martes, 3 de abril de 2018

Actividades para los próximos días.


Inventario estratégico de gas natural de cinco días de consumo nacional para 2026: Sener

Ciudad de México (Redaccción / Energía Hoy).- La Secretaria de Energía (SENER), en el ejercicio de sus facultades, publicó la “Política Pública en materia de Almacenamiento de Gas Natural”, que establece el Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas), la obligación de contar con un mínimo de cinco días de consumo nacional como inventario estratégico de gas natural (45 billones de pies cúbicos) en 2026.
Con esta Política, México tendrá los siguientes beneficios:
1.- Contará con reservas para suministrar gas natural en caso de emergencias.
2.- Detonará el desarrollo de infraestructura de almacenamiento de gas natural para incrementar la seguridad energética del país, misma que también podrá ser aprovechada por el mercado.
El CENAGAS será el responsable de dar cumplimiento a la obligación y coordinará el desarrollo de la infraestructura requerida para estos fines, por lo que propondrá proyectos estratégicos a los que también podrá acceder el mercado, a través de temporadas abiertas para conformar almacenamiento comercial.
En tanto se conforman los inventarios estratégicos, el Cenagas establecerá un mecanismo para contar con almacenamiento operativo a través de acciones que le permitan aprovechar la infraestructura de almacenamiento existente en México.
La Política establece a los participantes del mercado la obligación de reportar información en materia de producción, transporte e inventarios de gas natural en todo el territorio nacional, lo que permitirá publicar información relevante del sector que podrá utilizarse para la mejor toma de decisiones.
Con la Política Pública en materia de almacenamiento de Gas Natural, la Sener da cumplimiento al mandato establecido en el artículo 80 de la Ley de Hidrocarburos, que establece que corresponde a la Sener: “…determinar la política pública aplicable a los niveles de almacenamiento y a la garantía de suministro de Hidrocarburos y Petrolíferos, a fin de salvaguardar los intereses y la seguridad nacionales…”

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Activistas y académicos alertan sobre privatización de los recursos naturales con Ley de Biodiversidad

 
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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Defensores de los pueblos indígenas y del medio ambiente, así como académicos, alertaron sobre la privatización de los recursos naturales en México, a través de aprobación de la Ley General de Biodiversidad, promovida por diputados del Verde y del PRI.
En conferencia de prensa, integrantes de la Coalición Ciudadana ante la Ley General de Biodiversidad (LGB) demandaron una consulta pública antes de aprobar en el pleno de la Cámara de Diputados la minuta, misma que fue avalada el 22 de marzo.

Adelita San Vicente, de la organización Semillas de Vida, denunció que la aprobación del proyecto “no cumplió con el quórum necesario, se realizó a puerta cerrada, sin grabación de la misma y pasando por alto el tiempo reglamentario de 30 minutos para integrar el mencionado quórum”.
Más aún, acotó, a la reunión sólo llegaron 15 legisladores de 30 que integran la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados (Comarnat), cuando por normatividad se requiere la presencia de 16 integrantes.
San Vicente advirtió que, tras este proyecto de ley, habría intereses económicos muy fuertes de las industrias de generación de energía, extractiva, farmacéutica, cosmética y de alimentos.
La activista identificó como uno de los conglomerados implicados al “Grupo Salinas Pliego, que tiene intereses no sólo en televisoras sino en la generación de energía, en las mineras; la minera de Baja California la están explotando ellos encima de la defensa que se ha hecho por parte de la población, y ahora presumen intereses en el acceso a los recursos genéticos”.
Igual agregó que los intereses económicos por sectores son millonarios, y enlistó algunos de ellos: “La farmacéutica está en un mercado que asciende a 955 mil 500 millones de dólares; la cosmética, 426 mil millones; alimentos y bebidas, 11.6 billones de dólares, estamos hablando del futuro de la alimentación del planeta”.
Carlos Ávila Bello, de la Universidad Veracruzana (UV), apuntó que quien impulsó originalmente la LGB fue la senadora Ninfa Salinas, “quien representa intereses particulares de industrias como la farmacéutica, de alimentos y bebidas, cosmética y de biotecnología industrial”.
El académico apuntó que los integrantes de la Coalición Ciudadana ante la LGB están convencidos de que esos grupos empresariales “se quieren apropiar, a través de esta ley, de los recursos energéticos que no sólo son de los pueblos originarios, sino del país; si ya hemos perdido soberanía con Pemex, con esto vamos a perder prácticamente todo”.
Ávila puntualizó que la ley es inconstitucional porque “desde su fundamentación permite el patentamiento de genes, plantas alimenticias y medicinales, cosméticos y del conocimiento indígena que las ha preservado por siglos”, y a quienes “se les paga 700 pesos por hectárea de área protegida al año, y ahora las transnacionales harían un gran negocio”.
Óscar Vélez, de Revive México, comentó que la redacción de la iniciativa de LGB permite que incluso especies que estaban protegidas, como la tortuga marina, puedan ser objeto de caza, por lo que “se trata de una ley regresiva, pues abroga la Ley General de Vida Silvestre”.
Luego reprobó que con la LGB se pretendan echar atrás “décadas de esfuerzos para proteger especies como las tortugas marinas, dejando a discreción privada el aprovechamiento de especies en riesgo y permitiendo la legal posesión de especies silvestres como mascotas, lo que contraviene la conservación de la biodiversidad”.
Gustavo Sánchez, de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, recordó que el procedimiento inconstitucional que se está siguiendo para el caso de la LGB es similar al de Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, pues “ambas tienen como común denominador que fueron promovidas por el PVEM, misma que se encuentra en revisión por parte del Senado de la República”.
También destacó que, en ambos casos, los legisladores “se han negado sistemáticamente a abrir un proceso amplio de participación social y a convocar a una consulta dirigida a pueblos y comunidades indígenas y comunidades equiparables, a pesar de en México la mayoría de los bosques se encuentran en las tierras de este sector de la población. Se han negado pese a que en los dos casos se cumple con los requisitos del Convenio 169 de la OIT, y a que se hizo la solicitud de consulta”.
Danaé Espinosa, del Movimiento de Jóvenes de América Latina y el Caribe, insistió en que la LGB es regresiva, toda vez que es incompatible con los parámetros internacionales impulsados por México.
“México ha sido pionero en impulsar convenios internacionales contra el cambio climático, por lo que es indispensable que se deseche esta ley para que haya coherencia legislativa”, dijo la defensora.
Espinosa recordó que, hasta el momento, 175 países han ratificado el Acuerdo de París, que prevé la biodiversidad, en tanto que, en México, “en la agenda 2030 a nivel nacional, se incluye la participación de la sociedad civil para revisar las propuestas de la parte ambiental”.
David Ruiz, de la Red Nacional Indígena, puntualizó que la LGB pasa por alto el artículo segundo constitucional, sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y comunidades equiparables, además de que “viola derechos humanos básicos, entre ellos al uso y disfrute de la biodiversidad, al medio ambiente sano, a la participación y a la alimentación”.
Además, insistió en que la consulta debe realizarse en “los territorios de los pueblos indígenas y las comunidades rurales, con una convocatoria amplia, incluyente, en sus lenguas y abierta a toda la sociedad”.
También consideró que, una legislación “sin claridad en las propuestas recogidas ni el criterio con el que las observaciones son incorporadas o dejadas fuera, no puede considerarse un ejercicio válido”.
El investigador Octavio Klimek denunció que “los legisladores del PVEM y el PRI han despreciado la oposición fundamentada y legítima de organizaciones sociales, académicos, expertos y agencias gubernamentales” en un afán de responder a intereses económicos.
El consultor ambiental recordó que, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), que dirige el exrector José Sarukhán, y la Secretaría de Agricultura (Sagarpa), se han pronunciado en contra de la iniciativa, sin que los legisladores del Verde y el PRI hayan atendido las observaciones.

