viernes, 6 de abril de 2018

Comunicado de la NCT


Nuevos cursos PROCAP


CFE pierde 25,000 mdp por robos de electricidad

Ciudad de México (Iliana Chávez / Energía Hoy).-  La Comisión Federal de Electricidad (CFE) registra pérdidas de energía eléctrica por 45 mil millones de pesos, poco más de 55  por ciento -casi 25 mil millones de pesos- de éstas corresponden al “robo de luz”, la mayor parte se concentra en la zona centro del país, cuando el servicio era manejado por otra empresa, señaló el director general Jaime Hernández Martínez.
En conferencia de medios conjunta con el vocero de la Presidencia de la República en Los Pinos, explicó que las pérdidas por robo de luz están clasificadas como pérdidas no técnicas, mientras casi 45 por ciento corresponden a pérdidas técnicas y corresponde a fallas técnicas asociadas a la conducción de electricidad desde donde se genera la energía hasta el lugar de consumo.
Detalló que en 2017 en total las pérdidas representaron 11.7 por ciento del total de la energía que se genera en nuestro país. No obstante, desde hace cuatro años la reducción ha sido de 1 por ciento anual y la meta para 2018 es disminuirlas en un margen de entre 10 y 11 por ciento.
Hernández Martínez confió en que la CFE logre bajar las pérdidas en los próximos años al promedio de los países de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de 6 por ciento, toda vez que en algunas partes de las República Mexicana son incluso menores a esa cifra.
Respecto a las pérdidas técnicas, dijo que la paraestatal ha tomado medidas para reducirlas como el focalizado a tener mejor tecnología e igualmente para contar con mayor información. También ha implementado un programa de inversiones para mejorar su tecnología como geolocalizar puntos de interrupción en las redes eléctricas.
Con éste último también se podrán combatir las pérdidas no técnicas, al tener una mejor medición. Además, la paraestatal ha presentado 20 mil denuncias el último año ante la Procuraduría General de la República (PGR).
El director general de la CFE, reconoció que el robo de energía eléctrica sí es nocivo para la salud financiera de la empresa, pero “quien roba, no le roba a la CFE, nos roba a todos los mexicanos”, lo justo es que todos paguemos por el servicio.


IGSA y Siemens se unen para ofrecer soluciones en generación distribuida y cogeneración

Lerma, Estado de México (David García / Energía Hoy).- La compañía mexicana IGSA y Siemens México firmaron un acuerdo para ofrecer proyectos “llave en mano” de generación eléctrica distribuida, mediante plantas térmicas flexibles de cogeneración a menor costo y que representarán mayor eficiencia, ahorros y menor huella de carbono a la industria manufacturera nacional.
Dicho acuerdo permite a la marca alemana extender su convenio con México para fotalecer la industria nacional durante los próximos 10 años, mientras que a IGSA le otorga facilidades para producir tecnología única.
Con esta fusión, habrá una unión entre tecnología proveniente de capital extranjero, bajo capacidad mexicana. Ambas empresas esperan generar una base sólida de empleos en la construcción, operación y mantenimiento de las centrales de cogeneración.
 Siemens e IGSA ampliarán su cobertura en el mercado mexicano ofreciendo proyectos de cogeneración integral para la industria con base en turbinas a gas de entre 3MW y 16MW, entre las que se destacan la gama SGT-100, SGT-300 y SGT-400, así como la SGT-A05.
En conferencia de prensa, Santiago Paredes Tirado, presidente del consejo de administración de IGSA explicó que “estamos muy orgullosos de tener en Siemens un aliado que es líder mundial en el área de energía, que aunado a la experiencia y conocimiento de IGSA en el mercado mexicano, proveerá la mejor solución a los consumidores de energía eléctrica en el país que usan auto abasto y cogeneración con base en turbinas a gas natural”.
Por su parte, Santiago Paredes Ojeda, Director General de IGSA indicó que, en una primera fase, se construirán turbinas de 3 hasta 15 megas, las cuales funcionarán como apoyo en la medicina, parques industriales, la industria farmacéutica y la química.
IGSA, como única empresa de ensamble en México, permite el ahorro de hasta el 50% de los componentes. Bajo este parámetro, la empresa mexicana buscará aprovechar un mercado que, en palabras del director, “está naciendo”.
En los próximos años, IGSA espera cerrar un par de contratos extra con siemens en el estado de Jalisco. Posteriormente, las rutas de mercado se extenderán hacia Chihuahua y Monterrey, sitios donde sólo hace falta afinar detalles legales y financieros para firmar los acuerdos.
Así mismo, Paredes Ojeda anunció la visita de empleados mexicanos a plantas de siemens en Inglaterra, con el propósito de aprender la forma mediante la cual se manufactura en aquel paós, para poder aplicar luego en México.
José Aparicio, Vicepresidente Ejecutivo de la División Power and Gas de Siemens para México, dijo que “hoy más que nunca, las industrias del país requieren de un aliado tecnológico de confianza que además de contar con el más completo portafolio para la generación de energía, tenga un profundo conocimiento del mercado y les ayude a co-crear modelos de negocios que impulsen su competitividad.”
En ese sentido, Aparicio mencionó que en Siemens no hay preocupación por el futuro panorama de gobierno en nuestro país. “Hemos estado en México por 124 años apoyando a la industria mexicana. Somos una empresa que aporta tecnología, vamos hacia adelante; vemos el futuro de México positivo, confiando en el crecimiento del sector”.
El acuerdo, firmado por los dirigentes de IGSA y Siemens, se llevó a cabo en la Planta Lerma de la empresa mexicana, lugar donde se ensamblará la tecnología alemana para su entrega a clientes en México.

