miércoles, 14 de marzo de 2018

IMSS privatiza hospitales en Nuevo León, Chiapas y Nayarit



 
El pasado 9 de marzo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) formalizó la privatización del Hospital Regional de García, Nuevo León; así como de los hospitales generales de zona de Tapachula, Chiapas; y Bahía de Banderas, Nayarit.
La cesión de los derechos a favor de la iniciativa privada –tanto de su infraestructura hospitalaria como de los propios servicios médicos– se ampara en la Ley de Asociaciones Público Privadas, indica el IMSS en el Diario oficial de la federación.
En los tres casos, la institución pública se deslinda de toda obligación laboral, pues establece: “El Instituto no adquiere ninguna obligación de carácter laboral con el permisionario [es decir, las empresas], ni con los trabajadores que él mismo contrate para la realización de sus objetivos, o bien, que se encuentren desempeñando actividades con motivo del desarrollo del proyecto”.
Y agrega que, por ello, “no se considerará en ningún momento al Instituto patrón sustituto ni solidario, en razón de que el beneficiario de los servicios que se presten en el Hospital […] es la derechohabiencia, por lo que el permisionario expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de carácter laboral, de seguridad social, fiscal o de otra especie que en su caso pudiese llegar a generarse”.
Tampoco asumirá responsabilidades respecto de la mala praxis médica que llegara a ocurrir en los nosocomios privatizados: “El permisionario asume de manera expresa toda responsabilidad que le fuere legalmente imputable a él o a su personal, cuando cause daño o perjuicios al Instituto o a terceras personas por negligencia, mal uso o por causas derivadas de las actividades que desarrolle en el inmueble propiedad del Instituto”.
Además, el IMSS posibilita la tercearización de los trabajos. En sus contratos, indica que “el permisionario podrá celebrar contratos con terceros respecto de las instalaciones y/o servicios que preste en el inmueble, en los términos y condiciones establecidas en el contrato; sin embargo, la vigencia de dichos contratos o acuerdos no podrá exceder el plazo de vigencia del permiso”, es decir, 25 años.

Hospital de Nuevo León

El de Nuevo León es el nosocomio más grande que ha cedido en este paquete privatizador. En este caso, el IMSS benefició a la empresa Infraestructura Hospitalaria de Villa de García, SA de CV, por vía de una licitación pública internacional.
El contrato, por 25 años, tiene por objeto “la prestación de servicios complementarios a los servicios médicos que presta el Instituto para el diseño, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento de un Hospital Regional de 260 camas, en un inmueble propiedad del Instituto Mexicano del Seguro Social”.
De acuerdo con la información oficial, la empresa podrá hacer uso de dicho inmueble –es decir, del hospital– para esos objetivos, y para ello deberá pagar al IMSS una cuota anual de apenas 1 millón 986 mil 980 pesos. Ese monto, además, se saldará en dos pagos.

Hospital de Chiapas

También, por medio de una licitación pública, el Instituto cedió el Hospital General de Zona de Tapachula, Chiapas, a la empresa Concesionaria Hospital Tapachula, SAPI de CV. Éste cuenta con 180 camas.
El contrato tiene el mismo objetivo que el de Nuevo León: prestar servicios complementarios a los servicios médicos, para el diseño y construcción, equipamiento, operación, mantenimiento y prestación de servicios en un inmueble propiedad del IMSS, ubicado en Chiapas, municipio de Tapachula, por 25 años.
Y aunque éste es más pequeño, la empresa Concesionaria Hospital Tapachula, SAPI de CV, pagará una cuota anual de 3 millones 398 mil 644 pesos por el uso de la superficie. También en dos pagos.
Caso Nayarit
En el caso del Hospital General de Zona en Bahía de Banderas, que cuenta con 144 camas, la empresa beneficiada fue Hospital Bahía de Banderas, SAPI de CV.
Para ésta, la cuota anual se fijó en 1 millón 80 mil pesos, mientras que los objetivos del contrato son los mismos que los dos anteriores.

