miércoles, 28 de febrero de 2018

Avanza iniciativa para alumbrado público sustentable y eficiente en municipios

Ciudad de México (Redacción / Energía Hoy). – La Comisión de Cambio Climático de la Cámara de Diputados avaló un dictamen para que los municipios, dentro sus atribuciones, formulen e instrumenten políticas y acciones en materia de alumbrado público energéticamente sustentable y eficiente, pero sobre todo que tengan carácter permanente estableciéndolo en la Ley General de Cambio Climático.
La iniciativa que adiciona una fracción al artículo 9 de la Ley General de Cambio Climático, detalla que la concentración demográfica ha generado retos administrativos y de gobernanza en cuanto al incremento en la demanda de servicios públicos como salud, seguridad, educación, movilidad, transporte y alumbrado público.
Al argumentar su iniciativa, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Roberto Montoya Díaz, aseguró que actualmente tres de cada cuatro personas se encuentran asentadas en ciudades de más de 200 mil habitantes, lo que ocasiona una reconfiguración demográfica y una diversificación en la infraestructura de los servicios.
Esa diversificación, explicó, provoca que la calidad y los beneficios en lo que respecta a la tecnología de iluminación e infraestructura de alumbrado público no sean uniformes, toda vez que las luminarias municipales presentan diversas tecnologías que difieren en eficiencia, durabilidad y rango de potencia.
La reforma, sostuvo, busca que los servicios como el alumbrado público sean eficientes y amigables con el medio ambiente y hacer conciencia que ésta debe ser una causa de todos, donde participen el gobierno federal y los municipios.
Mencionó que uno de los factores que detienen la adopción de lámparas ahorradoras de este servicio, es la inversión y la poca continuidad de proyectos, principalmente cuando ocurren cambios de administración.
Por ello, continuó, se requiere dar un carácter permanente a la utilización de tecnologías ahorradoras de energía en el alumbrado público estableciéndolo en la Ley General de Cambio Climático.
Detalló, nuestra Constitución Política atribuye a los gobiernos municipales la responsabilidad de proveer, entre otras cosas, el servicio de alumbrado público, permitiendo a cada administración municipal implantar la infraestructura necesaria para proveerlo.
“Es importante formalizar en la ley el criterio de sustentabilidad y eficacia en el servicio de alumbrado público que brinden los municipios, favoreciendo así el uso de tecnologías ahorradoras de energía compatibles con el medio ambiente”, añadió.

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Analiza Sener volver al tope máximo al precio de gas LP







PERIÓDICO LA JORNADA


Ciudad de México. El precio del gas LP, que se ha disparado más de 40 por ciento en el último año luego de la liberalización que entró en vigor en 2017, podría volver a tener un tope máximo en algunas zonas del país si la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) determina que no existen las condiciones de competencia necesarias, dijo el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell.
"Por ley no se puede congelar el precio, solamente podría hacerse a través de una declaración de Cofece. Es el único caso que prevé la ley, que Cofece declare que no hay condiciones de mercado operando en alguna zona específica y en ese caso se fija un precio máximo", señaló el funcionario durante la inauguración del foro Wind Power 2018.
Lo anterior luego de que el pasado jueves la Comisión anunció el inicio de una investigación en el mercado de gas LP por posibles prácticas anticompetitivas por parte de empresas.
Joaquín Coldwell especificó que en caso de darse, el nuevo precio máximo sería fijado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y calificó de positivo que las instancias reguladoras de los mercados en México como la CRE y la Cofece estén vigilando el correcto funcionamiento del mercado de gas LP.
"Creo que es importante lo que están llevando a cabo, el gobierno respeta la autonomía de esos órganos y consideramos que es positivo que hagan este desempeño de sus funciones, es muy positivo", insistió.
De acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Energía, el precio del gas LP, el combustible que utilizan cerca de 90 millones de mexicanos para calentar agua y cocer alimentos, se incrementó en más de 40 por ciento en promedio nacional a partir de que los precios dejaron de estar regulados por el gobierno y se liberaron para fluctuar de acuerdo a las condiciones de oferta y demanda.