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Endeudan la educación básica con programa Escuelas al CIEN

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La reforma educativa de 2013 pasará a la historia como una de las más lesivas decisiones del Poder Legislativo y del propio gobierno de Enrique Peña –su impulsor–, por los múltiples daños causados a la sociedad.
El más visible, sin duda, es el que afecta directamente el proceso de enseñanza, al reducir el papel de los docentes a un esquema de competitividad empresarial, que los somete a un examen de supuesta medición de conocimientos incapaz, siquiera, de tomar en cuenta el contexto en el que se aplica.
Como se sabe, lejos de buscar la excelencia académica, la evaluación docente tiene como principal objetivo expulsar a la disidencia magisterial y engrosar las filas de desempleados, al correr masivamente a quienes no obtienen determinado puntaje, sin que esto último realmente permita determinar la incompetencia.
Pero hay otras repercusiones que han pasado desapercibidas, a pesar de la gravedad que entrañan. Tal es el caso del Programa Escuelas al CIEN, que ya endeuda aún más a las entidades federativas al bursatilizar la educación básica por los próximos 25 años.
La contratación de deuda por la vía bursátil sólo beneficia a una minoría, lamentablemente a costa del presupuesto público y, sobre todo, de las mayorías empobrecidas de este país, que acabarán pagando demasiado por esos créditos.
Los compromisos financieros derivados de Escuelas al CIEN podrían ascender a 50 mil millones de pesos, según los propios planes establecidos por el gobierno federal.
El dinero se destina a la construcción de infraestructura educativa para, supuestamente, disminuir la deserción escolar. Pero lejos de lograr ese objetivo, lo único que se conseguirá es asfixiar paulatinamente las finanzas de los estados.