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Afectados del multifamiliar Tlalpan piden reconstrucción digna con fondos públicos


Rocío González Alvarado
 
Periódico La Jornada
Martes 3 de abril de 2018, p. 28
La asamblea de vecinos del multifamiliar Tlalpan hizo un llamado al Gobierno de la Ciudad de México a solucionar las demandas de las familias damnificadas por el sismo e iniciar una reconstrucción digna y segura con fondos públicos.
En un comunicado, señalaron que frente al panorama de incertidumbre y el inminente proceso electoral es preciso conocer quién asumirá los acuerdos de carácter institucional comprometidos con los damnificados, así como los recursos de los que dispondrán.
Los afectados consideraron lamentable que el ahora ex jefe de Gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera haya dado prioridad a su carrera política por encima de sus obligaciones frente a la emergencia, con lo que perdió la oportunidad histórica de convertirse en un servidor público que actuó a la altura de las circunstancias.
En distintas ocasiones habló de procesos largos, de soluciones y de acciones concretas, y el panorama hoy es que al menos en el multifamiliar Tlalpan la situación permanece estancada.
Hasta ahora, el comisionado para la reconstrucción, Édgar Tungüí Rodríguez, les entregó el presupuesto que se estima para el reforzamiento de nueve de los 10 edificios que forman el conjunto habitacional, el cual asciende a 292 millones 123 mil 825 pesos, pero no se ha definido una ruta para tener acceso a los recursos.
Señalaron que están a la espera de que la Secretaría de Finanzas informe de cómo se asignarán los recursos del Fondo para la Reconstrucción, tras reiterar que no están dispuesto a transitar hacia la obtención de créditos o a la redensificación.
Detallaron que aún falta por definir el costo de los proyectos ejecutivo y de obra para la reconstrucción del edificio 1C que colapsó durante el sismo, donde nueve personas perdieron la vida y 40 familias su patrimonio.
La postura del multifamiliar es que los avances en el reforzamiento y reconstrucción de nuestra unidad se haga de manera simultánea, sin rezagar a ninguno de los edificios, expusieron.

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“Silencian” a galardonados en entrega de Premios Nacionales de Ciencias, Artes y Literatura 2017

 
PROCESO 
 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En una ceremonia encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto, hoy se entregaron los Premios Nacionales de Ciencias, Artes y Literatura 2017, sin que ninguno de los galardonados hiciera uso de la palabra, como en años anteriores.
Fue la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, quien abrió la ceremonia en Palacio Nacional y presentó a cada uno de los ganadores, señalando que con su talento contribuyeron a “enriquecer el patrimonio cultural del país”.