Afore del Issste, obligada a resarcir pérdidas a trabajadores: diputados


E. Méndez, R. Garduño, A. Becerril y V. Ballinas
 
Periódico La Jornada
Miércoles 14 de marzo de 2018, p. 13
Diputados y senadores abordaron ayer el tema del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (Pensionissste) y la inversión de 400 millones de pesos que hizo al comprar acciones de la constructora ICA, los cuales, aunque prácticamente están perdidos, está obligado a resarcir a los trabajadores, afirmó la diputada Araceli Damián.
En tanto, todas las fuerzas políticas en el Senado exigieron una explicación de lo ocurrido, porque se supone que debería haber rendimientos, no pérdidas.
La diputada Damián, presidenta de la Comisión de Seguridad Social, adelantó que se citará a reunión al titular de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Carlos Ramírez, para que explique y detalle la operación financiera. Dijo que es urgente investigar por qué ICA estaba declarada en quiebra, al haber perdido 50% de su valor en acciones.
Son tantas las irregularidades que están involucradas las secretarías de la Función Pública y de Hacienda, el Banco de México y el titular de la Consar, quien debería cuidar el dinero de los trabajadores, dijo.
Los senadores advirtieron que ICA ha sido beneficiada por el gobierno federal con diversos contratos, entre ellos, para el aeropuerto internacional de la Ciudad de México.
El priísta Patricio Martínez, dijo que toda inversión de fondos de pensiones debe cuidar que haya rendimientos, no pérdidas. En el caso de la inversión de Pensionissste en ICA, resulta inaceptable que se invierta sin el adecuado estudio, sin garantías y sin la seguridad de que esos recursos van a regresar a la caja acrecentados.
El panista Ernesto Ruffo consideró que técnicamente ese dinero de los trabajadores que se invirtió en ICA está perdido. Sin embargo, hay una lista de prelación de acreedores cuando una empresa se va a la quiebra, y seguramente el Pensionissste es el primero en el registro para que le regresen el dinero.
El coordinador de los senadores del PRD, Luis Sánchez, comentó: “es un capítulo más de la forma en que el gobierno federal ha ejercido, porque se invirtió de una forma imprudente. Es una situación que raya en la extrema irresponsabilidad.
 
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“El tiempo se detuvo, el duelo no tiene lugar….”, entre los impactos psicosociales que sufren familias de Ayotzinapa

 
PROCESO
 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace más de tres años, “los ataques en Iguala resultaron traumáticos por su carácter violento, inesperado, abrupto y sin sentido”, en tanto, sobreviven con la sensación de que “el tiempo se ha detenido”, mientras viven “un intenso sufrimiento emocional” con “la necesidad de justicia como posibilidad de dar sentido a los hechos”.
Lo anterior forma parte de las conclusiones del informe “Yo sólo quería que amaneciera. Impactos psicosociales a las familias de Ayotzinapa”, que se presenta este miércoles 14 en el Centro Cultural Tlatelolco.

