miércoles, 14 de febrero de 2018

Florezcamos Juntos


Se registra incendio junto a la Central Hidroeléctrica de Malpaso; la CFE evalúa daños

 
PROCESO 
 
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Un fuerte incendio se registró la tarde de este martes junto a la cortina principal de la Central Hidroeléctrica de Malpaso, lo que provocó la movilización de todo el equipo de emergencias para sofocarlo y evitar su propagación a la zona de máquinas.
Una alta cortina de humo se elevó de entre las montañas de la región de la presa hidroeléctrica, lo que activó el sistema de alerta ante el riesgo que implicaba el fuego. El aviso movilizó a personal técnico especializado e ingenieros que hicieron cortes en los conductores de energía hidroeléctrica entra varias subestaciones.

A decir de los especialistas en incendios de este tipo, el siniestro ocurrió en los cables de control que van de la central hidroeléctrica en la zona de las trincheras de la subestación elevadora a un costado de la cortina principal de la central.
El incendio fue controlado, pero provocó un apagón masivo en diversas poblaciones cercanas a la zona del siniestro. Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se encuentra en la zona para evaluar los daños.
Hasta esta noche, la dependencia no ha dado a conocer de forma oficial que pasó en este incidente. Por el contrario, ha guardado hermetismo.
La Central Hidroeléctrica de Malpaso es una de las cuatro presas hidroeléctricas en la Cuenca del Grijalva, junto a la de La Angostura, Chicoasén y Peñitas. Tiene seis unidades generadoras, cada una de emite 180 MW con un gasto de agua de 220 metros cúbicos y dos de ellas tienen un arreglo para pasar a condensadores sincronos que absorben reactivos en las líneas de transmisión.
Esta central es una de los pilotos que regulan la frecuencia del sistema eléctrico nacional y para las grandes avenidas cuenta con sistemas de desalojo de aguas que en el 2015 fueron modernizadas. Es una de las centrales más llamativas de Chiapas.

Fuente

Marichuy: indígenas, olvidados en agenda de aspirantes partidistas

Foto
María de Jesús Patricio se reunió con simpatizantes del movimiento zapatista de La Paz, BCSFoto Raymundo León
Raymundo León
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 14 de febrero de 2018, p. 9
La Paz, BCS.
Los pueblos indígenas no figuran en las agendas ni en las propuestas de los precandidatos de los partidos a la Presidencia de la República, aseguró María de Jesús Patricio Martínez, vocera del Concejo Indígena de Gobierno.
En conferencia de prensa que ofreció ayer en una modesta casa de esta capital en la que se reúnen simpatizantes del movimiento zapatista, al cual pertenece la aspirante a candidata presidencial independiente, Marichuy sostuvo que ninguno de los precandidatos presidenciales de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) o Morena se han acercado a ella.
Añadió que ya le han preguntado si va a declinar a favor de alguno de los aspirantes apoyados por partidos, pero la respuesta es no, porque su propuesta es diferente.
Patricio Martínez dijo que los pueblos indígenas ya se cansaron de esperar, pues desde hace más de 500 años se les ha ignorado, discriminado y se les busca exterminar.
Indicó que ha recabado poco más de 242 mil firmas de las más de 800 mil que el Instituto Nacional Electoral exige para que se registre como candidata independiente, por lo que ve difícil lograr ese número.
Dijo que no obstante, seguirá con su trabajo para conseguir las rúbricas, pero lo más importante ya se obtuvo: Visibilizar la problemática indígena, todos los problemas que hay en el territorio nacional, de manera que ya hay gente trabajando, porque no está de acuerdo con la situación actual.
Explicó que desde que surgió su propuesta como aspirante a la Presidencia tiene claro que es necesario ejercer el poder de otra forma, no mediante los partidos políticos que tienen que llevar a una persona hasta arriba que decide por todos.
Consideró que esa no es la forma adecuada, porque los pueblos indígenas han visto que las decisiones que se toman desde arriba es lo que se hace abajo y queremos invertir eso.