Sobre el cineasta Nicolás Echavarría, galardonado en el campo de las Bellas Artes, García Cepeda dijo que éste ha documentado el México prehispánico y mestizo y “es un creador y cronista de nuestras raíces” que ha utilizado un lenguaje fílmico de profundidad y belleza.
De Mercedes de la Garza Camino, premiada en el terreno de la Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, la funcionaria señaló que “ha dedicado su vida a interpretar y difundir los testimonios de una civilización milenaria que es parte de nuestra identidad”.
Sobre Alberto Ruy Sánchez, premiado en el terreno de la Lingüística y Literatura, indicó “que a su prosa delicada y profunda debemos páginas de lucidez e intimidad”.
Mientras que de Francisco Barnett Astorga, reconocido en el área de Artes y Tradiciones Populares, la secretaria de Cultura indicó que ha logrado “rescatar las tradiciones” de la comunidad indígena seri para compartirla con las nuevas generaciones.
Por su lado, el secretario de Educación Pública, Otto Granados Roldán, se encargó de presentar a los dos galardonados con el Premio Nacional de Ciencias:
La doctora María Elena Álvarez-Buylla Roces, en Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales; y el doctor Emilio Sacristán Rock, premiado en Tecnología, Innovación y Diseño.
El cierre de la ceremonia le tocó al presidente Peña Nieto, quien tomó la palabra para felicitar a los galardonados y elogiar la labor de la Secretaría de Cultura, creada durante su administración, en 2015.
Gracias a esta institución, dijo, tiene autonomía administrativa, se ha impulsado a la cultura, vinculándola con la educación y la proyección de México a escala internacional.
El funcionario ligó a la Secretaría de Cultura con la reforma educativa impulsada durante su gobierno. “La mejor manera de impulsar la creación es promoviendo una mejor educación”, concluyó.

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IEnova, única empresa energética dentro del IPC sustentable

 

Ciudad de México (David García / Energía Hoy).- La Bolsa Mexicana de Valores dio a conocer la lista de empresas que forman parte del IPC Sustentable. Dentro del listado, sobresale IEnova como la única compañía del sector energético seleccionada.
Cada distinguido surge con base en una serie de criterios evaluados por una organización experta ajena a la BMV, confirmados luego por la entidad financiera. En esta ocasión, la empresa mexicana fue colocada en 4ta posición, destacando por ser la única dedicada al ramo energético.
Desde 2011, el índice retoma información pública divulgada en los reportes de las empresas, para  reconocer a aquellas con mayor apego a las mejores prácticas internacionales en temas de gestión ambiental, responsabilidad social y gobierno corporativo.
Mejorando su calificación con respectado al año anterior, IEnova logra permanecer en la lista por cuarto año consecutivo, colocándose por primera ocasión por encima del promedio nacional en todas las categorías evaluadas.
“Este resultado es fruto de una estrategia de negocios cuyo eje rector es la sustentabilidad a largo plazo, basada en altos sus estándares de operación; la protección y conservación del medio ambiente; sus prácticas laborales y de gobierno corporativo; y su compromiso social con las comunidades en las que opera”, dio a conocer IEnova a través de un comunicado.
En muchas ocasiones, formar parte del IPC Sustentable se traduce en un benchmark objetivo para la gestión de carteras de inversión en sustentabilidad. Otorga a los seleccionados un acceso a nuevos portafolios, tanto de inversión como de financiamiento.
En ese sentido, IEnova enfatizó el crecimiento obtenido gracias a los proyectos donde actualmente se encuentran trabajando.  Tal es el caso del contrato a largo plazo con la acerera DeAcero, la cual será abastecida de 110 mw de energía proveniente del parque PIMA Solar en Sonora.
Además se encuentra en colaboración con San Diego Gas &Electric para brindar energía al sur de California con un nuevo parque eólico de 108MW que se ubicará en Tecate, Baja California. La empresa también destaca la firma con Liverpool para suministrar energía solar a través del parque de 125 mw en Benjamín Hill, Sonora.
“La empresa tiene a todos sus activos en operación certificados o en proceso de certificación en calidad ambiental o industria limpia”, asegura IEnova. Actualmente es la única compañía mexicana de infraestructura energética reconocida con el distintivo “Great Place to Work”, siendo una de las 100 mejores empresas para trabajar.

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Acusan a alcalde de Nochixtlán de ataque contra dirigente del Comité de Víctimas


Jorge A. Pérez Alfonso
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 3 de abril de 2018, p. 15
Oaxaca, Oax.
La dirigencia estatal de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) responsabilizó del ataque cometido este sábado contra el dirigente del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad de Junio (Covic), Santiago Ambrosio, al presidente municipal de Asunción Nochixtlán, Rubén Alcides Miguel Miguel –emanado del Partido Social Demócrata, de registro local–, y exigió la desaparición de poderes en esa localidad de la región de la Mixteca.
En conferencia de prensa, el secretario general de la sección 22, Eloy López Hernández, aseguró que desde el inicio de su administración, Rubén Alcides se ha dedicado a hostigar y atacar a las víctimas del desalojo fallido efectuado el 19 de junio de 2016, cuyo resultado fue de ocho civiles muertos y más de 100 heridos con armas de fuego.
En cuanto al caso del profesor Santiago Ambrosio, dijo que el alcalde pretende distorsionar la información al asegurar que el día de los hechos, el mentor ingirió bebidas alcohólicas y sufrió un accidente automovilístico. Afirmó que los partes médicos demuestran que estos dichos son falsos.
Dijo que por ello, la sección 22 de la CNTE exige la desaparición de poderes en Asunción Nochixtlán. Este señor (Alcides Miguel) no ha sido el punto de equilibrio para poder llevar a una buena conciliación y sobre todo a la reconstrucción del tejido social en el pueblo de Nochixtlán, sostuvo López Hernández.
Añadió que el mensaje para Santiago Ambrosio fue claro: que abandone en lo inmediato el municipio de Asunción Nochixtlán. ¿Por qué le tienen miedo? ¿Le tienen miedo a la verdad? ¿Le tienen miedo a que realmente se señale a otros personajes más que han puesto en riesgo no solamente la seguridad del pueblo de Nochixtlán?, cuestionó.

