jueves, 26 de abril de 2018

XLIII Acción Global por Ayotzinapa


Movilización 1o de Mayo, UNITARIO Y CLASISTA

Comunicado Nueva Central de Trabajadores


Tras protestas, padres de los 43 se reunirán con Navarrete Prida antes del fin de semana

 
PROCESO 
 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A más de tres meses de asumir la titularidad de la Secretaría de Gobernación (Segob) y luego de tres días de protestas en la capital, Alfonso Navarrete Prida se reunirá con los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en los próximos días.
Según Vidulfo Rosales, abogado de los padres y litigante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el funcionario federal aceptó el encuentro, luego de la jornada de lucha “43×43” que los padres de los normalistas iniciaron este lunes y tras su mitin afuera de la Segob realizado esta mañana.

Sin embargo, aún falta precisar si el encuentro se efectuará el jueves 26 o viernes 27.
Al pie del “Antimonumento a los 43”, ubicado en el Paseo de la Reforma, Felipe de la Cruz, vocero de las familias, manifestó que el aplazamiento del encuentro no deja satisfechos a los padres. Sin embargo, consideró que “fue lo único que se pudo lograr”.
“Desde que llegó al cargo (Navarrete Prida) no ha tenido la sensibilidad de reunirse con este movimiento tan digno que ha representado la lucha social en búsqueda de verdad y de justicia. El día jueves o viernes tendremos el primer encuentro con este personaje que sigue siendo insensible al dolor a los padres de familia”, dijo.
Vidulfo Rosales recordó que este jueves 26 se cumplen 43 meses de la desaparición de los estudiantes de Guerrero. Remarcó que en este contexto de “falta de avances en las investigaciones”, ya se presentó el asesinato de tres estudiantes más, en referencia a los alumnos de la Universidad de Medios Audiovisuales de Jalisco, presuntamente asesinados por miembros del Cartel de Jalisco Nueva Generación.
“Se cumplen 43 meses de protesta y es un momento para recordarle a nuestro país que éstos no pueden quedar en la impunidad. Vemos la desaparición y asesinato de compañeros de Jalisco y esto es una lección clara para este país de que no debemos dejar de lado la impunidad en las graves violaciones a los derechos humanos”, aseguró.
“Este país está lleno de desaparecidos. Este país sangra y sufre las heridas de los asesinatos de estudiantes y campesinos, cuyo único delito ha sido alzar la voz y querer algo mejor para los mexicanos”, manifestó.
Vidulfo Rosales también advirtió que las protestas no cesarán y que ya preparan una nueva jornada de lucha en conjunto con el Comité del 68.
Respecto a este punto, Hilda Hernández, madre de uno de los normalistas desaparecidos, llamó a la ciudadanía en general a sumarse a la primera manifestación de la jornada de lucha “Tlatelolco-Ayotzinapa: crímenes de estado” que arrancará con una primera marcha este jueves 26, a las 16:00 horas en el Ángel de la Independencia. La jornada concluirá hasta el 2 de octubre.
“Los crímenes de lesa humanidad y los genocidios no son accidentales ni menos obra tan sólo de gente malvada. Son la única forma que un Estado criminal ha logrado sostener su injusto dominio de un pueblo tan fuerte como es México”, dijo.
“En víspera de los 43 meses de la desaparición forzada, en medio de una contienda electoral que invisibiliza los grandes problemas del país y a unos días de que una nueva verdad histórica aparezca para justificar la desaparición de tres estudiantes de Jalisco, convocamos a todas las fuerzas sociales a una nueva jornada de lucha para demandar justicia y que se reanuden las investigaciones, se reabran los expedientes y se castigue a los culpables de los crímenes”, señaló Hernández.