Fuente

Sin respuesta oficial, trabajadores estallan huelga en la Universidad Autónoma Chapingo

En Zacatecas, rectoría y empleados de la UAZ pactan aumentos; evitan paro laboral
Foto
La huelga se inició simultáneamente en los 11 centros regionales universitarios con que cuenta la UACh en Veracruz, Yucatán, Zacatecas, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Morelia y ­Jalisco. En la imagen, el campus de Texcoco, estado de MéxicoFoto Javier Salinas
Javier Salinas y Alfredo Valadez
Corresponsales
Periódico La Jornada
Miércoles 14 de febrero de 2018, p. 36
Integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Chapingo (STUACh) estallaron la huelga al no llegar a acuerdos con autoridades universitarias en su demanda de aumento salarial, aplicación de un incremento de 1.7 por ciento en prestaciones y solicitud de homologación y retabulación de 4.83 por ciento.
Los trabajadores administrativos se apostaron la mañana del martes en los tres principales accesos a las instalaciones de la UACh en el municipio mexiquense de Texcoco, cerraron sus puertas y colocaron las banderas rojinegras. Simultáneamente, la huelga se inició en los 11 centros regionales universitarios con los que cuenta la UACh en Veracruz, Yucatán, Zacatecas, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Morelia y Jalisco.
Benito Flores Moreno, secretario general del STUACh, señaló que no hubo respuesta de las autoridades a sus demandas laborales por lo que con una votación de mil 286 votos en favor, 189 en contra, 86 abstenciones y 354 sufragios nulos, se determinó estallar la huelga.
Explicó que el punto de conflicto es que las autoridades se niegan a llevar a cabo el proceso de homologación y retabulación en 4.83 por ciento, que significan 33 millones pesos, para quedar homologados con los trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, que son su referente.
No hay planteamiento sobre esta demanda. En las pláticas que se llevaron a cabo en la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, las autoridades sólo nos ofrecieron 3.4 de aumento salarial y 1.7, y nos dijo que no había más de la institución, es decir, la homologación y retabulación ni la consideraron, citó.
Incrementos salarial y en prestaciones
En la capital de Zacatecas, la dirigencia del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas, este martes se desistió del emplazamiento a huelga que pretendió estallar el próximo jueves, luego de llegar a un acuerdo con el rector Antonio Guzmán Fernández, que significó un incremento salarial de 3.4 por ciento, así como de 0.495 por ciento a prestaciones no ligadas.
En el auditorio de la Unidad Académica de Derecho, el dirigente sindical Rafael Rodríguez Espino informó a los alrededor de 500 delegados representantes de los 2 mil trabajadores administrativos la propuesta de rectoría al pliego petitorio emanado de la revisión contractual 2017-18.
Por unanimidad, los delegados votaron por el no a la huelga y aceptaron el aumento salarial de 3.4 por ciento, además del relativo a prestaciones no ligadas, consistentes en distintos bonos y categorías asignadas a los trabajadores según su antigüedad.

Fuente

#SeguridadSinGuerra urge a la Corte declarar inconstitucional la Ley de Seguridad Interior

 
PROCESO 
 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El colectivo #SeguridadSinGuerra urgió a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a salvaguardar la Constitución y a “detener la militarización de la Seguridad Pública”, con la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior (LSI).
Compuesto por más de un centenar de organizaciones civiles, familiares de víctimas y académicos, el colectivo consideró que la SCJN “tiene el desafío de ser el contrapeso democrático necesario para declarar inconstitucional esta ley que normaliza el uso del Ejército y Marina en tareas de Seguridad Pública, a costa de la seguridad ciudadana y el régimen constitucional”.

