martes, 20 de marzo de 2018

Convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria.


Aquel 18 de marzo de 1938…

La Jornada, Opinión
20 de Marzo del 2018
 
Adolfo Gilly
Foto
Amalia Solórzano, el general Lázaro Cárdenas del Río y su hijo Cuauhtémoc, en la residencia oficial de Los Pinos en 1935Foto tomada del libro Era otra cosa la vida, de Amalia
Solórzano (Nueva Era Editores)
E
n un alucinante y preciso reportaje publicado en su edición del domingo 18 de marzo pasado, firmado por Jesusa Cervantes y titulado La desnacionalización petrolera, la revista Proceso documentó, a lo largo de siete páginas (páginas 6-12), el desmantelamiento de Pemex sexenio tras sexenio, desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari hasta la presidencia de Enrique Peña Nieto. Ese mismo día el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, en el Monumento a la Revolución, leyó la siguiente declaración:
En el 80 aniversario de la expropiación petrolera
Se cumplen hoy 80 años de la fecha en la que Lázaro Cárdenas decretó, en favor de la nación, la expropiación de los bienes de las compañías petroleras, rebeldes al fallo de la justicia nacional.
De manera vergonzante, escabulléndose de la fecha y rogando que los sucesos de 1938 desaparezcan de la memoria colectiva, la administración actual se reunió en falsa conmemoración en torno al hecho que más le escuece: la Expropiación Petrolera. Los voceros oficiales señalaron ese día que gracias a la reforma estructural en energía, los mexicanos ya podemos libremente comprar petróleo o gas natural recién salidos del pozo, así como olefinas y aromáticos que se obtienen en la petroquímica y otros petrolíferos a quien nos plazca, ya no sólo a Petróleos Mexicanos sino también a Shell, Exxon, etcétera. Supuestamente un gran logro.
Señalaron también que uno de los principales problemas de Pemex lo constituye el huachicol, una de las formas de robo a la empresa del gobierno, olvidándose de otras, tan graves o quizá más que aquella, como los sobornos de Odebrecht; las comisiones que ocultamente se están cobrando por la importación de gasolinas –millones de litros diarios–, los altos precios que éstas, así como el gas, han alcanzado; los desvíos del Pemexgate; o las contabilidades oscuras de las subsidiarias de Pemex creadas en el extranjero, que operan en países en los que el derecho mexicano no es aplicable, por lo que sus cuentas no se auditan por autoridad mexicana y el destino de sus utilidades no se hace público.
En esa ceremonia se ignoró y ninguna mención se hizo de la declinación de la producción y las reservas probadas; el abandono y la caída de la producción petroquímica; los recortes presupuestales a Pemex, las deficiencias de mantenimiento y el incremento de accidentes. Se dijo, sí, que gracias a la reforma, los consorcios petroleros privados han comprometido una inversión del orden de 200 mil millones de dólares, a realizarse en el futuro, sin precisar horizonte. Pero no se dijo que en cuatro años transcurridos de las contrarreformas constitucionales, se han invertido solamente poco más de 3 mil millones, esto es, escasamente el 1.5 por ciento de lo ofrecido, y a ese ritmo la cifra total se alcanzaría en unos 60 años, mientras que antes de esa reforma Pemex venía invirtiendo de tres a cinco veces más anualmente que el total invertido en los años de reforma.
Tampoco se mencionó la enajenación de la quinta parte de los territorios submarinos del país, concesionados principalmente a consorcios extranjeros para la explotación de los ricos yacimientos de hidrocarburos que contienen; ni el deterioro intencionado de las refinerías, la importación de más del 70 por ciento de los combustibles que se consumen en México, la balanza comercial petrolera con un déficit de más de 18 mil millones de dólares el año pasado y el riesgo que esto representa para la seguridad energética, y más allá, a nuestra seguridad nacional.
§
Estas son algunas de las graves consecuencias de la contrarreforma energética, que culminó en su instrumentación legal con las reformas de diciembre de 2013 a los artículos 27, 25 y 28 de la Constitución y que el gobierno está llevando atropelladamente a la práctica. Atropelladamente, pero con objetivos muy claros: entregar lo más pronto posible el presente y sobre todo el futuro petrolero de México y los mexicanos a intereses ajenos, aquellos que aprovechan la corrupción y el entreguismo de las altas autoridades, aquellos mismos que fueron expropiados en 1938, junto con otros que les acompañan y con los que comparten el expolio de recursos y riquezas en territorios que no son los suyos.
Este gobierno y aquellos intereses que desde fuera lo conducen quieren hacernos creer que la reforma energética es irreversible, que llegó para quedarse, que se han suscrito contratos e instrumentos legales que impiden cualquier cambio a la situación impuesta. Ese fue el discurso de la Colonia frente a la demanda de independencia. Que lo que está ya es imposible cambiarlo, si no es a un altísimo costo, aunque no se precisa cuál sería éste.
Ese ha sido y es el primer argumento que traen a colación quienes defienden la obligada y ya impuesta inamovilidad. Así argumentan quienes quieren de nuevo dar valor al derecho de conquista. De manera similar se argumentó para impedir que se plasmara y reconociera la libertad de conciencia en nuestras leyes. Son palabras de las dictaduras de todos los tiempos que se han escuchado en los cinco continentes. Es lo que hoy nos dice y repite el neoliberalismo. Y sin embargo se mueve, cuentan que dijo Galileo.