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Ordenan suspender consulta sobre eólica en Unión Hidalgo

Diana Manzo
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 26 de abril de 2018, p. 29
Unión Hidalgo, Oax.
El juzgado primero de distrito del estado otorgó al municipio de Unión Hidalgo una suspensión provisional contra la consulta indígena sobre la construcción y operación del parque eólico Gunaa Sicarú de la empresa Eólica de Oaxaca, filial de Eólica de Francia (EDF).
La comunidad zapoteca consideró histórica esta resolución, pues sienta un precedente en favor de los derechos de las comunidades indígenas, y reiteró que no existen condiciones naturales (por el terremoto del 7 septiembre) ni sociales (elecciones municipales y conflictos internos) para ejercer el derecho a una consulta libre, de buena fe y adecuada a las circunstancias.
Ni la Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial de la Secretaría de Energía (SE) ni otras autoridades federales, estatales o municipales podrán continuar con la consulta sobre el parque eólico, que comenzó el 11 de abril.
La resolución señala que de continuar con el proceso se generaría un daño irreparable a la comunidad de Unión Hidalgo.
Según los pobladores, la consulta promovida por la SE no es oportuna porque al menos 70 por ciento de las viviendas de la comunidad están dañadas y unas 300 se desplomaron.
Indicaron que la reconstrucción coincide con las campañas electorales federal, estatal y municipales, por lo que existe riesgo de violencia, como lo demuestran las confrontaciones recientes en el Istmo de Tehuantepec.
La organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales AC ha asesorado a la comunidad en la defensa de su territorio y bienes naturales ante el proyecto Gunaa Sicarú, y la ayudó a presentar una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que recomendó aplicar medidas cautelares que también implican la suspensión de la consulta.
En febrero pasado se presentó una queja en Francia, ante el Punto Nacional de Contacto de la Organización de Comercio y el Desarrollo Económico, por posibles violaciones a los derechos humanos cometidas por EDF y sus filiales en México.
En julio de 2017 el municipio interpuso un amparo –aún en trámite– contra el permiso de generación de electricidad otorgado por la Comisión Reguladora de Energía al parque eólico Gunaa Sicarú, por haber sido otorgado sin consultar previamente a la comunidad.

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Pemex e Hidrosina firman nuevo contrato de comercialización a mediano plazo

Ciudad de México (Redacción / Energía Hoy).- Petróleos Mexicanos (Pemex) suscribió un nuevo contratohttp://web.hidrosina.com.mx/http://www.pemex.com/Paginas/default.aspx de comercialización a mediano plazo con su cliente Grupo Hidrosina, el cual cuenta con más de 200 estaciones de servicio a nivel nacional, principalmente en el centro del país.
De este modo, Pemex establece una nueva etapa en su relación comercial de varios años con uno de los grupos gasolineros más importantes de México. Hidrosina refrenda su confianza y compromiso con la empresa productiva del Estado, tomando la decisión de mantener el respaldo de las marcas de combustibles Pemex en todas sus estaciones de servicio.
En el nuevo entorno de mercado abierto, Petróleos Mexicanos demuestra su capacidad de ser competitivo en beneficio de clientes y consumidores finales.​

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Darán bono de $156 mil a cada trabajador de Gold Corp, además de sus utilidades


Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Jueves 26 de abril de 2018, p. 35
La dirigencia del Sindicato Nacional de Mineros, que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, negoció la entrega de un bono único de 156 mil pesos para cada uno de los mil 700 trabajadores que integran la planta de la empresa Gold Corp.
El pago de este bono es por productividad y será adicional al reparto de utilidades que anualmente les entrega a los trabajadores esta empresa que opera la mina Peñasquito.
Asimismo, el gremio sostuvo que dicho ingreso, que ha sido conseguido desde hace 10 años por las negociaciones de su dirigencia, está exento del pago de impuestos, por lo cual es un monto neto que ayuda a fortalecer en forma sensible las finanzas de las familias de los empleados.
El sindicato destacó que ninguna otra organización laboral del país obtiene este tipo de pagos para los trabajadores, mismo que se negoció con Gold Corp, que se ubica en el municipio de Mazapil, Zacatecas, y corresponde a la Sección 304 de esta organización.
El referido bono se negocia con base en los resultados que obtiene la empresa cada año, por lo cual se determina con base en la medición de la productividad de los empleados en su conjunto, pero además, se paga a éstos otro monto adicional por el concepto de reparto de utilidades.
Los mineros indicaron que es una prestación única en el país, que otros sectores deberían replicarla y dieron su apoyo a la determinación de Napoleón Gómez Urrutia de contender por un cargo como senador plurinominal por el Partido Morena, que fue propuesto por el candidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador.