Al afirmar que la permanencia del Ejército en las calles en los últimos 12 años “ha resultado un fracaso” en el combate a la violencia, los activistas sostuvieron que la LSI promulgada por Enrique Peña Nieto “agravará las condiciones de violencia e inseguridad que todos los días se viven en las calles del país”.
En un comunicado, el colectivo resaltó que hasta ahora no hay pruebas fehacientes de que la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen haya disminuido los índices de delitos de alto impacto. Por el contrario, “se han documentado graves violaciones a derechos humanos que han quedado impunes”.
Las organizaciones alertaron sobre los “conceptos vagos e imprecisos”, además de que “faculta a las Fuerzas Armadas a actuar sin mecanismos de control y transparencia reales”.
Para los activistas, la LSI “es un ordenamiento que busca afianzar una estrategia de seguridad que ha resultado en la violación masiva de derechos humanos y en la generación de más violencia”.
Ante esa amenaza, la LSI se ha convertido en la legislación más impugnada en los últimos tiempos, al ser objeto de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y juicios de amparo por instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), las minorías parlamentarias de las cámaras de Diputados y Senadores, el gobierno de Chihuahua, las comisiones estatales de derechos humanos, así como, al menos tres municipios del Estado de México (Nezahualcóyotl, Ocuilán y Cocotitlán), tres de Yucatán (Oxkutczab, Tepekan y Hoctun), tres de Puebla (Ahuatacán, San Pedro Cholula y Tepeyahualco) y uno de Chihuahua (Hidalgo del Parral).
A estas acciones se suma un amparo interpuesto por personas defensoras de derechos humanos y periodistas contra dicha Ley, al considerar que “su aplicación obstaculiza e inhibe” su labor al generar condiciones adversas a su seguridad.
“Compartimos la urgencia por atender los problemas de seguridad y justicia que enfrenta el país, pero la forma de enfrentarlos debe ser compatible con nuestro marco constitucional y con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, garantizando en todo momento el respeto a los derechos y libertades básicas de las personas”, consideraron los firmantes del comunicado.
Además, explicaron que su oposición a la LSI radica en que “contiene diversas disposiciones que violan diversos derechos y trasgreden el orden federal”, que la hacen incompatible con la Constitución y con los tratados internacionales firmados por México.
El colectivo #SeguridadSinGuerra enlistó cinco de los principales riesgos que representa la legislación. El primero es la falta de claridad en los términos de seguridad pública, seguridad interior y seguridad nacional, atribuyéndole “a las Fuerzas Armadas tareas de seguridad que constitucionalmente corresponden a las autoridades civiles”. Le sigue el hecho de que no se fijan plazos de las intervenciones federales.
A decir de los inconformes, en la ley “no se prevén principios claros para el uso legítimo de la fuerza en la actuación de los cuerpos policiales y las fuerzas armadas”, ni tampoco se contemplan mecanismos de control y rendición de cuentas para quienes comenta abusos; la ley viola el derecho a la información y el principio de máxima publicidad, en tanto que “aumenta la incertidumbre jurídica, el riesgo y los costos de la defensa de derechos humanos”.
Los integrantes del colectivo consideraron que para “para vivir en un contexto de paz” y sentirse seguros, lo que se requiere son “estrategias integrales que no generen más violencia”.
Según su consideración, continuar dependiendo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, “debilita la formación y debilita la formación y el fortalecimiento de un Estado democrático”, tareas que “corresponden a las autoridades civiles”.
Por ello, insistieron en llamar a los ministros de la SCJN “a fortalecer el balance que debe mantenerse en la relación cívico militar y detener la militarización de la Seguridad Pública”.
También convocaron a los ministros a “corregir lo que el Congreso de la Unión aprobó a pesar del llamado de los organismos nacionales e internacionales más reconocidos en la observancia y defensa de los derechos humanos”, por lo que llamaron a los integrantes de la SCHN a defender “la Constitución y declaren inconstitucional la LSI”.

Fuente

Se manifiestan profesores y padres de los 43 en Guerrero

Foto
Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero y padres de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 tras el ataque en Iguala, tomaron ayer casetas de peaje en la Autopista del Sol en rechazo a la reforma educativa y para exigir justiciaFoto Sergio Ocampo Arista
Sergio Ocampo y Elio Henríquez
Corresponsales
Periódico La Jornada
Miércoles 14 de febrero de 2018, p. 13
Contingentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg), estudiantes de la normal de Ayotzinapa y padres de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 tomaron este martes durante dos horas y media las casetas de cobro de Paso Morelos, Palo Blanco y La Venta, ubicadas sobre la Autopista del Sol México-Acapulco.
La Ceteg se movilizó en repudio al congreso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), contra la reforma educativa y para exigir que el gobierno de Guerrero establezca una mesa de negociación con ellos. Los padres de los 43 demandaron recursos para realizar tres caravanas informativas, que partirán a las zonas norte, Bajío y sureste de México el 15 de febrero. A su vez, los alumnos de Ayotzinapa se manifestaron para dar a conocer que la Secretaría de Educación en Guerrero no les ha entregado el subsidio para comprar víveres.
Mientras, el titular de la Secretaría de Educación de Chiapas, Eduardo Campos Martínez, informó que empezaron las mesas de trabajo para atender la demanda de los llamados maestros idóneos (calificados como tales en 2017 tras aprobar exámenes de oposición para dar clases), que la semana pasada se manifestaron ante las instalaciones de la dependencia en Tuxtla Gutiérrez. En un comunicado, aseguró: ya tenemos algunos puntos de acuerdo con este grupo, mientras con otros sectores necesitamos más tiempo para resolver sus peticiones.
Campos Martínez, nombrado en el cargo la semana pasada, dijo que como prueba del acercamiento, los grupos que protestaban afuera de la Secretaría de Educación del estado “aceptaron cambiar su método de manifestación.
Estoy recibiendo los datos sobre los adeudos, mientras que con los idóneos vamos a informarles cada 15 días qué vacantes tenemos disponibles para colocarlos, lo que se hará en función de los espacios que tenga la Secretaría de Educación. Mientras tanto, algunos aceptaron cubrir interinatos, pues están entre los primeros lugares del orden de prelación para obtener una plaza, precisó.

