martes, 8 de mayo de 2018

SME Circular Fideicomiso





Los jóvenes en edad laboral reciben salarios precarios y sin seguridad social

Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Martes 8 de mayo de 2018, p. 13
Del total de la población en edad laboral, el segmento correspondiente a jóvenes entre 15 y 29 años presenta los mayores índices de precariedad en su trabajo, con 66 por ciento, fundamentalmente por los salarios que reciben y porque no cuentan con seguridad social.
El informe Bienestar y Precariedad laboral en México con énfasis en la población joven, del Observatorio de los Salarios de la Universidad Iberoamericana (Uia) de Puebla, que dirige Miguel Reyes Hernández, plantea lo anterior y puntualiza que en total, 61 por ciento de los mexicanos que tienen un trabajo se encuentran en condiciones de precariedad laboral, pero este porcentaje se eleva entre los muchachos de esa edad.
El análisis plantea que la alta incidencia de pobreza, así como de población que no alcanza un salario digno y el hecho de que 6.6 mexicanos de cada 10 no tienen seguridad social, son factores que sin duda los dirigen a condiciones de vida precarias, lo cual constituye la mayor parte de los asalariados promedio del país.
Añade que la precariedad laboral no tiene una tendencia decreciente, sólo se ha detenido un poco en los últimos años; sin embargo, por el hecho de que los salarios no se mueven y la seguridad social no se generaliza, la población asalariada joven pareciera destinada en su mayor parte a laborar en condiciones de pobreza, de bajos ingresos, poca protección social y jornadas por encima de la ley.
En 2005, el volumen de población joven con malas condiciones laborales representaba 65.5 del total de trabajadores, cifra que subió en 2014 a 67.9 y que para 2017 quedó en 66.5 por ciento.
Esto se debe a que el indicador de bienestar para la población de 15 a 29 años señala que en los años recientes no hay mejoras sustanciales en la calidad de los trabajos, ni en materia de sueldos ni con garantías de los derechos laborales marcados en la Constitución.
La inserción de México en el contexto internacional como país de bajos salarios, pocas prestaciones y largas jornadas ha sido la manera de atraer inversión, compensando la falta de inversión pública en infraestructura de calidad, políticas eficaces de transferencia y generación de desarrollo tecnológico y científico, así como mejoras regulatorias y combate efectivo contra la corrupción, indica el texto.
Por último, el estudio de la Uia Puebla señala que entre las políticas públicas para que la población trabajadora salga de la precariedad, está incrementar los salarios en el mismo porcentaje que la productividad, dar seguridad social a los trabajadores para garantizar ciertos estándares de vida así como la interacción de políticas sociales y de mercados laborales, entre otros.

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CFE garantiza la energía eléctrica para las elecciones del 1 de julio

Ciudad de México (Redacción / Energía Hoy).- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Instituto Nacional Electoral (INE) firmaron un convenio de colaboración con el fin de garantizar el suministro confiable de energía eléctrica a instalaciones clave del propio INE durante el Proceso Electoral Federal 2018.
El convenio establece las bases y los mecanismos para garantizar que los inmuebles determinados por el INE durante el desarrollo de las Elecciones 2018, cuenten de manera continua y confiable con energía eléctrica.
A través de este convenio de colaboración la CFE y, particularmente, su subsidiaria de Distribución, se compromete a apoyar el desarrollo de los próximos procesos electorales concentrándose en cuatro ámbitos generales de acción.
El primero es asegurar la correcta operación de la infraestructura que lleva energía eléctrica a las instalaciones del INE en todo el país; el segundo ámbito de acción es mantener personal de la CFE disponible para supervisar la operación de la infraestructura eléctrica durante la jornada electoral y designar guardias presenciales en las instalaciones del INE que considere estratégicas.
El tercer ámbito es atender oportunamente interrupciones al servicio de energía eléctrica que pudieran ocurrir en casos fortuitos. Finalmente, el cuarto ámbito de acción es arrendar las plantas de generación de energía eléctrica que requiera el INE para realizar sus actividades durante la jornada electoral.
Para dar seguimiento a estos compromisos, la empresa Subsidiaria CFE Distribución dará a conocer las medidas específicas que se llevarán a cabo, en la reunión de inicio del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares.
Destaca que desde noviembre del año pasado, CFE Distribución comenzó la inspección de la infraestructura que lleva energía eléctrica a más de 300 inmuebles del INE, lo que representa 12 mil kilómetros de líneas de media tensión que han sido revisadas.
A la fecha ha identificado cerca de 170 centros de operación estratégica que contarán con atención especializada por parte de personal de la CFE.
En este evento estuvieron presentes el Director General de la Comisión Federal de Electricidad, Jaime Hernández; el consejero presidente del Instituto Nacional Electora, Lorenzo Córdova; Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del INE; el Director Ejecutivo de Administración de este Instituto, Bogart Montiel y Roberto Vidal, Director General de CFE-Distribución.