El informe fue resultado de un trabajo colectivo de un equipo de especialistas, siguiendo recomendaciones del último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Entre las conclusiones sobre la situación de los sobrevivientes y familiares de las víctimas de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014, coinciden en “la imposibilidad de darle sentido a esos hechos”. A ello se suma “la ruptura de la confianza en las autoridades y la situación de impunidad que obstaculiza conocer la verdad, como soporte del proceso de elaboración psíquica”.
En 523 cuartillas, el equipo coordinado por Ximena Antillón Najlis, del Centro de Análisis e Investigación, Fundar, realizó un estudio sobre las secuelas en la salud, físicas y psicológicas que dejó la noche trágica del 26 y 27 de septiembre de 2014 en los normalistas sobrevivientes, en los familiares de los 43, en los heridos y sus familiares, así como en los deudos de los estudiantes que perdieron la vida hace más de tres años en Iguala.
Entre los hallazgos más relevantes se cuenta que, al estar involucrados agentes del Estado en los ataques a los normalistas y la desaparición forzada, los familiares y víctimas “cuestionan la función protectora que hasta entonces le atribuían”, lo que genera “sentimientos de indefensión, desamparo y vulnerabilidad”.
A partir de las entrevistas, los investigadores lograron identificar que “la vivencia del tiempo detenido condensa los impactos traumáticos de la desaparición forzada y la desesperación de que, a pesar de la movilización y búsqueda permanente, los familiares no logran saber de sus hijos”, de manera que “el duelo no tiene lugar, porque no sabe si sus hijos están vivos o muertos”.
Traumas y desconfianza en el Estado
El informe se ocupa también de los niños en las comunidades indígenas a las que pertenecían los jóvenes, así como de los impactos generados por la impunidad y la divulgación de representantes del gobierno de Enrique Peña Nieto, de la “verdad histórica”, que afirma que los jóvenes fueron detenidos por policías municipales en colusión con miembros del grupo del crimen organizado Guerreros Unidos, quienes los habrían calcinado en el basurero del municipio de Cocula y que habrían depositado sus cenizas en el río San Juan.
“La difusión de una versión oficial sin mayor sustento científico sobre los hechos, y los posteriores momentos en que el Estado reitera esa versión pese a los argumentos científicos que la ponen en duda, han generado impactos retraumatizantes en los familiares y ha acentuado la desconfianza en el Estado”, dice el texto.
Además, incluye un reporte sobre los efectos de la desaparición y la impunidad en integrantes de otros colectivos de víctimas, dedicados a la búsqueda de sus seres queridos en fosas clandestinas.
El documento fue elaborado entre noviembre de 2015 y abril de 2016. En un primer momento, se programó su presentación para el pasado 20 de septiembre, evento que fue suspendido tras el terremoto que sacudió a varios estados del país.
El estudio está basado en 64 entrevistas con familiares de víctimas y normalistas sobrevivientes, conversaciones que representan 40 horas de grabación, así con expedientes médicos de 55 familiares, integrados por la Red por la Salud 43, un equipo de tres médicos, dos nutriólogas, un psicólogo y un gestor intercultural, que han atendido a los familiares de los jóvenes desaparecidos desde septiembre de 2014.
De acuerdo con el documento, en el caso de los estudiantes sobrevivientes, “son las víctimas no reconocidas en medio de una tragedia de enormes dimensiones”, y quienes presentan “daños graves a nivel psicosocial”.
Al señalar que los normalistas que acudieron a Iguala el 26 de septiembre y siguen con vida no han recibido atención por parte del Estado, se agrega que padecen “impactos traumáticos de los hechos y las reacciones post traumáticas que desencadenan una serie de síntomas que interfieren en el desarrollo de sus actividades cotidianas y afectan diversas esferas de su vida”.
Aldo, Edgar, Daniel, Julio César…
En el caso de los heridos, los especialistas abordaron los casos de Aldo Gutiérrez Solano, quien se encuentra en estado vegetativo, y Edgar Andrés Vargas, quien recibió un disparo de bala en el rostro, aunque se reconoce que en los eventos hubo más heridos, muchos de ellos sin atención médica oportuna.