Escuelas al CIEN

Impulsar el desarrollo de infraestructura en vez de atender asuntos más urgentes –como la alimentación, el techo, el vestido y el sustento de los menores y, en general, de sus familias, para que los infantes no se vean obligados a contribuir con el gasto– es una idea copiada de las teorías estadunidenses.
Así lo revela el documento Programa escuelas al CIEN Infraestructura educativa a cargo de los procesos de bursatilización –elaborado por Giovanni Jiménez, del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP)–, que señala como base de este programa los estudios del 21st Century School Fund sobre la relación de la infraestructura con el desarrollo académico.
Según el análisis, “el Programa Escuelas al CIEN parte de que el principal problema del abandono escolar es la falta de infraestructura física. Para su creación, el gobierno federal reconoce las debilidades en infraestructura, mobiliario y equipamiento de las escuelas de educación básica en las entidades federativas y la Ciudad de México”.
Pero a falta de recursos, en 2015 la Secretaría de Educación Pública se inclinó por la deuda: “convino con la Bolsa Mexicana de Valores la creación de un esquema de bursatilización, que se denominó Fibra E”.
El documento de trabajo del CESOP indica que los recursos que se transfieren a las entidades federativas a través de este programa provienen de un vehículo de inversión denominado Certificado de Infraestructura Escolar Nacional (CIEN).
Dicho vehículo está obligado a pagar una tasa de interés a los tenedores, del 2.7 por ciento anual real, con un plazo de pago de 25 años. Esto es que “los estados deberán pagar 25 por ciento de sus participaciones federales del Ramo 33, apartado Fondo de Aportaciones Múltiples, Infraestructura educativa básica para las siguientes 2 décadas”.
El análisis observa que en 2017 ese fondo tuvo un monto de 21 mil 696.8 millones de pesos, y que de acuerdo con el Presupuesto, este 2018 tendrá 23 mil 442.6 millones. Es decir que las entidades federativas no necesitaban endeudarse.
“La inversión bursatilizada es cercana a los recursos [del Fondo] para los años 2017 y 2018 (45 mil millones de pesos); sin embargo, se decidió que era mejor endeudar a los estados por 25 años y que éstos pagaran una tasa de interés por los recursos garantizados en la Ley de Coordinación Fiscal”, observa el análisis del CESOP.
Y es que, destaca, la meta del programa al inicio de su creación fue invertir más de 50 mil millones de pesos en Certificados de Infraestructura Escolar Nacional, para apoyar a 33 mil planteles, beneficiando así a 5.2 millones de estudiantes. Es decir, 5 mil millones menos del monto que se administra a través del Fondo.

Dispersión

Para el gobierno, el problema fue revelado por el Censo de maestros, escuelas y alumnos de educación básica y especial 2013, que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Éste identifica el rezago físico de las escuelas como uno de los problemas urgentes que el sistema educativo debe atender.
Y es que el 26 por ciento de los inmuebles escolares no se había construido con fines educativos y el 2 por ciento estaba construido con materiales precarios.
Aunado a ello, según el análisis del CESOP, los recursos destinados a las entidades federativas y la Ciudad de México para el mejoramiento de la infraestructura educativa del Fondo de Aportaciones Múltiples ha mostrado que se destina a obras de poco impacto, generando con ello un cambio constante en el destino de tales recursos.
Respecto del manejo de la deuda contratada en el marco del programa Escuelas al CIEN, indica que en 2016 y 2017 “fueron entregados a los directores de las escuelas de educación básica a través de tarjetas de débito”.
El objetivo es que sean los propios directivos quienes tuvieran acceso a los recursos para realizar las reparaciones en sus escuelas. Esto implica que ellos elijan a las empresas constructoras, las cuales sólo tenían como requisito estar dadas de alta en el padrón de proveedores del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa.
Así es como se orquestan los negocios fraudulentos al amparo del poder en México. ¿O alguien puede observar beneficio alguno para las mayorías en este esquema de bursatilización de la educación pública?
Nancy Flores

La Biblioteca Central de la UNAM cumple 62 años; su acervo es de más de 340 mil títulos

 
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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cumplió 62 años de ofrecer sus servicios a las distintas generaciones de universitarios.
La construcción ubicada en Ciudad Universitaria abrió sus puertas por primera vez el 5 de abril de 1956, con un acervo de 80 mil volúmenes.

