jueves, 1 de marzo de 2018

Próximas actividades en el SME


81 empresas de 10 países interesadas en la licitación de interconexión de Baja California

ENERGÍA HOY
Ciudad de México (Iliana Chávez / Energía Hoy).-  Al menos 81 empresas de 10 países ya se inscribieron la convocatoria de la primera licitación de las líneas de transmisión eléctrica para la interconexión de Baja California al Sistema Interconectado Nacional, algunas de las interesadas son mexicanas, adelantó Pedro Joaquín Coldwell, titular de la Secretaría de Energía (Sener).
En el marco de la Inauguración del “México Wind Power 2018”, sostuvo que el interés de las empresas en participar en esta construcción es muestra de la confianza que el sector privado tiene en la reforma energética y adelantó que el fallo del proceso será el próximo 14 de septiembre.
“Esta obra, además de utilizar tecnología de punta de muy bajo impacto ambiental permitirá incorporar el sistema energía renovable producida  en la región y aumentar la confiabilidad del sistema de Baja California como del sistema eléctrico nacional”. Esta línea se extenderá desde Mexicali hasta Hermosillo y requerirá de una inversión de alrededor de mil 100 millones de dólares con una capacidad de transmisión de mil 500 megawatts.
Esta es la primera vez en la historia, de una licitación para construir redes eléctricas con capital privado. Se trata de una línea de corriente directa de alta voltaje de mil 400 kilómetros circuito que unirá el Sistema Aislado del estado de Baja California con el Sistema Interconectado Nacional.
El fallo del proceso la licitación de las líneas de transmisión será el próximo 14 de septiembre: Sener
La energía eólica es pionera por excelencia en la generación eléctrica sustentable de nuestro país gracias a la cantidad de recursos del viento en territorio mexicano, muestra de ello es que tan sólo en lo que va del sexenio, la infraestructura eólica creció en un 300 por ciento y de mantener esta tendencia se superará los 10 mil megawatts en el 2024, señaló el Secretario de Energía, Licenciado Pedro Joaquín Coldwell, en la inauguración de la séptima edición del Congreso Mexico WindPower.
“En un plazo no mayor a cinco años se triplicará la capacidad de energía instalada y llegará a los 12,000 megawatts. Además, de 2017 a 2031 México requerirá de 56 mil megawatts de nueva capacidad instalada, y de ella se espera que una cuarta parte sea eólica”.
Leopoldo Rodríguez Olivé, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE)
El titular de la Sener dijo que este año la meta nacional es generar al menos 35 por ciento de energía a través de fuentes limpias, siendo la eólica la tecnología que más aportará en la nueva matriz energética.
Explicó que con la conclusión de las tres subastas eléctricas y con una inversión de 8 mil 600 millones de dólares, se adicionarán cerca de 7 mil megawatts de capacidad renovable al 2020, lo que equivale al 10 por ciento de todo el sistema eléctrico mexicano.
“Son 17 estados beneficiados en donde se instalan 65 nuevas centrales de energías limpias, de las cuales 20 son eólicas que entregarán energía al suministrador a precios altamente competitivos”, afirmó.
Joaquín Coldwell dijo que estos 20 nuevos parques eólicos con capacidad de más de 2 mil megawatts se sumarán a los 46 complejos que ya operan en territorio mexicano y que en conjunto suman más de 6 mil megawatts.
Los costos para la generación de energía eólica decrecieron 25 por ciento entre 2010 y 2017, ubicando esta fuente como una de las más rentables en el mercado. “A la fecha, producir con aerogeneradores cuesta lo mismo que hacerlo con varias de las tecnologías fósiles” indicó.
“La evolución del mercado de energías renovables en México es alentador y en particular de la energía eólica”.
Steve Sawyer, Secretario General, Consejo Global de Energía Eólica (GWEC)

