junto
con César y Javier Duarte, a una red de empresas fantasma para desviar
recursos a las campañas. Huyó del país, pero fue detenido en Panamá y
extraditado a principios de 2018. Borge fue protegido y apadrinado por
el expresidente Carlos Salinas de Gortari, con quien presumió no sólo su
amistad, sino sus excesos. Gastó del erario más de 500 millones de
pesos tan sólo en rentar aviones para sus viajes personales.
6. Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, que dejó el gobierno en
2016. Primero fue acusado de encubrir al narcofiscal Édgar Veytia,
señalado por la DEA de ser el principal operador en la distribución y
producción de drogas en su propia entidad; Sandoval insistió una y otra
vez que él “ignoraba” lo que su propio exfiscal hizo.
En enero de este año el Congreso de la entidad comenzó una investigación
en su contra por presunto desvío de 2 mil 700 millones de pesos. Su red
de corrupción la encabezaron parientes que formaron parte también de
una red de empresas fantasma.
7. Mario Anguiano, exgobernador de Colima, acusado también de desviar
170 millones de pesos del erario; fue inhabilitado por el Congreso del
estado para ocupar otro cargo público por 23 años y condenado a pagar
multas por 45 millones de pesos tras detectarse irregularidades en las
cuentas del presupuesto de 2013 a 2015.
Colima es uno de los estados conocidos como “cementerio de
gobernadores”. El exgobernador Silverio Cavazos Ceballos fue ejecutado
12 meses después de dejar el cargo. Su sucesor, Fernando Moreno Peña,
recibió cuatro balazos después de abandonar la gubernatura.
8. Egidio Torre Cantú, exgobernador de Tamaulipas, es señalado por
participar también en una presunta red de desvío de millonarios recursos
a las campañas electorales de 2016, la cual perdió su partido (PRI)
ante Francisco García Cabeza de Vaca.
Torre Cantú llegó a la gubernatura tras el asesinato de su hermano
Rodolfo Torre Cantú, en junio de 2010, uno de los casos más graves e
impunes de atentados contra un candidato priista en Tamaulipas, entidad
dominada por los tres cruces del crimen organizado: el cártel del Golfo,
el cártel de Los Zetas y Los Beltrán Leyva.
9. Eugenio Hernández y Tomás Yarrington, dos exgobernadores priistas
también de Tamaulipas, antecesores de Egidio Torre Cantú, han sido
detenidos y acusados de encabezar una presunta extensa red de lavado de
dinero y de vínculos con el crimen organizado, según cortes federales de
Estados Unidos en Texas que piden su extradición. También en Estados
Unidos piden la extradición de Jorge Torres López, gobernador interino
de Coahuila (2011).
Los casos de Yarrington y Hernández constituyen, sin duda, los
ejemplos más acabados de narcogobernadores, cuyas redes y vínculos se
extienden hasta el Estado de México (tema que líneas abajo
analizaremos).
10. José de Jesús Reyna, gobernador interino de Michoacán, quien terminó
por responder jurídicamente frente a la acusación de desvío de fondos
públicos por 2 mil 233 millones de pesos (cometida desde la
administración de Fausto Vallejo, también expriista).
Reyna asumió el cargo tras la renuncia de Vallejo en 2014, quien
estaba aquejado por una serie de enfermedades, pero también por la
crisis de gobernabilidad que condujo a la creación de las autodefensas,
lideradas por el doctor José Manuel Mireles, el cual se enfrentó a los
grupos de los Caballeros Templarios y la Familia Michoacana, cárteles
que dominaron las principales zonas de trasiego de la droga.
11. Uno de los casos más graves de impunidad es el de Humberto
Moreira, exgobernador de Coahuila, exdirigente nacional del PRI y uno de
los más firmes aliados de Peña Nieto en su ascenso a la candidatura
presidencial, hasta que fue señalado en México y en Estados Unidos por
vínculos con el narcotráfico. La Secretaría de Hacienda documentó el
desaseo en el manejo de los recursos públicos durante su administración,
en la que la deuda pública se disparó de 323 millones a 36 mil millones
de pesos.