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Inician paro de labores en Goodyear de San Luis Potosí


Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Jueves 26 de abril de 2018, p. 35
Trabajadores de la empresa Goodyear de San Luis Potosí iniciaron un paro de labores en protesta porque la Federación de Trabajadores de Coahuila –que dirige Tereso Medina–, negoció a sus espaldas un contrato de protección patronal con la compañía.
Cabe referir que esta central pertenece a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y también fue cuestionada por los obreros por tener malos manejos económicos.
Medina dirige diversos gremios del sector automotriz del norte de la nación y fue quien pactó con la empresa el contrato colectivo recortado y desfavorable, con bajos salarios, prestaciones de miseria y condiciones laborales abusivas, según indicaron los trabajadores.
Por otra parte, el dirigente fue cuestionado recientemente por el máximo líder nacional de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, por haber traicionado al sector laboral al presentar una iniciativa de reforma laboral que ataca derechos fundamentales de los trabajadores mexicanos.
En tanto, en San Luis Potosí, los casi 2 mil 500 trabajadores que conforman esta compañía, desde la madrugada de ayer miércoles, cerraron la empresa y repudiaron el contrato colectivo de trabajo pactado entre esa Federación y la firma trasnacional.
Exigieron la salida del sindicato cetemista y su desafiliación al mismo, demandan que Tereso Medida saque las manos de su representación. Asimismo, desconocieron a su representante ante la empresa, Emilio de Jesús Ramírez.
Según señalaron en entrevista, los trabajadores buscarán crear su sindicato, desconocer legalmente al gremio de la CTM que los afilió sin su consentimiento y tener una verdadera representación sindical, ya que actualmente son de los que tienen los peores salarios del ramo y operan con jornadas laborales por encima de las que marca la ley.
Resulta pertinente mencionar que General Tire inició operaciones en el 2017, y desde antes de que abriera sus puertas, ya tenía firmado el contrato colectivo de trabajo con la federación que dirige Tereso Medina.

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Las dos caras del mismo México

 
PROCESO
 
DOSSIER-EURO / MADRID (apro).- Esta misma semana los medios de comunicación acreditados en España pudieron conocer dos visiones diametralmente opuestas de México.
Una de ellas expuesta desde los ojos de la activista Bettina Cruz, quien lucha por la defensa de los pueblos del Istmo de Tehuantepec, ante la acción depredadora de las compañías productoras de energía eólica.

