lunes, 12 de febrero de 2018

Contratos amañados en el nuevo aeropuerto


REVISTA SIEMPRE! 

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El otorgamiento de los contratos para diversas obras que se realizan en el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) debe revisarse con lupa; desde su arranque hay la presunción de serias irregularidades que han pasado por alto los lineamientos de transparencia establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como de  otras disposiciones que al no cumplirse han dejado fuera a muchas empresas, pese a haber cumplido con todos los requisitos de ley.
El sello de la opacidad ha aparecido nuevamente en el proceder del Grupo Aeroportuario de la  Ciudad (GACM), dirigido por Fernando Patiño Márquez, organismo estatal encargado de ejercer el presupuesto de 186  mil millones de pesos que costará la obra, luego de haber incrementado su costo inicial de 169 mil millones y que en una de sus primeras etapas, en 2015, adjudicó 50 contratos por 1,623 millones, de los cuales solo nueve se otorgaron por licitación pública y el resto por invitación restringida o adjudicación directa. Es decir, de manera discrecional y contraria a lo estipulado en las leyes anticorrupción.
La Cooperativa LF del Centro participó en la licitación lanzada por GACM para construir la red de distribución eléctrica del NAICM, así como las subestaciones y el cableado estructurado, cumpliendo con todos los requisitos técnicos, económicos y financieros solicitados, en tiempo y forma. Pero al final, y de acuerdo con lo contenido en la versión estenográfica del organismo, la dejaron fuera por un supuesto requisito del IMSS.
Algo huele mal en la manera de otorgar este contrato de lo que será la obra del sexenio. Una de las principales exigencias era que las empresas demostraran experiencia en los trabajos a realizar y los convocantes pasaron por alto que si hay un grupo de técnicos capaces para ofrecer calidad y eficiencia esos son los integrantes del  Sindicato Mexicano de Electricistas.
Y si existía alguna duda, ahí están los trabajos realizados por la mano de obra altamente calificada de los smeitas en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez y la ampliación de la Terminal Dos. Y no se diga todo el cúmulo de obras e infraestructura eléctrica en Hidalgo, Morelos y el Estado de México.
En nuestra cooperativa contamos con ingenieros y técnicos reconocidos por el Instituto Politécnico Nacional (IPN), que los avalan como trabajadores capaces de realizar todo tipo de obras eléctricas. LF del Centro cuenta con un capital social y contable propio y un alta vigente en el SAT y el IMSS.
Es decir, todo  en regla, por lo que debemos preguntar a la clase política gobernante: ¿qué más requisitos se necesitan para conseguir empleo en este país? ¿Acaso se requiere formar parte de los poderosos grupos empresariales, ligados al poder, para ganar un contrato en el NAICM? A estos cuestionamientos debemos añadir: ¿dónde quedó la prometida transparencia para el manejo de los recursos públicos? A los mexicanos les asiste el derecho a exigir cuentas claras del nuevo aeropuerto ahora que en tiempos electorales todos los partidos hablan de honestidad.


Marichuy teje alianza popular en el país



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En un encuentro que puede calificarse de histórico al materializarse la alianza de los trabajadores del campo y la ciudad con los pueblos originarios del país en torno a la candidatura presidencial de María de Jesús Patricio, Marichuy, se alcanzaron en la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) objetivos comunes para recuperar el estado de derecho y luchar contra el modelo político y económico neoliberal, que desde hace más de 30 años tiene sumidos en la pobreza y el atraso a millones de mexicanos.
Tras la instalación de mesas de trabajo donde participaron miembros del Consejo Indígena de Gobierno (CIG), así como representantes de organizaciones obreras democráticas, cooperativas y organizaciones sociales, se logró establecer un diagnóstico de los problemas que enfrentan los trabajadores de las comunidades indígenas y campesinas y las similitudes que guardan con los trabajadores organizados y no organizados de las ciudades.
Es de resaltarse que la calidad y el contenido de los debates terminaron rebasando a la agenda electoral, para establecer estrategias de acción bien definidas que implican el pleno conocimiento de saber que los ciudadanos se enfrentan a una clase política sin disposición alguna de cambiar el modelo económico y político que desde hace 3 décadas ha beneficiado a los grandes capitales nacionales y extranjeros, generando la pérdida de derechos sociales y laborales para el pueblo de México.
Esa tendencia neoliberal es la que ha buscado dividir y aislar a los movimientos sociales del país mediante el uso de los medios de comunicación y la creciente represión y despojo que enfrentan miles de comunidades indígenas y campesinas en todo el territorio nacional, ante el embate de los megaproyectos cobijados en reformas como la energética.
Otro de los puntos bien establecidos es la necesidad de crear conciencia en la sociedad de que en las prioridades de los partidos políticos tampoco se encuentra contemplado el abatir la brutal desigualdad social. Para los candidatos que irán a los comicios de julio próximo, movidos por su ambición de poder, los indígenas y los trabajadores no tienen derecho a participar en la construcción de la democracia del país.
Por ello, resaltamos en su momento durante el Encuentro Nacional Anticapitalista del CNI-CIG y su vocera con los trabajadores del campo y la ciudad, el pasado 24 de enero, que el acuerdo alcanzado en el seno del Consejo Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno para llevar a una mujer de origen nahua a la candidatura presidencial significa un ejemplo para la clase obrera mexicana y una amenaza real para la corrompida clase política, por la forma en que ahora se está organizando el pueblo para levantar la voz de su inconformidad en los recorridos que realiza Marichuy por infinidad de sitios y comunidades que no figuran en las agendas de los partidos políticos.
La candidata indígena está contribuyendo a poner en el escenario de los temas nacionales pendientes, la lucha de resistencia que libran no únicamente los pueblos originarios en la defensa de la tierra, sus recursos naturales y sus territorios, sino la de muchos grupos sociales que, como acertadamente refirió en el evento el doctor y exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Pablo González Casanova, están comenzando a explorar nuevas alianzas en común para “romper las fronteras artificiales creadas entre los trabajadores del campo y las ciudades”.
El profesor emérito ponderó en sus palabras la relevancia del encuentro, al señalar: “El paso que han dado tiene una extraordinaria importancia; ocurre en el momento cuando el pueblo tiene clara conciencia de la crisis que atraviesa el capitalismo: una crisis política, social, económica y moral”. Y destacó: “Es un momento en que el pueblo de México está pensando en cómo sustituir en forma pacífica este sistema por otro donde sí estén presentes, en todas sus formas, el pueblo trabajador y los pueblos indígenas”.
Una de las tareas inmediatas derivadas de las mesas de trabajo es lograr que el pueblo en su conjunto se entere que los problemas que enfrentan los trabajadores del campo y la ciudad son los mismos, como también para quienes laboran en las comunidades indígenas. Los bajos salarios y la anulación de derechos como el acceso a la seguridad social por la imposición de la reforma laboral afectan de manera directa a todos. Y la unidad de acción debe centrarse en exigir el respeto a las conquistas sociales que han sido desarticuladas de la Constitución por el modelo neoliberal.
Es por eso que en las actuales circunstancias de crisis económica y política por las que atraviesa el país estas alianzas populares que teje Marichuy por el territorio nacional van más allá de las elecciones. Y lo dejó bien claro cuando señaló en su mensaje: “No queremos gobernar, queremos que la gente de este país se gobierne para desmantelar el poder que nos oprime y hacer nuevas formas de organización del trabajo, donde el salario sea justo y la producción no ponga en jaque los territorios, donde no se deban abandonar las tierras y las familias por la guerra que han impuesto los poderosos para sustentar la producción capitalista que está acabando con la vida”.
En la decantación de resultados del encuentro realizado en el SME, no podemos dejar de mencionar la importancia de haber analizado cuáles han sido las acciones de nuestras organizaciones por mantener vigente la lucha contra el capital, donde el movimiento de resistencia librado por el Sindicato Mexicano de Electricistas sentó un precedente de primer orden en las estrategias de lucha de los movimientos sociales del país.
Uno de los logros tangibles del pasado –encuentro que convocó a intelectuales y académicos como el doctor Pablo González Casanova, Gilberto López y Rivas y Adolfo Gilly– es el avance en los acuerdos de unidad alcanzados entre los sindicatos independientes, las cooperativas y los legítimos representantes de los pueblos originarios del país, para ir en objetivos bien trazados más allá de la elección del próximo 1 de julio. La unidad del pueblo trabajador, indígena y campesino ya está en marcha.
Martín Esparza Flores*
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
[OPINIÓN]