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Productores de frijol de Nayarit exigen subsidios y toman caseta

Foto
Cerca de 300 productores de siete municipios de Nayarit se apoderaron de la caseta de peaje Trapichillo, en la autopista Tepic-Villa Unión, por la falta de subsidios gubernamentales y el bajo precio al cual se vende su productoFoto Myriam Navarro
Myriam Navarro y Juan Ricardo Montoya
Corresponsales
Periódico La Jornada
Martes 3 de abril de 2018, p. 27
Unos 300 productores de frijol de los municipios de San Blas, Santiago, Tuxpan, Ruiz, Rosamorada, Acaponeta y Tecuala, en Nayarit, tomaron ayer la caseta de peaje Trapichillo, en la autopista Tepic-Villa Unión, y permitieron que los conductores pasaran libremente, para exigir al gobierno federal apoyo para vender la leguminosa a mejor precio.
Misael Virgen, vocero de 97 comisarios ejidales y presidente de la Integradora Agro Empresarios del Valle de Santiago, señaló que acopiadores, a quienes no identificó, se llevaron su frijol y sólo pagaron entre ocho y nueve pesos por kilogramo, a pesar de que los productores invirtieron 20 mil pesos por hectárea para su cultivo.
Indicó que en dos reuniones con la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca) se dijo a los frijoleros que el gobierno de Nayarit debía apoyar la comercialización con recursos a partes iguales con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la propia Aserca, pero el gobierno federal se negó a poner su parte; por eso tomamos esta medida.
De acuerdo con Virgen, la situación de los frijoleros se volvió más difícil debido a la baja producción del grano, de 200 a 300 kilos por hectárea, cuando antes obtenían entre tonelada y media y tres toneladas. Al gobierno federal y al del estado les pedimos un apoyo adicional por la baja producción, de 3 mil pesos por hectárea.
Los inconformes advirtieron que concluirán su manifestación cuando la Sagarpa les entregue apoyos económicos. No hay de otra: nos pagan o no nos vamos.
Mientras, un centenar de integrantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) y del Movimiento Social y Popular de Hidalgo tomaron ayer por la mañana la caseta de peaje Tula Uno de la autopista Arco Norte, y permitieron el paso libre a los conductores.
Erasto Tolentino Castro, dirigente de la CNPA en Hidalgo, explicó que su organización realizó esta protesta en apoyo a la Organización Sociedad en Movimiento para el Progreso Agrario de Nayarit Manuel Lozada, que participa en el bloqueo de los frijoleros nayaritas. Señaló que la CNPA exige a su vez que se reparen caminos de Hidalgo usados para el paso de maquinaria pesada, entre otras demandas políticas y sociales.

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Familiares de desaparecidos exigen a Peña que Comisión de Búsqueda dependa de Segob

 
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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Integrantes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México consideraron “inaceptable” que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) quede bajo la tutela de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), por lo que exigieron que la operación del órgano esté a cargo de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Los colectivos que integran el Movimiento acusaron al secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, de haber roto los acuerdos que habían pactado los colectivos de familiares con el gobierno federal durante la elaboración de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda.