Una visión que debe volver a prender los focos rojos en esa región, ante el avance de los acuerdos que se están cerrando en forma acelerada para una nueva fase de parques eólicos en Oaxaca, que seguirán atropellando los derechos de los habitantes originales de esas comunidades indígenas.
La otra se produjo en el marco de la visita del presidente Enrique Peña Nieto por España, este miércoles 25, donde el encuentro con su homólogo español, Mariano Rajoy, centró sus baterías en revisar el “estado de las relaciones bilaterales” que, con frecuencia, se simplifican al campo comercial y de las inversiones privadas, la ya muy conocida como “diplomacia de negocios”.
Todo atado y bien atado
A principios de la semana, Bettina Cruz, activista de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, denunció aquí que las empresas españolas que construyen parques eólicos están despojando y empobreciendo a las comunidades de esta región.
En una gira que incluyó Bilbao y Valencia, además de Madrid, la activista denunció algo aún más grave: Que se viene una siguiente oleada de nuevas concesiones para más parques eólicos en Oaxaca, que se sumarán a las decenas ya otorgados y explotados desde el año 1994.
Esta nueva andanada de concesiones y contratos quedarán formalizadas alrededor del 4 de julio, después de la elección en México.
Es por demás claro que esta premura por cerrar estos contratos tiene como propósito blindar esas concesiones ante la eventualidad de que las elecciones federales en México las gane el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador.
Esto se hace bajo la sombra del debate que surgió por el tema de los contratos del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, tema en el que el tres veces candidato insiste en ponerlos bajo la lupa y revisión, por los posibles chanchullos en su otorgamiento.
El panorama que ofreció Cruz es dramático, porque señala que este acuerdo es para suministrar de energía a grandes consorcios como Peñoles y otras minas a cielo abierto, que son sumamente agresivas con el medio ambiente y que afectan directamente a las comunidades aledañas.
Las nuevas concesiones están protegidas bajo el paraguas de la Ley de Energía, que ofrece todo tipo de prerrogativas para las empresas, pasando por encima de los derechos de la población, por más que en la retórica oficial se diga que estos proyectos promueven el desarrollo u ofrecen empleos, lo cual no ha sucedido hasta ahora.
Bettina Cruz denunció en España a los consorcios de este país que vienen recibiendo todo tipo de facilidades para sus contratos y cuyos dividendos no benefician a las comunidades del Istmo.
Entre ellos, mencionó a Unión Fenosa-Gas Natural, Endesa, Gamesa, Iberdrola, Acciona y Eulicatec. Todas ellas reciben un enorme cobijo desde las esferas del gobierno federal y del de Oaxaca.
Sostiene que todas ellas llegan con la promesa de generar desarrollo, empleo y modernización, pero la realidad es que “están causando lo contrario para nosotros”, dijo en una rueda de prensa.
Estas empresas “protegen sus intereses” y, en ese propósito, tienen la connivencia de las autoridades para amenazar y hostigar a los activistas y defensores de los derechos humanos, que son criminalizados.
A la fecha, explicó, hay alrededor de 50 procesos judiciales en contra de activistas que se oponen a esta política depredadora de las compañías eléctricas.
La propia dirigente de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio es uno de esos casos. En el año 2012, Bettina Cruz fue detenida y encarcelada acusada de “atentar contra el consumo de la riqueza nacional”.
Aunque recuperó su libertad de manera precautoria, tuvo que acudir a firmar cada mes durante cuatro años para no ser detenida nuevamente.
En enero pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió al gobierno mexicano aportar medidas cautelares para preservar su integridad personal y su vida.
Aseguró que los líderes de la oposición a esta política son objeto de hostigamiento, de vigilancia, de amenazas y, asegura, que actualmente hay “sicarios del crimen organizado” que están ayudando a blindar esas zonas donde se encuentran las empresas productoras de energía.
La cara opuesta
La cara opuesta de la moneda la representaron las actividades del presidente Peña Nieto en su visita de 10 horas a Madrid, como parte de su agenda por Europa.
En su reunión con el presidente Rajoy, el gobierno español emitió una nota informativa en la que dio a conocer que ambos mandatarios constataron “con satisfacción el excelente estado en el que se encuentran las relaciones bilaterales”, misma retórica diplomática que viene repitiendo en los últimos años.
El gobierno de Rajoy dice que se “han felicitado” por el logro de un acuerdo político sobre los aspectos comerciales de la relación UE-México este fin de semana, “lo que permite la próxima conclusión del proceso de modernización del acuerdo Global UE-México”.
Con el aval de México, el gobierno español aseguró que analizaron “las relaciones económicas y comerciales, que atraviesan un buen momento”.
Y luego soltaron una cascada de cifras: México es el “primer socio comercial y primer cliente de España en Latinoamérica”. En 2017, “el comercio bilateral ascendió a ocho mil 657 millones de euros, lo que supone un aumento del 15% respecto al año anterior”.
En el mismo período, las exportaciones aumentaron un 12.2% respecto al año anterior, situándose en cuatro mil 598 millones de euros, mientras que las importaciones alcanzaron los cuatro mil millones de euros, con un aumento de 18% respecto de 2016.
Esto hace que el saldo comercial sea superavitario para España, del orden de 539 millones de euros el año pasado.
Asimismo, México es el cuarto destino de las inversiones españolas en el mundo y el segundo en Latinoamérica.
El stock de inversión española en 2015 fue de 31 mil 663 millones de euros, donde destacan las inversiones en servicios financieros y la energía, coincidentemente.
Por su parte, México es el sexto inversor en España, con un stock de inversiones en 2015 de 23 mil millones de euros.
Esta presencia comercial española en México destaca en operaciones en infraestructura de transporte, construcción, energía y telecomunicaciones.
Sin duda, la operación más relevante es la presencia de las compañías constructoras FCC (donde Carlos Slim es un accionista mayoritario) y Acciona en la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.
El único tema de los asuntos comerciales que ambos mandatarios abordaron, fuera de los temas comerciales y de inversiones, fue la difícil situación en Venezuela, “cuestión sobre la que existe plena sintonía entre ambos países”.
Lo simbólico de estas dos perspectivas de lo que pasa en México –la de Bettina Cruz y la del gobierno mexicano– es que parece que desde las esferas gubernamentales se han obviado la defensa de los derechos de los pueblos originales y lo que la activista expone es, precisamente, el resultado de esa política que no les toma en cuenta.