§
¿Que el costo de un cambio sería sumamente alto? ¿Qué tanto? No creo que más alto que haber arrojado a más de la mitad de los mexicanos a la pobreza. No más alto que haber forzado a 10 o 15 millones de mexicanos a emigrar en busca de cómo ganarse la vida. No más que mantener los salarios más bajos que los de todos aquellos países con los que se comercia. ¿Más de lo que han costado Pemexgate, OHL, Oceanografía, Higa, Odebrecht, Fobaproa, sumados o por separado? No más que el deterioro de la calidad educativa o las carencias de los servicios de salud.
¿Más alto el costo que los costos de la corrupción y la impunidad? ¿Más elevado que los dineros públicos que los medios señalan se desviaron de los gobiernos de Veracruz, Chihuahua, Tabasco, Tamaulipas, Quintana Roo, etcétera? ¿Más costoso que lo erogado en el ineficaz combate a la delincuencia? Seguramente mucho menos que el costo de la inseguridad que priva por todos los rincones del país y muchísimo menos que el de las vidas perdidas en el ineficaz combate a la delincuencia, o en Acteal, Tanhuato, Tlatlaya, o las de quienes se descubrieron en las fosas clandestinas de Tetelcingo y muchas más, o las de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.
Todo esto ha sido y es más costoso para México que cualquier cambio de rumbo político, social o económico que pueda llevarse a cabo. Y todo esto ha sucedido por el modelo de desarrollo entreguista y excluyente o de estancamiento estabilizador como algunos le llaman, que se nos ha impuesto en las cuatro últimas décadas.
Acabar con la corrupción y la impunidad; romper ataduras de dependencia; crecer económicamente; reconocer los valores del trabajo; repartir la riqueza pública de modo equitativo, no sólo es una demanda generalizada, no sólo es necesario, sino que es posible. Posible, a condición de hacer las cosas de manera distinta a como se vienen haciendo en los últimos 40 años de vida de nuestro país. Posible con un pueblo consciente y constructivamente rebelde.
Llevar a la práctica un proyecto de crecimiento con equidad es posible. Se requiere fundamentalmente la voluntad y el tesón de un pueblo que así lo quiera y que se organice para ello.
Para alcanzar este objetivo no se parte de cero. Amplios sectores de la población tienen conciencia clara del cambio que buscan. Saben también que es necesario construir una mayoría social que lo impulse, estructure y respalde políticamente, y empiezan a caminar en este sentido.
§
Está definido el proyecto de cambio en lo esencial; y al mismo tiempo que se le construye la fuerza social que lo conduzca y respalde, se tiene que considerar la forma de llevar a cabo el desmantelamiento de las estructuras institucionales, económicas, políticas y sociales creadas en las décadas de subordinación política y económica y de exclusión social, y su sustitución por las nuevas, creadas democráticamente en ejercicio de la soberanía popular y con sentido de equidad.
Paso prioritario e inicial, sin duda, es la reversión de las reformas estructurales: la laboral, que se ha aprobado afectando gravemente los derechos de los trabajadores; la laboral-administrativa en materia educativa, que lesiona derechos del magisterio, que ignoró los contenidos y la modernización de la tarea educativa, la indispensable universalización de los ciclos obligatorios, así como la elevación de los niveles de vida y preparación profesional de los educadores, y, desde luego, la energética, que desvirtúa el espíritu reivindicador de 1917 al dejar al Estado sin facultades para orientar el aprovechamiento de los recursos naturales del país en función del interés general y cede nuestro presente y nuestro futuro a los grandes consorcios multinacionales del expolio.
Revertir las reformas de los artículos 27, 25 y 28 constitucionales significará que los sectores de los hidrocarburos y el servicio público de electricidad vuelvan a considerarse estratégicos y de gestión exclusiva por el Estado; que el Estado cuente con facultades para determinar la utilización y manejo que deba darse a los hidrocarburos, no sólo los que se encuentran dentro del subsuelo, como ha establecido la reforma, sino de nuevo también los que ya estén fuera del subsuelo, es decir, ya en condiciones de utilización.
¿Que habrá juicios que enfrentar, adecuaciones y ajustes técnicos, financieros, económicos, legales, que realizar? ¿Que todo ello será complejo? Ciertamente. Habrá que lidiar con ello, como en su momento lo hicieron los gobiernos de la Revolución cuando se elevaron los impuestos petroleros o al imponer nuevas reglas a las concesiones, y como se hizo desde el 18 de marzo de 1938 hasta que se saldaron las indemnizaciones de la Expropiación. Se pudo en el pasado y no tiene por qué no poderse ahora.
Esta es la lucha hoy, para todos aquellos que aspiramos a un México soberano, libre y equitativo. Lo queremos, es necesario y es posible.
18 de marzo de 2018
§
En este 80 aniversario de la expropiación petrolera, encabezada en 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas y el general Francisco J. Múgica me permito, en estas nuestras páginas de La Jornada, manifestar mi acuerdo con el reportaje de Jesusa Rodríguez y con la convocatoria del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.