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LA REVOLUCIÓN DE LA DIGITALIZACIÓN EN PETRÓLEO, GAS Y ELECTRICIDAD

Nörrkoping, Suecia.– ( ANNALÍ RUIZ / ENVIADA DE ENERGÍA HOY)) Una de las grandes revoluciones que tendrá la manufactura es la fabricación aditiva. Ésta se refiere a los procesos que crean componentes mediante la adición de capa sobre capa de material sobre la base de un modelo tridimensional (3D). Entre las principales ventajas de este proceso consiste en la combinación de ésta con los métodos de fabricación convencionales lo que se traduce en reducción del tiempo de entrega, otorgando así funcionalidad mejorada así como creación rápida y avanzada de nuevos productos.
La complejidad de los componentes de las tubinas de gas y vapor está creciendo día con día lo que impulsa a que empresas como Siemens desarrollen tecnologías que permitan acortan tiempos de fabricación de refacciones, crear nuevos productos y probar investigación avanzada en prototipos.
La empresa de origen alemán Siemens lidera el desarrollo y digitalización de la industria del petróleo, gas e industria eléctrica con fabricación de prototipos y reparación de partes de turbinas de vapor y gas a través del proceso de adición en una impresora de 3D.
En Siemens Finspäng –ubicada en Suecia, a unos 150km al noreste de Estocolmo– el lema es “Si puedes soñarlo puedes imprimirlo”. Los ingenieros son continuamente motivados a desarrollar su creatividad e imaginación para el desarrollo de nuevos productos o diseños que permitan incrementar la eficiencia de los productos. Al hacerlo, pueden llevar a cabo la impresión de sus creaciones en el taller 3D y probarlo en un tiempo mucho menor al proceso convencional de producción de partes desde cero en una fábrica adicionalmente disminuyendo el costo.
El proceso consiste en un láser que realiza la fusión de cada capa de material con lo que se puede lograr la producción de partes físicas de modelos digitales. Con la creación del modelo 3D, se construye el objeto capa por capa con el material en polvo –el principal material utilizado es el níquel–; éste polvo se coloca en las áreas definidas y posteriormente se funde mediante rayo láser.
Partes como boquillas de quemadores son impresos en 3D y gracias al diseño mejorado y preciso que permite éste tipo de producción y se puede lograr el llamado co-disparo a altas temperaturas de combustión. Otro ejemplo de la aplicación de éste proceso innovativo es el rediseño de la boquilla SGT-700/800 y su estructura de celosía, que no era posible con los métodos de producción convencionales, estos tipos de turbinas ahora pueden manejar hasta 60% de hidrógeno, mientras que con anterioridad sólo manejaban entre un 20% y un 30% de hidrógeno.
La impresión en 3D sirve tanto para el desarrollo y producción de nuevas partes como para la reparación de las mismas pues se corta con láser únicamente la parte dañada, se coloca en la impresora y sobre el mismo equipo se imprime la refacción. Esto aumenta el tiempo de disponibilidad de la turbina para sus actividades, pues la refacción más compleja fabricada en éste taller tarda 4 semanas aproximadamente en su elaboración, lo cual en el pasado llevaba meses.
El uso de la impresión en 3D ha sido utilizado por Siemens en Finspång desde 2009 para la rápida elaboración de prototipos, reparación rápida y producción expedita de componentes, pero no fue sino hasta 2015 que se inició la producción en serie. Adicionalmente tenemos el beneficio de la disminución de inventario.
Para los que pensaban que esta tecnología reemplazaría la fabricación masiva convencional se equivocaban, más bien esta tecnología se fusiona con éstas permitiendo la creación de nuevos productos en menores tiempos y con grandes resultados y precisión.
Por si fuera poco, además de la producción/impresión en 3D, Siemens ha desarrollado programas computacionales como el de virtualización y control, así como de simulación y diseño los cuales permiten mostrar a clientes y usuarios el funcionamiento de las turbinas, capacitar al personal de manera remota y ver desde el interior la turbina, lo cual no se puede realizar en forma física.
Otras de las grandes ventajas que tiene este nuevo proceso de producción es la reducción de un 30% de emisión de gases efecto invernadero tema de gran relevancia e impacto en la actualidad dadas las circunstancias climáticas. Por otra parte el tiempo de comercialización se ve reducido en gran medida, hasta en un 90%, dependiendo el componente. Y, finalmente, al utilizarse polvo de metal, en el proceso se puede reciclar los desechos y reutilizarse nuevamente, lo cual reduce sustancialmente los deshechos en la producción.
Con todo esto vemos que los avances que está permitiendo la digitalización a nivel mundial están dando pasos agigantados. Esto nos impulsa a mantenernos más que al día con las tecnologías emergentes y obligando a las empresas a agilizar sus procesos de creación procurando llevar todos los procesos a una mejora general, tanto en tiempo, eficiencia como sustentabilidad. El futuro ha llegado y es momento de crear un mejor mañana.

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Sin presupuesto, "el nuevo sistema de justicia laboral será un fracaso"