A la fecha, su colección general incluye casi 347 mil títulos, un Fondo Antiguo y la colección de tesis más grande de México, y casi todas ellas digitalizadas.
A lo largo de estas seis décadas de funciones, el inmueble ha sufrido tan sólo dos remodelaciones: la primera de ellas a los 25 años de vida, con el objetivo de concebir un nuevo modelo de biblioteca, caracterizado por la interacción de los usuarios con las colecciones, y otra más en el 2000, con el que se recuperó su idea arquitectónica original de iluminación natural en la planta baja.
En este último, además, se amplió el horario de servicio de 8:30 a 21:30 horas y se recuperaron el jardín interior y la fuente de la entrada principal.
Cabe recordar que los murales de la biblioteca son obra del pintor y arquitecto mexicano Juan O’Gorman quien, en 1948, dijo de su trabajo:
“Desde el principio tuve la idea de hacer mosaicos de piedras de colores en los muros ciegos de los acervos, con la técnica que ya tenía bien experimentada. Con estos mosaicos la biblioteca sería diferente al resto de los edificios de la Ciudad Universitaria, y con esto se le dio carácter mexicano”.
Según destacó la casa de estudios, la Biblioteca Central es el edificio más fotografiado del país.

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Denuncian daños colaterales por la construcción del NAICM, entre ellos el uso de huachicol

 
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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) ha generado varias afectaciones, desde contaminación de mantos acuíferos, afectación a fauna en peligro de extinción, a sitios arqueológicos y a yacimientos de agua dulce, hasta el consumo de hidrocarburos robados.
Así lo denunció el diputado Rafael Hernández Soriano, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a la Construcción de la nueva sede aérea, quien detalló que, en el último caso, el uso de hidrocarburos robados coincide en tiempo entre el incremento de tomas clandestinas en el Estado de México e Hidalgo con el inicio de las obras aeroportuarias.

En entrevista, explicó que antes del arranque de las obras, las dos entidades mencionadas no figuraban entre las zonas de mayores tomas clandestinas de hidrocarburos.
“Hicimos un recorrido por la zona y descubrimos el almacenamiento de hidrocarburo robado. Acudimos con el presidente municipal para que diera fe de lo que encontramos y después interpusimos una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el uso en la obra de combustible robado”, dijo.
Hernández Soriano, quien también participó en los cambios a la ley que aumentan las sanciones por el robo de hidrocarburos, recordó que el artículo 18 de dicha legislación hace responsable a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) como encargada de la obra, pues “indirectamente financia” parte de la cadena de robo de combustible. Durante la entrevista, el legislador mostró fotografías del bidón donde se almacena el hidrocarburo robado y del cual, más tarde, se suministra a los vehículos que realizan obras de construcción.
La SCT tiene responsabilidad por omisión en este delito, dijo, pues “hay literalmente estaciones, como la de San Agustín Actipan, en donde hay un depósito de más de 30 mil litros, en el que los huachicoleros cargan y las góndolas que están surgiendo al aeropuerto están comprando o adquiriendo el combustible robado”.
De acuerdo con la Ley Federal en Materia de Robo de Hidrocarburos, agregó, para prevenir o erradicar ese delito, hay una participación por omisión de las autoridades.
Las afectaciones producto de las obras del nuevo aeropuerto alcanzan a 12 municipios que están alrededor, añadió el diputado, luego de invitar a los medios de comunicación para hacer un recorrido y verificar la afectación a mantos acuíferos, a fauna en peligro de extinsión, como el ajolote; a sitios arqueológicos. como el del Cerro de las Cuevas; y a yacimientos de agua dulce, como en el Cerro de Xixutla.
“En esos lugares están depositando millones de metros cúbicos de lodo de la obra, de lado en donde viven poblaciones como San Nicolás Tlaminca, en Texcoco”, detalló.
Y por si fuera poco, según la denuncia del presidente de la Comisión Especial mencionada, se están utilizando explosivos no permitidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como en el Cerro Gordo de San Juan Teotihuacán.

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Piden campesinos que los incluyan en mesa sobre nuevo aeropuerto