Si no logro la candidatura, la lucha continuará: Marichuy


Blanche Petrich
 
Periódico La Jornada
Lunes 12 de febrero de 2018, p. 6
María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, quien aspira a una candidatura independiente a la Presidencia, y cinco consejeras de distintas etnias del Concejo Indígena de Gobierno-Congreso Nacional Indígena reconocieron que si al final del plazo establecido por el Instituto Nacional Electoral (INE) –que vence el lunes 19 de este mes– no reúnen las firmas suficientes para que su abanderada aparezca en la boleta electoral, la campaña en torno a la propuesta de reconstruir a un México con esperanza para los de abajo va a continuar.
Marichuy aseguró que se completen o no las firmas, ya cumplimos nuestro objetivo. Ahora tenemos un compromiso. Nos toca a nosotros decidir, pensar, diseñar un nuevo país con nuestros pensamientos, nuestros modos y adaptado a los nuevos tiempos.
En un acto público que se organizó en torno a la carpa de la explanada del Palacio de Bellas Artes para recaudar firmas en favor de la médico tradicional náhuatl, los intelectuales Pablo González Casanova, Juan Villoro y Gilberto López y Rivas, que integraron junto con decenas más la asociación civil Llegó la Hora del Florecimiento de los Pueblos, advirtieron que la forma en que se concibió la ley para la inscripción de candidatos independientes para los comicios de este año, con un requisito de 800 mil firmas digitales como mínimo para la presidencial, supuso un diseño discriminatorio contra millones de indígenas que viven en zonas remotas y sin acceso a las redes celulares y de Internet.
Hasta el último corte, Marichuy contaba con poco más de 210 mil firmantes y ya solamente queda una semana para reunir los más de 800 mil apoyos que requiere el INE.
Sobre lo relativo de este plazo, el escritor Villoro citó a José Alfredo Jiménez, quien en su popular canción habla de que no hay que llegar primero, sino que hay que saber llegar. Y refirió que esta campaña de Marichuy ha sido esencialmente distinta a todas los demás. Las otras candidaturas independientes fueron un Plan B de la clase política para que en el fondo nada cambie, gane quien gane. Esos candidatos son como todos los demás. Y a nosotros el INE no nos ha rechazado firmas, como a muchos otros, porque nosotros no hacemos trampa.
La chontal Reyna Cruz, de las tierras altas de Oaxaca, aludió a esta diferencia: En esta campaña no damos ni gorras ni bolsas con despensas, damos nuestra palabra. Y no prometemos nada, sólo compartimos nuestras injusticias y sufrimiento. Por ejemplo, las de su tierra, donde los ricos nos quitan la tierra. Llegan y no preguntan: ¿qué nos quieren dar? Ni siquiera nos saludan y toman lo que quieren. Pero ahora sabemos que, aunque huarachudos, los indios podemos defender nuestros derechos.
Lupita Vázquez Luna fue uno de los niños que no fueron asesinados en Acteal. De esa masacre surgió el liderazgo de esta joven que advirtió: Ya no estamos dispuestos a ser humillados, a que nos quiten lo que es nuestro, empezando por nuestro idioma. Sobre los meses transcurridos en busca del voto por Marichuy, los caminos recorridos y las experiencias escuchadas, concluyó: El Concejo Indígena de Gobierno no se va acabar. Todo lo contrario. Hemos hecho mucha conciencia y la semilla ya está sembrada.

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Los nuevos clanes petroleros, listos para el saqueo

 
PROCESO 
 
La reforma energética no sólo ha permitido a empresas extranjeras recuperar el terreno perdido con la Expropiación Petrolera; también les abrió las puertas a otras, entre ellas a una rusa, y a inversionistas mexicanos para participar en las subastas del gobierno federal y ganar la oportunidad de explorar y explotar una tajada del pastel de hidrocarburos del país. Dionisio Garza Medina y su hijo, Dionisio Garza Sada; Jerónimo Gerard, cuñado del expresidente Carlos Salinas; Ramiro Garza Cantú y Carlos Slim son algunos que aprovecharon los espacios de este sexenio para estrenarse como petroleros.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A 10 meses de que Enrique Peña Nieto deje la Presidencia, en manos de empresas extranjeras, incluyendo rusas, hay más de 100 mil kilómetros cuadrados de tierra firme y aguas del país para que exploren y exploten hidrocarburos.