Andrea Becerril y Víctor Ballinas
 
Periódico La Jornada
Jueves 1º de marzo de 2018, p. 37
Magistrados, representantes de juntas de conciliación y especialistas, demandaron en el Senado que se fije un plazo de cinco años, por lo menos, para la transición al nuevo sistema de justicia laboral, toda vez que ni siquiera se han sentado las bases del mismo y ni el Ejecutivo ni el Congreso previeron los recursos económicos necesarios para ponerla en marcha.
Si la ley reglamentaria sobre justicia laboral se aprueba sin el presupuesto requerido, será un fracaso, advirtieron, durante un foro de discusión organizado por el PRD.
La presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Margarita Rojas Olvera, reveló que tan sólo en la Ciudad de México se requieren mil 200 millones de pesos para poner en marcha esa reforma constitucional, que tiene como objetivo crear un sistema expedito de justicia laboral.
Hizo notar que el argumento que se esgrimió para desaparecer las juntas fue que los juicios laborales en promedio tardaban en resolverse cuatro años y de tres a cuatro meses con el nuevo, pero en realidad la situación será la misma, porque al igual que ahora, no hay recursos para hacer frente al incremento de demandas, que suman 70 mil al año.
Ni en la reforma constitucional, ni ahora en las iniciativas sobre la ley secundaria, se consideró el impacto presupuestal, recalcó.
Por su parte, la magistrada laboral, María del Rosario Jiménez Moles, resaltó que hay un millón de juicios laborales por resolver en las 66 juntas especiales de la junta federal y en las más de 20 de la local.
El rezago, insistió, se debe a que no hay personal suficiente para dar celeridad a los casos. Cada juicio, dijo, tiene un costo promedio de 81 mil pesos y a ello se debe sumar, dijo, el presupuesto requerido para liquidar al personal de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y crear dos nuevos organismos, el nuevo instituto encargado de la conciliación y el tribunal laboral.
Ambos coincidieron en la necesidad de una vacatio legis, es decir, un plazo mayor para la puesta en marcha gradual del nuevo sistema.
El académico de la UNAM Miguel Carbonell consideró un profundo error de técnica legislativa, haber fijado en la reforma constitucional que entró en vigor en febrero de 2017, un año de plazo para su puesta en marcha.
No sé por qué se dispuso sólo un año para la reforma laboral, si en el caso del nuevo sistema de justicia penal, fueron ocho.
Rojas Olvera explicó que se requieren por lo menos cinco años para la transición: los dos primeros para la discusión del procedimiento y los siguientes tres para capacitar al personal y poner en marcha el Instituto de Capacitación y el Tribunal Laboral.
Al respecto, el coordinador del PRD en el Senado, Luis Sánchez, dijo que pedirá al PRI que reconozca que el tiempo que fijó el Congreso para echar a andar esa reforma no es suficiente y se acuerde ampliarlo.

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Sener presenta hoy convocatoria para yacimientos no convencionales

Ciudad de México (Redacción / Energía Hoy).-  Hoy se llevará a cabo la presentación de la 3ª Convocatoria de la Ronda 3 Áreas Terrestres No Convencionales Burgos-Tamaulipas, la primera en su tipo y uno de los principales pendientes del sector energético luego de la apertura prácticamente total de la cadena de hidrocarburos a la inversión privada durante este Gobierno.
Se trata de la primera licitación en yacimientos no convencionales (aceite y de gas shale), y que se pospuso ante la caída en los precios internacionales del petróleo.
Al respecto, el secretario de Energía (Sener), pedro Joaquín Coldwell ya había adelantado que “ya tenemos la regulación, ya ASEA tiene sus normas, Conagua y la CNDH tienen sus normas, vamos hacer una licitación que seguramente será enfocada en la Cuenca de Burgos con algún número de campos que nos permitan que nuestro país pueda probar la calidad de esta regulación, ganar experiencia en supervisión y extracción. Esto sería a más tardar en marzo”.
También había comentado que las reservas de petróleo y gas que México tiene en campos no convencionales, conocidos como shale, podrían equivaler a dos megayacimientos como Cantarell, que llegó a ser el segundo más grande del mundo en la década de los 80.
“Es una asignatura pendiente, hay sectores en la población, que por sus efectos sobre el entorno natural (lo rechazan), y ya hay el desarrollo de muy buenas prácticas que nos ayudan a proteger el medio ambiente”.


 
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Pemex abandonó 33 plataformas y equipos de perforación hasta 7.7 años



