jueves, 25 de enero de 2018

Encuentro con el CIG-ANUEE


La injusta y costosa Tremenda Corte



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30 de enero se cumplen 5 años de la inverosímil sentencia con que los ministros integrantes de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocaron el amparo concedido a favor del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), por los magistrado del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Laboral, el 13 de septiembre de 2012, que ordenaba al gobierno de Felipe Calderón asumir su obligación como patrón sustituto, a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para devolver su empleo a 16 mil 599 trabajadores en resistencia.
El perverso fallo emitido el 30 de enero de 2013 quedó registrado en los anales de la jurisprudencia como una de las peores bajezas cometidas en el seno del máximo tribunal, y demostró que en nuestro país el respeto al marco constitucional y al estado de derecho no existen; siendo una irrealidad la autonomía de un Poder Judicial supeditado a los designios del Ejecutivo.
Hasta la fecha, no hay un solo jurista que, en su sano juicio, se atreva a meter las manos al fuego en la argumentación presentada por los ministros Sergio Valls, Fernando Franco, Luis María Aguilar, Margarita Luna Ramos y Alberto Pérez, para justificar tal desaseo jurídico. Debemos recordar que estos personajes tuvieron la desfachatez de asegurar que “los organismos descentralizados no forman parte del Poder Ejecutivo”, razón por la cual al extinguirse Luz y Fuerza del Centro, el expresidente Calderón no era responsable, mediante la Comisión Federal, de asumirse como patrón sustituto, según el torcido criterio de los integrantes de la Segunda Sala.
Refresquemos la memoria a la opinión pública del atropello cometido entonces por quienes juramentaron hacer cumplir la Constitución, pues entre otras tantas aberraciones aseguraron que no existía una subordinación entre las paraestatales y el presidente, y aún cuando la propia Constitución en su Artículo 90 marca las funciones del Ejecutivo, los integrantes de la Tremenda Corte establecieron que esto “no implica que las entidades paraestatales formen parte del Poder Ejecutivo Federal, toda vez que dichas entidades no tienen por objeto el despacho de los negocios del orden administrativo relacionado con las atribuciones del Ejecutivo federal”.
Por mera curiosidad cabe preguntar a los responsables de este latrocinio jurídico quién designa a los directores de Petróleos Mexicanos y de la CFE. ¿No es acaso el presidente de la República? ¿Desde cuándo los titulares de las paraestatales –hoy empresas productivas del Estado– se nombran y mandan solos?
La lista de atropellos cometidos por los integrantes de la Corte a los intereses del pueblo de México y de la clase trabajadora son numerosos y gran parte de los problemas económicos que actualmente aquejan a millones de mexicanos recaen en la complicidad de los ministros a favor de una política neoliberal que ha favorecido al gran capital nacional y extranjero, olvidando el sentido estricto de la aplicación de la justicia a favor de las mayorías.
Los efectos devastadores de las reformas laboral y energética pudieron evitarse, o al menos aminorarse, si los miembros de la Suprema Corte hubieran valorado los 3 millones de amparos que se presentaron para frenar a la primera y los 5 millones de firmas para someter a una consulta nacional a la segunda.
No está de más recordar que los altos magistrados no pueden ser los garantes de la puntual aplicación de las leyes que emanan de nuestra Constitución porque sus cargos son propuestos y apoyados desde los mecanismos del poder público. Mientras sea el presidente de la República quien designe a los aspirantes a la Corte para ser ratificados –en mero trámite– por el Senado, la autonomía de este órgano de justicia existirá sólo en la teoría.
Los 11 ministros han terminado coptados por toda una serie de privilegios que los hace estar en deuda con la clase política que los ha colocado en su exclusiva zona de confort, desde la cual se autoasignan lo que les viene en gana para su beneficio personal. Por ejemplo, a pesar de que la reforma constitucional de 2009 estableció que ningún servidor público debe ganar más que el presidente de la República, los encargados de hacer cumplir la ley han hecho caso omiso de la misma y cobran sueldos mensuales promedio de 350 mil pesos.
En diciembre pasado, por concepto de aguinaldos, prima vacacional de fin de año y bono de riesgo cada ministro se llevó alrededor de 1 millón de pesos para redondear sus ingresos anuales en 6 millones 700 mil pesos, en promedio. Ni en 100 años un obrero de salario mínimo podría ganar tal cantidad. Eso sí, como una más de sus canonjías, los miembros de la Corte se aseguran de ribete un retiro digno: su pensión mensual asciende a 258 mil pesos al mes.
El pueblo de México está pagando caro por tener un alto tribunal que no defiende sus intereses. Citemos otra de las tantas anomalías cometidas contra los ciudadanos y, en particular, a los usuarios de la energía eléctrica a quienes los ministros les negaron el derecho a ampararse por los altos y arbitrarios cobros de la CFE, al ponerles como condición “primero pagar” para tramitar un amparo.
Pero no conformes con no aplicar la ley en la defensa de los que menos tienen, algunos exmiembros de la Corte que en su momento fueron tapaderas y cómplices de las pillerías cometidas por el expresidente Felipe Calderón ahora son “candidateados” para formar parte de probables gabinetes en caso de que partidos como Movimiento de Regeneración Nacional ganen la elección presidencial.
Tal es el caso de la exministra Olga Sánchez Cordero, aspirante a secretaria de Gobernación; misma que al igual que sus excompañeros ignoró los reclamos de la ciudadanía y se negó a hacer justicia a los trabajadores.
En este año electoral en que muchos personajes como Sánchez Cordero ya se frotan las manos buscando recuperar y acrecentar sus canonjías, es necesario hacer un recuento de su paso por el máximo tribunal del país, para demostrar que no le asiste calidad moral alguna para pedir el voto de aquellos a quienes afectaron con sus manipuladas y tendenciosas decisiones.
De cara a los comicios, los electores deben preguntarse si vale la pena otorgar su sufragio por esos senadores y sus partidos que siguen avalando que 11 selectos y exquisitos ministros vivan como reyes contribuyendo con sus fallos a acrecentar la pobreza y desigualdad del país.
Martín Esparza Flores*
*Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas
[OPINIÓN]