César Arellano García
Periódico La Jornada
Viernes 6 de abril de 2018, p. 12
Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) pidieron al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y a políticos que los incluyan en la mesa técnica que se pretende realizar para revisar la viabilidad de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).
Señalaron que están dispuestos a probar los daños que ha provocado el megaproyecto al patrimonio, la identidad y la cultura de comunidades, ejidos y pueblos originarios.
“Llevan menos de 10 por ciento de su plan de construcción y ya vemos las graves afectaciones: se acaban los cerros, roban nuestra agua, contaminan los suelos, abren caminos por nuestros ejidos y ocasionan accidentes, despreciando la voz y las necesidades de los habitantes. Sabemos que tienen en la mira el despojo y nuestra desaparición para edificar ahí sus hoteles y centros comerciales.
El agua, los cerros, la tierra, fauna, flora, aire y nuestra convivencia con este entorno no están a la venta; si su idolatría e intereses políticos no les alcanzan para ver el problema de manera integral y profunda, seguiremos insistiendo otros 17 años. Para entonces será un crimen de lesa humanidad por haber despreciado e ignorado la voz de los pueblos.
Julieta Lamberti, de la asociación Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), indicó que hasta diciembre de 2017 se habían otorgado contratos a 235 empresas por un monto de 127 mil 600 millones de pesos, a pesar de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha recomendado al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México que las licitaciones deberían ser públicas para la construcción de la nueva terminal aérea.
Acompañada por Ignacio y América del Valle, entre otros, dijo que cuando analizaron los 292 contratos nos damos cuenta de que 196 no se sometieron a concurso, sino que fueron adjudicados de manera directa a una empresa, lo que representa casi 90 por ciento de las obras.
Sandino Rivero, representante legal del FPDT, recordó que en enero pasado, el segundo tribunal colegiado del segundo circuito resolvió el recurso de revisión 383/2017, interpuesto contra la sentencia de la juez novena de distrito, con sede en Nezahualcóyotl, quien negó el amparo contra la edificación del NAICM.
La impartidora de justicia ordenó que se amplíe la prueba pericial en antropología, a fin de verificar si los residentes son pueblos originarios, para determinar si pueden aplicarse los derechos fundamentales previstos en el artículo 2 de la Constitución.
La juez de amparo recabará de oficio la prueba pericial en topografía para comprobar si son vecinos de la zona donde se lleva a cabo la contratación, y una vez que se haya determinado, se practique la prueba pericial en materia de medio ambiente para resolver si los derechos que defienden se encuentran afectados.

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Liberación de independentistas encarcelados y diálogo con el gobierno español, demanda Puigdemont

 
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MADRID (apro).- Al quedar en libertad, el expresident catalán, Carles Puigdemont, criticó que “es una vergüenza para Europa tener presos políticos” y, por ello, pidió la “liberación inmediata” de los líderes independentistas encarcelados en España.
Asimismo, demandó diálogo político al gobierno español para llegar a una solución en Cataluña.

Tras el pago de una fianza de 75 mil euros para recobrar la libertad provisional, Puigdemont hizo una breve declaración a las afueras de la prisión de Neumünster, al norte de Alemania, donde permanecía detenido, y enlistó los países desde los que recibió muestras de apoyo en su reclusión, incluido México.
“Pido la liberación inmediata de todos los compañeros que continúan en las prisiones españolas”, dijo ante los periodistas que esperaban su salida.
La víspera, la Audiencia Territorial de Schleswig-Hostein anunció que otorgaba la libertad provisional a Puigdemont, previo pago de la fianza, y desechaba la posibilidad de extraditarlo por el delito de rebelión, al no encontrar indicios de violencia en la actuación de los independentistas.
El expresident aseguró que “la época del diálogo ha llegado”.
“Es hora de hacer política, no hay excusas para que las autoridades españolas empiecen un diálogo con las catalanas con miras a encontrar una solución política”, sostuvo.
Señaló que esta lucha “no es interna”, porque “afecta a todos los ciudadanos europeos que se preocupan por los riesgos de la democracia” y, según dijo, “la democracia corre riesgo en España”.
El abogado alemán Wolfgang Schomburg explicó en la misma comparecencia que al valorar el presunto delito de rebelión, el tribunal alemán “ha dicho en palabras muy claras que este delito de acusación desde España en un estado democrático como Alemania no es un delito aceptable”.
Sobre la acusación por malversación, el abogado explicó que “no se puede descartar la extradición” por ese delito, pero se dijo convencido de que también será desechado por el tribunal germano.
La fiscalía alemana informó que Puigdemont quedó libre a las 11:14 horas (hora alemana) tras el pago de la fianza por la Asamblea Nacional Catalana (ANC).
Fuera de la prisión lo esperaban diputados de las formaciones independentistas y simpatizantes.
Algunos medios españoles, como El Confidencial o Vozpopuli advertían que el juez Pablo Llarena, magistrado del Tribunal Supremo que procesó el caso catalán, estudia llevar a un tribunal de la Unión Europea la resolución del tribunal alemán de echar por tierra la acusación del delito de rebelión contra Puigdemont.
Desde el gobierno español, el portavoz Íñigo Méndez de Vigo, señaló que el tribunal alemán considera a Puigdemont “prófugo” y no preso político, como lo ha señalado el líder catalán.