En una carta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto y al propio Navarrete Prida, con motivo de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del “Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría de Gobernación”, el Movimiento recordó que, de acuerdo con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda, se considera a la CNB como un ente que “va más allá del ámbito federal y más allá de las tareas de seguridad pública”.
Igual destacaron que, en las conversaciones para la elaboración de la ley general, el gobierno de Peña Nieto se comprometió a que a la CNB “se le respetaría y otorgaría facultades amplias para enfrentar la grave tragedia de las desapariciones en México”.
“Lamentamos profundamente que el secretario de Gobernación haya roto los compromisos asumidos anteriormente por esa secretaría y que, de forma unilateral, haya decidido debilitar orgánicamente a la entidad responsable de encarar el reto más importante de México en materia de derechos humanos”.
Al recordar que durante la elaboración de la ley hubo estrecha comunicación con la sociedad civil, los colectivos consideraron que, “con su decisión, el secretario de Gobernación manda un mensaje de desdén al trabajo realizado conjuntamente con decenas de colectivos de familiares y de la sociedad civil”.
Los integrantes del Movimiento exigieron “se respeten y garanticen todas las facultades y recursos institucionales y financieros para que la CNB funcione con la autoridad y capacidad con la que fue diseñada, lo cual implica que esté inscrita al secretario de Gobernación, al nivel de la propia CNS, no por debajo de ella”.
Al descartar que dadas esas características no se justifica el argumento del gobierno federal de adscribir la CNB a la CNS, debido a que este último está encargado de coordinar “el ejercicio de las funciones en materia de seguridad pública federal”, advirtieron que la ley general establece que la primera tiene como objetivos “impulsar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que participan en la búsqueda, localización e identificación de personas”.
Además, para el cumplimiento de la ley se señala que “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a colaborar de forma eficaz con la Comisión Nacional de Búsqueda”.
La descripción de la CNB en la ley general “significa que orgánicamente debe contar con las herramientas técnicas, legales y políticas para generar la coordinación y vinculación entre distintas autoridades de todos los niveles de gobierno y con la propia sociedad civil para la concreción de una política de Estado que garantice la búsqueda efectiva y la localización de las personas desaparecidas o no localizadas”.
El acuerdo publicado este lunes 2 subordina la CNB a la CNS, con lo que “le quita la autoridad para poder convocar y concretar dichos acuerdos y limita en extremo su funcionamiento, ya que la acota a una entidad cuyas atribuciones se limitan a funciones de seguridad pública en el ámbito federal”.
Al recordar que durante la negociación de la ley general uno de los puntos más ríspidos de discusión fue a qué instancia quedaría subordinada la CNB, las familias que integran el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México puntualizaron que, “debido a la extrema gravedad y relevancia política del problema de las desapariciones en nuestro país, la posición y estructura orgánica de la CNB debe reflejar el compromiso del gobierno con este tema”.
También apuntaron que “lo apropiado es que la CNB sea adscrita directamente al secretario de Gobernación, ya que esto le permitiría cumplir de mejor forma sus atribuciones de coordinación, conducción y vinculación interinstitucional de una política integral para la búsqueda de personas”.
Los colectivos que integran el Movimiento destacaron que, en las conversaciones para la elaboración de la ley general, el gobierno de Peña se comprometió a que a la CNB “se le respetaría y otorgarían facultades amplias para enfrentar la grave tragedia de las desapariciones en México”.
Además, advirtieron que no confían en la CNS, pues “no ha favorecido el esclarecimiento de los múltiples casos de policías federales desaparecidos, ¿cómo esperar que ayude a encontrar a otros”.
Más aún, agregaron que la Ley de Egresos destinó un “presupuesto específico, justamente para dotarle (a la CNB) de esa autonomía relativa, ¿administraría ahora la CNS esos recursos afectando su capacidad de toma de decisiones?, ¿a quién responderá el comisionado nacional de Búsqueda: al Sistema Nacional de Búsqueda o a la Comisión Nacional de Seguridad?”.
La misiva fue también remitida al subsecretario de Derechos Humanos, Rafael Avante; al primer visitador de la CNDH, Ismael Eslava; a los comités de Derechos Humanos y de Desaparición Forzada de la ONU; al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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Hay "amarres y seguros suficientes" para proteger recursos de Pensionissste

Néstor Jiménez
 
Periódico La Jornada
Martes 3 de abril de 2018, p. 11
El director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), Florentino Castro López, sostuvo que hay amarres y seguros para garantizar el destino de los recursos de los trabajadores afiliados al Pensionissste destinados a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) y afirmó que no están en riesgo.
Asimismo, el vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, afirmó que que, según los expertos, el lugar donde se construye el aeropuerto es el ideal, por lo que éste continuará.
El 24 de marzo, La Jornada publicó que ocho de cada 10 pesos obtenidos en el mercado bursátil mexicano para financiar el nuevo aeropuerto provienen de distintas Afore del país. En total se captaron 30 mil millones de pesos mediante un instrumento financiero conocido como Fideicomiso de Inversión en Infraestructura o Energía (Fibra E), por medio del cual los accionistas obtendrán parte de las ganancias a futuro de dicha terminal, sin considerarse por ello como deuda pública.
Durante la presentación de la app Issste Móvil, Castro López indicó que es una inversión segura; no somos la única Afore que está en el aeropuerto, que es uno de los proyectos de futuro más importante para los mexicanos.
Luego de que el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, ha insistido en distintas ocasiones que, de ganar los comicios, revisará a fondo los contratos del NAICM e incluso podría cancelarse el proyecto, López Castro señaló que hay una polémica electoral, pero insistió en que el aeropuerto es un proyecto de futuro.
El dinero de los trabajadores no está en riesgo; hay los amarres y los seguros suficientes para que el dinero no esté en riesgo, y existen leyes mexicanas para recuperar los recursos de los trabajadores. No están en riesgo ni en ese ni en ningún otro caso los recursos de los trabajadores, agregó.
El vocero de la Presidencia agregó que los expertos que conocen realmente de temas aeronáuticos y sobre viabilidad de proyectos han establecido con absoluta claridad que el lugar en donde se está llevando a cabo esta obra es el idóneo, que algunas otras propuestas que se han escuchado en el proceso electoral son absolutamente inviables desde el punto de vista técnico, y también han coincidido en la necesidad que México tiene para su crecimiento.
Pidió no especular en el tema y dijo que su construcción continuará hasta el 30 de noviembre de este año, por lo que será el próximo gobierno federal el que defina el futuro del proyecto.