Lo que queremos no es el poder, sino que la gente se gobierne, asegura Marichuy

Foto
La precandidata María de Jesús Patricio saluda a Pablo González Casanova, durante el Encuentro Nacional Anticapitalista del CNI-CIG con las Trabajadoras y Trabajadores del Campo y la CiudadFoto Víctor Camacho
Blanche Petrich
 
Periódico La Jornada
Jueves 25 de enero de 2018, p. 10
Desde la mirada del veterano luchador e intelectual Pablo González Casanova, lo sucedido ayer en la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas, donde delegados del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) y de decenas de sindicatos y cooperativas independientes empezaron a explorar nuevas formas de aliarse para romper las fronteras artificiales creadas entre los trabajadores del campo y de las ciudades, puede cuajar en un verdadero proyecto de organización del poder y del trabajo que defienda en democracia al ser humano y a la democracia.
Así lo expresó al conocer los resolutivos de una jornada de trabajo que culminó con la presencia de la precandidata indígena María de Jesús Patricio, Marichuy, en la clausura del encuentro del CIG con trabajadores del campo y la ciudad. El acto tuvo lugar antes del mitin que encabezó Marichuy en el Hemiciclo a Juárez, en la Alameda, bajo una atípica granizada en pleno enero.
Aunque estos hechos forman parte de la campaña de recolección de firmas para conseguir el derecho de que Marichuy, médico tradicional y activista de los derechos de los pueblos nahuas, aparezca en la boleta para la carrera presidencial en julio, el debate rebasó la agenda electoral inmediata. Este proceso va más allá de 2018, fue uno de los consensos que se alcanzaron en las mesas de trabajo que sesionaron durante el encuentro.
A su vez, María de Jesús Patricio, denominada vocera del CIG, precisó los alcances de la campaña que realiza para alcanzar el registro como candidata presidencial por parte del INE. Lo que nosotros queremos no es gobernar sino que la gente se gobierne.
Vital, próximo a cumplir los 96 años, el más notable de los rectores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), González Casanova ofreció en una breve intervención la perspectiva histórica del momento. Recordó que el movimiento iniciado el siglo pasado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) tuvo un alcance mundial y subrayó que ese impacto sigue repercutiendo en lo que sucede ahora, con la irrupción de una candidata indígena a la Presidencia, en un proceso de elección donde tradicionalmente sólo se expresan las figuras de una clase política con la que ninguno de los que atiborraban en ese momento el recinto del SME se siente identificado.
“El paso que ustedes han dado –dijo, refiriéndose al proceso de selección del Congreso Nacional Indígena de una mujer nahua que los abandere en el proceso electoral– tiene una importancia extraordinaria. Ocurre justo en el momento cuando el pueblo tiene clara conciencia de la gran crisis que atraviesa el capitalismo; una crisis política, social, económica, moral. Es un momento en el que el pueblo de México está pensando cómo sustituir en forma pacífica este sistema por otro donde sí estén presentes, en todas sus formas, el pueblo trabajador y los pueblos indígenas”.
Sentada a su izquierda, atenta a sus palabras, Marichuy bajó la cabeza cuando el ex rector reconoció: Nuestra candidata es la mejor preparada para llevar a cabo este proceso.