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Ordena juez a Lula entregarse para cumplir 12 años de cárcel

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El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y su abogado, Cristiano Zanin Martins, se retiran del Instituto Lula, en el barrio de Ipiranga, en Sao PauloFoto Xinhua
Eric Nepomuceno
Especial para La Jornada
Periódico La Jornada
Viernes 6 de abril de 2018, p. 25
Río de Janeiro.
Dieciocho horas después de que su pedido de habeas corpus preventivo fuese negado por el Supremo Tribunal Federal, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, favorito para las elecciones de octubre, fue objeto de una orden de aprehensión expedida por el juez de primera instancia Sérgio Moro. Se trata del mismo juez que lo condenó en un juicio que, en opinión de juristas y abogados no sólo de Brasil, sino de algunas de las más prestigiadas escuelas de derecho del mundo, estuvo plagado de arbitrariedades y manipulaciones, sin que hubiese una sola prueba en su contra.
Moro ordenó que Lula se presente a la Policía Federal en Curitiba, capital de Paraná, antes de las cinco de la tarde de este viernes. En un comunicado lleno de formalismos, Moro prohíbe expresamente el uso de esposas, en atención a la dignidad del cargo que ocupó.
Tanto el Tribunal Federal Regional de Porto Alegre, la segunda instancia que no sólo confirmó la condena de Lula, sino la aumentó, como Sérgio Moro, rechazaron recibir los recursos que habían sido presentados por la defensa del ex presidente. Argumentaron que se trataba de una maniobra claramente destinada a postergar el cumplimiento de la detención, aunque la presentación de recursos esté prevista con todas sus letras en la legislación vigente.
La noticia de la orden para detener al más popular presidente brasileño de las pasadas seis décadas, originada en dos tribunales que son señalados de actuar de manera arbitraria, sorprendió al país. Lula y sus abogados creían que ella no se daría antes del martes 10.
Ayer por la noche uno de los abogados del ex presidente, el renombrado y veterano jurista José Roberto Batochio, dijo que la ansiedad por detener a Lula antes que los recursos fuesen examinados revela una arbitrariedad sin fin. Agregó que intentará algún recurso de urgencia, pero que si resulta inútil el ex presidente deberá acatar la determinación de Moro y presentarse a la Policía Federal.
Cuando se supo de la decisión, Lula estaba reunido con auxiliares y amigos en el instituto que lleva su nombre. A los pocos minutos salió en un automóvil sin hablar con nadie y se dirigió al Sindicato de Metalúrgicos de San Bernardo del Campo, en el cinturón industrial de Sao Paulo, que presidió durante la dictadura y fue cuna de su carrera política.
Conforme la noticia recorría el país, dirigentes de otros partidos de izquierda convocaban a marchas populares para dirigirse a la residencia del ex presidente, también en San Bernardo. La directiva del Partido de los Trabajadores (PT) pidió una concentración en el mismo sindicato.
La CUT –Central Única de Trabajadores– convocó a movilizaciones para este viernes en todo el país, y estudiaba decretar un paro general en caso de que Lula sea efectivamente preso, lo que parece inevitable.
En días recientes, en conversaciones con amigos e integrantes de su círculo más cercano, Lula admitía que difícilmente podría evitar la cárcel. Al fin y al cabo, decía, verlo tras las rejas era el objetivo central del golpe institucional que destituyó a la presidente Dilma Rousseff en 2016. La pasividad con que la Corte Suprema actuó el miércoles pasado, rechazando por un voto la concesión de un habeas corpus preventivo, confirmó las previsiones de Lula, quien se mostró bastante afectado.
Ayer, antes de que se conociera la orden para encarcelarlo, le dijo a los amigos con quienes se reunió que era preciso poner gente en las calles, aunque admitió que eso difícilmente ocurriría antes que lo llevasen detenido, algo que pensó ocurriría la próxima semana. Será importante mantener gente en las calles mientras yo esté preso, dijo, para tener a la militancia activa en su defensa.
Alrededor de las ocho de la noche se supo que Lula permanecía en el Sindicato de Metalúrgicos, en lugar de dirigirse a su casa. La propuesta de los sindicalistas era mantenerse en vigilia permanente al lado del ex presidente, con la idea de obligar a la Policía Federal a invadir el local a partir de las cinco de la tarde de este viernes.
Mientras gruesas columnas de manifestantes se dirigían al local del sindicato, Lula examinaba con sus abogados y su círculo de confianza qué hacer.
Hasta conocer la orden de detención, Lula había decidido presentarse tan pronto fuese notificado. La previsión era que eso ocurriría luego que sus recursos fuesen rechazados por el Tribunal Regional Federal la semana que viene. La intempestiva medida adoptada por la corte, de no recibir los recursos, de inmediato asumida por Sérgio Moro, lo llevó a repensar el asunto. Para el ex presidente, Moro actuó de manera totalmente arbitraria e inadmisible, lo que amerita otro tipo de actitud.
Al final prevaleció la opinión de los abogados y Lula programó dirigirse a Curitiba a las 11 de la mañana de este viernes, en automóvil, un viaje de cinco horas de duración.
En varios momentos Lula reiteró la necesidad de una resistencia pacífica, evitando enfrentamientos.
Luego de la decisión de Moro aumentaron las preocupaciones de mayor inestabilidad social y creció el riesgo de protestas callejeras, con enfrentamientos entre defensores y acusadores de Lula da Silva.
Ninguna de esas preocupaciones importó a los seis miembros de la Corte Suprema que el pasado miércoles negaron un habeas corpus preventivo al ex presidente hasta que se agotasen todas las instancias a las cuales podría recurrir.