Sancionados, 468 trabajadores de Sedesol por presuntos fraudes por 19 mdp en pensiones: SFP

 
Proceso 
 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En años recientes la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó supuestos fraudes en el Programa de Pensión para Adultos Mayores (PPAM), operado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol); sin embargo, a la fecha los únicos funcionarios sancionados son 468 promotores, acusados de haber plasmado sus huellas dactilares en lugar de los beneficiarios del programa.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció hoy que de manera precautoria suspendió a estos extrabajadores –quienes incorporaban a adultos mayores al programa en 30 entidades federativas– “para continuar con las diligencias correspondientes”, mientras que la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedesol interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR).

Cuando el caso se dio a conocer por primera vez en diciembre de 2016, el entonces titular de la Sedesol, Luis Enrique Miranda Nava, sostuvo que 493 promotores fueron culpables de la usurpación de identidad de beneficiarios del programa, en un fraude que, aseveró, se elevaba a 19 millones de pesos. Esta cifra disminuyó hoy a 468.
Expromotores que laboraban para el programa en la Ciudad de México, consultados por Apro días después de que Miranda dio a conocer el caso, rechazaron su implicación en el presunto desvío de dinero y afirmaron que, en la gran mayoría de los casos, los recursos de las pensiones llegan a los beneficiarios de la capital mediante transferencias bancarias.

Durante los primeros dos años que Rosario Robles Berlanga estuvo al frente de la Sedesol –en 2013 y 2014–, la dependencia firmó un convenio con la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) para incorporar a adultos mayores al programa, y la ASF determinó que 571 millones 780 mil pesos fueron desviados a través de esquemas fraudulentos, según la auditoría DS-064 publicada en febrero de 2016.
Los expromotores afirmaron que el convenio con la institución académica mexiquense provocó un gran número de problemas administrativos, pues si bien los promotores trabajaban de manera directa para la Sedesol, recibían sus pagos de la UAEM, con retrasos de varios meses.
En la auditoría 1877-DS, publicada la semana pasada, la ASF determinó que el sistema de datos del PPAM sufre “deficiencias importantes” que derivaron en pagos a 17 mil personas fallecidas por 64 millones 152 mil pesos en 2016, y que la falta de control podía causar un daño al erario por 3 mil 198 millones de pesos.
José Antonio Meade Kuribreña, el candidato del PRI a la presidencia de México, presumió el pasado jueves 22 que la suspensión de los promotores derivó de una investigación que él inició cuando llegó a la Sedesol; sin embargo, sigue sin explicar por qué no denunció los desvíos multimillonarios operados por el equipo de trabajo de Robles, su antecesora.

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Iberdrola invertirá en México 2,800 mdd para generación eléctrica

Ciudad de México. (elEconomista.es). -La española Iberdrola invertirá unos 2,800 millones de dólares entre 2018 y 2022 en proyectos de generación eléctrica, según dio a conocer hoy en su Plan Estratégico.
 La mayor productora privada de electricidad en México dijo que añadirá a sus ocho proyectos actualmente en construcción unos 2,000 megavatios, que situarán su capacidad total en más de 11,000 megavatios en 2022, con lo que generará más del 20% de electricidad que se consumirá en México.
La compañía, que tiene casi veinte años de presencia en el país, tiene 17 plantas operativas en territorio mexicano con capacidad de 6,000 MW.
En el último año y medio, Iberdrola puso en marcha dos plantas de ciclo combinado en Nuevo León y Baja California y dos plantas de cogeneración en Tamaulipas y Querétaro, con lo que incrementó su capacidad en más de un 10% y alcanzó una producción récord en 2017.
El director general de Iberdrola México, Enrique Alba, señaló que México es un “mercado prioritario para Iberdrola” y que para la compañía su presencia en el país está basada en una visión de largo plazo.
Iberdrola México planea la construcción de al menos una nueva planta de ciclo combinado y varios proyectos de cogeneración con una inversión estimada de más de 600 millones de dólares, que se sumarán a los cuatro ciclos combinados que están actualmente en construcción: Noreste y El Carmen en Nuevo León y Topolobampo II y III en Sinaloa.
Proyectos renovables:  Iberdrola se encuentra construyendo cuatro instalaciones que suman un total de 595 megavatios de potencia y supondrán una inversión de unos 780 millones de dólares
Se trata de los proyectos eólicos PIER y Santiago Eólico, en los estados de Puebla y Guanajuato, respectivamente, así como los fotovoltaicos de Hermosillo y Santiago Fotovoltaico en Sonora y San Luis Potosí.