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Pemex Exploración y Producción (PEP) mantuvo inactivos 33 equipos de perforación de pozos petroleros, incluidas ocho plataformas marinas, hasta por 2 mil 831 días (7.7 años), revela el más reciente informe de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La negligencia generó pérdidas multimillonarias a la petrolera, pues no sólo se trata del abandono del equipo sino de la falta de producción en la que se incurrió. Además porque pagó sueldos a trabajadores, muchos de ellos también inactivos según el informe.
La inactividad se dio porque la petrolera “olvidó” asignarles personal o no tuvo dinero para operarlos, por lo cual la ASF ha promovido ya la responsabilidad sancionatoria contra los funcionarios que incurrieron en esta negligencia.
Según la “Auditoría financiera y de cumplimiento 16-6-90T9G-02-0464”, 25 de esos equipos son de perforación terrestre y los otros ocho son marinos. Y los peores casos correspondieron a dichas plataformas.
Y es que los ocho equipos marinos presentaron un periodo de inactividad de 385 a 2 mil 831 días; es decir, de 1 año 20 días a más de 7 años 7 meses, periodo que abarca las administraciones de Emilio Lozoya y Juan José Suárez Coppel.
Pemex alegó ante los auditores que en todos esos años no contó con suficiencia presupuestaria para operar las ocho plataformas de su propiedad, pero sí para manejar las arrendadas.
Respecto de los equipos terrestres, la subsidiaría indicó que la causa fue la falta de asignación de cargas de trabajo por parte de los activos de PEP. No obstante, argumentó también que el personal se ajusta de acuerdo con la adquisición de nuevos equipos o la desincorporación de los existentes, y la utilización de los equipos es en función de los requerimientos operativos de los activos de producción de PEP.
Ello, para supuestamente cumplir con sus programas de producción, del presupuesto autorizado para cubrir los costos de las intervenciones, y cuando se cuenta con tripulaciones sin actividad, se asigna al personal a la atención de diversas necesidades operativas.
“En el caso de los ocho equipos de perforación marina sin operación, manifestó que la causa fue no contar con un programa operativo y presupuesto asignado, y la cuadrilla de operación asignada a ellos se utilizó para la cobertura de plazas vacantes a bordo de diversos equipos, a partir del 29 junio de 2016.”
Según el informe, PEP proporcionó las bases de datos de las plazas del personal de los ocho equipos de perforación inactivos: 343 operativos y 120 de mantenimiento (asignados al resguardo y mantenimiento de los equipos inactivos), con un costo anual de nómina de 195 millones 728 mil 900 pesos y 70 millones 403 mil 300 pesos, respectivamente.
El informe agrega que de los 343 casos del personal operativo, los auditores constataron que 228 trabajadores, con un costo anualizado por 135 millones 877 mil 400 pesos, fueron asignados en las plataformas arrendadas Campeche, Coatzacoalcos, Latina 1 y Zacatecas.
De los otros 115, con un costo por 59 millones 851 mil 500 pesos, no se proporcionó evidencia de su reubicación o activación, indica. Más aún, la ASF determinó que en 19 casos del personal operativo, con un costo por 6 millones 816 mil 600 pesos, no se tiene registro de actividades durante 2016, por el periodo de 3 hasta 12 meses.
Por ello, el máximo órgano de fiscalización señala: “se concluye que la entidad fiscalizada no actuó con eficiencia ni oportunidad, al dejar transcurrir hasta 7 años para operar los equipos inactivos y reubicar al personal en actividades de perforación, terminación y reparación de pozos terrestres y marinos y en áreas productivas, con el fin de generar valor económico y rentabilidad del personal adscrito a los equipos de perforación sin actividad desde 2009”.
También acusa que durante los trabajos de auditoría, PEP proporcionó información incompleta, incorrecta, imprecisa y no confiable, “ya que las bases iniciales proporcionadas por la entidad fiscalizada fueron modificando el número de personal asignado a cada uno de los ocho equipos de perforación revisados”.
Por ello, el 12 de enero de 2018, la Dirección General de Auditoría Financiera Federal C de la ASF informó a la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos la falta de movilización del personal asignado a los ocho equipos de perforación marina de 2009 a 2015, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones que resulten procedentes.
Además recomendó a la petrolera que elabore normas o lineamientos que establezcan plazos límite para la reubicación y movilización de los trabajadores sin materia de trabajo; asimismo, que elabore un plan de acción para optimizar y movilizar al personal sindicalizado sin cargas de trabajo, adscrito a plataformas que se encuentren inactivas, con el fin de incorporarlos a las actividades de perforación, terminación y reparación de pozos terrestres y marinos, y maximizar el aprovechamiento del personal.
Nancy Flores

Indispensable, que la CIDH presione al gobierno de Peña en investigaciones sobre caso Pegasus: activistas

 
PROCESO
 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este miércoles, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) atestiguó de nuevo las simulaciones y la “falta de voluntad política” de la Procuraduría General de la República (PGR) en la investigación de casos que involucran a altos funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto.
Los comisionados escucharon cómo, en los últimos ocho meses, la PGR no hizo nada en la investigación sobre el uso ilegal del malware espía Pegasus, que el gobierno federal utilizó para intervenir los celulares de periodistas, activistas, opositores políticos, e incluso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó el caso Ayotzinapa en México con un mandato de la CIDH.