Sin aludir la enorme brecha que separa la cantidad de firmas reunidas con las que requiere el INE, 17 por ciento cuando queda un mes para alcanzar el objetivo, Marichuy también se refirió al proceso de transformación que va más allá de la cita con las urnas: Porque donde estemos, seguiremos resistiendo, haremos marchas, huelgas, denuncias, juicios. Porque sabemos que las cosas del capitalismo están saliendo mal. Lo sabemos cuando no nos pagan, cuando nos despiden, nos reprimen, nos encarcelan. Por eso decimos que ya llegó la hora.
Mientras en el SME se hablaba de amarrar las alianzas de trabajadores urbanos y rurales, indígenas y no indígenas, en la Alameda se vivía una fiesta, con 15 carpas de los llamados auxiliares, voluntarios dedicados a la recopilación de firmas por la candidatura de Marichuy. Pero cuando llegó la caravana del CIG, la granizada que se abatió sobre la ciudad casi revienta el acto. El maestro de ceremonias Mardonio Carballo –periodista nahua de Veracruz– se encargó se mantener en alto los ánimos: ¡Lo vamos a lograrrrrr!, rugía.
Hasta que llegó la vocera, acompañada por tres concejalas, indígenas vendedoras de artesanías radicadas en Ciudad de México. Una de ellas es Magda García, mazahua, ex presa política. Su figura circuló mucho en los medios cuando, durante la represión de Atenco en 2006, la Policía Federal la detuvo, la arrojó como un bulto en una pick up y la emprendió a patadas contra la mujer caída. También la acompañaron Osbelia Quiroz, de Tepoztlán, y Rocío Moreno, de Mezcala.
¿Cómo romper con el capitalismo?
En las mesas de trabajo que sesionaron durante la mañana se debatió en torno a la pregunta que sugirió Israel Gutiérrez, delegado del CIG, formación derivada del Congreso Nacional Indígena. ¿Cómo romper lo que nos sigue atando al capitalismo, tan contrario a la vida humana y a la naturaleza? Otra de sus propuestas, emanadas de las mesas de reflexión que acompañan la campaña de Marichuy, es el cambio de paradigma en las luchas sociales y populares: Hay que sustituir el concepto de desarrollo por el de vida digna.

Organización va más allá del 2018, coinciden SME y 'Marichuy'

Julio Ramírez / SDPnoticias.com
mié 24 ene 2018 20:00
María de Jesús Patricio en la sede del SME
María de Jesús Patricio en la sede del SME
Foto propiedad de: @CNI_Mexico
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María de Jesús Patricio señaló que las poblaciones originarias, cuando se organizan, luchan por sus derechos como trabajadores.
México.- Los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) dieron la bienvenida a la candidata indígena María de Jesús Patricio 'Marichuy'.
La aspirante agradeció a los trabajadores “ese esfuerzo de querernos encontrar” y por tomar en cuenta a los pueblos que viven en los desiertos y en las barrancas.
Subrayó que las poblaciones originarias, cuando se organizan, pueden luchar por sus derechos y “donde estemos hacemos también movimientos, huelgas, juicios y lo que se necesite para que nuestros derechos como trabajadores sean respetados”, pero ahora cuentan con el Consejo Nacional Indígena.
La aspirante a una candidatura independiente hizo un llamado a hacer nuevas formas para la organización del trabajo, donde el salario sea justo y la producción no sea a base del despojo.
Martín Esparza, líder del SME, junto con otros liderazgos sindicales, estuvo presente en el Encuentro Nacional Anticapitalista en la que participó el Consejo Indígena de Gobierno (CIG).
En el encuentro, los trabajadores coincidieron en que es necesario organizarse para tener autonomía en torno a las medidas anticapitalistas, ya que el proceso organizativo va más allá de 2018.