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La Ley de Seguridad Interior, estrategia de control social, afirman investigadores


Emir Olivares Alonso
 
Periódico La Jornada
Miércoles 28 de febrero de 2018, p. 10
La Ley de Seguridad Interior no tiene sustento teórico, se trata de una decisión política con la que se legaliza el despliegue del Ejército en las calles para emprender una estrategia de control social. La idea es convertir a la ciudadanía en el enemigo del Estado, aseveró Rodrigo Gutiérrez Rivas, coordinador del área de derechos humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Al participar en la segunda Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia: Hacia una Política de Estado Centrada en los Derechos Humanos –que organizan de manera conjunta la UNAM y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)–, el investigador documentó que el nivel de violencia en el país creció con la estrategia de seguridad iniciada en 2006.
Dio a conocer un mapeo realizado por el IIJ, que expone el promedio entre muertes y heridos en los enfrentamientos de presuntos integrantes del crimen organizado y las fuerzas armadas en el periodo 2007-2013.
Recordó que en Brasil se comenzaron a preocupar cuando la cifra llegó a 2.6 muertos por cada herido, las cuales en el caso mexicano han rebasado por mucho ese número: cuando participa el Ejército son 9.1 fallecidos por cada lesionado, y cuando es la Marina son 17.3 muertos por cada herido. Es un uso desproporcionado de la fuerza mortal, indicó.
Desde que las fuerzas armadas se usan en labores de seguridad, subrayó, aumentó exponencialmente la tasa de homicidios, convirtiendo a 2017 en el año más violento en ese sentido en los últimos 20 años, y el incremento de las quejas ante la CNDH por cateos o detenciones ilegales, torturas y tratos crueles y ejecuciones extrajudiciales.
Enfatizó que la Ley de Seguridad Interior no sólo es anticonstitucional, sino también anticonvencional e incluso va en contra de fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hacia el Estado mexicano, los cuales está obligado a cumplir.
¿Por qué nos quieren convencer que sólo se trata de una estrategia contra el narcotráfico? No se tiene una idea conceptual o sustento teórico sobre lo que es seguridad interior, pero desde mi punto de vista lo que está detrás de esta ley es convertir a los ciudadanos en los enemigos del Estado.
En su turno, Ina Zoon, coordinadora de programas de justicia penal para una sociedad más abierta, de la organización Open Society, subrayó que más que destinar millonarios presupuestos a una estrategia militarizada, se debería invertir en erradicar la corrupción política de las altas esferas del poder, que protegen desde el aparato de Estado a los criminales.
En un Estado realmente preocupado por la seguridad de sus ciudadanos y el éxito de la lucha contra el crimen organizado, ¿no sería normal que se priorizara la lucha contra la corrupción política? ¿No sería normal el desmantelamiento de esas redes?
Aseveró que a lo largo de esta década México ya pasó de la retórica de que todos los crímenes son cometidos por el crimen organizado y de que las violaciones a los derechos humanos son incidentes aislados. Ahora ya estamos en un discurso en donde estas violaciones son sistemáticas y generalizadas, y en que hay indicios que en estos 10 años en México se han cometido crímenes de lesa humanidad.
Por ello, dijo, es momento de que el país busque la colaboración de un organismo internacional para que lo apoye en la lucha contra el crimen organizado.
 
 
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Familiares de víctimas exigen ser incluidos en la elaboración de la ley de desaparición en Veracruz

 
PROCESO 
 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la inminente aprobación de una ley en materia de desaparición en el estado de Veracruz, colectivos de familiares de víctimas reprocharon al Congreso local que no los incluyera en el diseño de la legislación.
Por ello, hicieron un llamado a poner en marcha las mesas de trabajo y los procesos de consulta “más amplios y participativos” para la elaboración de dicha norma.

Los colectivos –integrantes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MovNDMx)– recordaron que la aprobación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, fue producto del trabajo de las familias de desaparecidos durante los últimos tres años, y en el decreto se establecieron tiempos para la implementación en los estados.
“Desde el proceso de consulta y construcción de acuerdos para la Ley General hemos exigido que sea un proceso desde las familias, con las familias y para las familias. Reiteramos la exigencia de que durante todo el proceso de implementación en Veracruz nuestra voz sea tomada en cuenta”, puntualizaron en un comunicado de prensa.