Entre Fox, Calderón y Peña, el desmantelamiento de Pemex

 
PROCESO 
 
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En 1992 Pemex se fraccionó y se crearon sus subsidiarias.
Ernesto Zedillo autorizó inyectar nitrógeno a Cantarell y aunque eso aceleró la extracción de crudo al principio, ahora el yacimiento produce poco.

Fox cedió gran parte de la flota recurriendo a la renta, con la empresa Oceanografía. También vendió los vehículos de Pemex.

Calderón, además, vendió autotanques buquesde carga, casas, llantas, válvulas, tornillos…

Peña Nieto no tuvo límites: licitó tramos de construcción de ductos o vendió cientos de kilómetros de éstos; ofreció al mejor postor la planta petroquímica de Escolín; logró vender grandes secciones de la de San Martín Texmelucan; se deshizo de terrenos, casas y hasta rieles; y vendió la plataforma Chemul a precio de ganga: de 22 millones de dólares (su valor real) la malbarató en 6 millones de pesos.

Además, en 2016 se realizó un recorte de 100 mil millones de pesos (mmdp) en el presupuesto de Pemex para buscar el superávit en 2017. No lo logró. En su informe a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores reportó una pérdida de 352 mmdp. Su pasivo laboral sumó 184 mmdp.
Y entregó a empresas de 17 países el derecho a explorar y explotar el petróleo, todo gracias a una reforma energética que no bajó el precio de las gasolinas ni el de la energía eléctrica. Al contrario.