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Aprueba el senado en fast track la Ley General de Seguridad Pública


Víctor Ballinas y Andrea Becerril
 
Periódico La Jornada
Jueves 26 de abril de 2018, p. 17
Con prisas y una votación dividida, el Senado aprobó la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, un dictamen que el PRI introdujo de manera sorpresiva y que, de acuerdo con senadores del PAN, PT-Morena e independientes, viola la constitución al otorgar facultades de investigación de delitos a ese tipo de empresas particulares dedicadas al resguardo y protección de bienes y personas.
En la exposición de motivos de la nueva ley, aprobada con 57 votos a favor, 36 en contra y tres abstenciones, se establece que la legislación es reglamentaria del artículo 21 constitucional y tiene por objeto regular la seguridad privada como actividad auxiliar de la función de seguridad pública en materia de prevención del delito.
Legisladores de oposición dijeron que con eso se faculta a las policías privadas a realizar tareas que constitucionalmente deben ser realizadas por corporaciones policiacas dependientes del poder público, lo que viola la Carta Magna.
La ley establece que las empresas autorizadas en términos de la ley, así como su personal operativo, coadyuvarán con las autoridades y las instituciones de seguridad pública en situaciones de urgencias o desastre, siempre que así lo solicite la autoridad competente de la federación o de las entidades federativas
De igual forma señala que son atribuciones de la federación diseñar, organizar y aplicar los instrumentos de política de seguridad privada para garantizar la coordinación entre la federación y las entidades federativas, expedir la autorización única que permita la autoprestación de servicios de seguridad privada, modalidades y submodalidades.
Además, integra, opera y mantiene actualizado el registro único de empresas, personal y equipo de seguridad privada, con la información de las personas que cuentan con autorización única para la prestación de ese servicio”.
También se especifica cuáles son los fines de la seguridad privada: generación de información a través del Sistema Nacional de Regulación de Seguridad Privada, se obliga a esas empresas a identificar armamento, vehículos, equipo, radios y no podrán operarlas integrantes en servicio activo de las fuerzas armadas o públicas.
Contiene sanciones por incumplimiento a la ley que van de mil hasta 5 mil unidades de medida y actualización por no presentar en tiempo la solicitud de revalidación, y hasta la revocación del permiso.
Éste es un ejemplo de algo que lamentablemente entra por la rendija de última hora con un diagnóstico incompleto e ineficaz, advirtió en tribuna el panista, Juan Carlos Romero. Su compañero de bancada, Ernesto Ruffo, y los del PT-Morena, Manuel Bartlett y Dolores Padierna, resaltaron que la iniciativa llegó la semana pasada y ni se discutió en comisiones.
Por su parte, el presidente de la comisión de Seguridad Pública, el priísta Ernesto Gándara, destacó que actualmente se cuenta con 6 mil empresas que se dedican a proporcionar seguridad privada, pero únicamente 3 mil 640 están debidamente acreditadas.
De todas éstas mil 232 cuentan con permiso federal y 2 mil 408 con permisos locales, mientras mil 300 operan sin registro y no cuentan con personal certificado. Ese sector aporta 1.4 por ciento del producto interno bruto y en ellas laboran más de 500 mil efectivos que prestan 300 mil horas diarias de vigilancia.
Bartlett dijo que está a favor de que se reglamente esa materia, pero no de esta forma. Es inconstitucional, es una ley antifederalista y antimunicipalista.
La ley se remitió a la Cámara de Diputados para continuar el trámite legislativo. Durante la penúltima sesión, se desahogó una abultada agenda que incluyó 60 dictámenes, en materia de salud, desarrollo territorial y migración.