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INE-Facebook: el convenio de la mentira

 
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CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- ¿El empleo de internet y de las redes sociales pueden resultar determinantes en el desarrollo de campañas y elecciones hoy? Sí, considerando las conclusiones que arrojaron investigaciones efectuadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, las cuales confirmaron que en el desarrollo de la quincuagésima octava elección presidencial en ese país (celebrada el martes 8 de noviembre de 2016) participaron hackers profesionales sumamente calificados, quienes, se presume, colaboran con los servicios de la ciberinteligencia rusa.
A finales del año pasado, algunos medios informativos que advirtieron acerca del significado de las acciones realizadas por los presuntos hackers al servicio del gobierno ruso –The Dukes, uno de los alias empleados por el grupo Cozy Bear, también conocido como PT 29, Group 100, Cozy Duke y Euro APT– comenzaron a especular sobre la posible intromisión de la inteligencia rusa en el desarrollo de las próximas elecciones federales en México.

En una nota publicada en el diario The Washington Post el 19 de enero, León Krauze se atribuyó el mérito de haber documentado las intenciones del gobierno ruso de “influir en las elecciones y desestabilizar a democracias funcionales”. Y en ese sentido convendría cuestionarse si México efectivamente admitiría ser considerado como una democracia funcional.
Como prueba de la intervención rusa, Krauze Jr., advirtió un “conflicto de intereses” en el círculo cercano de Andrés Manuel López Obrador; fundamentó tal aseveración en la participación de la investigadora Irma Eréndira Sandoval en el equipo de campaña del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. Irma Eréndira es esposa de John Ackerman, a quien León señala como miembro de los servicios de inteligencia del gobierno ruso.
La mencionada nota contribuyó a levantar una cortina de humo en torno al tema efectivamente medular: la posibilidad de que servicios de ciberinteligencia, no necesariamente rusos, pudieran definir el rumbo de las elecciones federales en México.
El 3 de febrero último, Edmundo Jácome Molina, secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), firmó un convenio con Shane Crehan, directora de Facebook en Irlanda. El instituto no hizo público el contenido del convenio; sin embargo, lo justificó a partir de un argumento aparentemente sensato: la necesidad de frenar la circulación de noticias falsas –fake news– en las redes sociales –Facebook en este caso– durante el periodo de campañas y la elección.
El 12 del mismo mes, Horacio Duarte Olivares, representante propietario de Morena ante el INE, mediante el oficio REPMORENAINE-054/2018, solicitó al instituto dar a conocer el contenido del convenio celebrado con Facebook, en el cual destacan tres aspectos medulares:
1.- Del 30 de marzo al 1 de julio de 2018, Facebook tiene la intención (más no la obligación) de incluir en su plataforma en México algunos servicios destinados a estimular la participación ciudadana.
2.- El día de las elecciones, el INE proporcionará a Facebook información en tiempo real sobre los resultados de la votación (Programa de Resultados Electorales Preliminares o PREP).
3.- El día de las elecciones, el instituto proporcionará un espacio físico en sus oficinas para que Facebook pueda realizar actividades informativas relacionadas con las elecciones, como la publicación de videos en la plataforma.
El tema de las noticias falsas, con base en el cual Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE, justificó la celebración del mencionado convenio, sencillamente fue omitido. ¿Por qué? Si ese no era el propósito fundamental del convenio, ¿para qué mentir?
Ello definitivamente merma la credibilidad del instituto ante los comicios más importantes en la historia de los años recientes. Además, haber ocultado el contenido real del convenio fue lamentable.
En primera instancia, el acuerdo parece sumamente ventajoso para Facebook. El INE se compromete a compartir información preferencial y dar todo tipo de facilidades a la firma estelar del imperio Zuckerberg. ¿A cambio de qué?
Resulta difícil creer que los consejeros en el INE desconocieran las críticas contra Facebook por el uso que hace de la información que ha logrado almacenar a lo largo de los años.
Julian Assange, por ejemplo, ha dicho que Facebook es la “máquina de espionaje más espantosa jamás inventada. Los usuarios están creando la base de datos más completa del mundo para la inteligencia de los Estados Unidos” [https://www.csoonline.com/article/2229148/microsoft-subnet/microsoft-subnet-julian-assange-facebook-is-a-spy-machine-for-us-intelligence.html].
A su vez, Edward Snowden definió a Facebook como “una compañía de vigilancia rebautizada como red social” [https://www.genbeta.com/redes-sociales-y-comunidades/facebook-es-una-compania-de-vigilancia-rebautizada-como-red-social-afirma-edward-snowden].
Si el objetivo del INE era reducir la circulación de noticias falsas que circulan en las redes sociales, los consejeros bien podrían haber apoyado la iniciativa #NoMásFakes, impulsada por Marco Levario, director de la revista Etcétera, que antecedió a #Verificado2018, proyecto que encabezó Animal Político y al cual se han sumado algunos medios de comunicación que comprenden la importancia y urgente necesidad de contrarrestar la propagación de noticias falsas en el actual proceso electoral.
No, las noticias falsas no fueron el principal motivo en el convenio que el INE celebró con Facebook.
En noviembre de 2017, Andrés Manuel López Obrador solicitó al INE investigar a Cambridge Analytica (CA), firma británica que a partir de una aplicación desarrollada por el académico Aleksander Kogan implementa estrategias de persuasión profunda sustentadas en minería de datos y orientadas a influir en el sentido del voto ciudadano. Mark Turnbull, director general de CA, afirmó que la compañía ha participado en procesos electorales en Estados Unidos, Malasia, Brasil, Australia, China y México.
CA es señalada como responsable directa de la profunda crisis de credibilidad que hoy enfrenta Facebook. Fue fundada el 31 de diciembre de 2013 y forma parte de Strategic Communication Laboratories (SCL Group). Robert Mercer –un administrador estadunidense de fondos de cobertura, conservador– figura como uno de los propietarios de la compañía, que colaboró en el Reino Unido con los partidarios de abandonar la Unión Europea (Brexit), así como en la campaña presidencial de Donald Trump, candidato del Partido Republicano, hoy presidente de Estados Unidos.
El 17 de marzo, con base en revelaciones de Christopher Wylie, exempleado de CA, The New York Times, The Guardian y The Observer dieron a conocer que la empresa había explotado información personal de usuarios de Facebook para utilizarla en la estrategia de persuasión profunda que aplicó en la campaña presidencial de Donald Trump. La información personal de 50 millones de usuarios fue obtenida a partir de una encuesta en línea que supuestamente respondía a fines académicos.
De acuerdo con el diario británico The Guardian, desde 2016 Facebook tuvo conocimiento de las acciones realizadas por CA y no hizo nada para proteger a sus usuarios. Si CA ha participado en más de 40 elecciones, resulta difícil creer que únicamente en las celebradas en Estados Unidos haya utilizado a Facebook.
Para colmo, una investigación realizada por Channel 4 News, en la cual dos altos directivos de CA fueron grabados sin saberlo, ofrece un panorama aún más delicado.
En el video correspondiente –refiere Manuel Hernández Borbolla en The Huffing­ton Post México– “se documentan una serie de encuentros con Alexander Nix (director ejecutivo de Cambridge Analytica), Mark Turnbull (director general de Política Global) y Alex Tayler (jefe de la oficina de datos), quienes aseguran que la firma utiliza sobornos, exespías, noticias falsas y trabajadoras sexuales para poner a políticos en situaciones comprometedoras e interferir en procesos electorales y manipular las elecciones a través de herramientas digitales que permiten incidir en la opinión de los votantes en redes sociales”.
La presencia de CA en México se atribuye al senador Ernesto Cordero, quien está perfectamente familiarizado con el empleo de propaganda negra en campañas. Hace 12 años, López Obrador fue el blanco de la furiosa campaña de desprestigio que implementó el consultor español Antonio Solá, quien ahora afirma que el tabasqueño ganará la Presidencia.
La crisis de credibilidad que enfrenta Facebook se extiende por supuesto al INE. Si el instituto mintió al fundamentar el convenio celebrado con Facebook –en el cual las noticias falsas ni siquiera fueron mencionadas–, haber desatendido la exigencia de investigar al INE resulta muy grave.
Lorenzo Córdova categóricamente ha rechazado que el convenio que el instituto celebró con Facebook incluya la entrega de información personal de los mexicanos almacenada en la base de datos del padrón electoral, pero resulta ingenuo suponer que personal de Facebook no pudiera obtenerla cuando el INE le abrió las puertas de par en par.
*Licenciado en sociología, maestro en comunicación y desarrollo, maestro en administración y tecnologías de información, doctor en ciencias sociales. Director del Centro de Altos Estudios en Internet y Sociedad de la Información, Universidad de los Hemisferios, Quito, Ecuador.
Este análisis se publicó el 1 de abril de 2018 en la edición 2161 de la revista Proceso. 