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La luna de miel de Fuerzas Armadas de Estados Unidos y México



 
Enrique Peña Nieto no ha entendido que, entre más se humille, menos respeto obtendrá de Donald Trump. Por el contrario, más aborrecible será para el demagogo (que no populista) empresario metido a político estadunidense.
México ha hecho todo lo que le ha ordenado Estados Unidos. Incluso aquello que es vergonzoso, que compromete su soberanía y que, claro, se oculta a la población. Tan sometido tiene Trump a Peña, que el presidente gringo se ufana de las órdenes que da al mexicano y que éste acata. Lo dice, arrogante, a los cuatro vientos.
Por la propia boca de Trump, ahora sabemos que él ordenó a México “desbaratar” la Caravana Migrante que atravesaría el país y llegaría a la Frontera con Estados Unidos para visibilizar las penurias de quienes desde Centroamérica quieren alcanzar el sueño americano. Hinchado, con desparpajo se jactó: “México lo hizo. Lo hicieron [los mexicanos] porque dije: ‘Deben hacerlo’”.
Ese mismo día (el pasado 3 de abril), anunció que militarizará la Frontera con México. Serán soldados estadunidenses los que “vigilen” la línea internacional en tanto se construye el muro.
Y del gobierno mexicano, apenas unos cuantos balbuceos (cuando no el silencio humillante o cómplice). El aprendiz de relaciones internacionales Luis Videgaray ha tenido, al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, una gestión como se esperaba: desastrosa, ausente, plegada a Estados Unidos y sin ningún tipo de propuesta para países de otras latitudes. Nada ha conseguido. Ni siquiera que el presidente de México reciba un trato respetuoso. Imaginemos un poco las conversaciones Trump-Peña, donde el estadunidense le ha gritado “loco” al mexicano…
La tormenta política, los vaivenes económicos, los problemas sociales y los dramas familiares a ambos lados de la línea divisoria son ya asunto de todos los días. Pero, a pesar del anuncio de la militarización fronteriza, un ámbito se mantiene incólume, como si nada pasara. Se trata precisamente del ámbito militar, el de las Fuerzas Armadas.
En este asunto, los estadunidenses y los mexicanos siguen trabajando normalmente. La integración militar de México a la esfera de Estados Unidos avanza como si nada ocurriera. Incluso, este mismo martes inició la “Junta de Comandantes Fronterizos México-Estados Unidos de América”. Por 4 días, una delegación mexicana encabezada por el general de división Raúl David Guillén Altuzar, comandante de la XI Región Militar (con sede en Torreón, Coahuila), discute en Tucson, Arizona, cómo “mejorar la cooperación bilateral y la seguridad en la frontera común”.
Se abordan temas como las rutas de trasiego de armas y drogas, las organizaciones criminales que operan en la zona fronteriza, la problemática de las alertas aéreas en la frontera y el Sistema de Vigilancia de Operaciones Aéreas y Marítimas. Es decir, la agenda gringa; los temas que interesan a Estados Unidos.