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Depredadora, la industria extractiva en el país, asegura relator de la ONU

Emir Olivares Alonso
 
Periódico La Jornada
Martes 8 de mayo de 2018, p. 4
Las industrias extractivas no son sostenibles. Éstas extraen recursos y no los remplazan; deterioran territorios y afectan los entornos en los que se desarrollan, expresó el relator especial de Naciones Unidas sobre las Consecuencias para los Derechos Humanos Relacionadas con la Gestión y Eliminación Ambientalmente Racional de las Sustancias y los Desechos Peligrosos, Baskut Tuncak.
El funcionario internacional participó en el foro Industrias extractivas y derechos humanos: retos y perspectivas, organizado por la agrupación Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde planteó que no existe una solución para la mayoría de los problemas y riesgos generados por este tipo de industria.
Indicó que regularmente las compañía dedicadas a las actividades extractivas incumplen con las leyes ambientales, lo que consideró una forma de violencia.
Muchas veces pensamos que la violencia tiene un impacto físico, pero los químicos tóxicos (producidos por estas industrias) también lo son, porque causan un daño increíble. No es que causen cáncer y otras enfermedades, sino que las víctimas no tienen acceso a ningún tipo de remedio depués de haber sido expuestas a esos materiales. Se trata de una gran injusticia.
Y no es que se deban considerar los pagos materiales por los daños, aseveró, sino los efectos entre las personas y los entornos ambientales por las consecuencias de ese tipo de contaminación.
Indicó que los proyectos de este tipo deben garantizar y cumplir seis principios: transparencia, toma de responsabilidades, estado de derecho, prevención y no repetición, no discriminación y cuidar el interés superior de la niñez.
Durante el foro se puso especial énfasis en el caso del derrame tóxico por parte de Grupo México en los ríos Sonora y Bacanuchi, en agosto de 2014, y las consecuencias del mismo. Ahí, Mayeli Sánchez, experta en ecología acuática egresada de la UNAM, señaló que ese derrame tuvo un impacto en más de 200 kilómetros en siete municipios de Sonora.
Puntualizó que se trató o de mala suerte de la empresa o del incumplimiento de las normas ambientales, y pese a la tragedia, el plan de monitoreo emprendido por el gobierno y la compañía no tuvo rigurosidad y la estrategia de remediación únicamente se redujo al suelo y no fue ambiental. Hablamos de un ecocidio que deja en la incertidumbre a las poblaciones que ahí viven.
Omar Arellano, de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, indicó que a raíz de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, se dio una penetración mayor al país de industrias extractivas trasnacionales, que se rigen por normas laxas respecto de las emisiones y descargas de contaminantes a los cuerpos acuíferos, al grado que muchas de esas empresas no cumplirían con los estándares en la materia de sus países de origen.
Raúl García Barrios, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, señaló que 75 por ciento de los ríos en el país están severamente contaminados, la mayoría por descargas industriales. Agregó que las leyes internas son muy desarrolladas, pero en los hechos no se cumplen.