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#LeyChayote avalada por el Senado va en contra de los criterios de la SCJN: colectivo #MediosLibres

 
PROCESO 
 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Ley de Comunicación Social avalada de última hora por el Senado legaliza la discrecionalidad de las autoridades en el uso de los recursos públicos para restringir la libertad de expresión, en sentido opuesto a los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El colectivo #MediosLibres, integrado por más de cien organizaciones sociales y periodistas, expresó su rechazo a la ley que pasó primero en la Cámara de Diputados y luego el Senado, a pesar de la oposición que tuvo de organismos nacionales como el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) e internacionales como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y las relatorías de libertad de expresión de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La ley avalada en el Senado la noche del miércoles fue producto de un proceso legislativo lleno de claroscuros, inconsistencias y cargado de irregularidades, pues se aprobó en el pleno (60 votos a favor, 46 en contra y una abstención) a pesar de la falta de acuerdo en las comisiones dictaminadoras.
De acuerdo con el colectivo, la ley “legaliza las malas prácticas” que ocurren en la publicidad oficial, incumple los criterios con los que la Suprema Corte otorgó el amparo a la organización no gubernamental Artículo 19 para que el Congreso legislara sobre la materia y desestimó las propuestas sociales y de organismos internacionales.

Fue sólo una simulación para cumplir con el plazo fijado por la Suprema Corte para no entrar en desacato, señaló #MediosLibres.
La Corte también estableció que la libertad de expresión se ve afectada por la falta de reglas claras en el gasto de la publicidad oficial.
El uso arbitrario y discrecional del reparto de la publicidad oficial genera censura a los medios de comunicación y periodistas críticos, estableció la Corte en la concesión del amparo, en noviembre del año pasado.
El colectivo, que desde entonces emprendió distintas iniciativas para lograr una ley acorde con los principios internacionales en el tema, señaló que el comportamiento del Congreso demuestra su falta de compromiso con los derechos y libertades de la sociedad.
“Esta ley impide que los medios de comunicación sean verdaderos instrumentos de ciertas libertades y no vehículos para restringirlas”, expresó.
La Ley solo obedece a “intereses muy particulares y no a los que una sociedad como la mexicana requiere” y “deja en un estado más vulnerable la libertad de expresión y el derecho a la información” de la sociedad.

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Firmó Senado el CPTPP sin atender cuestionamientos de la ONU, acusan


Susana González y Óscar Alegría
 
Periódico La Jornada
Jueves 26 de abril de 2018, p. 20
El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTTP por sus siglas en inglés) fue aprobado por el Senado sin que el gobierno federal haya respondido a los cuestionamientos que desde hace dos años presentaron relatores de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas sobre la participación, consulta y consentimiento sobre el tratado a la población y, en particular, de los pueblos indígenas, y si los capítulos de solución de controversias y de propiedad intelectual son compatibles con las garantías individuales, señaló la Convergencia de Organizaciones Sociales y Ciudadanos México mejor sin TLC.
La convergencia, que aglutina a 200 organizaciones sindicales, laborales, sociales, de derechos humanos y académicos, ha insistido que los tratados comerciales restan soberanía al país y no se han traducido en mejoras económicas para los mexicanos.
En cambio, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) celebró la ratificación del nuevo tratado al asegurar que servirá para impulsar la apertura comercial de México y su integración a los mercados globales, pero también pidió la implementación de las recomendaciones para proteger a los sectores más sensibles, como las industrias de calzado, vestido y textil.
No profundizó cómo se ayudará a esos sectores y sólo mencionó que espera que el Senado adopte las recomendaciones para generar políticas públicas en las que participen los sectores privado y público para combatir a la ilegalidad.
Con la ratificación del CPTTP, la conclusión de las negociaciones con la Unión Europea y México y la modernización del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el organismo cúpula del sector privado dijo que México refrenda su compromiso de mantener una economía abierta
Convergencia detalló que desde abril de 2016, los relatores especiales de Naciones Unidas solicitaron a los gobiernos integrantes del acuerdo que explicaran cómo los procesos de la elaboración, negociación y firma del tratado son compatibles con las normas internacionales relativas al derecho de toda persona a participar en los asuntos públicos, y a los derechos de consulta y consentimiento de los pueblos indígenas.
Pidieron que aclararan si el mecanismo de solución de controversias resultaba compatible con el derecho internacional en materia de derechos humanos y que se informara cómo se garantizará que no sean afectados.