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Europarlamentarios piden garantizar la seguridad de la comitiva de la precandidata

Armando G. Tejeda
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 25 de enero de 2018, p. 10
Madrid.
Un grupo de europarlamentarios expresaron su preocupación formal sobre la situación de inseguridad y amenazas que a su entender persiste en la comitiva electoral de la caravana de la precandidata indígena a la Presidencia de México, María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, después de haber sido atacada el pasado lunes. En una carta dirigida a la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea, Federica Mogherini, se insta a las instituciones europeas a manifestar su preocupación ante las autoridades mexicanas.
El texto de la carta, a la que ha tenido acceso La Jornada, advierte sobre la necesidad de garantizar la seguridad para la caravana de la candidata indígena a la Presidencia de México y a los periodistas que le dan cobertura, una vez que un grupo de hombres armados asaltaron el pasado 22 de enero la caravana del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), donde viajaba Marichuy.
La misiva, firmada por las europarlamentarias de la formación política española Podemos, Estefanía Torres y Tania González, advierte que el suceso pone en peligro las condiciones de seguridad y libertad en las que se debería estar desarrollando las actividades para recolectar firmas de la candidatura de la primera mujer indígena que aspira a la Presidencia de México. Y que ante esta agresión, consideramos necesario que la Unión Europea exija al gobierno mexicano garantías de seguridad para la caravana del CIG, su candidata y los periodistas que le dan cobertura.
Además reclamaron a la UE que vele ante las posibles nuevas agresiones que puedan sufrir las comunidades y pueblos del Congreso Nacional Indígena, hostigadas por el clima de miedo y terror que inunda casi todos los rincones del país, al recordar la necesidad de defender la libertad de expresión y de prensa en todo el mundo. En este sentido expresaron su apoyo y solidaridad con los tres periodistas atacados en la caravana.

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Comuneros de Caltzontzin y miembros de la CNTE apedrean a policías para defender bloqueo

 
PROCESO
 
URUAPAN, Mich. (apro).- Los primeros minutos de este día, indígenas de la comunidad de Caltzontzin y miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) instalaron retenes para bloquear la entrada y salida de la autopista Siglo XXI.
Tras la colocación de trincheras, al menos unos 300 elementos de distintos cuerpos de seguridad fueron confrontados, a pedradas, por presuntos profesores y habitantes de la comunidad de Caltzontzin.

Los uniformados prácticamente salieron huyendo al verse superados en número por comuneros y maestros que participaban en las manifestaciones.
En el operativo, que comenzó a las 9:55 horas, los elementos de seguridad se colocaron a unos 500 metros de donde se registró el bloqueo.
Mientras, los manifestantes se apoderaron de una camioneta del Centro Penitenciario Eduardo Ruiz, del municipio de Uruapan, misma que trasladaba a un interno a revisión médica. También rompieron los parabrisas de varias unidades policiales.
El subsecretario de Seguridad Pública, Carlos Gómez Arrieta informó que son fueron detenidas tres personas: Milton Isidro Medrano Romano, Iván Sánchez Arteaga y Raúl Romero Enríquez, quienes detenidos serán trasladados a la PGR en Morelia.
Por la agresión, una mujer quedo lesionada.

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Exxon Mobil abrirá ocho gasolinerías en Querétaro


De la Redacción
 
Periódico La Jornada
Jueves 25 de enero de 2018, p. 24
Santiago de Querétaro, Qro.
Exxon Mobil anunció su alianza con Grupo Orsan para abrir ocho estaciones de servicio marca Mobil en Querétaro, como parte de la entrada de la compañía en el mercado de combustibles de México. En conjunto, planea abrir 50 establecimientos en la región del Bajío para finales del primer trimestre de 2018.
Exxon Mobil es la primera compañía en aprovechar el nuevo modelo energético mexicano y en brindar una oferta integral de productos a lo largo de toda la cadena de suministro de combustibles. Las nuevas estaciones de servicio serán operadas por Grupo Orsan y abastecidas desde sus refinerías en Texas.
Los combustibles serán distribuidos por tren mediante dos terminales ubicadas en San Luis Potosí y San José Iturbide, informó la compañía en un comunicado.
Señaló que este plan forma parte del compromiso a largo plazo que tiene Exxon Mobil de invertir 300 millones de dólares en logística, inventario y comercialización en México durante los próximos 10 años.
Destacó también que Exxon Mobil ha mantenido su presencia en México por más de 130 años con otros negocios en el país, incluidos químicos, lubricantes de la marca Mobil, así como en exploración de petróleo y gas para los cuales la compañía anticipa un crecimiento continuo.