Y destacaron que en una reunión entre los 12 colectivos de familiares de desaparecidos en el estado e integrantes del equipo técnico que participó en las discusiones para la aprobación de la Ley General, se dejó en claro que, si bien la legislación general es la base para la local, se necesita “desarrollarla de manera especial y regionalizarla para convertirla en un instrumento que nos permita responder de manera adecuada y efectiva a esta grave problemática presente en el estado”.
De igual manera, denunciaron que en el grupo parlamentario del PAN en el Congreso local “no se ha concretado una dinámica de trabajo que contemple la participación de los colectivos de las distintas regiones del estado”.
La ausencia de consultas regionales “abona a una visión sesgada sobre la problemática”, por lo que resulta preocupante que “la aprobación de la ley se haga sin la voz principal del mayor número de familias”, lo que la dejaría sin legitimidad, subrayaron.
La “incesante labor de investigación y búsqueda” desarrollada por los colectivos, añadieron, les ha permitido localizar a personas desaparecidas y desarrollar “capacidades y propuestas que deben ser escuchadas e incorporadas en la Ley estatal mediante un ejercicio de diálogo colectivo con el Congreso de Veracruz y el Ejecutivo estatal”.
En ese sentido, los colectivos insistieron que se garantice “un proceso participativo con las y los familiares de las diferentes regiones del estado, personas expertas, organizaciones de la sociedad civil, acompañantes y autoridades que deben estar involucradas en la revisión y definición de contenidos en la propuesta de ley estatal o del paquete legislativo que se determine”.
Los firmantes del comunicado son: Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas de Veracruz, Solecito de Veracruz, Solecito Córdoba, Solecito Cardel, Solecito Tierra Blanca, Búsqueda Colectiva Coatzacoalcos Zona Sur, Familias Enlaces Xalapa, Familiares de Desaparecidos de Orizaba y Córdoba, Familiares de Búsqueda María Herrera Poza Rica, Búsqueda María Herrera Xalapa, Red de Madres Buscando a sus Hijos Veracruz, Madres en Búsqueda Coatzacoalcos y Madres en Búsqueda Belén González.
Los colectivos son acompañados en sus demandas por el Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo; el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD); el Observatorio para la Colaboración, Investigación, Promoción y Asistencia en Derechos Humanos (CIPADH); Red Unidos por los Derechos Humanos (RIDH), y Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz).

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Buscan arrebatar al sindicato de Gómez Urrutia contrato de mina de Grupo México en Zacatecas


Alfredo Valadez Rodríguez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 28 de febrero de 2018, p. 30
Zacatecas, Zac.
En una acción presuntamente ilegal promovida por Germán Larrea, principal accionista de Grupo México, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ordenó que hoy se realice un nuevo recuento de votos para quitarle el contrato colectivo de trabajo (CCT) a la sección 201 del sindicato que dirige Napoleón Gómez Urrutia en San Martín, municipio de Sombrerete, denunciaron José Santos Cervantes y Efraín Arteaga Domínguez, del Frente Social por la Soberanía Popular.
Señalaron que esta es la segunda vez que con un sindicato fantasma creado por la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y con domicilio en Monterrey, Nuevo León, la STPS y Larrea intentan despojar a este gremio de la titularidad del contrato de esa mina, en huelga desde el 30 de julio de 2007, debido a que la empresa incumplió con medidas de seguridad e higiene.
En conferencia de prensa, exigieron al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, que envíen policías federales y estatales a la empresa, pues temen que ésta contrate golpeadores para atacar a los mineros y sus familias, como hizo en el recuento efectuado en 2012.
El 31 de agosto de ese año, a las 7:15 horas llegaron a San Martín cinco autobuses con golpeadores contratados por Grupo México para desalojar a trabajadores de la sección 201. Los mineros votaron y se mantuvo la titularidad del contrato. A pesar de que la CROC perdió el recuento, permanece en las instalaciones, pese a que hay orden judicial para que las entreguen, recordó Santos Cervantes.
Exigió al gobernador priísta y al Presidente garantizar la integridad física de los trabajadores y que el recuento, aun cuando es impuesto e ilegal, se realice de manera pacífica y con medidas de seguridad.
Arteaga Domínguez precisó que en su momento la huelga fue declarada existente y legal por las autoridades federales; por ello, la disputa por la titularidad del contrato viola la Ley Federal del Trabajo. Mientras dure la huelga no puede abrirse otra controversia. Es una decisión ilegal, dijo.
No descartamos que ante la posibilidad de que los esquiroles vuelvan a ser vencidos en el recuento usen la violencia; incluso puede llegar a haber homicidios, como ha sucedido en otras partes del país, como en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y en Nacozari y Cananea, Sonora, indicó.