“La PGR parece determinada a que el caso quede en la impunidad”, insistió Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) –que acompaña a las víctimas de espionaje– durante una audiencia del 167 periodo de sesiones de la CIDH.
“Ante la falta de investigación, resulta indispensable que esta CIDH presione al gobierno mexicano a aceptar un mecanismo extraordinario con supervisión internacional, que otorgue garantías de una investigación profesional, exhaustiva e independiente”, expresó García.
En junio pasado, cuando las víctimas de espionaje interpusieron la denuncia, exigieron la instalación de un mecanismo que vigile la investigación oficial, pues desconfiaron de que la PGR se indagara a sí misma. El gobierno federal ignoró la petición.
“Existen evidencias de que fue esta dependencia la que adquirió el malware, aunado a que el presidente de México condenó al fracaso la investigación, amenazando a los denunciantes y concluyendo de manera anticipada que los señalamientos eran falsos”, subrayó el activista.
García citó una serie de incongruencias en la investigación oficial, entre ellas que la fiscalía a cargo del caso no identificó ni entrevistó a los agentes entrenados para operar Pegasus, no visitó a las instalaciones donde se instaló el programa, no solicitó el contrato ni su anexo técnico –hechos públicos en la prensa–, ni realizó práctica forense alguna en los servidores y equipos utilizados en la operación del programa.
“Parece satisfecha con la inverosímil aseveración de la Agencia de Investigación Criminal de que no existen bases de datos donde se registren los números y personas espiadas por Pegasus”, deploró García, al añadir: “La PGR increíblemente afirma que no sabe contra quién ha usado Pegasus”.
Este caso se suma a la fallida investigación de la PGR y la reticencia del gobierno federal para esclarecer la desaparición forzada que sufrieron los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, en la noche del 26 de septiembre de 2014.
Ante la ausencia de resultados de la PGR y la presión de la sociedad civil, el gobierno federal se vio forzado en invitar al GIEI para coadyuvar en la investigación oficial.
Durante sus dos mandatos en el país, en el que sufrieron campañas de desprestigio y actitudes hostiles por parte de varios funcionarios, los expertos comprobaron que la llamada “verdad histórica” era una invención y señalaron una serie de indolencias de las autoridades para llegar al fondo del asunto.
Las fallidas investigaciones de Ayotzinapa y Pegasus tienen un personaje en común, cuyo nombre es familiar para la CIDH: se trata de Tomás Zerón de Lucio, el amigo del presidente Enrique Peña Nieto y quien fue director de la AIC y en septiembre de 2016 fue nombrado al frente del Consejo Nacional de Seguridad (CNS).
En el caso de Pegasus, la AIC reconoció que adquirió las licencias de uso del programa y que operó el malware desde sus oficinas en la Ciudad de México, y Zerón firmó los contratos y convenios de uso del programa en 2014.
En el sexenio de Peña Nieto, Zerón diseñó y operó el sistema de espionaje mexicano. Correos internos de la empresa italiana Hacking Team, que desarrolla programas espías, mostraron que Zerón era quien decidía la compra de los malware, pues pretendía equipar a las procuradurías estatales con sistemas de espionaje y operarlos desde la PGR, como lo documentó Proceso en julio de 2015.
En la investigación de Ayotzinapa, Zerón fue uno de los arquitectos de la desacreditada “verdad histórica” –que refrendó hace un año–; además, los expertos del GIEI rescataron un video que la PGR no había incluido en las carpetas de investigación, en el que se demostraba que Zerón alteró evidencias del caso.

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Mineros desconocen supuesto laudo

Néstor Jiménez y César Arrellano
 
Periódico La Jornada
Jueves 1º de marzo de 2018, p. 16
El departamento jurídico del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana negó la existencia de un supuesto laudo laboral emitido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) para que pague 54 millones de dólares a ex trabajadores.
El lunes pasado circuló un comunicado atribuido a Grupo México en el que se aseguraba que el sindicato encabezado por Napoleón Gómez Urrutia debía pagar los recursos del fideicomiso de dicha agrupación, junto con 9 por ciento de interés anual, por lo que la cifra superaría los 100 millones de dólares.
Los abogados del sindicato, Carlos de Buen, Marco del Toro y Juan Carlos Hernández retaron en un comunicado conjunto a Grupo México a presentar dicho documento y anunciaron demandas para quien difunda información falsa o difamatoria.
Además, afirmaron que dicha información fue parte de una campaña negra de Grupo México para atacar al sindicato y a la candidatura de Gómez Urrutia al Senado.
El departamento jurídico del Sindicato Minero y el equipo de abogados externos encabezado por el maestro Carlos de Buen Unna, Marco del Toro y Juan Carlos Hernández, reta en este acto a Grupo México para que exhiba una copia del laudo firme que dice existe, más no reproduce a los medios de comunicación, indicaron los abogados.
En la misiva recalcaron que categóricamente desmienten la existencia del laudo y precisaron que los tribunales penales del país han señalado que los recursos de dicho fideicomiso son propiedad del sindicato y no así de trabajadores en lo individual.

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Ixtacamaxtitlán: ¿indígenas inexistentes?



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¿Qué clase de “inmersión antropológica” hizo la minera canadiense Almaden Minerals en Ixtacamaxtitlán, Puebla, que ignora no sólo la historia cultural de la región, sino la existencia misma de los descendientes del pueblo nahua?, cuestiona en este análisis el reconocido antropólogo Julio Glockner. Los pueblos indígenas, observa, siguen padeciendo la imposición de proyectos sin ser tomados en cuenta