Fuente

Fin a la violencia en Media Luna, exige gremio minero ante la JFCA

Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Miércoles 14 de febrero de 2018, p. 14
Fin al clima de violencia por parte de la empresa canadiense Torex Gold contra los trabajadores del yacimiento Media Luna, exigieron representantes del gremio minero en la audiencia que se llevó a cabo ayer en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA).
En la sesión, a la que asistieron también representantes de la empresa, los mineros plantearon que hasta que se frenen las hostilidades y actos delictivos contra los agremiados, y se castigue a los responsables del asesinato de tres trabajadores, se podrá llevar a cabo el recuento por la titularidad de su contrato colectivo de trabajo.
El conflicto en Media Luna ha escalado desde noviembre pasado, cuando los trabajadores iniciaron un paro en demanda de que se les respete su libertad sindical, ya que ya no quieren pertenecer a un gremio de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y afiliarse al Sindicato Nacional Minero, que encabeza Napoleón Gómez Urrutia.
Sin embargo, lejos de llegar a un acuerdo, se han dado actos de violencia y muertes de trabajadores, además de que la empresa advirtió de un despido masivo si continuaba el paro. Luego de varios desencuentros, ayer se llevó a cabo en la JFCA la audiencia de partes.
Los trabajadores denunciaron ante este tribunal que gente del sindicato que pertenece a la CTM anda armada e intimida a los trabajadores en paro, además de que según testigos estas personas son las que cometieron los crímenes contra tres compañeros.
Indicaron que mientras no se extirpe el clima de violencia, se saque a la gente armada del conflicto, se mantengan en la impunidad los crímenes y continúen las agresiones, no hay condiciones para que se realice el recuento para determinar qué sindicato se quedará con la representatividad del gremio.
En la JFCA demandaron que se respeten la Constitución y las leyes de Guerrero, y que se restablezca el estado de derecho, porque evidentemente no hay condiciones para dialogar. No vamos a negociar con bandas de matones, dijeron, luego de demandar garantías de seguridad y que la Secretaría del Trabajo intervenga para lograr la conciliación.
En tanto, la audiencia se difirió para el próximo 15 de marzo.

Fuente

Un mes después, ningún detenido por homicidio de activista de Cherán

Ernesto Martínez Elorriaga
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 14 de febrero de 2018, p. 28
Morelia, Mich.
Casi un mes después de que Guadalupe Campanur Tapia, activista de Cherán, fue encontrada muerta cerca de la comunidad de Santa Cruz Tanaco, no hay detenidos ni sospechosos del homicidio, indicó José Martín Godoy Castro, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Estamos avanzando en forma coordinada con la familia y en espera de resultados de las muestras genéticas. Son tardadas, dijo el funcionario a medios de información y aseguró que se realizan diligencias de manera permanente.
El 17 de enero los restos de Guadalupe Campanur, de 32 años de edad, fueron localizados en avanzado estado de descomposición a unos 17 kilómetros de Cherán, rumbo a Santa Cruz Tanaco. Las autoridades determinaron que fue estrangulada.
Familiares de la víctima no descartaron que la delincuencia organizada esté detrás de este crimen. Dijeron que al parecer fue secuestrada y llevada a Santa Cruz Tanaco, comunidad vecina de Cherán. Ambas pertenecen al mismo municipio, y desde hace décadas han tenido conflictos de límites y por saqueo de madera.
En abril de 2011, cuando el pueblo de Cherán se enfrentó a talamontes, algunos de éstos fueron identificados como vecinos de Tanaco. No obstante, el concejo mayor, electo por usos y costumbres en mayo de 2012, pretende evitar pugnas e incluso entrega la parte proporcional del presupuesto a las autoridades comunales de Tanaco.
La ronda comunitaria (policía designada por los comuneros de Cherán) lleva a cabo sus propias investigaciones y en su momento dará a conocer los resultados, comentó Antonio Campanur, ex alcalde y tío de la víctima.
Pedro Chávez, presidente del concejo mayor, dijo que aunque no se sabe que la víctima haya recibido amenazas, no descartan que la delincuencia organizada esté involucrada. Estamos esperando los resultados de la PGJE, pero también estamos investigando.
Guadalupe Campanur vivía con su familia a unas calles del palacio municipal. Al igual que sus dos hermanos, era parte de la ronda comunitaria y auxiliaba a las autoridades comunales.

Fuente