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Padres de los 43 de Ayotzinapa acusan la “indolencia” de Navarrete Prida por negarles audiencia

 
PROCESO 
 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Padres y madres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014 condenaron la “indolencia” del secretario de Gobernación (Segob), Alfonso Navarrete Prida, tras negarse a darles una audiencia, luego de una espera de cuatro horas.
En un comunicado firmado por el Comité de padres y madres de los 43 y por el Comité Estudiantil Ricardo Flores Magón de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, explicaron que el objetivo de buscar un encuentro con Navarrete Prida fue retomar “los compromisos que en relación con el caso Ayotzinapa” mantenía su antecesor, Miguel Ángel Osorio Chong.

Los manifestantes recordaron que en las últimas conversaciones con el ahora exfuncionario se agendó una reunión que no pudo llevarse a cabo porque renunció al cargo.
En vísperas de que se cumplan 40 meses de la desaparición de los estudiantes, los familiares de los desaparecidos y los normalistas anunciaron que, como parte de sus actividades de protesta, acudirían este miércoles a las instalaciones de la Segob.
De acuerdo con la narración, a las 11 de la mañana llegaron a la calle de Bucareli, sin poder acercarse al Palacio de Cobián porque se encontraron con una valla metálica que les impidió el acceso.
Pese a que funcionarios de la dependencia se comprometieron a gestionar un encuentro con el secretario y un comité de 11 padres y madres de familia de las víctimas, los servidores públicos no regresaron hasta donde se encontraban los manifestantes, por lo que después de cuatro horas de espera, decidieron retirarse de la zona.
“Condenamos la indolencia del secretario de Gobernación con las víctimas de desaparición forzada”, así como su “nulo compromiso con los derechos humanos y la justicia”, señalaron.
De acuerdo con el comunicado, los manifestantes se enteraron de que, mientras ellos esperaban una respuesta de Navarrete Prida en la calle, el funcionario sostenía una reunión con el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.
Para los inconformes, dicha actitud revela que para el funcionario federal “son más importantes los temas electorales que las desapariciones forzadas y que las víctimas pueden esperar”.
Sostuvieron: “Así recibe Alfonso Navarrete Prida a los familiares de los desaparecidos, azotando la puerta en nuestro rostro e impidiendo que abordemos los problemas reales que padece nuestro país”.
Por último, exigieron a la Segob instalar “la mesa de diálogo pendiente” y puntualizaron que las vidas de sus hijos “no pueden esperar, las acciones de búsqueda no pueden cesar”.

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Con base en "indicios" ratifican y aumentan sentencia contra Lula