La integración subordinada de México al Comando Norte de Estados Unidos no está a discusión. De hecho los pasos de las tres Fuerzas Armadas Permanentes mexicanas están firmes en ese sentido. Tal y como lo desean los círculos castrenses estadunidenses.
Aquí los insultos de Trump, su menosprecio por los mexicanos y sus ínfulas para manotear a presidentes en nada trastoca los planes que los militares gringos tienen para México. Por el contrario, los acelera.
Fue idea de los gringos que una de las tres Fuerzas Armadas Mexicanas desarrolle un cuerpo como “guardia costera”. De manera natural, se lo encargaron a la Fuerza consentida. Hay claras muestras de que detrás de la transformación que viven los aparatos militares mexicanos están los estadunidenses. La versión estenográfica de un diálogo sobre la seguridad marítima sostenido por el almirante Paul F Zukunft el 1 de agosto pasado menciona algo al respecto.
El comandante de la Guardia Costera de Estados Unidos, en el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, se refirió a la incautación de drogas que tenían como destino final las calles gringas. “Eliminamos más de tres veces la cantidad de cocaína que todas las fuerzas del orden público, es decir, federal, estatal y local”, se jactó.
Pero dijo que esto no podía seguir haciéndolo “solo” Estados Unidos. “Absolutamente no”.
Es del interés estadunidense desarrollar “guardias costeras” en varios países. En primer lugar, México. “Estamos ayudando a algunas de estas naciones a desarrollar su Guardia Costera, a desplegar sus plataformas en el mar y unirse a nosotros también”. Ejemplifica con el caso mexicano: “tenemos una muy buena relación de confianza”.
De México y Colombia (donde Estados Unidos tiene base militar), los gringos buscan colaborar “multilateralmente juntos, compartir información, aprovechar los recursos y aplicarlos de manera satisfactoria”.
Así que –por lo menos mientras Peña Nieto sea presidente– Estados Unidos podrá humillar a México, pero la integración subordinada a ese país no se detendrá. Los militares estadunidenses vigilarán la Frontera y hasta el Tratado de Libre Comercio podrá desbaratarse. Pero nuestros militares mexicanos seguirán colaborando e integrándose de manera entusiasta al aparato militar de ese país. Las “buenas” relaciones que privan entre los dos gobiernos son las militares.
Zósimo Camacho

Enfrentamientos en Francia durante huelga

Ap
 
Periódico La Jornada
Viernes 6 de abril de 2018, p. 27
Ruan. Estudiantes y empleados sanitarios se enfrentaron el jueves a policías antimotines durante una protesta en Ruan, en el norte de Francia, contra las reformas del gobierno del presidente Emmanuel Macron. La protesta tuvo lugar en el exterior de un hospital de la ciudad de Normandía, antes de la visita de Macron a su unidad para niños con autismo. Los trabajadores médicos ondearon banderas sindicales y pancartas con el lema Hospital Infierno para mostrar su malestar por los recortes en la sanidad pública. Estudiantes locales se unieron a la protesta. Desde hace semanas bloquean campus por los procesos de selección en la universidad pública.