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Trump suspende construcción del muro en California hasta que se apruebe el presupuesto completo

 
PROCESO
 
WASHINGTON (apro).– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció por medio de su cuenta personal de Twitter que se suspende la construcción de secciones del muro en la frontera con México en el sector de la Mesa de Otay, hasta que el Congreso federal de su país apruebe el presupuesto para toda la muralla.
“He decidido que secciones del muro que California quiere que se construyan ahora, no sean edificadas hasta que todo el muro sea aprobado. Gran victoria ayer con la decisión de las cortes que nos permiten proceder. NUESTRO PAÍS DEBE TENER SEGURIDAD FRONTERIZA”, escribió Trump la mañana de este miércoles.

Por decisión de Trump, en la zona limítrofe norte de México que colinda con el estado de California se estaban construyendo y fortaleciendo sectores del cerco que divide a los dos países, que ya existía desde hace varios años.
La modernización de la valla de acero en algunos sectores de la Mesa de Otay consiste en instalar una estructura de metal de 9 metros de alto y dos metros de profundidad a partir de su base.
El mandatario estadunidense sostiene que el cerco de acero en California y los que se encuentran en algunas secciones de la frontera entre el estado de Arizona con Sonora, México, han sido exitosos para contener la entrada a la Unión Americana de inmigrantes indocumentados y del tráfico ilegal de narcóticos.
Este martes, en California, el juez federal Gonzalo Curiel, a quien Trump antes de ser presidente acusó de “mexicano y tendencioso” por los fallos favorables que emitió a sus demandantes en el caso de la ahora desaparecida Universidad Trump que tenía, rechazó los argumentos del gobierno californiano y de organizaciones no gubernamentales para suspender la construcción del cerco fronterizo.
El estado de California y grupos medioambientalistas exigían a la Corte ordenar la suspensión de la edificación de la muralla, bajo el argumento de que el gobierno de Trump ignoró de manera premeditada las leyes ambientalistas para proteger la flora y la fauna en la zona fronteriza.
En su fallo de 101 páginas, Curiel determinó que no le corresponde al Poder Judicial, sino a otros poderes del gobierno, tomar decisiones respecto a los efectos medio ambientales del muro fronterizo.
El juez federal, quien sorprendió a todos con el fallo que lo coloca del lado de Trump en el amurallamiento de la frontera con México, explicó que este asunto está altamente politizado por lo que para la Corte no es “prudente ni sabio” tomar decisiones de un tema rodeado de un debate político.

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Juez de origen mexicano criticado por el magnate falla en favor del muro

Dpa
 
Periódico La Jornada
Miércoles 28 de febrero de 2018, p. 16
Un juez federal atacado por su origen mexicano por Donald Trump durante la campaña electoral falló ayer en favor de la administración del presidente republicano en el contexto de una demanda que intentaba frenar la construcción del muro que el mandatario estadunidense quiere en la frontera con México. Gonzalo Curiel rechazó los argumentos contra la edificación de la valla presentados por grupos defensores del medio ambiente.
Curiel es juez de la corte del distrito sur de California y estuvo a cargo de dos demandas contra la Universidad Trump. En el contexto de aquellos casos, el hoy presidente y entonces candidato a la Casa Blanca lo atacó y dudó de su imparcialidad por su origen mexicano, lo que desató gran polémica.
La corte no puede ni debe considerar si las decisiones subyacentes de construir barreras fronterizas son sabias o prudentes políticamente, señala Curiel en su fallo.
Estados Unidos anunció ayer que se acogerá a permisos especiales para poder obviar determinadas leyes y acelerar la construcción del muro en la frontera con México.
El Departamento de Seguridad Nacional eliminó en agosto condiciones relativas al medio ambiente, los recursos naturales y la gestión de tierras en la zona de San Diego para poder construir allí la valla. Para ello se acogió a una fórmula que ya utilizó George W. Bush para obviar más de tres decenas de leyes a fin de terminar de erigir casi mil 100 kilómetros de la cerca a lo largo de la frontera.
En su fallo, de 101 páginas, Curiel señala que no tiene dudas constitucionales sobre la capacidad de la administración para acogerse a esas fórmulas.

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