Fuente

Jornaleros de San Quintín, tres años de lucha ante un gobierno "sin palabra"

Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Martes 20 de marzo de 2018, p. 14
La lucha de los jornaleros de San Quintín por salarios dignos y prestaciones como su inscripción al Seguro Social cumplió tres años y el gobierno federal ha hecho caso omiso de todos los compromisos que firmó con estos trabajadores, ya que las autoridades no tienen palabra.
El Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas denunció lo anterior y sostuvo que continúan las vejaciones de parte de empresas, patronos y mayordomos contra estos trabajadores e incluso mujeres jornaleras sufren de agresiones sexuales por parte de sus empleadores, por lo que seguirán las movilizaciones y acciones de lucha de este sector.
Este gremio recordó que el 17 de marzo de 2015 cerca de 70 mil jornaleros del Valle de San Quintín, Baja California, llevaron a cabo una huelga en demanda de mejores salarios, ya que les pagan por destajo, sin prestaciones, y laboran en condiciones deplorables, además de que hay mucho trabajo infantil en los campos agrícolas.
Expuso que la lucha es el único camino para mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores, muchos de ellos jóvenes, que laboran en el campo, ya que son sujetos a enganchadores que cobran incluso por colocarlos, les pagan salarios a destajo, sin ninguna prestación, los tienen viviendo en galerones en los que además les cobran la renta y sin servicios sanitarios adecuados, y con jornadas extendidas más allá de las 10 o 12 horas, todo lo cual es violatorio de la Ley Federal del Trabajo.
A todo ello se iba a dar respuesta según un acuerdo que firmó el gobierno federal –a través de las secretarías de Gobernación y del Trabajo–, con los jornaleros de San Quintín, el cual contemplaba 13 puntos que no se cumplieron, como: campaña de afiliación de estos trabajadores al Seguro Social; transparentar el pago de salarios y que se les entreguen en su lugar de trabajo y sin condicionarlos.
Vivienda digna, en condiciones de seguridad e higiene; alimentación; respecto a los derechos laborales y humanos sobre todo de mujeres y sus familias; certificación de empresas libres de trabajo infantil; programas sociales para este sector; creación de un fideicomiso de inversión para el desarrollo de la zona, con recursos de las empresas y los gobiernos estatal y federal y sobre todo salario mínimo digno para ellos. Nada se ha cumplido, a decir de dicho sindicato.
Lejos de ello, llegaron a la zona sindicatos de protección que, en contubernio con empresarios, obligaban a los jornaleros a firmar su adhesión a los mismos y firmarles documentos en blanco, so pena de que de no hacerlo, no tendrían trabajo, sostuvo esta organización.