Gracias a la reforma energética que el PRI y el PAN aprobaron, firmas de Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña, más un par de magnates mexicanos, podrán hurgar en mayor cuantía el subsuelo nacional durante 50 años y obtener ganancias millonarias.
Entre los nuevos potentados mexicanos del petróleo está el regiomontano Dionisio Garza Medina, quien en 2010 dejó la presidencia del grupo Alfa para crear, junto con su hijo, Dionisio Garza Sada, un conglomerado de negocios que incluye la exploración y extracción de hidrocarburos, y un fondo de inversión en tecnología y bienes raíces.
El segundo hombre más poderoso del país, con base en las licitaciones que ganó en dos rondas petroleras, es Jerónimo Gerard, cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari.
Gerard creó la empresa mexicana Infraestructura Institucional, para después ir de la mano con los dos fondos de inversión más grandes del mundo, EnCap Investments y BlackRock (la cual cambió su nombre a Riverstone), y crear Sierra Oil & Gas.
Con inversiones menores, y por lo mismo con escasos kilómetros a explorar, los mexicanos Ramiro Garza Cantú, de Grupo R, y Carlos Salim, con Carso Energy, también han pasado a formar parte de la nueva casta petrolera de México.
Del extranjero, los gigantes Chevron, de Estados Unidos; Shell, anglo-holandesa, y BP, de Gran Bretaña, que antes de la Expropiación Petrolera fueron dueños del crudo mexicano, empiezan a recuperar el terreno perdido, logrando contratos para explorar en aguas profundas.
Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2154, ya en circulación

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El aumento a precios de gasolinas duplica la tasa de inflación anual

La Magna, la de mayor consumo en el país, se vendió ayer 13.3% más cara que en enero de 2017
La Premium ronda los 20 pesos por litro
Persiste la precariedad laboral de los despachadores
Foto
Promovida como un factor para el descenso de los precios de los combustibles, la reforma energética no sólo ha incrementado los costos, sino que no ha permitido a los empleados de las estaciones de servicio acceder a salarios estables y a prestaciones. En la imagen, el costo de gasolinas en la colonia Coyuya de la capitalFoto Jesús Villaseca
Julio Reyna Quiroz
 
Periódico La Jornada
Lunes 12 de febrero de 2018, p. 22
El precio de la gasolina regular (Magna), la de mayor consumo en el país, alcanzó ayer los 18.13 pesos por litro en la Ciudad de México, 13.3 por ciento más en comparación con enero de 2017 y un incremento que significó más del doble que la tasa de inflación anual registrada en enero pasado.
Promovida como un factor para el descenso de los precios de los combustibles, la reforma energética no sólo ha incrementado los costos, sino que mantiene a hombres y mujeres empleados en las estaciones de servicio en precariedad laboral sin que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social haya intervenido para atender este tema.
A nosotros no nos pagan, sólo recibimos las propinas, detalló la empleada de una gasolinera ubicada en la delegación Benito Juárez al ser consultada sobre su salario actual. En algo tenemos que trabajar, agregó la mujer de 35 años de edad.
El despachador de una gasolinera operada por Hidrosina reveló que para percibir una remuneración se les obliga a vender al menos tres productos, como aceites para motor, limpiadores de inyectores y aromatizantes a dos por 20 pesos.
Más de un año después del gasolinazo de enero de 2017 y a dos meses de la liberación total de los precios de los combustibles, la estación de servicio operada por BP, ubicada en avenida Taxqueña 1744, en el sur de la Ciudad de México, ofertó ayer la Magna en 18.13 pesos por litro y la Premium (de mayor octanaje) en 19.61 pesos.
Este diario pudo constatar que la Magna se ubicó en 17.97 pesos en la estación de servicio localizada en bulevar Puerto Aéreo, delegación Venustiano Carranza. En esta gasolinera, operada también por BP, los consumidores se encontraron con un precio de 19.61 pesos para el combustible de alto octanaje.
La distribuidora localizada en la antes conocida como glorieta de Huipulco, en el sur de la capital, despachó ayer la Magna en 17.85 pesos por litro, mientras en el municipio mexiquense de Ecatepec, sobre la carretera Texcoco-Lechería, el costo fue de 17.89 pesos. Una estación de servicio frente a la colonia San Juan Ixhuatepec –que vivió las explosiones de las plantas de almacenamiento de combustibles en 1984– ofertó el combustible de bajo octanaje en 17.98 pesos.
Con estos costos, la gasolina Magna en la Ciudad de México subió entre 10 y 13.3 por ciento en 13 meses, prácticamente el doble que la inflación anualizada de 5.5 por ciento correspondiente a enero pasado. En el primer mes de 2017, cuando el gobierno mexicano incrementó los precios de los combustibles, la Magna tuvo un precio promedio de 15.99 pesos por litro en el país.
Un análisis del sector privado previó que continuará al alza los combustibles en 2018. “Si bien no se anticipa un gasolinazo, es probable que durante el año los precios de las gasolinas y el gas se sigan ajustando hacia arriba, respondiendo al efecto del aumento de la cotización internacional del petróleo y de la volatilidad del mercado cambiario, lo que puede implicar un efecto negativo en los costos de las empresas que finalmente tendrían que trasladarlo a los consumidores”, advirtió un estudio del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp).
Cambios en imagen
Las gasolineras con alguna marca internacional o mexicana no son nuevas, es decir, no fueron construidas tras la reforma energética. Durante el recorrido de este diario para registrar los precios, las estaciones de bulevar Puerto Aéreo y avenida Cuauhtémoc tienen una antigüedad de al menos una década y el único cambio en ellas fue la imagen.
Los concesionarios cambiaron el logotipo de Pemex y los colores verde, blanco y rojo, por las marcas BP e Hidrosina, con sus respectivos colores blanco, amarillo y verde.
Otra constante que pudo observar este diario es que, en general, los precios de las gasolinas no están a la vista del consumidor. En otros giros comerciales, como hoteles, bares o restaurantes, la Procuraduría Federal del Consumidor sanciona estos negocios porque carecen de costos a la vista.
 
 
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Con Aberraciones y Faltas de Ortografía PEÑA NIETO HA HECHO 147 REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN

*Muchas fueron dictadas desde el OCDE, FMI Banco Mundial, que se convitieron en un extra gobierno.
*En la Constitución de la Ciudad de México se aprobó que un extranjero gobierne.