Al señalar que en caso de Edgar, se ha destacado por “su extraordinaria capacidad de resiliencia y de reconstrucción de su proyecto de vida”, el estudio destaca que las familias de los jóvenes experimentan “la imposibilidad de dar sentido a los hechos, la ruptura de la confianza con las autoridades y la situación de impunidad que obstaculiza conocer la verdad”.
Además, observa en ellas “sentimientos de culpa e impactos psicosociales derivados de la estigmatización de los estudiantes, y vivencias de inseguridad y vulnerabilidad como producto de la situación traumática, agravado por la falta de sanción a los responsables”.
En cuanto a los familiares de los estudiantes fallecidos Daniel Solís Gallardo, Julio César Ramírez Nava y Julio César Mondragón Fontes, el informe reconoce “impactos psicológicos y psicosociales profundos” por la muerte violenta de los jóvenes, así como una urgencia de acceder a la verdad y a la justicia, como reparación del daño, y no una aportación económica como representantes gubernamentales les han ofrecido.
Un tratamiento particular tiene el de la familia de Mondragón Fontes, cuyo cuerpo fue encontrado el 27 de septiembre con huellas de tortura y su rostro descarnado. El informe detalla la relación de conflicto entre la viuda del normalista, Marisa Mendoza, y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
En cuanto a la situación de niñas y niños familiares de las víctimas de los ataques del 26 y 27 de septiembre, el informe destaca que “han presentado una serie de cambios en su comportamiento, la vida al interior de su familia se ha transformado drásticamente, la forma en la que construían su mundo se desmoronó, la precariedad económica aumentó, y la salud de los adultos se ha visto afectada”.
Los expertos del estudio “Yo sólo quería que amaneciera” encontraron que los niños han sufrido cambios “en su estado de ánimo, en las relaciones con los otros, en la escuela, en los roles dentro de las familias”, modificaciones de conducta “desde donde generan explicaciones para sostenerse en esta larga espera” por el pariente desaparecido.
El documento incluye dibujos realizados por los pequeños sujetos a estudio que revelan la ausencia del ser querido, la esperanza de su localización, el enojo contra autoridades a quienes responsabilizan de la ausencia y, sobre todo, una tristeza profunda.
Entre los padres y familiares de los desaparecidos, “hasta la fecha, persisten trastornos en el sueño y la alimentación en la mayoría de ellos”, además de que “el vacío psíquico que significa la desaparición y la incertidumbre se llena de fantasías sobre la situación de sus hijos, las vejaciones y malos tratos que podrían estar recibiendo”.
A lo anterior, “se suman los sentimientos de agravio detonados pro la versión oficial sobre el supuesto paradero de los estudiantes”, puntualiza el informe.
Los investigadores destacan que, para los padres de los desaparecidos, “la búsqueda de sus hijos aparece como una forma de enfrentar el vacío y permite a los familiares sostenerse frente a la pérdida ambigua, a pesar de la frustración, los altos costos en su salud y su proyecto de vida”.
Algunos de los sentimientos manifestados por los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, también son compartidos por los integrantes de otros colectivos de víctimas, que se han visto identificados con los primeros “no sólo por la experiencia de la desaparición forzada, sino por la persistencia de la impunidad”.
La impunidad, en el caso de los 43, como de víctimas de otras latitudes del país, se convierte en el informe “Yo sólo quería que amaneciera” en el punto de referencia de las desapariciones forzadas en el país, que no sólo genera un clima de injusticia, sino efectos psicosociales profundos.
A más de tres años, la investigación de los expertos en psicología y medicina asegura que para los familiares de los desaparecidos “la verdad y la justicia son el primer paso para hablar sobre reparación integral del daño”.
Además, coinciden en la urgencia por dirigir “cambios estructurales, como justicia social y garantía de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los pueblos, así como medidas de no repetición”.