Fuente

Maquiladoras en Zacatecas: explotación, riesgos y abusos

Foto
Arriba, la planta de la compañía japonesa Toyotsu Smelting Technology Mexico, ubicada en el municipio de Guadalupe, conurbado a la capital de Zacatecas, donde los trabajadores denuncian malas condiciones laborales y discriminación. Abajo, obreros y personal administrativo de la empresa japonesa YUSA Autoparts, situada al sur de la ciudad de Zacatecas, fueron desalojados el pasado 7 de febrero tras un incendio en la nave industrial. Protección Civil atribuyó la conflagración a la falta de mantenimiento de los ductos de ventilaciónFoto Alfredo Valadez
Alfredo Valadez Rodríguez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 20 de marzo de 2018, p. 25
Zacatecas, Zac.
Trabajar en algunas plantas maquiladoras asiáticas de autopartes en Zacatecas pasó de ser un alivio para centenares de hombres y mujeres ante el alto desempleo en la entidad –poco industralizada y de alta migración–, a convertirse en un trabajo extenuante, con jornadas de 12 a 14 horas diarias.
Al igual que la mayoría de las maquiladoras en el país, se impone a los empleados la obligación de laborar horas extras y en ocasiones domingos y días festivos; a ello se suma el constante riesgo de sufrir accidentes y enfermedades laborales por el manejo de sustancias tóxicas y cancerígenas, y por el uso de maquinaria obsoleta.
Los obreros también se quejan de trato soez y racista de los directivos de maquiladoras japonesas y chinas. Pinches mexicanos pendejos; si no quieren trabajar, váyanse a la verga, y las mujeres se callan, aquí no opinan, son algunas de las expresiones usuales, afirman.
Un grupo de hombres y mujeres jóvenes, trabajadores de las compañías japonesas Toyotsu Smelting Technology Mexico (TSTM), filial de la también nipona Ahresty Mexicana, y YUSA Autoparts de México, así como de la china Johnson Electric, ubicadas las dos primeras al sur de la capital del estado y la tercera en el municipio de Calera, ofrecieron a La Jornada testimonios sobre sus condiciones de trabajo, de manera anónima, por temor a represalias.
Según los denunciantes, derivado de una aparente omisión de los inspectores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), prácticamente no existe regulación de los químicos utilizados en Toyotsu y en YUSA Autoparts, ubicadas la primera al oriente del parque industrial del municipio conurbado de Guadalupe y la segunda a un costado del almacén general de Petróleos Mexicanos, en la salida sur de la zona conurbada del municipio de Zacatecas, en la carretera federal 45 a Aguascalientes.
En las maquiladoras de capital asiático cientos de obreros son expuestos diariamente a sustancias peligrosas como el tolueno, MIBK (metil-isobutil-cetona, un solvente de alta toxicidad), azufre, plomo, mercurio y zinc. Algunas incluso están sujetas a control de la Onceva Zona Militar, con sede en Guadalupe.
Equipo de desecho
En YUSA Autoparts, donde se producen suspensiones para autos con caucho, metales y resinas plásticas, los operarios deben manipular todos los días máquinas vulcanizadoras de alta presión provenientes de otros países donde ya fueron desechadas por viejas e inseguras.
Mientras, Toyotsu cuenta con hornos para fundir aluminio y abastecer a su filial Ahresty (instalada en el mismo parque industrial). Los obreros trabajan en medio de vapores de agua que contienen sustancias tóxicas y metales pesados, debido a fallas frecuentes en los filtros y ductos de ventilación.
Cuando un trabajador sufre un accidente –por ejemplo, una quemadura con aluminio fundido– los directivos japoneses lo obligan a recibir atención en un hospital privado (o en una farmacia de similares si es una lesión menor), para evitar que el IMSS se entere, pues ello eleva la prima anual de riesgo.
Francisco tiene casi cinco años trabajando en YUSA Autoparts. Casado y con estudios truncos de licenciatura. Son jornadas de 12 horas, con turnos de siete de la mañana a siete de la noche y viceversa. Son jornadas inhumanas.
Él vive en la zona conurbada de Zacatecas, pero hay compañeros que residen en comunidades rurales lejanas, e incluso en poblados limítrofes con Aguascalientes y San Luis Potosí, hasta donde autobuses de las empresas maquiladoras los recogen.
Deben levantarse a las cuatro de la madrugada para ir a la parada del camión, y luego un trayecto de dos horas, cumplir su jornada laboral de 12; después salir y regresar aproximadamente a las nueve de la noche a casa.
Fabiola relata los efectos de estos horarios esclavistas. Uno no tiene tiempo para cuidar a sus hijos, para atenderlos, para hacer la tarea con ellos, para conocer y ayudarles en sus problemas, para orientarlos.
En las fábricas hay a quienes les gana el sueño y buscan dónde dormir un ratito: en los baños, en cajas de cartón tiradas en el piso e incluso escondidos entre los toneles de químicos. Eso sí, cuando los supervisores se percatan los despiden de inmediato, sin finiquito.
Pedro, un joven que culminó una carrera técnica y labora en YUSA desde hace más de tres años, refiere que las vulcanizadoras de alta presión son un peligro, pues trabajan a muy altas temperaturas, por arriba de 700 grados centígrados, y son máquinas de media vida, que provienen de otras fábricas de YUSA en otros países, donde fueron rechazadas por no cumplir con los estándares de seguridad, pero llegando a México sólo se pintan y están listas para usarse.
Sobre el manejo de los químicos, otro operario, Andrés, dice que el contacto cotidiano con esas sustancias puede crear células cancerígenas. Se contamina tu cuerpo, tu sangre, y en esos casos la empresa no se hace responsable. Son químicos que tardan en salir (del organismo) hasta dos años, pero otros, como el mercurio, nunca salen.
Falta de mantenimiento
La noche del pasado 7 de febrero ocurrió un incendio en YUSA Autoparts, y desde las ciudades de Zacatecas y Guadalupe se movilizaron dos grupos de bomberos y paramédicos para controlar la conflagración y desalojar a más de 550 obreros y trabajadores administrativos.
Antonio Caldera Alanís, director de Protección Civil y Bomberos del estado, confirmó que el incendio se debió a la falta de mantenimiento en los ductos de ventilación ubicados en el techo del complejo, que pasan por dentro de la nave industrial, los cuales se sobrecalentaron”.
En Toyotsu, obreros y personal administrativo denunciaron a La Jornada que con regularidad trabajan en una atmósfera contaminada con vapores de aluminio líquido. No nos dan equipo de protección personal adecuado; respiramos polvo de aluminio y dicen que eso es normal, señala José Luis, otro de los obreros que aceptaron la entrevista.
Los trabajadores de Toyotsu acusan de maltrato y ofensas a Tetsuya Nozaki, vicepresidente de la planta, y Toshiki Nakao, coordinador de producción. Al primero también lo responsabilizan de ocultar al IMSS los accidentes laborales:
Hace tiempo hubo un operador que se lastimó una pierna con aluminio fundido y el señor Nozaki no quiso que fuera al Seguro Social. Le dijo (al obrero accidentado), que le iba a pagar todas sus curaciones de manera particular y le pagaría su sueldo normal, con tal de que no reportara el accidente al IMSS, y así fue.
María José, otra empleada de Toyotsu, revela: Desde hace casi dos años que he trabajado aquí he visto varias humillaciones y tratos racistas por parte del personal japonés.
Entre otras quejas destaca la falta de exámenes médicos regulares certificados, “no patito”, para todos los obreros, “necesarios para esta industria, que incluyan contenido de plomo en la sangre, capacidad pulmonar, capacidad auditiva y exámenes de la vista.
Estos estudios son remplazados con certificados médicos de las (farmacias) de Similares, que siempre salen bien por órdenes de los japoneses.