Participación del Licenciado José Cardoza,
Maestro de Formación Cívica de la Escuela Normal Superior de México (ENSM),
Abogado Especializado en Materia Laboral,
Colaboración Voluntaria en el Programa del 04 de Febrero del 2017,
" En relación al aniversario de la constitución, quisiera hacer el siguiente comentario: Tenemos una serie de cambios que han afectado a la constitución que aparentemente son sin ton ni son, pero que están enfocados a alterar la constitución de 1917.
El actual presidente ha reformado 154 veces la constitución, Felipe Calderón 110, Fox 31.
Eso ha convertido a la carta magna en donde se concedió tierra ejidal y comunal a los campesinos, a salario mínimo para los trabajadores, el derecho del pueblo a tener educación, jornada máxima, seguridad social, eso marcó a la constitución mexicana, los neoliberales lo han convertido en algo nulo para despojar los derechos de los trabajadores.
Una reforma que alaban es la relativa los derechos humanos pero ocultan, detrás de una redacción tramposa, que antes estaban garantizados para los individuos, para los ciudadanos, ahora es para las personas, que no solamente son individuos sino las empresas nacionales y extranjeras, porque tienen personalidads moral, como las grandes transnacionales. Es decir dentro de esa trampa nos clavan a las empresas extranjeras.
Es lo que denominamos la homologación de derechos nacionales con los referentes internacionales lo cual imponen organismos internacionales OCDE, FMI Banco Mundial, que se convierten en un extra gobierno e imponen las reformas como la educativa, es lo que se llama neoliberalismo. La reforma educativa, es el dictado de las leyes por las transnacionales. Nos avientan campañitas para desviar la discusión de fondo.
Nos dicen que debemos elegir diputados y senadores con educación superior ahora eso exige y curiosamente encontramos errores ortográficos, las han cometido personas con doctorados en Harvard con mala ortografía. Hablan que los diputados de 1917 eran muchos de ellos rancheros pero tenían buen sentimiento, buenas ideas.
Un ejemplo es la constitución de la Ciudad de México. Modificaron y quitaron la obligación de que fuera mexicano por nacimiento el jefe de gobierno y ahora puede serlo alguien con 6 años de residencia, puede ser extranjero, de acuerdo al artículo 32 apartado B inciso B.
Además es una mala forma de redactar. En la nomenclatura tabién están mal, choca con los usos y costumbres de los abogados en este ridículo apartado B, para las personas que quieran ser gobernador de la ciudad, ponen la alternativa en el inciso B.
Desgraciadamente la respuesta del pueblo no ha estado a nivel, les faltó la consulta al pueblo de México. Hay quien quieren que todos los candidatos se comprometan con los empresarios. Hoy necesitamos que el pueblo se interese más, queremos referirnos a los doctores pero entre los maestros de colonias hay gente capacitada. Deben hacer consultas reales a los trabajadores, a las organizaciones indígenas, estudiantiles y la constitución lo merece.
¿Porque debe de estar a disposición de grupos políticos vinculados a las instituciones transnacionales que nos están quitando el derecho nacional e imponiendo el derecho internacional?
Afortunadamente no han podido modificar el artículo 136 que nos concede el derecho a la revolución que nos dice que cuando los actuales funcionarios actúen mal, el pueblo de México tiene el derecho de sancionarlos de castigarlos, eso fue lo que garantizó, se levantará en armas e impusiera un nuevo pacto social.
Han cambiado muchas cosas, no digo que nos levantemos en armas, pero me espanta el hambre de los millonarios pero también me espanta que La ley General de Educación, es un ejemplo, de cómo no se debe redactar. En el artículo 5 transitorio 3 veces repiten la palabra nivel o maestro, cuando se podría reemplazar con sinónimos. 

El Artículo 123 Constitucional... HA SIDO MODIFICADO 27 VECES

El artículo 123 constitucional, que establece desde el 5 de febrero de 1917 los derechos que rigen a los mexicanos en materia laboral y que fue resultado de luchas de los trabajadores y de grandes organizadores sociales como los hermanos Magón, ha sido modificado en 27 ocasiones, siéndola la ultima el 24 de febrero de 2017.
Lo anterior es parte de las 706 reformas que en los últimos 101 años le han hecho a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, de las cuales 486 modificaciones han sido aprobadas en los últimos 6 sexenios (De Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña), siendo el actual presidente quien más cambios a presentado (147).
Nuestra Constitución que en su inicio contiene 136 artículos y 16 transitorios, se firmó el 5 de febrero de 1917 y entro en vigor el 1° de mayo del mismo año, y que fue sancionada por 209 diputados.
No siempre estas modificaciones han servido para mejorar nuestro sistema de vida, de educación de salud, de tener una democracia real, al contrario más de las veces estas modificaciones solo las realizan para beneficiar a los grandes capitales, entregando nuestros recursos tal es el caso del petróleo, la minería, entre otros.
El pasado 5 de febrero del presente año se cumplió 101 años que fue promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerada como la norma fundamental del pueblo Mexicano, se estableció para que jurídicamente se fijaran los deberes y derechos de los ciudadanos y de quienes realizaran funciones y/o actividades políticas-laborales en los llamados poderes de la Federación (Legislativo, Judicial y Ejecutivo).
Fue la primera Constitución que incluyó derechos sociales, era respetada y admirada en el mundo por lo avanzado de sus contenidos y que fijaba las normas para proyectar una nación con plenas garantías a la población en educación, salud y trabajo, entre otras, y fijaba las reglas de comportamiento de quien desarrollara actividades de servicio público.
En esta ocasión trataremos de poner a su conocimiento el texto íntegro del articulo 123 promulgado en 1917 y cuando se proclamó contaba con 30 fracciones, de 1917 a la fecha.
 