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México realiza última licitación de áreas de exploración de petróleo y gas previa a elecciones presidenciales

Ciudad de México (Especial, Oxford Business Group  / Energía Hoy).- La última ronda de licitación abierta para los derechos de exploración en el sector energético de México recibió un interés mixto por parte de los inversionistas, con aún dos rondas adicionales por realizarse en lo que queda del año.
De los 35 bloques costa afuera en oferta en la licitación del 27 de marzo, se vendieron 16, siendo los de mayor interés los bloques en la Cuenca del Sureste, ubicada en la porción sureste del Golfo de México, cuyas ocho ofertas encontraron compradores.
La productora estatal de petróleo de México, Petróleos Mexicanos (Pemex), ganó siete de los bloques en oferta, uno por derecho propio y seis más en sociedad con firmas de energía extranjeras.
Catorce petroleras principales fueron precalificadas para ofertar junto con 22 consorcios. Total, de Francia, fue la mayor ganadora en la Cuenca del Sureste, habiendo obtenido la mayor parte de tres bloques que cubren un área de 2342 kilómetros cuadrados. Recibió dos de estos bloques como parte de un consorcio con Pemex, y el otro en consorcio con BP y Pan American.
La Secretaría de Energía estima que para desarrollar y operar los 16 bloques se requerirá una inversión de 8.6 mil millones de dólares durante la vida útil de los yacimientos.
La respuesta general a las licitaciones fue moderada, ya que las grandes empresas nacionales e internacionales mostraron cierta cautela al hacer sus ofertas, en parte debido a las próximas elecciones presidenciales de julio de 2018, pues se suscitaron inquietudes sobre posibles cambios en la política del sector energético y sobre un aumento de la oferta en el mercado.
Licitaciones de yacimientos de shale fijadas para septiembre
La licitación de marzo fue de hecho la primera de un máximo de tres licitaciones de derechos de explotación a ser realizadas este año. Las dos licitaciones restantes están programadas para fines de julio y principios de septiembre respectivamente. La primera cubrirá un total de 37 áreas contractuales en Burgos, Tampico-Misantla-Veracruz y la Cuenca del Sureste.
La ronda de licitación de septiembre será particularmente notable, ya que será la primera vez que se subasten derechos de explotación de yacimientos de petróleo de esquisto en México.
Las mermadas reservas de gas natural y el alto potencial de los yacimientos de esquisto –el país tiene 545 billones de pies cúbicos de fuentes de gas de esquisto bituminoso técnicamente recuperable, según el Instituto de Recursos Mundiales­– han impulsado a México a acelerar el desarrollo de esa industria.
A principios del mes pasado, el regulador del sector energético, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), convocó a un proceso de licitación por nueve bloques en la Cuenca de Burgos, ubicada en el estado de Tamaulipas, al noroeste del país, para ser licitados en septiembre.
Los bloques contienen aproximadamente 1.1 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente (BEP), y los adjudicatarios tendrán derecho a realizar trabajos de exploración de petróleo y gas convencional, así como a los yacimientos de esquisto identificados.
La reforma energética fomenta el desarrollo del sector privado
Las sucesivas rondas de licitaciones de derechos de exploración y producción son la piedra angular de la política de reforma energética de México. Lanzada en 2013, la reforma puso fin al monopolio de Pemex tanto aguas arriba como aguas abajo, y ofrece al país el potencial de atraer un billón de dólares de inversión extranjera directa para 2040, según la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos.
Desde 2014 ha habido una serie de rondas de licencias, incluyendo las primeras licitaciones de bloques de aguas profundas frente a la costa mexicana, que abren a la explotación una amplia área de nuevas reservas para la industria.
Según Rogelio Vélez, ex CEO de Compañía Perforadora México –la división de infraestructura de la empresa minera y ferroviaria Grupo México–, las reformas energéticas nacionales han mejorado la transparencia tanto en el sector público como en el privado, lo que ha logrado que el clima de inversión sea más atractivo.
“Hasta ahora en el sector upstream, los procesos de licitación han sido en gran medida transparentes y, aunque recién creado, el marco regulatorio es exhaustivo y constituye una base sólida para el resto de la reforma”, dijo Vélez a OBG.
Los efectos de estos cambios ya se están sintiendo a lo largo de toda la industria, y particularmente en el segmento upstream, según Ivan Sandrea, CEO de la firma independiente de energía upstream y midstream Sierra Oil and Gas.
“En 2018, el sector privado podría estar tan activo como Pemex en términos de exploración y perforación”, dijo Sandrea a OBG en una entrevista a fines del año pasado. “Esto muestra cómo, en un período relativamente corto, la reforma energética ha permitido que el sector privado sea tan competitivo como la compañía petrolera nacional”.
La actividad del sector privado se aceleró el mes pasado, ya que los operadores pasaron a las fases de exploración y producción en algunos bloques previamente adjudicados.
BP anunció planes para comenzar la perforación exploratoria en un bloque costa afuera cuyos derechos ganó en las primeras licitaciones petroleras en aguas profundas de México, en 2016. El bloque está ubicado en la cuenca Salina, en la región sur del Golfo de México.
A fines de marzo, la Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobó el plan presentado por BP y sus socios –Total y Statoil de Noruega–, un programa de exploración de cuatro años para el bloque. La perforación inicial está programada para el tercer trimestre de 2020, con una inversión total de 199.5 millones de dólares y con una expectativa de extracción de hasta 75 millones de barriles de petróleo crudo equivalente