La minera canadiense Almaden Minerals contrató los servicios de una empresa denominada GMI Consulting que tiene como director jurídico al señor Juan Pablo Gudiño Gual, quien ostenta el título de doctor en derecho constitucional por la Universidad Marista. Esta universidad sustenta su filosofía en los principios de los “Hermanos Maristas” y pretende formar “profesionales con valores integrales y adecuados a la sociedad”, siempre bajo el lema “ser para servir”.
Haciendo a un lado los testimonios de las decenas de víctimas de abuso sexual que involucraron a decenas de sacerdotes y que configuraron uno de los casos más grandes de abusos eclesiásticos a nivel mundial, casos que ya la Congregación Marista ha reconocido, pedido perdón y financiado el tratamiento sicológico correspondiente, pasemos a examinar los valores con los que la Universidad Marista forma a sus muchachos y a cotejar si el doctor en derecho Gudiño Gual los cumple cabalmente, pues estamos hablando de un “humanismo cristiano” y una formación cívica que, se supone, son los ingredientes esenciales de la educación marista, empeñada en formar “buenos cristianos y virtuosos ciudadanos”.
No está por demás, antes de pasar a examinar el comportamiento ético y profesional del doctor Gudiño, mencionar al lector los valores que deben guiar a los profesionistas egresados de esta universidad:
 “Valores: convencidos de la dignidad de la persona, tenemos el humanismo cristiano, como principio rector; sustentamos como valores fundamentales la justicia, la paz, la libertad, la apertura y la fraternidad. Que se expresan en servicio, trabajo, responsabilidad individual y social, respeto, honestidad, sensibilidad a la expresión personal, trascendencia, pluralismo y apertura a la unidad armónica, dignidad de todo ser humano y búsqueda permanente de la verdad; todos ellos englobados en la integridad. Somos congruentes con nuestros orígenes y con la filosofía expresada en nuestros principios, fines y objetivos. Como institución, nuestra Universidad, fiel al mensaje evangélico, se reconoce pluralista y busca la verdad permanente”.
Ahora veamos de cerca al doctor Gudiño Gual en acción:
Según sus propias palabras, [en Ixtacamaxtitlán, Puebla] aplicó una “metodología cualitativa con inmersiones sociológicas y antropológicas”, para ver si las comunidades aledañas al proyecto minero son comunidades indígenas, puesto que, de ser así, la minera canadiense tendría un serio obstáculo para destrozar las montañas en busca de oro y plata, ya que los territorios de los pueblos indígenas están protegidos por convenios internacionales, que son ley constitucional. El resultado de sus “inmersiones antropológicas” fue que: “no existen comunidades indígenas en ninguna de las áreas de influencia, ni en la zona directa ni en la indirecta”.
Leer esta declaración del doctor Gudiño me sorprendió enormemente, puesto que yo he estado en la región y he hablado con muchos habitantes de las comunidades indígenas que serían afectadas por la minera. Conozco la historia de la región y sé que ha habido asentamientos desde la época prehispánica, algunos importantes hallazgos arqueológicos se encuentran en el museo de sitio de Ixtacamaxtitlán y la crónica de Bernal Díaz del Castillo y la segunda carta de Hernán Cortés a Carlos V lo confirman. Asimismo, está documentada la visita que hizo el siglo pasado el antropólogo francés Jaques Soustelle, quien relató su estancia en 1934 en el municipio en un libro que le recomiendo leer al doctor Gudiño: México, tierra india, publicado por la Secretaría de Educación Pública, donde aparece una fotografía sumamente interesante del dios Tezcatlipoca, tomado justamente en la cima de una de las montañas de la hermosa sierra que la compañía Almaden Minerals pretende destruir.
¿Qué clase de “inmersión antropológica” hizo este doctor que evidentemente ignora, no sólo la historia cultural de la región, sino la existencia misma de los descendientes del pueblo nahua que la han poblado ininterrumpidamente durante siglos y hasta nuestros días?
¿No sabe acaso el doctor de la importancia de la evangelización franciscana en la región desde el siglo XVI y de los santuarios del Señor de la Salud y el Señor de la Buena Muerte?, dos Cristos cuyos templos están ubicados en sendos macizos montañosos, conformando una geografía sagrada que es la sincrética continuación de los ritos mesoamericanos dedicados a la fertilidad, la abundancia, la salud y el bienestar de los habitantes de ayer y hoy. Todo parece indicar que nuestro doctor no ha hecho una inmersión, sino más bien una inversión en intereses ajenos a las comunidades indígenas. Algo que comienza a ser sospechoso y absolutamente ajeno a los principios éticos de su alma máter, pues parece poco preocupado por la búsqueda de la verdad.
Sabemos de la ambición desmedida de la compañía minera y sus filiales en México, Gavilán y Gorrión, capaces de mentir a los habitantes de las regiones donde operan haciéndoles imaginar un mundo de prosperidad y bienestar, cuando lo que les espera, de operar la minera, es la contaminación del agua y la tierra, la destrucción de la belleza natural, el fin de la tranquilidad en los pueblos, del aire limpio, de un ambiente sano, de enfermedades dermatológicas y respiratorias. Esto debía saberlo el doctor Gudiño, pues está ampliamente documentado en otras zonas del país; también debía saber de la Encíclica del Papa Francisco en defensa de los territorios indígenas y el medio ambiente, denominada Laudato Si, del 24 mayo de 2015 y promulgada a propósito del “cuidado de la casa común del planeta”, y también debería conocer los términos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que protegen los territorios de los pueblos originarios y condicionan cualquier intervención externa en ellos a una consulta informada y convenida con ellos antes de tomar cualquier decisión.