En las semanas siguientes iremos narrando cada una de las modificaciones a este importante artículo que los trabajadores tenemos la obligación de defender y mejorar.
TITULO SEXTO. DEL TRABAJO Y DE LA PREVISION SOCIAL. Art. 123 . —
El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados deberán expedir leyes sobre el trabajo, fundadas en las necesidades de cada región, sin contravenir a las bases siguientes, las cuales regirán el trabajo de los obreros, jornaleros, empleados, domésticos y artesanos, y de una manera general todo contrato de trabajo.
I. —La duración de la jornada máxima será de ocho horas.
II. —La jornada máxima de trabajo nocturno será de siete horas. Quedan prohibidas las labores insalubres o peligrosas para las mujeres en general y para los jóvenes menores de diez y seis años. Queda también prohibido a unas y otros el trabajo nocturno industrial; y en los establecimientos comerciales no podrán trabajar después de las diez de la noche.
III. —Los jóvenes mayores de doce años y menores de diez y seis, tendrán como jornada máxima la de seis horas. El trabajo de los niños menores de doce años no podrá ser objeto de contrato.
IV. —Por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso, cuando menos.
V. —Las mujeres, durante los tres meses anteriores al parto, no desempeñarán trabajos físicos que exijan esfuerzo material considerable. En el mes siguiente al parto disfrutarán forzosamente de descanso, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por su contrato. En el período de la lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para amamantar a sus hijos.
VI. —El salario mínimo que deberá disfrutar el trabajador será el que se considere suficiente, atendiendo las condiciones de cada región, para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su educación y sus placeres honestos, considerándolo como jefe de familia. En toda empresa agrícola, comercial, fabril o minera, los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades, que será regulada como indica la fracción IX.
VII. —Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad.
VIII. —El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento.
IX. —La fijación del tipo de salario mínimo y de la participación en las utilidades a que se refiere la fracción VI, se hará por comisiones especiales que se formarán en cada Municipio, subordinadas a la Junta Central de Conciliación, que se establecerá en cada Estado.
X. —El salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo efectivo con mercancías, ni con vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda substituir la moneda.
XI. —Cuando por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de jornada, se abonará como salario por el tiempo excedente un ciento por ciento más de lo fijado para las horas normales. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas diarias, ni de tres veces consecutivas. Los hombres menores de diez y seis años y las mujeres de cualquiera edad, no serán admitidos en esta clase de trabajos.
XII. —En toda negociación agrícola, industrial, minera o de cualquiera otra clase de trabajo, los patronos estarán obligados a proporcionar a los trabajadores, habitaciones cómodas e higiénicas, por las que podrán cobrar rentas que no excederán del medio por ciento mensual del valor catastral de las fincas. Igualmente deberán establecer escuelas, enfermerías y demás servicios necesarios a la comunidad. Si las negociaciones estuvieren situadas dentro de las poblaciones, y ocuparen un número de trabajadores mayor de cien, tendrán la primera de las obligaciones mencionadas.
XIII. —Además, en estos mismos centros de trabajo, cuando su población exceda de doscientos habitantes, deberá reservarse un espacio de terreno que no será menor de cinco mil metros cuadrados, para el establecimiento de mercados públicos, instalación de edificios destinados a los servicios municipales y centros recreativos. Queda prohibido en todo centro de trabajo el establecimiento de expendios de bebidas embriagantes y de casas de juego de azar.
XIV. —Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patronos deberán pagar la indemnización correspondiente, según que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aún en el caso de que el patrono contrate el trabajo por un intermediario.
XV. —El patrono estará obligado a observar en la instalación de sus establecimientos, los preceptos legales sobre higiene y salubridad, y adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizar de tal manera éste, que resulte para la salud y la vida de los trabajadores la mayor garantía compatible con la naturaleza de la negociación, bajo las penas que al efecto establezcan las leyes.
XVI. —Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc.
XVII. —Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los patronos, las huelgas y los paros.
XVIII. —Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. En los servicios públicos será obligatorio para los trabajadores dar aviso, con diez días de anticipación, a la Junta de Conciliación y Arbitraje, de la fecha señalada para la suspensión del trabajo. Las huelgas serán consideradas como ilícitas únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ejerciere actos violentos contra las personas o las propiedades, o en caso de guerra, cuando aquéllos pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependan del Gobierno. Los obreros de los establecimientos fabriles militares del Gobierno de la República, no estarán comprendidos en las disposiciones de esta fracción, por ser asimilados al Ejército Nacional.
XIX. —Los paros serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción haga necesario suspender el trabajo para mantener los precios en un límite costeable, previa aprobación de la Junta de Conciliación y Arbitraje.
XX. —Las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo, se sujetarán a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje, formada por igual número de representantes de los obreros y de los patronos, y uno del Gobierno.
XXI. —Si el patrono se negare a someter sus diferencias al Arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado por la Junta, se dará por terminado el contrato de trabajo y quedará obligado a indemnizar al obrero con el importe de tres meses de salario, además de la responsabilidad que le resulte del conflicto. Si la negativa fuere de los trabajadores, se dará por terminado el contrato de trabajo.
XXII. —El patrono que despida a un obrero sin causa justificada, o por haber ingresado a una asociación o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga lícita, estará obligado, a elección del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. Igualmente tendrá esta obligación cuando el obrero se retire del servicio por falta de probidad de parte del patrono o por recibir de él malos tratamientos, ya sea en su persona o en la de su cónyuge, padres, hijos o hermanos. El patrono no podrá eximirse de esta responsabilidad, cuando los malos tratamientos provengan de dependientes o familiares que obren con el consentimiento o tolerancia de él.
XXIII. —Los créditos en favor de los trabajadores por salario o sueldos devengados en el último año, y por indemnizaciones, tendrán preferencia sobre cualesquiera otros en los casos de concurso o de quiebra.
XXIV. —De las deudas contraídas por los trabajadores a favor de sus patronos, de sus asociados, familiares o dependientes, sólo será responsable el mismo trabajador, y en ningún caso y por ningún motivo se podrá exigir a los miembros de su familia, ni serán exigibles dichas deudas por la cantidad excedente del sueldo del trabajador en un mes.
XXV. —El servicio para la colocación de los trabajadores, será gratuito para éstos, ya se efectúe por oficinas municipales, bolsas de trabajo o por cualquiera otra institución oficial o particular.
XXVI.—Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano y un empresario extranjero, deberá ser legalizado por la autoridad municipal competente y visado por el Cónsul de la Nación a donde el trabajador tenga que ir, en el concepto de que además de las cláusulas ordinarias, se especificará claramente que los gastos de repatriación quedan a cargo del empresario contratante.
XXVII. —Serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes, aunque se expresen en el contrato: (a). Las que estipulen una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva, dada la índole del trabajo.
(b). Las que fijen un salario que no sea remunerador a juicio de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
(C). Las que estipulen un plazo mayor de una semana para la percepción del jornal.
 
(d). Las que señalen un lugar de recreo, fonda, café, taberna, cantina o tienda para efectuar el pago del salario, cuando no se trate de empleados en esos establecimientos.
(e). Las que entrañen obligación directa o indirecta de adquirir los artículos de consumo en tiendas o lugares determinados. (f). Las que permitan retener el salario en concepto de multa.
(g). Las que constituyan renuncia hecha por el obrero de las indemnizaciones a que tenga derecho por accidente del trabajo, y enfermedades profesionales, perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato o despedírsele de la obra.
(h). Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de protección y auxilio a los trabajadores.
XXVIII. —Las leyes determinarán los bienes que constituyan el patrimonio de la familia, bienes que serán inalienables, no podrán sujetarse a gravámenes reales ni embargos, y serán transmisibles a título de herencia con simplificación de las formalidades de los juicios sucesorios.
XXIX. —Se consideran de utilidad social: el establecimiento de Cajas de Seguros Populares, de invalidez, de vida, de cesación involuntaria de trabajo, de accidentes y otros con fines análogos, por lo cual, tanto el Gobierno Federal como el de cada Estado, deberán fomentar la organización de Instituciones de esta índole, para infundir e inculcar la previsión popular.
XXX. —Asimismo serán consideradas de utilidad social, las sociedades cooperativas para la construcción de casas baratas e higiénicas, destinadas a ser adquiridas en propiedad, por los trabajadores en plazos determinados. 


Otra muestra del entreguismo de Peña y Videgaray

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La presencia de agentes extranjeros armados es una clara violación a la soberanía nacional y, a pesar de los reiterados intentos del gobierno estadunidense por lograrla, hasta el momento su aportación ha sido oficialmente de inteligencia y asistencia, pero nunca se ha reconocido su participación en operativos de campo.
Uno de los momentos en que más se habló de ello fue tras la recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán, el 21 de febrero de 2014, cuando este semanario, en su edición 1947, reportó: “El funcionario de la DEA que habló con este semanario sostiene que ‘fue una operación conjunta… Agentes de la DEA estuvieron presentes en el operativo al momento de su captura’”.