En enero de 2016 Moreira fue detenido en Barcelona, España, pero unos
días después fue liberado. Retornó a México como mártir. Se confrontó
públicamente con su hermano y sucesor en Coahuila –Rubén Moreira– y
aspiró a ser diputado local por el Partido Joven, una agrupación con su
impronta.
A finales de 2017 se dio a conocer un informe de la Clínica de
Derechos Humanos de la Facultad de Derechos Humanos de la Universidad de
Texas, que sistematizó los testimonios de tres juicios contra líderes
del cártel de Los Zetas. En ese informe se compila y sustenta lo que los
habitantes de Coahuila y Veracruz sabían desde hacía tiempo: que los
gobiernos de Humberto y Rubén Moreira en la primera entidad y de Fidel
Herrera y Javier Duarte en la segunda fueron “capturados” por el crimen
organizado a cambio de millonarios sobornos.
El informe señala que desde 2004 Los Zetas apoyaron con 10 millones
de dólares la campaña de Fidel Herrera, exgobernador del PRI,
corresponsable del desastre de Veracruz ocasionado por su protegido y
sucesor Javier Duarte; Herrera negó “categóricamente” a la prensa haber
recibido “dinero ilegal alguno” del narcotráfico.
El vínculo común entre los Moreira, Herrera y Duarte con el cártel de
Los Zetas, según el mismo informe, fue el empresario Francisco Antonio
Colorado Cessa, mejor conocido como Pancho Colorado, señalado en varios
reportajes de la revista Proceso y en el periódico Reforma de ser
prestanombres y “lavador” de dinero. Colorado fue propietario de la
empresa ADT Petroservicios y en 2012 fue llevado a juicio en Texas.
12. La administración del exgobernador del Estado de México Eruviel
Ávila terminó en 2017, después de un desaseado proceso electoral para
que el PRI retuviera la gubernatura de esta entidad. Los escándalos
involucran a su administración con la compañía española OHL en las
ampliaciones y renovaciones irregulares de sus contratos en el Viaducto
Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense. La filtración de
llamadas telefónicas vinculó a dos funcionarios de su gobierno –Apolinar
Mena, secretario de Comunicaciones, y a la consejera jurídica Luz María
Zarza–con operaciones ilegales a favor de la constructora.
Hábilmente, Ávila se ha desmarcado de la crisis de seguridad pública
en su propia entidad. Fue aspirante a la candidatura presidencial del
PRI, pues pensó que la victoria de ese partido en 2017 lo podía ayudar
en sus aspiraciones. Estuvo unas cuantas semanas al frente del PRI en la
Ciudad de México, para dejarle el control a los tecnócratas cercanos a
José Antonio Meade. Ahora bien, las aspiraciones de Ávila se mantienen. Y
es quizá de los pocos precandidatos que estarían en condiciones de
sustituir a Meade ante cualquier circunstancia.
13. La corrupción no fue exclusiva de los gobernadores priistas. Está
el caso del exgobernador panista de Sonora Guillermo Padrés, detenido
en 2016 por delitos como lavado de dinero, delincuencia organizada y
defraudación fiscal. Sus abogados han ido ganando ante los jueces varios
casos. El juez duodécimo de distrito de procesos penales federales en
la Ciudad de México le dictó auto de libertad por el delito de lavado de
dinero por 8.8 millones de dólares, pero aún está en prisión preventiva
por defraudación fiscal.
14. En aquella fotografía de 2012 con Peña Nieto también aparece el
exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, quien dejó la entidad en medio
del escándalo provocado por la inseguridad pública, la corrupción y la
desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Aguirre buscó al PRD en 2010 para contender por la gubernatura tras
perder la nominación priista (cargo que ocuparía por segunda vez, pues
de 1996 a 1999 se desempeñó como gobernador interino). Siempre tuvo el
apoyo de Peña Nieto y del grupo del Estado de México para ganar en una
entidad que el perredismo había gobernado durante más de una década, en
medio del crecimiento exponencial de la doble espiral de violencia
generada por el crimen organizado y los grupos disidentes, así como la
fuerte presencia del Ejército.