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Captura de El Rana, intento de revivir la "verdad histórica": padres de los 43


La PGR busca eximir de responsabilidad a funcionarios de todos los niveles involucrados, consideran
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En los expedientes públicos del caso Ayotzinapa, Érick Uriel Sandoval Rodríguez, El Rana, es señalado como uno de los sicarios que participaron en el ataque a normalistas, y las autoridades lo consideran pieza clave para saber lo ocurrido con los estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014Foto PGR
Fernando Camacho Servín
 
Periódico La Jornada
Miércoles 14 de marzo de 2018, p. 14
La aprehensión de Érick Uriel Sandoval, El Rana, y su presentación como supuesto personaje decisivo en el caso Ayotzinapa, no ayuda a la resolución del tema, y sí en cambio significa un intento de revivir la llamada verdad histórica y proteger a quienes verdaderamente tuvieron un papel relevante en los hechos, señalaron familiares y representantes de los 43 normalistas desaparecidos.
Luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) anunció el lunes pasado que Sandoval fue detenido y destacó que su papel fue determinante en el ataque contra los estudiantes de Ayotzinapa, padres y compañeros de las víctimas realizaron ayer una conferencia de prensa en el llamado antimonumento a los 43.
Enfatizaron que la captura de Sandoval no representa avance alguno en las investigaciones para dar con su paradero. Por el contrario, tiene como fin seguir intentando sostener su mentira histórica, dado que el detenido está relacionado con los hechos del basurero de Cocula, donde según la versión del gobierno los normalistas fueron asesinados e incinerados.
“En lugar de abonar a la verdad y la justicia, esta detención tiene por objetivo fortalecer la hipótesis de la ‘verdad histórica’ y eximir de su responsabilidad a otras corporaciones”, como las policías Federal y del municipio de Huitzuco, y al propio Ejército, destacaron.
En entrevista, Mario César González, padre de uno de los normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, subrayó que la aprehensión de El Rana no es significativa y sólo pretende servir como pretexto para dar por concluida la indagatoria sobre Ayotzinapa.
La intención de la PGR es dar carpetazo, pero los padres de familia no lo vamos a permitir. No quieren esclarecer el caso Ayotzinapa, porque no sabemos qué funcionarios públicos de alto nivel, desde Los Pinos, sabían que nuestros hijos estaban siendo atacados y nada hicieron, señaló.
En el mismo sentido, Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, consideró sorprendente que las autoridades presenten a Sandoval como actor relevante en la desaparición de los 43, cuando en realidad se trata de un personaje de poca monta.
El anuncio de la PGR nos parece risible, pero también un acto de desesperación. Es muy sospechoso que lo presenten como una gran detención, cuando habría otras personas que sí lo serían, entre ellos el presunto criminal José Ángel Casarrubias, El Mochomo, o los policías federales y de Huitzuco involucrados en la desaparición, subrayó.

Tren Interurbano, con sobrecosto de más del 50% por “mala planeación y opacidad”: IMCO


 
 
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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Tren Interurbano México-Toluca, uno de los megaproyectos más presumidos por la administración de Enrique Peña Nieto, costará por lo menos 59 mil millones de pesos -más de la mitad de lo planeado en un principio-, debido a la mala planeación y a un proceso de contratación “desorganizado y opaco”, reveló hoy un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Las empresas que obtuvieron los contratos más importantes del megaproyecto tienen conexiones con la élite priista del Estado de México, como es el caso de OHL -involucrada en presuntos casos de corrupción en las administraciones de Peña Nieto-, La Peninsular -de Carlos Hank Rhon-, Omega Construcciones Industriales -de Jorge Miguel Melgarejo Haddad- e ICA, presidida por Bernardo Quintana Isaac.
Inicialmente cotizado en 38 mil millones de pesos, el tren debía entrar en operación el pasado 31 de diciembre. Sin embargo, su arranque fue pospuesto en varias ocasiones y ahora se plantea incluso que estaría totalmente concluido a principios de 2019.