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Comienzan en Francia tres meses de huelgas intermitentes de ferrocarrileros

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La estación de tren Lyon Part-Dieu, la principal de la ciudad francesa de Lyon, vacía en el arranque de una serie de paros que afectarán a los usuarios por al menos tres mesesFoto Afp
Afp, Ap y Notimex
 
Periódico La Jornada
Martes 3 de abril de 2018, p. 23
París.
Francia experimentó este lunes el comienzo de lo que serán tres meses de huelgas intermitentes de ferrocarriles contra las reformas económicas del presidente Emmanuel Macron, a las que se sumarán otros sectores públicos, como el de los recolectores de basura y energía.
El personal de la estatal Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses (SNCF, por sus siglas en francés) comenzó un paro que se prolongará hasta el jueves por la mañana; ésta será la primera de una serie de huelgas de dos días que tienen previsto repetir cada cinco días hasta junio.
Los ferrocarrileros exigen un plan gubernamental que los proteja contra la supresión del estatuto especial de los trabajadores para los nuevos contratados, la apertura del servicio a la competencia y la transformación de la empresa en una sociedad anónima, lo que abre la posibilidad a una futura privatización del sector, maniobra negada por el gobierno de Macron.
También anunciaron que debido al paro no habrá servicio martes y miércoles en las provincias del país y otras regiones conectadas con el sistema francés en Europa, pero la verdadera movilización comenzará este martes, en una jornada que la prensa local bautizó como martes negro.
Entre el personal que deberá declararse huelguista con 48 horas de antelación, la SNCF ya contabilizó casi un ferroviario de cada dos (48 por ciento) y más de tres de cada cuatro entre los maquinistas (77 por ciento).
En tanto, Philippe Martínez, secretario general del sindicato, llamó a la convergencia de luchas en el movimiento, ante el creciente descontento entre los jubilados, los estudiantes, los recolectores de basura y los empleados del sector energético, quienes también irán a huelga este martes.
El conflicto representa el mayor desafío contra la agenda reformista de Macron desde que llegó al poder, en mayo de 2017. La huelga ferrocarrilera apuesta por un desgaste de la opinión pública, que de acuerdo con los sondeos, considera injustificado el paro, pero tal opinión podría cambiar si el presidente se muestra intransigente y voltea hacia la privatización.
El proyecto de reforma de la función pública de Macron prevé la supresión de 120 mil puestos de trabajo de aquí hasta 2022, para ahorrar 4 mil 500 millones de euros.
En tanto, la aerolínea privada Air France va a parar actividades este martes, por cuarta vez en poco más de un mes, en busca de un aumento general de 6 por ciento salarial, y tiene convocadas más jornadas de paro para el 7, 10 y 11 de abril, en un movimiento que no está directamente relacionado con las reformas de Macron.