Fuente

En Oaxaca, Guerrero y Chiapas, 80% de trabajadores carecen de prestaciones

Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Martes 20 de marzo de 2018, p. 14
En estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas 80 por ciento de la población económicamente activa (PEA) labora en la informalidad. Es decir, sólo dos de cada 10 trabajadores tienen un empleo formal, con prestaciones, el resto no cuenta con seguridad social, revela el informe El empleo en México y sus perspectivas para 2018, de Manpower.
El análisis indica que también en los estados de Hidalgo, Puebla y Michoacán, los niveles de informalidad son muy elevados, los cuales rondan entre 74 y 76 por ciento del total de los trabajadores.
De esta forma, aun cuando la media nacional sea de 57 por ciento, la mitad de los estados del país tienen niveles de informalidad muy altos.
En Tlaxcala, Veracruz, Tabasco y Morelos el resultado de este informe, que se realizó con base en datos del Inegi, es que entre 6.5 y 7 trabajadores de cada 10 no tienen un empleo formal, ni cuentan con prestaciones como aguinaldo, seguridad social ni ninguna otra.
También están en la informalidad 60 por ciento de los trabajadores activos de Campeche, Nayarit, Zacatecas y Yucatán. Mientras San Luis Potosí, Guanajuato y Durango están exactamente en la media nacional de 57 por ciento.
En el lado contrario, las entidades que tienen los niveles más bajos de informalidad son: Nuevo León con apenas 35 por ciento; Chihuahua y Coahuila con 37 por ciento; Baja California y Baja California Sur con 38 por ciento, lo que indica que 60 de cada 100 trabajadores están en la formalidad.
En Ciudad de México la informalidad llega a entre 40 y 42 por ciento, mientras en los estados de Querétaro, Tamaulipas y Aguascalientes este indicador es de 40 por ciento. El análisis revela que son los estados que van del centro hacia el norte del país donde hay más plazas en empresas formalmente establecidas con el pago de prestaciones y salarios fijos, mientras en el sur de la República la población se sostiene en empleos de bajos salarios y sin ninguna seguridad social.

Fuente

Damnificados del 19-S exigen reunión con Mancera y “terminar con las simulaciones”

 
PROCESO
 
reconsEsta tarde, cientos de familias afectadas por el terremoto de septiembre salieron a las calles en repudio a la falta de respuesta del gobierno capitalino y de la Comisión para la Reconstrucción, pues reclamaron que, a medio año de la tragedia “no hay solución”.
Por eso, su grito fue claro: “¡Solución, solución hasta la reconstrucción!”.