¿Por qué el doctor en derecho insiste en que los indígenas no existen en la región y que él sólo encontró a una mujer indígena de 70 años, “a la que ya se le olvidó la lengua”, como le dijo a la reportera de Contralínea, Nancy Flores? A quien le responde con una lógica que quisiera indiscutible: “Si no hay comunidades indígenas, no hay consulta.” Aquí comienza a aparecer claramente su educación doctoral: se trata de evadir las leyes constitucionales y los convenios internacionales, como el 169 de la OIT, negando que hay comunidades indígenas. ¡Ahora vamos entendiendo mejor sus estudios en derecho constitucional! “Ser para servir” ¿A quién? Evidentemente a quien paga sus honorarios, aunque tenga que desaparecer de sus informes a las comunidades indígenas del mapa.
Por si fuera poco, otro abogado salta a la palestra de la violación de los derechos reconocidos a los pueblos indígenas, el licenciado Alberto Vázquez, apoderado legal de la Minera Gorrión quien, ufano, dice a la reportera:
“Tenemos oficios confirmando la inexistencia de comunidades indígenas. No es algo que nosotros hayamos determinado porque, independientemente de la consulta a un experto en la materia, hemos procurado hacer las cosas en forma correcta y tenemos respuesta de las autoridades respecto de la no existencia de comunidades indígenas en el municipio de Ixtacamaxtitlán, que es donde se ubica el Proyecto Ixtaca”.
Pero la reportera comenta a sus lectores:
“Esos supuestos oficios chocarían no sólo contra la evaluación de la Semarnat, sino también contra datos oficiales del Inegi, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali). Además, el Catálogo de las lenguas indígenas nacionales: variantes lingüísticas de México con sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas del Inali, también contrasta con la versión de la empresa. Este documento señala que en Ixtacamaxtitlán son 63 las comunidades hablantes del Náhuatl, entre las que incluye a Santa María Zotoltepec.” En esta última localidad opera actualmente la minera.
Durante siglos enteros los pueblos y comunidades indígenas han padecido la imposición de proyectos de todo tipo sin ser tomados en cuenta. Se ha diseñado una y otra vez el destino de estos pueblos sin considerar su opinión. Justamente el Convenio 169 pone fin a esta práctica autoritaria y discriminatoria. Los pueblos y comunidades indígenas deben hacer valer el que se les reconozca como sujetos colectivos de derecho. Se trata de algo muy simple: el derecho a tener un destino propio. El derecho a ser informados de las consecuencias que traerán los proyectos que se les proponen, a tomar decisiones colectivas y a beneficiarse con las políticas de desarrollo que se realicen en los territorios que han habitado ancestralmente. Quisiera recordarle al señor Gudiño Gual algunos artículos del Convenio 169 que deliberadamente se niega a respetar, desapareciendo en su cabeza y en sus papeles una milenaria presencia de las comunidades indígenas en la región:
El artículo 1 establece a quienes se aplica el convenio, diciendo que se aplica “A los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país… en la época de la conquista o la colonización… y que cualquiera que sea su situación jurídica, conservan sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.
Artículo 2.   Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática, con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.
Artículo 6.   Los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.
Artículo 7.   Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sobre sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que este afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de los posible, su propio desarrollo económico, social y cultural.  Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.
Artículo 14.
  1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia.
  2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.
Estos artículos tienen la cualidad del rango constitucional y están vigentes desde el año de 1991. Todo consiste en conocerlos y hacerlos valer. La ley está del lado de los pueblos que se protegen a sí mismos y que protegen su medio ambiente.
Finalmente, citando al doctor Jorge Sánchez Cordero, especialista en derecho patrimonial y comunitario, digo que existen otros acuerdos internacionales, suscritos por el gobierno de la república en fechas más o menos recientes. Me refiero a la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (DADPI) aprobada por la Organización de Estados Americanos el mes de junio de 2016 y cuyas disposiciones obligan a los Estados firmantes a proporcionar diversos tipos de reparación por medio de mecanismos eficaces, establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas, que podrán incluir la restitución de bienes culturales, religiosos y espirituales de los que hayan sido privados sin su consentimiento libre, previo e informado o en violación a sus leyes, tradiciones y costumbres (Artículo XIII, fracción 2).
Más aún, estos pueblos tienen derecho a participar de manera plena y efectiva en la adopción de decisiones en las iniciativas que afecten sus derechos y se relacionen con la elaboración y ejecución de leyes, políticas públicas, programas, planes y acciones inherentes a los asuntos indígenas.
En los términos de la DADPI, el Estado mexicano tiene la obligación de realizar consultas y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas interesados antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado (artículo XXIII, fracciones 1 y 2).
Éstos son sólo algunos de los recursos legales que tenemos los mexicanos, y en particular los pueblos originarios, para defender sus derechos colectivos.
Julio Glockner*
*Antropólogo egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Co-fundador del Colegio de Antropología Social de la UAP. Autor de Los volcanes sagrados. Mitos y rituales en el Popocatépetl y la Iztaccíhuatl; Así en la tierra como en el cielo. Pedidores de lluvia del volcán; Mirando el paraíso y La realidad alterada. Drogas enteógenos y cultura. Investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP
[ANÁLISIS SOCIAL]