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Las reformas hacendaria y financiera limitaron ahorro interno, revela estudio


Israel Rodríguez
 
Periódico La Jornada
Martes 8 de mayo de 2018, p. 19
La reforma hacendaria de 2013 fue un factor que limitó la evolución del ahorro interno y la reforma financiera no consideró que debe promocionarse como precondición para lograr un aumento del crédito en la economía sin generar vulnerabilidades, consideró la Fundación de Estudios Financieros (Fundef), centro de investigación independiente con sede en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, que hace análisis sobre el sistema financiero.
En su estudio Importancia de diseñar políticas públicas para fomentar el ahorro en México, dado a conocer ayer, explicó que debido a que no hubo incentivos de éste y sí al financiamiento, se ha tenido una brecha negativa de financiamiento con el exterior los pasados seis años.
Señaló que la baja cuota de aportación a las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) en México es uno de los factores que afectan el nivel de pensión esperado y un bajo ritmo de crecimiento del ahorro interno.
Por ello es muy importante generar políticas públicas que ayuden a romper con la inercia de evolución del ahorro.
Advirtió que en caso de no adoptar una agenda de promoción al ahorro interno, se estaría acentuando una vulnerabilidad que hoy ya tiene el sistema por el alto ahorro proveniente del exterior. La consecuencia de no tener financiamiento exterior puede ser imponer una restricción a la oferta de crédito en México.
Los especialistas del Fundef aseguraron que el objetivo de la reforma hacendaria fue conseguir más recursos para el sector público. Dado el intento fallido del gobierno de hacer una reforma ciscal correcta, es decir, gravar con IVA alimentos y medicinas, se adoptó una estrategia que aumenta los gravámenes a los contribuyentes cautivos.
En materia de ahorro, en lugar de proponer un esquema de incentivos para que éste aumente su ritmo de crecimiento se buscó mantener impuestos y, en algunos aspectos, endurecer la política fiscal a contribuyentes y personas físicas y morales.
Un primer punto relevante es que se mantuvo la retención de impuesto sobre la renta a los intereses. El problema es que la tasa efectiva implícita de la retención es elevada. Si bien existe la opción de compensación con el impuesto anual, el problema es que proporcionalmente son pocas las personas que presentan declaración del ejercicio y que tienen el beneficio de un menor pago de impuestos al final del año.
Un segundo punto es que en la primera ronda de la reforma se dio trato desfavorable a las deducciones personales: gastos médicos, intereses reales de hipotecas y el componente de ahorro para el retiro, entre otros. Éstos y otros conceptos fueron sujetos a un tope legal estricto.
Es claro que esas y otras modificaciones de la reforma hacendaria fueron un incentivo negativo para el ahorro. Es decir, se definieron las condiciones para una falta de impulso al crecimiento del ahorro interno.
En Fundef se identificó que el tema del ahorro es el gran ausente en la reforma financiera, en cuanto a objetivos y modificaciones relevantes en las leyes.
La reforma financiera ignoró que debe existir promoción al ahorro como precondición para lograr un aumento significativo del crédito.
En las modificaciones a la Ley de Instituciones de Crédito se puede identificar que sólo hay dos componentes que afectan al ahorro en su sentido más amplio. El primero es el relativo al esquema de quiebras bancarias. La justificación de esta regulación se limita a argumentos de protección al beneficiario más que de promoción del ahorro.
El segundo es facilitar la portabilidad de cuentas. Esta modificación permite fomentar la competencia en el mercado de ahorro, pero no se prevé un impacto de aumento en esta variable.