Representantes del Multifamiliar Tlalpan, de predios ubicados en las colonias Lomas Estrella, Del Mar, Roma, Condesa, Del Valle, San Gregorio, entre otros, reprocharon la “falta de capacidad” del gobierno de la ciudad para ofrecer soluciones y entablar diálogo con los afectados.
“Es vergonzoso constatar que a medio año de la emergencia el gobierno de la ciudad no conoce la situación que atravesamos los damnificados: los censos oficiales que deberían estar listos para conocer las verdaderas dimensiones de la problemática están muy lejos de ser terminados y difundidos”, sentenció Francia Gutiérrez, del Multifamiliar Tlalpan.

Los afectados criticaron la carencia de certeza jurídica, de entrega de los Dictámenes de Seguridad Estructural y de transparencia de los recursos públicos y las donaciones. Resaltaron, además la falta de diálogo con los afectados.
“Un mes y nada. Dos meses, nada. Tres meses, nada. Seis meses y nada”, recriminaron.
“Esta inacción que ya lleva medio año debe terminar. Los damnificados buscamos ser interlocutores válidos para todas las decisiones que tengan que ver con el regreso a nuestros hogares”, insistió Gutiérrez.
Los damnificados además mencionaron que cientos de familias siguen viviendo en las calles, en campamentos por temor a que sus pertenencias sean robadas.
La marcha arrancó con un minuto de silencio frente al edificio que colapsó en Álvaro Obregón 286 –donde murieron 49 personas, la cifra más alta de todos los inmuebles que se derrumbaron– y siguieron por las calles de Oaxaca y Monterrey en la colonia Roma.
Al llegar a la glorieta del Ángel de la Independencia, guardaron un minuto de silencio por sus seres queridos que murieron bajo los escombros. Luego, con los puños en alto, lanzaron la exigencia a todas las dependencias involucradas con la reconstrucción a “terminar con las simulaciones” y evitar que pasen más días con la gente en las calles.
A la Asamblea Legislativa capitalina (ALDF) le demandaron cumplir con los acuerdos firmados en las mesas de trabajo, mientras que a la Comisión para la Reconstrucción le exigieron un encuentro en carácter de urgente para acelerar el proceso de atención a los damnificados.
Los participantes en la marcha también organizaron un evento cultural en la escalinata de la glorieta, donde participaron Guillermo Briseño, el grupo de canto lírico “Ensamble cénit”, y las bandas “Cristal de acero” y “La república”.
Desde este mediodía en la capital del país se registraron diversas manifestaciones y cierres viales protagonizados por los damnificados.

Fuente

Fovissste reporta ganancias en subcuentas de vivienda


Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Martes 20 de marzo de 2018, p. 14
El Fondo de Vivienda del Issste (Fovissste) reportó a los trabajadores del Estado un remanente de operación por 11 mil 487 millones 290 mil pesos, que son las ganancias de la administración de los recursos provenientes de las subcuentas de vivienda durante 2017.
De estos recursos, 4 mil 375 millones 937 mil pesos fueron abonados en las cuentas individuales durante el año pasado y los 7 mil 111 millones 325 mil pesos restantes se abonaron a estas cuentas durante el presente mes, según informó el organismo.
Detalló que estos fondos son producto del rendimiento de los recursos que los trabajadores tienen en esa subcuenta, monto que se encuentra por encima del nivel de inflación presentado el año pasado y demuestra que además de enfocar los esfuerzos en el otorgamiento de créditos asequibles, el organismo también tiene como prioridad hacer crecer el valor de los recursos de los trabajadores que administra.
La Ley del Issste, planteó, en su artículo 177 señala que las aportaciones al Fondo de la Vivienda se deberán registrar en la subcuenta del organismo y éste, a su vez, deberá pagar intereses en función del remanente de operación que tenga.
De esta forma en 2017 la tasa de rendimiento nominal de estos recursos fue de 7.18 por ciento, y la real de 0.41 por ciento, no obstante el entorno financiero mundial que se vio influido por asuntos como la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) y cambios geopolíticos como la sucesión presidencial en Estados Unidos y en México.

Fuente