Exjefe de Odebrecht en Perú revela aportaciones a las campañas de Kuczynski, Keiko y Humala

 
PROCESO 
 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exjefe de la brasileña Odebrecht en Perú, Jorge Barata, declaró a fiscales peruanos durante una audiencia judicial en Brasil, que entregó dinero para la campaña del presidente Pedro Pablo Kuczynski, dijo el miércoles la abogada de la excandidata presidencial y líder opositora Keiko Fujimori.
La abogada Giuliana Loza afirmó tras la audiencia, que Barata también dio dinero a dos representantes del partido de Keiko Fujimori durante la campaña presidencial del 2011.

Asimismo, Barata ratificó que había entregado unos tres millones de dólares a Humala para la campaña electoral que lo llevó al poder en 2011.
“La situación de Humala se complica porque no tiene una fuerza que lo respalde”, dijo a la AFP el analista político Luis Benavente, director de la consultora Vox Populi.
En coincidencia con los interrogatorios a Barata en Brasil, el presidente Pedro Pablo Kuczynski negó este miércoles haber recibido dinero del exjefe de Odebrecht en Perú.
“Yo, Pedro Pablo Kuczynski, no he recibido jamás una donación del señor Barata. Yo no he recibido ninguna financiación de dicha fuente para mis campañas presidenciales”, escribió en Twitter.
Humala (2011-2016) y su esposa Nadine Heredia están en prisión preventiva desde hace siete meses acusados de haber recibido unos tres millones de dólares de Odebrecht en la campaña de 2011 y su situación se va a complicar tras el testimonio de Barata, estiman abogados.
“La fiscalía ya contaría con todos los elementos para realizar la acusación formal” contra Humala y su esposa, dijo el exfiscal Avelino Guillén al diario El Comercio. “Con los dichos del exCEO de Odebrecht en el Perú se cierra el círculo” en torno a ellos.
“A Ollanta Humala y Nadine Heredia se les atribuye lavado de activos porque el dinero recibido (…) tendría origen ilícito: la famosa Caja 2 (de Odebrecht). Sin embargo, el Ministerio Público también podría evaluar una imputación por asociación ilícita”, declaró el exfiscal Luis Vargas Valdivia también a El Comercio.
“La declaración (de Barata) podría confirmar que Humala y Heredia entorpecían la investigación a través de mentiras”, agregó.
En un intento por recuperar la libertad, Humala y su mujer presentaron un recurso de amparo, que debe ser resuelto por el Tribunal Constitucional en los próximos días.
Los fiscales no revelaron el contenido del testimonio de este miércoles, pero El Comercio publicó en su sitio web que “Barata precisó que Odebrecht aportó US$ 1.200.000 a la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el 2011”.
El lunes, un tribunal peruano había rechazado el pedido de Keiko y de su marido Mark Vito para que la fiscalía cerrara la investigación contra ellos. Al igual que Humala y su mujer, enfrentan cargos por lavado de activos, que tras el testimonio de Barata podrían ampliarse.
Keiko enfrenta también problemas en su partido: 13 legisladores, encabezados por su hermano Kenji Fujimori, renunciaron o han sido marginados este año, con lo que Fuerza Popular perdió la mayoría absoluta que tenía en el Congreso.
Odebrecht: “Apoyamos a todos”
El escándalo de Odebrecht ha salpicado también al expresidente Alejandro Toledo (2001-2006). La Corte Suprema peruana resolverá este lunes si da luz verde a su extradición desde Estados Unidos.
La fiscalía acusa a Toledo de haber recibido 20 millones de dólares en sobornos de Odebrecht para adjudicarse la construcción de una carretera en la Amazonia.
En noviembre, el empresario brasileño Marcelo Odebrecht declaró que su compañía había apoyado a varios políticos peruanos en sus campañas, según un audio publicado por el portal de investigaciones IDL-Reporteros.
“Con certeza apoyamos a todos. A Toledo, Alan García, Humala, a Keiko”, afirmó entonces Odebrecht, quien optó por colaborar con la justicia brasileña, al igual que Barata y otros ejecutivos de la empresa.
Keiko y los exmandatarios peruanos niegan haber recibido dádivas de Odebrecht.
“De todos los investigados en el caso y el único de los expresidentes que está con prisión preventiva es Humala porque de alguna manera es el más débil (políticamente) de todos”, dijo el analista Benavente.
(Con información de Reuters y AFP)

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