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Analizará la STPS impacto tecnológico en el empleo


Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Martes 8 de mayo de 2018, p. 12
El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Roberto Campa Cifrián, dijo que se convocará a un foro con empresarios y trabajadores para discutir seriamente el tema de la gestión eficaz en la agenda laboral nacional, de cara a los cambios tecnológicos que han repercutido en diversas variables económicas como empleo y salarios. Ahí se deberá proponer una ruta para fortalecer la política en la materia de cara a la nueva revolución tecnológica que se vive.
El funcionario reiteró que el Estado tiene el reto de promover acciones para que la productividad y la inversión pública estén orientadas a la digitalización y creación de nuevos sistemas innovadores e incluyentes.
En la presentación del libro La gran transición: retos y oportunidades del cambio tecnológico exponencial, de José Ramón López Portillo, el funcionario afirmó que las acciones que se tomen en materia de productividad y digitalización deben estar vinculadas con la educación y la capacidad de transformar la información.

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Órgano español de prevención de blanqueo de capitales también investiga red de lavado de Anaya


MADRID (apro).— El nombre del candidato a la presidencia de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, aparece en una investigación del Banco de España y del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) relacionado con un esquema de blanqueo de dinero, según publica el diario digital español OKDiario.
Esta es la segunda denuncia anónima que se presenta ante instancias españolas señalando a Anaya y a un grupo de empresarios como parte de la presunta trama.

Sin embargo, en esta segunda denuncia anónima, el diario digital publica en su sitio de internet que el Banco de España selló de recibida la denuncia en una “comunicación de operativa sospechosa por indicios”.
Y de acuerdo con las fuentes consultadas por el referido medio, sí se habría abierto dicha investigación.