Unos meses después, el viernes 21 de septiembre de ese año, el diario estadunidense The Wall Street Journal publicó que agentes del Departamento de Justicia de su país encubiertos (disfrazados como marinos mexicanos) participan armados en misiones conjuntas unas cuatro veces al año, en operativos antinarcóticos, y que una de ellas fue la que condujo a la captura del capo en Mazatlán, Sinaloa. De inmediato la Marina lo desmintió y señaló que entre sus normativas se prevé la instrucción en campo por parte de integrantes del Servicio Marshall, pero que no existe participación de éstos en tareas que competen a autoridades mexicanas.
El tema siempre ha sido controvertido. México nunca ha aceptado plasmarlo en los acuerdos con el vecino país del norte y oficialmente siempre ha negado su participación en operativos, por ello llama la atención que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, explicara a los senadores que “la propuesta [de subir alguaciles estadunidenses armados a vuelos transfronterizos]se ha hecho varias veces y la analizamos con seriedad. Estamos analizando desde su viabilidad jurídica, hasta su posible o no conveniencia en materia de seguridad”.
Antes de la llegada de Videgaray a la SRE, los negociadores mexicanos rechazaban de inmediato la propuesta por una cuestión de principios y esa postura siempre molestó a las autoridades de Estados Unidos. Sin embargo, era de los temas que México ni siquiera aceptaba discutir.
Los alguaciles del aire federales (Federal Air Marshalls o FAMs) surgieron en 1961, durante el gobierno de John F. Kennedy, para intentar proteger a las aeronaves de su país de los secuestros, en aquel entonces fundamentalmente políticos.
Antes del 11 de septiembre de 2001, el programa lo integraban apenas unos 50 agentes; la lucha antiterrorista detonada a partir de los aviones que se estrellaron contra las Torres Gemelas, en Nueva York, lo relanzó y en los últimos años llegó aproximadamente a 4 mil agentes y un presupuesto que ronda los mil millones de dólares.
A pesar de ello el programa no está bien evaluado en Estados Unidos. Como señalaba The New York Times en octubre de 2015, se le considera “algo más que un placebo muy costoso”, dado que medidas como los candados en las cabinas de los pilotos y las revisiones de seguridad en los aeropuertos han hecho mucho más que este programa. En la misma publicación se indicó que John J. Duncan Jr, el representante republicano por Tennessee, consideraba al servicio de alguaciles del aire “el más innecesario, inútil, dispendioso programa” del gobierno estadunidense.
La televisora CNN divulgó el 22 de abril de 2017 que sus periodistas “no han podido encontrar un solo incidente en el que un alguacil federal del aire haya impedido o intervenido para evitar una trama terrorista”. En la misma nota reveló que el 6 de abril de ese año, en el vuelo 221 de Delta, que partió de Manchester, Inglaterra, rumbo al aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York, un alguacil olvidó su pistola cargada en el baño de la aeronave, afortunadamente sin consecuencias fatales, pues un pasajero la entregó a la tripulación.
Con estos antecedentes, es más que evidente que la solicitud estadunidense es un simple medio para doblar a las autoridades mexicanas y abrir la puerta para la presencia oficial y reconocida de agentes de seguridad armados en operativos en territorio nacional. Los alguaciles federales del aire son la vía para romper finalmente la resistencia contra su abierta actuación en México.
Y la posición mexicana de analizarla con seriedad y abrirse a dicha posibilidad es otra muestra más de la debilidad y el entreguismo de este gobierno frente a Donald Trump. Peña y Videgaray mantienen exactamente la misma postura que mostraron el 31 de agosto de 2016, cuando todavía como candidato republicano a la presidencia de su país lo invitaron a visitar México. Trump, por su parte, también mantiene el mismo trato.
Es evidente que los reiterados intentos de los mexicanos por suavizar la posición del presidente estadunidense han fracasado una y otra vez, pero, sin medir las posibles consecuencias de sus concesiones, Peña y Videgaray están nuevamente dispuestos a ceder a sus solicitudes. Permitir el ingreso de agentes extranjeros al país, aunque sea únicamente en los vuelos comerciales entre México y Estados Unidos, es un precedente que le permitirá al gobierno de Trump insistir en que esto se amplíe a los agentes de la agencia antidrogas DEA y, posteriormente, hasta las fuerzas armadas de su país, como ya expresó Trump en aquella llamada telefónica que sostuvo con Peña Nieto en enero del año pasado, tras la cancelación de la visita del mexicano a Washington.
Lo criticable de la posición de México no es, como Videgaray piensa, el “negociar el Tratado de Libre Comercio a cambio de los Air Marshalls”, sino que estén analizando con seriedad la posibilidad de responder afirmativamente a esa solicitud. Abrir esa puerta implica que por la misma, más temprano que tarde, entren también los marines.
Este análisis se publicó el 4 de febrero de 2018 en la edición 2153 de la revista Proceso.

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Pidió a Más de 4 Billones de Pesos ¿en Qué los Usó? PEÑA NIETO AUMENTÓ EN 40% LA DEUDA PÚBLICA

*En 2017 Destinó Casi un Billón de Pesos Pago de Intereses.
*Por eso no hay recursos para obras, servicios ni pago de salarios a empleados públicos.

En lo que va de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, el endeudamiento público interno y externo aumentó en 40 por ciento, al pedir préstamos por 4 billones 039 mil millones de pesos más, con lo cual la deuda pública se disparó a más de 9 billones de pesos. Tan sólo para 2018 solicitará deuda por 570 mil millones de pesos, de acuerdo a las respuestas que dió a los legisladores sobre el Quinto Informe de Gobierno, que se publicó en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República el 01 de febrero este año.
El monto de los intereses que pagó el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto por la deuda pública interna y externa en 2017 sumó más de 882 mil millones de pesos en total, de acuerdo al reporte sobre el "Costo de la Deuda Externa del Sector Público Federal", correspondiente a enero-diciembre de ese año, que se incluye en el Informe Sobre las Finanzas Públicas, de la Secretaría De Hacienda y Crédito Público.
Esa cantidad superó el presupuesto de gastos de las siguientes dependencias públicas prioritarias para el desarrollo del país, todas juntas: secretaría de Salud, de Educación, de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural y Alimentación, de Desarrollo Social, de la Defensa Nacional, de Gobernación, de otras 12 secretarías de Estado, sumado al presupuesto de todos los organismos autónomos como el poder legislativo y judicial, el Instuto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de acuerdo a datos tomados del Informe sobre las Finanzas Públicas de la Secretaría de Hacienda, del cuarto trimestre del 2017.
Esto explica en parte el problema de que no haya presupuesto para servicios y obras públicas ni para el pago de los empleados de los poderes del Estado, situación que está generando conflictividad social en Oaxaca y Chiapas y ya hizo crisis en el Estado de Michoacán, desde el 22 de febrero del 2018, cuando los maestros de educación básica, salieron a tomar las vías del tren para exigir la entrega de salarios y bonos devengados que les adeuda el gobierno que encabeza Silvano Aureoles Conejo.
En lugar de ofrecer una solución negociada el gobernador de la entidad reprimió las protestas y tomas de las vías del tren privado, con policías estatales y federales. Antes que pagarles encarceló a 68 mentores - los cuales ya fueron puestos en libertad condicional-y hubo un número indeterminado de heridos, tres de ellos de gravedad. A esas protestas se sumaron los profesores y trabajadores de educación media y superior y los empleados de los poderes del Estado, quienes realizaron una marcha en demanda del pago de salarios el 31 de enero del 2018. (leer Noticia Relacionada: EL GOBIERNO MICHOACANO ESCLAVIZA A TRABAJADORES http://www.frecuencialaboral.com/maestrosMICHrevueltaporsalarios2018.html).
Solamente el pago de intereses del endeudamiento público interno llegó a la cantidad de 337 mil 285 millones de pesos durante 2017, en tanto que los réditos que liquidó el gobierno de Enrique Peña Nieto por la deuda pública externa llegaron a 24 millones 223 mil dólares (aproximadamente 485 mil millones de pesos).
La siguiente tabla publicada en el documento que envío presidencia de la República, con las respuestas a los legisladores sobre el 5o. Informe de Gobierno, detalla el monto de créditos solicitados por el priísta Peña Nieto, desde que asumió el cargo como primer mandatario.
 