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Crece "rebelión de maestros" en Oklahoma, Kentucky y Arizona

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Profesores de Kentucky rodearon ayer el Congreso estatal, en la ciudad de Frankfort, en protesta por cambios en los planes de pensiones, recortes al presupuesto de educación e incremento salarialFoto Ap
David Brooks
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 3 de abril de 2018, p. 22
Nueva York.
Decenas de miles de maestros y personal de apoyo escolar abandonaron las aulas en Oklahoma y Kentucky coreando alto a la guerra contra la educación pública, en una acción sin precedente en décadas recientes, mientras sus colegas en otros estados contemplan sumarse a lo que algunos bautizan como la rebelión de los maestros.
Grupos de docentes se congregaron frente a sus escuelas en Oklahoma esta mañana, pero en lugar de ingresar para iniciar el día de clases, marcharon de todas partes del estado para dirigirse al capitolio estatal; según algunos informes, más de 200 distritos escolares de un total de 500 fueron cerrados por la acción. Estudiantes y familias se sumaron en apoyo de sus maestros y sus exigencias que no se limitaban a su remuneración –entre las más bajas de todo el país–, sino en revertir las severas reducciones del gasto público en educación a lo largo de la década anterior.
Los recortes en Oklahoma y otros estados han dejado escuelas en el país más rico del mundo sin suficientes libros de texto y otros materiales, con instalaciones en deterioro peligroso, y estudiantes y maestros tiritando en los inviernos por falta de calefacción. Varios distritos escolares se han visto obligados a reducir la jornada a sólo cuatro días a la semana por falta de recursos, resultado de una reducción de casi 30 por ciento en el presupuesto de educación en los pasados 10 años.
En Oklahoma, el índice salarial de los maestros ocupa el penúltimo lugar de los 50 estados. Eso, para muchos, implica que han tenido que tomar un empleo secundario para sostener a sus familias, trabajando como meseros en restaurantes de cadena, en supermercados o como choferes de Uber, entre otros. Algunos han tenido que recurrir a programas de asistencia alimentaria o a caridades para atender necesidades básicas de sus familias y han llegado incluso a donar sangre por dinero.
El paro en Oklahoma fue acompañado de otro en Kentucky, con miles de maestros en el capitolio de ese estado coreando: ya basta y no cederemos, obligando al cierre de todas las escuelas públicas de la entidad. Esto, después de que decenas de planteles en 28 distritos escolares tuvieron que cerrar el vienes, cuando miles de maestros se declararon enfermos y se congregaron en el capitolio estatal para protestar por cambios en los planes de pensiones.
En Arizona se han repetido las manifestaciones de maestros en semanas recientes y se está evaluando estallar una huelga contra las reducciones en el presupuesto de educación estatal y en busca de un incremento de 20 por ciento al salario.
Maestros en Wisconsin, Pensylvania y Nueva Jersey también están considerando emprender acciones parecidas.
Los docentes señalan que la huelga triunfante de nueve días de sus colegas en West Virginia el mes pasado con exigencias parecidas ayudaron a su decisión de emprender acciones como la de ayer, detonadas por el hartazgo e ira ante las políticas estatales contra la educación pública (en Estados Unidos, la educación pública es financiada y regulada por el gobierno estatal).
Estos estados son gobernados por republicanos, y estas nuevas movilizaciones podrían tener implicaciones para las próximas elecciones intermedias en noviembre a nivel federal, al renacer parte del movimiento sindical en esta coyuntura política.
Más aún, estas acciones sindicales son en muchos casos ilegales según las leyes estatales, y aún más notable, no son autorizadas por el propio liderazgo sindical, sino resultado de organización y coordinación entre las bases que se comunican a través de las redes sociales. Algunos expertos dicen que si esto sigue creciendo, se convertirá en una ola de huelgas no autorizadas sin precedente desde tiempos de la Gran Depresión.
El fin de semana, el senador Bernie Sanders publicó un tuit: “empezó en West Virginia. Continuó en Oklahoma y ahora se está ampliando a Arizona. Maestros están exigiendo respeto por la educación y los educadores. Se están alzando, luchando y logran avances reales. Viene el cambio.

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