El digital asegura que el presunto esquema de lavado de dinero tiene como propósito financiar la campaña de Anaya de cara a las próximas elecciones en julio de este año.
Consultado por Apro, el Banco de España precisó que forman parte del Sepblac junto con otras entidades policiales, del Ministerio de Justicia y de Economía, cuyos esfuerzos conjuntos están enfocados al combate al blanqueo de capitales. El Banco fue el canal de recepción de dicha denuncia contra Anaya, sin embargo, no pueden informar si hay o no una investigación al respecto.
Desde el Ministerio de Economía del gobierno español se aclaró a esta agencia que los asuntos que tienen que ver con Sepblac son confidenciales.
El 23 de abril, el diario digital El Español publicó una nota donde aludía a una “investigación de las autoridades judiciales europeas” contra el mismo esquema de blanqueo de capitales que se atribuye a Anaya y un grupo de testaferros.
Ambas denuncias tienen como fecha de presentación el 20 de abril, solo que ésta era dirigida a los juzgados de instrucción de Madrid y la que refiere el digital OKDiario está dirigida a Sepblac, la instancia cuya tarea es la prevención de actividades de blanqueo de capitales y las infracciones monetarias.
Ambas denuncias presentadas ante instancias españolas, surge después de las acusaciones presentadas en febrero pasado en la prensa mexicana, cuando se dio a conocer que la Procuraduría General de la República (PGR) estudia la venta de una nave industrial perteneciente a Anaya en el estado mexicano de Querétaro.
Según esta información, el hoy aspirante presidencial vendió el inmueble a la empresa Manhattan Master Plan, creada por su amigo Manuel Barreiro, a través de un testaferro Juan Pablo Olea Villanueva.
Según la denuncia la compra de la nave industrial fue realizada por medio de una empresa pantalla y, supuestamente, esa operación tenía como propósito financiar al candidato.
Sugiere que el dinero utilizado para la operación tiene orígenes dudosos provenientes de España, en donde Barreiro y Olea tienen negocios que presentan incongruencias, incluyendo declaraciones financieras vagas o ambivalentes, como inversiones y deudas sin especificar la procedencia del dinero.
Las 14 empresas que aparecen como propiedad de Olea fueron constituidas y operadas entre 1996 y 2017, varias de ellas son las taquerías La Lupita en Madrid, Gymtonic Sport SL, y una empresa de venta de flores.
Entre los socios de estas empresas aparecen “empresarios españoles” como son Francisco Javier Soriano Rouco y Jaime Luis Pucho de Celis, el primero señalado como propietario de una plataforma web acusada de espionaje, y el segundo pesa con graves acusaciones de fraude y malversación de fondos en 1999.
De hecho, en mayo de 2017, el diputado de Partido Popular (PP), Jesús Gómez, declaró como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, en relación al caso Lezo, en el que relaciona el espionaje político iniciado por el entonces presidente de la comunidad de Madrid, Ignacio González, y una serie de despachos de abogados y sociedades, en las que aparece Soriano Rouco como administrador único de la página Estrella Digital, relacionada con esa trama.
Con relación al caso de Anaya, según fuentes consultadas por OKDiario, tanto Barreiro como Olea podrían ser llamados a declarar ante el Juzgado Decano de Instrucción de Madrid, y “tampoco se descarta la posibilidad de eventualmente convocar al propio Ricardo Anaya”, señala.

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Vladimir Putin jura como presidente de Rusia por otros seis años

 
PROCESO 
 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con un fuerte respaldo popular, Vladimir Putin juró este lunes como presidente de Rusia por otros seis años.
En el salón Andreyevsky del Gran Palacio del Kremlin, Putin, que inicia su cuarto mandato como presidente ruso, juró trabajar por su pueblo, defender sus derechos y libertades y proteger la soberanía del país.

En su discurso, luego de la ceremonia de juramentación, dijo que en los próximos seis años Rusia probaría que es un actor fuerte y crucial en la comunidad internacional, con el respaldo de su capacidad militar, al tiempo que prometió trabajar para mejorar la calidad de vida de los rusos.
“Al asumir este cargo, tengo un sentido colosal de responsabilidad”, dijo Putin a su audiencia de funcionarios rusos y dignatarios extranjeros, entre ellos el excanciller alemán Gerhard Schroeder.

“El objetivo de mi vida y de mi trabajo será servir al pueblo y a la patria”, añadió.
Una vez que su mandato finalice, en 2024, la constitución rusa le prohíbe presentarse de nuevo a elecciones.
De acuerdo con un despacho informativo de la agencia Reuters, ahora, tras la juramentación, la atención se centrará en la designación del primer ministro.
Si se lo pide a quien actualmente ocupa el puesto, su estrecho aliado Dmitry Medvedev, eso será una señal de continuidad, pero si elige a otro funcionario, podría ser un presagio de nuevas políticas que podrían dar paso a especulaciones respecto a que el mandatario estaría preparando a un sucesor.

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