Tras revisar cada etapa de los procesos de contratación del Tren Interurbano, el IMCO se percató que existen “enormes huecos de información que debe publicarse, solicitudes de información negadas y omisiones por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para mantener los datos, montos y contratos del tren adecuadamente actualizados y disponibles al público interesado”.
Para el desarrollo de la obra, OHL y La Peninsular se unieron en consorcio y ganaron un contrato por 10 mil 148 millones de pesos. Omega se asoció con Caabsa Constructora y otras tres empresas para obtener otro contrato de mil 426 millones de pesos, mientras que ICA recibió un contrato por más de dos mil 855 millones de pesos.
El Consorcio Ferrocarril Urbano, conformado por las empresas transnacionales Construcciones y Auxiliares de Ferrocarril (CAF), Isolux Cordán, Construcciones Urales -éstas tres de origen español- y la francesa Thalès, obtuvo por su parte la licitación para los trenes por un monto 13 mil 570 millones de pesos.
Durante los últimos tres años, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un gran número de irregularidades alrededor del proyecto.
En su revisión de la cuenta pública 2014, su intervención permitió recuperar mil 120 millones de pesos, que la SCT y el gobierno de la Ciudad de México pagaron por obras no ejecutadas. El año siguiente determinó pagos injustificados por 137 millones de pesos; mientras que en la cuenta pública 2016 el órgano fiscalizador observó pagos indebidos por mil 775 millones de pesos.
Opacidad
En su análisis, el IMCO revisó 23 contratos del Tren Interurbano, que en su conjunto sumaron 36 mil millones de pesos y se percató que ninguno de ellos se encuentra disponible en la plataforma de contratación pública Compranet; no hay evaluaciones de mercado, ni tampoco documentos relacionados con la obra y sus avances.
Otros documentos aparentemente inexistentes -o que la SCT se negó a entregar- fueron los derechos de vía, uno de los puntos más polémicos del megaproyecto, pues desde el arranque de la construcción, “diferentes organizaciones han denunciado que la (SCT) no cuenta con la totalidad de los derechos de vía para llevarla a cabo”.
Al no contar con estos derechos antes de iniciar las obras, la SCT no sólo incumplió con un requerimiento legal: también provocó un sobrecosto superior a 50% del presupuesto original -se tuvo que modificar el trazo en octubre de 2015 y añadir columnas- y detonó conflictos en las zonas afectadas por el paso del tren.
“El TIMT ha enfrentado retrasos y sobrecostos importantes derivados de la disputa con los ejidatarios de las zonas de San Mateo Atenco, Ocoyoacac, Santa María Tezoyuca y Lerma, quienes exigen el pago de sus terrenos a precios más altos y argumentan que la SCT no ha cumplido con los costos por metro cuadrado acordados”, según el IMCO.
Al frente del proyecto -que pretende unir Toluca en el Estado de México con la estación Observatorio del Metro de la Ciudad de México-, se encuentra la SCT, que dirige el priista mexiquense Gerardo Ruiz Esparza, uno de los hombres más poderosos del gobierno federal.
Secretario de Comunicaciones de Peña Nieto desde su gobierno en el Estado de México, este funcionario se mantuvo en el cargo a lo largo del sexenio, pese que fue señalado en los casos de corrupción como el de OHL y el socavón que se abrió en el Paso Exprés de la autopista México-Cuernavaca -solo tres meses después que Peña Nieto lo inauguró-, lo cual provocó la muerte de dos personas.
En el caso del Paso Exprés, la obra fue entregada con un sobrecosto de mil 160 millones y la Secretaría de la Función Pública (SFP) encontró 22 irregularidades -que implican actos de corrupción- en la elaboración de la obra. Hasta la fecha, ningún funcionario ha sido sancionado.
Las obras públicas son actividades particularmente vulnerables ante la corrupción en cada etapa del proceso: existen distintas formas de beneficiar a una empresa competidora a cambio de “moches” -mediante filtraciones o licitaciones “a modo”, por ejemplo- y durante el desarrollo de la obra se pueden realizar pagos injustificados, modificar los contratos o no dar un seguimiento adecuado a las obras, señaló el IMCO.