Éste es el panorama a casi seis años de distancia. Nunca como en este
periodo toda una generación de exgobernadores priistas había sido
acusada y señalada de tantos delitos, como peculado, lavado de dinero,
desvío de fondos públicos, quebrantos multimillonarios al erario En la
mayoría de los casos no hubo ninguna acción por parte de la Secretaría
de Hacienda o la Secretaría de Gobernación, las cuales debieron haber
alertado del enorme daño que causarían en las entidades.
En este periodo se agudizó una tendencia marcada en 2000, con la
llegada de los gobiernos de alternancia entre el PRI, PAN y, en menor
grado, PRD: a mayor incertidumbre de permanencia de los partidos en un
gobierno estatal, mayor grado de corrupción y de descaro en las formas
de peculado y triangulación de fondos.
Un recuento publicado por el periódico Reforma el 11 de febrero de
2018 dio cuenta que de 2000 a 2017 uno de cada 10 gobernadores ha sido
acusado de desvío de recursos o de formar parte de redes de cleptocracia
en sus estados. De 129 mandatarios en estos 17 años, 11 gobernadores
imputados son del PRI, dos del PAN y uno exgobernador de coalición, el
de Chiapas, Pablo Salazar. Tan sólo en el sexenio de Peña Nieto, nueve
de estos exgobernadores del PRI, incluyendo a dos interinos, fueron
acusados por desfalco, desempeño irregular en la función pública y
presuntos vínculos con el crimen organizado.
Con Peña Nieto se dio el auge y caída del fenómeno de los “virreyes”
priistas. Es decir, lo que fue el “sindicato de gobernadores” formado
desde el zedillismo para protegerse, apoyarse y “tomar por asalto” la
Presidencia de la República en 2012, amparados por el grupo político más
fuerte, con mayor volumen de recursos y operadores electorales en el
país: el Grupo Atlacomulco.
Peña Nieto cobijó, protegió y fue cómplice de la mayoría de estos
casos por una razón evidente: él también fue el resultado de un pacto de
impunidad con su antecesor, el exgobernador Arturo Montiel, cuya
aspiración a la candidatura presidencial de 2006 se estrelló con los
expedientes de sus propiedades inmobiliarias, la vinculación de sus
hijos con redes de corrupción y miles de millones de pesos desviados.
Montiel cumplió con dejar a Peña Nieto al frente del gobierno del
Estado de México y éste nunca emprendió una investigación seria en
contra de él. Sólo se cuidó mediáticamente de no aparecer más junto con
su tutor y pariente en lejano grado.
Como un sexenio antes lo hiciera Montiel con otros exgobernadores
priistas como Tomás Yarrington (Tamaulipas), Manuel Ángel Núñez Soto
(Hidalgo), Enrique Martínez y Martínez (Coahuila), Fidel Herrera
(Veracruz) y Natividad González Parás (Nuevo León), también Peña Nieto
tejió su propia “red de apoyos” con los gobernadores priistas que
llegaron junto con él. La complicidad fue muy básica: a cambio del
desvío de recursos para su campaña presidencial en 2012, el gobierno
mexiquense de Peña Nieto apoyó e “invirtió” (por supuesto, con dinero
público o triangulado) en las operaciones político-electorales de varias
entidades. Una operación que se realizó frente a las narices del
gobierno panista de Felipe Calderón, y que no se hizo nada para
frenarla, sobre todo después de las elecciones federales de 2009 y de
los comicios estatales de 2010.
Ese modelo creó a los “virreyes” o “señores feudales” de cada entidad
que alcanzaron su máximo poder e impunidad durante los sexenios
panistas, pero que se quebró en el peñismo. Sirvió para recuperar la
Presidencia de la República en 2012, pero se fue derrumbando
periféricamente por las mismas razones que derivaron en sus derrotas
electorales: la escandalosa impunidad y corrupción que le costará al
país y a cada una de las entidades más de una década para que sean
resarcidas.
Estos fragmentos del libro Cleptocracia escrito por Jenaro
Villamil se publicaron el 13 de mayo de 2018 en la edición 2167 de la
revista Proceso.
Fuente