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EU anunciaría “acuerdo en principio” del TLCAN antes de la próxima semana: NYT

WASHINGTON (apro).- El gobierno de Estados Unidos anunciaría antes de la próxima semana, un acuerdo en principio respecto a la finalización de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), adelantó el periódico The New York Times.
El anuncio que realizaría el representante comercial de la Casa Blanca, Robert Lighthizer, tiene como objetivo político ser aprobado por el Congreso federal estadunidense mientras sigue dominado en su mayoría representativa por el partido del presidente Donald Trump, el republicado.

El plan de acuerdo, con el New York Times, es que el compromiso alcanzado con Canadá y México sea ratificado poco después de las elecciones de federales de medio periodo que se realizarán el próximo mes de noviembre.
La premura del anuncio es para prevenir que los demócratas, que se oponen a lo que está renegociando Trump en el TLCAN, rechacen el compromiso si se llegan a apoderar la mayoría representativa en el Capitolio, como vaticinan algunas encuestas.
“Los plazos se hacen más estrechos para terminar las negociaciones y el gobierno de Trump busca concluir un acuerdo final en las próximas dos o seis semanas, antes de las elecciones presidenciales en México y las legislativas en Estados Unidos”, indica el New York Times en un despacho en la sección de negocios en su edición impresa de este jueves.
“Funcionarios del gobierno estadunidense quieren anunciar un acuerdo en principio antes de la próxima semana, cuando Lighthizer tiene calendarizada una visita de trabajo a China”, acota el rotativo.
Desde el lunes pasado, las delegaciones de Canadá y México están en Washington renegociando a puerta cerrada con Lighthizer.
The New York Times destaca que el anuncio del acuerdo en principio abordaría, a su vez, el seguir anulando la imposición de aranceles a las exportaciones de acero y aluminio de Canadá y México.
Este 30 de abril vence el plazo para que Trump decida si impone o mantiene la excepción de aranceles a Canadá y México.
El diario estadunidense agrega que, en las renegociaciones del TLCAN, las tres delegaciones han logrado avances significativos en capítulos como las reglas de origen para la manufacturación de automóviles, pero que se mantiene el impase en otros aspectos como solución de disputas comerciales y patentes de medicinas.
Los republicanos del Capitolio que han sido informados sobre el estado de las renegociaciones se oponen a muchos asuntos definidos por el gobierno de Trump, como el de imponer una fecha de caducidad al TLCAN y eliminar reglas de inversión, mientras que los demócratas piden todo lo contrario.
La delegación mexicana, que está encabezada por el canciller Luis Videgaray e Idelfonso Guajardo, secretario de Economía, podría permanecer en Washington hasta la próxima semana para seguir renegociando.
El New York Times adelanta que de anunciarse este fin de semana el borrador o acuerdo en principio del compromiso, los titulares de las delegaciones regresarían a sus países y dejarían únicamente a los expertos técnicos en las mesas de discusión para finiquitar detalles.