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Sin un sistema de muros no tendremos país, afirma Trump

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Activistas y migrantes mexicanos protestaron en Tijuana, Baja California, por la visita de Donald Trump a San Diego, California, donde inspeccionó los prototipos del muro fronterizo que pretende construirFoto Afp
Afp y Notimex
 
Periódico La Jornada
Miércoles 14 de marzo de 2018, p. 3
San Diego.
Si no tenemos un sistema de muros no vamos a tener un país, dijo el presidente estadunidense Donald Trump al visitar por primera vez en esta ciudad californiana los ocho prototipos de muro que servirán como modelo para su plan de construir barreras físicas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México si recibe los fondos del Congreso.
Agregó: (México) tiene una elección cerca. He escuchado que hay gente muy buena compitiendo y he escuchado que otros quizá no son tan buenos. De cualquier forma lo sabremos manejar.
Expuso además que “hay muchos problemas en México; tienen muchos problemas ahí y tienen los cárteles y… estamos combatiendo a los cárteles, los estamos combatiendo duro, nadie los combatió como nosotros”.
La visita de Trump a California, donde obtuvo poco más de 30 por ciento de los votos en la elección presidencial de 2016, estuvo marcada por protestas.
El mandatario estadunidense elogió al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, de quien dijo que es un tipo maravilloso con quien estamos tratando de solucionar las cosas, y admitió que no sabe qué pasará. Agregó que Enrique es un negociador muy bueno. Ama al pueblo de México y trabaja muy duro.
Trump reconoció que persisten desacuerdos con Peña Nieto y señaló que está por verse si éstos se resuelven durante la actual presidencia mexicana. Dijo que en México hay una elección próxima. Entiendo que hay candidatos muy buenos y otros que tal vez no son tan buenos. En todo caso, lo manejaremos.
El fin de semana pasado Trump señaló que en reciente conversación telefónica Peña Nieto me dijo que tenía que hacer una declaración diciendo que México no tendría que pagar por el muro, a lo que el mandatario estadunidense contestó: ¿Estás loco? No haré tal declaración.
Sin barrera se desatará el caos
Durante su visita para revisar los prototipos del muro que diferentes contratistas han erigido en la frontera con San Diego, Trump advirtió ayer que habrá un caos si no se construye el controvertido muro que quiere levantar en la frontera con México, mientras inspeccionaba en California varios prototipos de este proyecto.
“Para la gente que dice ‘no al muro’, si no tienes muros aquí, ni siquiera tendrás un país”, dijo el mandatario. Trump insistió en que las fuerzas de seguridad deberán ser capaces de ver a través de la estructura para poder controlar a los cárteles criminales que podrían estar a medio metro de distancia del lado mexicano.
En las inmediaciones de la zona industrial de Otay se concentraron manifestantes anti y pro Trump, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.
¡No a las restricciones! ¡No al muro!, gritaban al menos cien manifestantes cerca del cruce fronterizo de San Ysidro, por donde ingresan miles de personas a Estados Unidos desde Tijuana cada día, muchos rumbo a sus lugares de trabajo en San Diego.
Trump inspeccionó ocho modelos a escala real –de nueve metros de altura– construidos con concreto y acero, erigidos uno al lado del otro en la Mesa de Otay, al sur de San Diego y junto a la frontera con Tijuana, México.
Cada prototipo cuesta más de 300 mil dólares y, de acuerdo con algunas estimaciones, el muro completo podría costar 20 mil millones.
Pero nada indica que la barrera que espera levantar a lo largo de los 3 mil kilómetros de frontera con México –una de sus principales promesas de campaña– esté cerca de ser construida.
Más de un año después de su llegada a la Casa Blanca, el Congreso no ha desbloqueado ni un dólar para la construcción del muro. Varios demócratas rechazan esa iniciativa, que consideran el triste símbolo de un país que da la espalda a su historia, cerrando la puerta a los inmigrantes.
A su llegada, Trump se reunió con militares en la base aérea de Miramar y se espera que termine la visita con un acto de recaudación de fondos en Beverly Hills para su campaña de relección en 2020.
Antes de su llegada, del lado estadunidense de la frontera, cerca de los prototipos decenas de personas se reunieron para manifestar su apoyo a Trump, mientras un número similar de detractores llegó al puesto fronterizo de San Ysidro.
Esta es una catástrofe ambiental, además de una mala asignación de recursos del gobierno que podrían utilizarse para la atención médica o los servicios sociales, dijo acerca del muro Cody Petterson, presidente de los Demócratas del Condado de San Diego por la Acción Ambiental.
Los manifestantes se cubrieron con banderas de Estados Unidos y ondearon pancartas con consignas como Humpty Trumpty se caerá de su muro, Resistir al idiota inestable y Sin odio en el Estado Dorado. Entre los seguidores del mandatario, Kira Innis, de 31 años, dijo que respaldaba a Trump porque no le importa un comino el color de alguien, le preocupa poner más dinero en su bolsillo.
Apuntando a uno de los prototipos, Eladio Sánchez, de 30 años, admitió que podría ser un obstáculo, pero aseguró que se puede superar de todos modos.
El gobernador demócrata de California, Jerry Brown, envió el lunes una carta abierta al presidente Trump. Le recordó que California representa la sexta economía del mundo y destacó que la prosperidad de su estado no fue construida con base en el aislamiento, todo lo contrario: gracias al recibimiento de inmigrantes e innovadores venidos de los cuatro rincones del planeta.
“La política de California sobre los santuarios es ilegal, anticonstitucional y pone en peligro a todo el país”, tuiteó Trump desde el Air Force One. Esto debe terminar, agregó.

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