 
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Gob. fed
603
800
751
683
629
570
pemex
 
 
218
266
165
142
cfe
 
 
19.1
13.5
10.5
9.3
             
Otra explicación de que no haya dinero es la corrupción y el desvío de recursos públicos y, una razón más es que los recursos que generaba Petróleos Mexicanos con la explotación de yacimientos de gas y crudo y que servían para obras y servicios públicos, ahora están siendo usufructuados por las empresas transnacionales y nacionales, asociadas con altos funcionarios y ex funcionarios, con lo cual están afectando a la nación (Leer Noticia Relacionada: MÉXICO NADA HA GANADO CON LA PRIVATIZACIÓN DE PEMEX link: http://www.frecuencialaboral.com/PEMEXnadaganaconlaprivatizacion2017.html)

Ley de seguridad, lesiva para mujeres y defensoras de derechos humanos


Emir Olivares Alonso
 
Periódico La Jornada
Lunes 12 de febrero de 2018, p. 15
La puesta en marcha de la Ley de Seguridad Interior (LSI) coloca en riesgo los derechos de las mujeres, particularmente de las defensoras de garantías fundamentales. El Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) solicitó un amparo en los juzgados de distrito de Ciudad de México por considerarla contraria a las obligaciones del Estado de proteger los derechos humanos.
El objetivo es impugnar y evitar judicialmente el decreto de una ley que podría traer graves consecuencias a la vida y seguridad de las mujeres y que incluso podría impedir o limitar su derecho a defender.
Para ProDESC, la nueva legislación –cuya constitucionalidad será revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación– vulnera convenios internacionales que México está obligado a cumplir, como las convenciones Belem Do Para y sobre la Erradicación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
La LSI es omisa en decir cómo va a garantizar los derechos humanos, en específico de las mujeres y las defensoras, obligación señalada en ambas convenciones internacionales. Pese a ello, la norma no establece la obligación de velar por que los funcionarios, agentes e instituciones que intervengan en acciones de seguridad interior se abstengan de cualquier acción o práctica de violencia o discriminación contra las mujeres.
Agregó que la ley debería prohibir a los funcionarios que hostiguen, intimiden, amenacen, dañen o pongan en peligro la vida de una mujer y obligarlos a modificar prácticas consuetudinarias que respalden o toleren la violencia machista con motivo y/o en ejercicio de estas acciones; a incorporar la perspectiva de género en el desarrollo de esas tareas; a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia institucional contra las mujeres, y a señalar sanciones a servidores que vulneren los derechos de las mujeres.
Además, lamentó, los postulados de la LSI no incluyen normas penales, civiles y administrativas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra el sector femenino. Por el contrario, existen razones para argumentar que constituye una medida legislativa cuya aplicación pone en riesgo derechos especiales y específicos para ellas, como el respeto de su vida; integridad física, síquica y moral; a la libertad y seguridad personales; a no ser sometida a torturas, y al respeto a su dignidad humana.

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Argentina: El Estado, al servicio de la familia Macri

 
PROCESO 
 
El más reciente caso de corrupción que se le puede imputar al presidente argentino Mauricio Macri tiene que ver con las licitaciones a modo para la construcción de varios parques eólicos para la generación de energía. Se trata de seis complejos cuya construcción se le adjudicó a una empresa española, que le vendió las concesiones al holding familiar del mandatario, que a su vez las revendió con sobreprecio, con una ganancia de poco menos de 50 millones de dólares en menos de un año.
Buenos Aires (Proceso).- En apenas 11 meses, mediante una maniobra de compra y venta de concesiones de parques eólicos, tres empresas de la familia del presidente argentino Mauricio Macri se embolsaron al menos 48 millones de dólares.