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Protestan panaderos argentinos contra los aumentos a la harina

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Largas filas se formaron ayer afuera del Congreso argentino, en Buenos Aires, donde se repartieron 5 toneladas de pan, a manera de protesta por el constante incremento al precio de la harinaFoto Xinhua
Stella Calloni
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 26 de abril de 2018, p. 24
Buenos Aires.
Los gremios de panaderos realizaron un panazo afuera del Congreso, durante el cual repartieron 5 mil kilos de pan en bolsas de medio kilo que entregaron a cientos de personas, entre ellas muchos ancianos y jubilados que hicieron largas filas. Lo hicieron, además, a manera de protesta por el increíble aumento del precio de la harina, los tarifazos y lo que más asombra, la falta de consumo, que lleva al cierre de los negocios.
Que en Argentina, país del trigo, estemos en esta situación, muestra a las claras el desastre que es este gobierno, señalaron los dirigentes de panaderos que levantaron una carpa, adonde llegaban las bolsas con pan en forma constante. “Lo que más nos duele es ver que tantas personas llegaron desde muy temprano por su medio kilo de pan, muchos de ellos con carteles en los que se leía: ‘queremos volver a comer pan’”. Más de tres horas duró el reparto de este producto que siempre ha sido la última comida a la que recurre el pobre.
El aumento al precio de la harina todos los días desde enero pasado, a lo que se unen las tarifas de los servicios públicos impagables, hace imposible que puedan sostenerse estas pequeñas y medianas empresas. Creemos que ya es un abuso indiscriminado para nuestro sector, dijo Rodolfo Silva, presidente del Centro de Industriales Panaderos del Oeste.
Mientras esto sucedía afuera del Congreso, adentro la oposición unida logró imponer el debate sobre el tarifazo en una reunión extraordinaria, ya que el oficialismo ocupó sus bancas para impedir que se votara cualquiera de las propuestas opositoras. Se conoció que el presidente Mauricio Macri está dispuesto a vetar cualqueir ley que ordene bajar las tarifas, ya que, se afirma, no cederá un paso.
Los diputados continuaban el debate cuando miles de manifestantes de organizaciones sociales tomaban la zona del Obelisco pidiendo trabajo, educación, vivienda y contra el tarifazo. Otros miles exigían declarar la emergencia alimentaria. Los maestros de la provincia de Buenos Aires realizaron un paro.
Usuarios de servicios públicos plantean no pagar las boletas en repudio a los recientes aumentos. El juez Luis Federico Arias sostuvo que el artículo 35 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano dice que el pueblo no sólo tiene el derecho de resistencia a la opresión, sino que tiene el deber de resistirse frente a la opresión. Arias, quien en junio de 2017 frenó un tarifazo al servicio de luz en la provincia de Buenos Aires, que le costó ser sometido a juicio político por presunto mal desempeño, pasó a figurar en la lista de jueces que persigue el gobierno de Macri.
En el Senado, el gobierno busca cambiar el Código Penal rápidamente sólo con un debate sobre tablas (de manera expedita), sin haber sido discutido en comisiones, ni haber entregado el proyecto para que los legisladores tengan tiempo de leerlo, lo que fue denunciado en el recinto por la senadora Cristina Fernández de Kirchner, quien consideró que esto no había ocurrido nunca en Argentina, donde estos cambios deben tener un largo debate.
Entre otros muy peligrosos, el artículo 30 de la reforma que plantea aprobar la utilización de herramientas de espionaje, un proyecto que los especialistas comparan con la Ley Patriótica de Estados Unidos, dispone la vigilancia remota de equipos informáticos.
La senadora Fernández de Kirchner alertó sobre diversos puntos que dejan abiertos los caminos a la persecución política y la aceptación de métodos de tortura y otros utilizados durante las pasadas dictaduras.
Esto es más grave cuando se investiga el espionaje contra los familiares del artesano Santiago Maldonado, desaparecido y muerto por la Gendarmería en Chubut, y también contra abogados, dirigentes de derechos humanos y comunidades mapuches, en el caso del joven Rafael Nahuel, asesinado por otra fuerza de seguridad: la prefectura, y se conoció que también son espiados los familiares de los 44 tripulantes desaparecidos con el sumbmarino ARA San Juan, un tema que el gobierno continúa manipulando y silenciando.
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