Tales empresas –sociedades anónimas con domicilio en las oficinas de un contador público vinculado al Grupo Macri– fueron creadas ex profeso en diciembre de 2015, después de que el mandatario argentino asumiera el cargo.
Sin pasar por licitación pública alguna, en octubre de 2016 el holding familiar adquirió los contratos para la construcción y explotación de cuatro parques eólicos, que habían sido adjudicados en 2009 a la multinacional española Isolux Corsán y que corrían el riesgo de ser revocados debido al incumplimiento de esa empresa.
Lejos de ser penalizada, en noviembre de 2016 la multinacional española se benefició con la adjudicación de otros dos parques eólicos. Dos meses más tarde, esos contratos también fueron transferidos a una sociedad anónima del holding de la familia Macri.
En mayo de 2017 –en un ambiente de escándalos por otros casos de conflictos de interés vinculados con el presidente– las empresas del Grupo Macri revendieron los seis proyectos eólicos, y se llevaron la ganancia de 48 millones de dólares.
El proceso de licitación y la posterior compraventa de los parques eólicos no se conocieron gracias a la acción de un juez o de algún órgano de control interno del Estado. La investigación periodística del caso fue publicada por Emilia Delfino en el Diario Perfil el pasado 7 de enero.
Cuatro días más tarde, dos diputados opositores presentaron ante la justicia federal una denuncia en la que se consigna que “funcionarios del gobierno nacional favorecieron de manera ilegal a distintas sociedades vinculadas al grupo económico de la familia del presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri, en negocios vinculados a concesiones de parques eólicos por los que obtuvieron ganancias por casi 50 millones de dólares en pocos meses”.
En declaraciones a Radio 10, el pasado 11 de enero, el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade, uno de los impulsores de la denuncia, dijo: “Se trata de tráfico de influencias, es decir que desde adentro del Estado se garantizó el negocio. Además, están los delitos por negociaciones incompatibles con la función pública, beneficio patrimonial indebido y el uso indebido de información privilegiada”.
Transferencias
A partir de 2008 Argentina importa energía. Los enormes yacimientos de petróleo y gas en la Patagonia no han atraído las inversiones que se esperaban. El gobierno de Macri se propuso elevar la participación total de las energías renovables de 8% en 2017 a 20% en 2025. El Ministerio de Energía es el encargado de adjudicar la construcción y explotación de parques eólicos.
Pero la normativa vigente permite a las empresas que ganan una licitación pública transferir sus contratos. Los oscuros intercambios de licitaciones y favores entre empresas, con o sin el visto bueno del Estado, son la norma en Argentina desde hace décadas.
En 2009, Isolux Corsán obtuvo la concesión de los parques eólicos Loma Blanca I, II, III y IV en la provincia de Chubut. Loma Blanca IV recibió la inversión prometida y está en funciones desde 2013. Los otros tres proyectos no mostraron ningún avance.
Inmersa en una crisis financiera, jaqueada por denuncias de corrupción y lavado de dinero en España, Isolux Corsán –que tiene un largo historial de asociaciones con el Grupo Macri– negoció la transferencia de los cuatro parques eólicos a empresas satélites de Sideco Americana, la nave insignia del holding de la familia del presidente.
El 5 de septiembre de 2016, el contador público Mariano Payaslian, quien desde hace más de una década se desempeña como síndico de varias de las empresas pertenecientes al Grupo Macri, constituyó las sociedades anónimas Sideli y Sidsel.
El 19 de octubre de 2016, Isolux Corsán transfirió a Sideli y Sidsel los desarrollos eólicos de Loma Blanca I, II, III y IV por un total de 25 millones de dólares. La transacción fue aprobada por el gobierno mediante el Ministerio de Energía y el Banco de la Nación.
El 28 de octubre de ese año, apenas nueve días después de haberse desprendido de todos sus parques eólicos en Argentina, Isolux Corsán se presentó a una nueva licitación pública, convocada por el Ministerio de Energía como parte del Programa para el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable (Renovar).
Y el 23 de noviembre –a pesar de su notorio incumplimiento en los parques Loma Blanca I, II y III y de su también notorio proceso de desvinculación del sector eólico– el Ministerio de Energía le adjudicó los parques Miramar, en la provincia de Buenos Aires, y Loma Blanca VI, en Chubut.
La investigación periodística de Diario Perfil refiere que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, objetó esas adjudicaciones pero las convalidó.
Ya en enero de 2017 Isolux Corsán vendió los contratos de Loma Blanca VI y Miramar.
La compradora fue otra sociedad anónima del Grupo Macri, que desde marzo de 2016 –siete meses antes de que el gobierno convocara la licitación pública del parque Miramar– había sido llamada Parques Eólicos Miramar. Esto hizo que los diputados denunciantes hablaran de “uso indebido de información privilegiada”.
En mayo de 2017 las tres empresas satélite del Grupo Macri –Sideli, Sidsel y Parques Eólicos Miramar– revendieron Loma Blanca I, II y III –aún sin construir– a la compañía china Goldwind por 33 millones de dólares; y Loma Blanca IV, el único en funcionamiento, a la argentina Genneia, por 40 millones de dólares.
El saldo favorable ascendió así a 48 millones de dólares. Se supone que el negocio global es aún más lucrativo, ya que no trascendió el precio de compra y posterior venta de los otros dos emprendimientos, Loma Blanca VI y Miramar, también adquiridos por la china Goldwind en la misma operación.
Intereses
Mauricio Macri y muchos de los funcionarios de su gobierno habían ocupado cargos jerárquicos en grandes empresas. Sus decisiones actuales tienen impacto en el devenir económico de las corporaciones de las que formaban –o aún forman– parte, muchas de las cuales tienen contratos con el Estado.
“Existe un denominador común en las causas de las (aerolíneas) low cost en las que están involucradas Mac Air-Avian, la del Correo Argentino y ésta de los parques eólicos: el presidente Mauricio Macri pone al Estado al servicio de su familia para que haga negocios multimillonarios”, dijo Tailhade en la entrevista radiofónica.
La referencia alude a dos de los escándalos más grandes en los que el presidente se ha visto involucrado. En febrero de 2017 el gobierno de Macri intentó condonar la deuda millonaria que el holding familiar tiene con el Estado argentino tras su paso por la privatización del servicio postal entre 1997 y 2003.
En julio de 2017 el presidente fue nuevamente imputado por la justicia debido a la adjudicación de rutas aéreas a empresas low cost presuntamente vinculadas a su familia.
El propio Grupo Macri admite que los parques eólicos se vendieron para apaciguar los ánimos de la opinión pública frente a estos escándalos. Mantener la concesión hubiera sido más redituable.
El programa Renovar busca fomentar la generación de energía eléctrica con parques eólicos y energía solar, entre otras fuentes ecológicas. El objetivo se sustenta mediante un negocio que el Estado garantiza mediante programas de subsidio de la actividad.
“La rentabilidad asciende a 10% anual, en promedio, durante 20 años. La inversión se recupera rápido y el resto es ganancia”, refiere la citada investigación periodística, que añade: “Un solo parque como Loma Blanca IV, por ejemplo, factura alrededor de 20 millones de dólares anuales, menos gastos y pago de las deudas, según altas fuentes del mercado”.
Macri defendió públicamente las licitaciones eólicas adquiridas y luego vendidas por su holding familiar. “Con este proceso de licitaciones que hemos hecho, que se llaman Renovar, hemos adjudicado 147 proyectos para generar energía a partir de recursos renovables. 147 proyectos producto de licitaciones competitivas y transparentes”, dijo el presidente el 9 de enero. “Esto no sólo genera energía renovable, energía buena, sana, que no contamina, genera trabajo del bueno”, sostuvo.
Desde la oposición consideran, sin embargo, que las irregularidades abarcan la cesión inicial de los contratos incumplidos a empresas “subrepticias”, con la aprobación del Ministerio de Energía y el Banco de la Nación. Y que el otorgamiento de las dos últimas concesiones fue claramente puesto para facilitar su inmediata transferencia al Grupo Macri.
Los diputados que elevaron la denuncia no se hacen ilusiones frente a una justicia que, hasta el momento, ha fallado en favor del Ejecutivo en todos los casos que lo salpican.
El resquebrajamiento que más preo­cupa al gobierno se da en el frente de apoyo interno. De hecho, la alianza oficialista Cambiemos prometió acabar con la corrupción que atribuía al anterior gobierno. Incluso la dirigente opositora Margarita Stolbizer, impulsora de buena parte de las denuncias que acorralan a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ha comenzado a apuntar sus cañones contra este gobierno. Sostiene que la Oficina Anticorrupción, que depende del Poder Ejecutivo y guarda absoluto silencio, carece de independencia.
El 13 de enero, en su cuenta de Twitter, Stolbizer escribió que es una burla que la Oficina Anticorrupción investigue casos insignificantes “mientras empresas del Grupo Macri ganan 48 millones de dólares por compra y venta de parques eólicos con empresa española a la que el gobierno debió haber rescindido los contratos por incumplimiento”.­
Este reportaje se publicó el 4 de febrero de 2018 en la edición 2153 de la revista Proceso.

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