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Simpatizantes de Luiz Inácio Lula da Silva manifestaron ayer su indignación en Sao Paulo, luego de conocer la ratificación de la sentencia contra el ex mandatario por un presunto acto de corrupciónFoto Ap
Eric Nepomuceno
Especial para La Jornada
Periódico La Jornada
Jueves 25 de enero de 2018, p. 27
Río de Janeiro.
En una sesión que empezó a las ocho y media de la mañana y terminó poco antes de las seis de la tarde –casi 10 horas seguidas, con una tregua de 50 minutos para un almuerzo tardío– el Tribunal Federal Regional de Porto Alegre confirmó, en segunda instancia y por unanimidad, la sentencia que condenó el ex presidente Lula da Silva a prisión. Y aún más: aumentó la pena, que era de nueve años y medio, a 12 años y un mes de cárcel. De los tres magistrados de la corte, el que votó de manera más sucinta tardó casi una hora. En ese maratón, los abogados de Lula tuvieron solamente 15 minutos para presentar sus argumentos.
El relator del caso, João Pedro Gerban Neto, leyó parte de las 430 páginas de su voto en el transcurso de tres horas y media. De antemano se daba por seguro que confirmaría la sentencia emitida por el juez Sergio Moro en julio pasado. Tampoco sorprendió que aumentara la condena a Lula, agregándole casi tres años más de cárcel.
Pero cuando el segundo magistrado, Leandro Paulsen, respaldó tanto la condena como la elevación de la pena, un fuerte desánimo cayó sobre los seguidores de Lula y los integrantes de su círculo más cercano. Los más optimistas esperaban que Paulsen votara por anular la condena o, en último caso, contra el aumento de la pena impuesta al ex presidente.
Al contrario, el voto de Paulsen fue el más contundente, recomendando inclusive la detención de Lula tan pronto sea examinado el recurso que podrá presentar a la corte. Los recursos a instancias superiores serían analizados, si se cumple la sugerencia de Paulsen, con el ex presidente en la cárcel.
El tercer integrante de la corte, Victor Laus, se extendió en una larga y aburrida clase de derecho, de hora y media de duración, llena de explicaciones y metáforas para justificar su respaldo al voto de los colegas.
De hecho, la unanimidad no se limitó a la condena y elevación de pena: también los argumentos del trío fueron absolutamente unánimes. Frente a la ausencia de pruebas, prevaleció la convicción nacida del conjunto de indicios presentados, o sea, las confesiones de dos altos ejecutivos de la constructora OAS denunciando al ex presidente sin otra prueba que su palabra, y que se dieron en el ámbito de un acuerdo de colaboración con las investigaciones, a cambio de significativa reducción de sus penas. A propósito, el trío de magistrados las redujo aún más, mientras elevó la de Lula.
Los votos de los tres magistrados estuvieron cargados de menciones políticas reiterando las críticas que indican la politización de la justicia cuando se trata de procesar al ex mandatario. Laus, por ejemplo, dijo que la Constitución determina que le toca al presidente nombrar a sus ministros, y que cada ministro es responsable de su respectiva área.
Mencionando directamente a Petrobras, el juez dijo que los directores son propuestos por el ministro y confirmados por el presidente. Conclusión: si Lula aceptó la propuesta de un corrupto, es porque obtendría beneficios. Por tal razón, se sumó al pedido de su colega Paulsen, de que Lula sea detenido de inmediato.
Tan pronto se supo el resultado hubo manifestaciones callejeras en varias ciudades brasileñas. La más importante ocurrió en Sao Paulo, reunió más de 30 mil personas y contó con la presencia, con un incendiario discurso de Lula da Silva. A pocos kilómetros de distancia, en la avenida Paulista, escenario de manifestaciones contrarias al ex presidente, poco más de 300 personas, con el grupo de extrema derecha MBL (Movimiento Brasil Libre) a la cabeza, externaba su euforia. Algunos manifestantes exhibían pancartas en que se leía: Intervención, ya, en un llamado a los militares.
La presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), senadora Gleisi Hoffmann, confirmó este miércoles una reunión del partido para reiterar la candidatura de Lula en las elecciones de octubre.
De acuerdo con la ley, al ser condenado en segunda instancia Lula estaría inhabilitado para postularse. Quedan, en cualquier caso, varios recursos que serán presentados en instancias máximas e incluso ante la justicia electoral.
Analistas consideran remota la posibilidad de prisión del ex presidente, aunque la Corte Suprema haya autorizado que los condenados en segunda instancia puedan ser, si así requiere el juez de primera instancia, llevados a la cárcel. De momento, lo que existe es una recomendación de jueces de segunda instancia, pero la palabra final la tiene Sergio Moro.
En al menos un sector la condena de Lula da Silva provocó resultados positivos: la Bolsa de Valores tuvo un incremento de casi 3 por ciento, y el dólar se desplomó 2.7 por ciento.
Juristas admiten que la condena unánime dificulta la candidatura de Lula en octubre. En el terreno jurídico, los próximos pasos del ex presidente se dirigirán al Tribunal Superior Electoral, al Tribunal Superior de Justicia y, en último caso, si se considera que alguno de sus derechos constitucionales fue violado, a la corte máxima, el Supremo Tribunal Federal.
Al mismo tiempo, más de un centenar de abogados criminalistas apuntan, de manera contundente, contra la fragilidad de la sentencia del juez Moro. Ayer se multiplicaron las voces de algunos de los más renombrados juristas brasileños criticando con vehemencia que los tres magistrados impregnaron sus votos de discursos políticos, mencionando aspectos del presidencialismo practicado en Brasil, el concepto de democracia representativa y hasta cómo los gobernantes eligen ministros e indican los rumbos de negociaciones con partidos para formar alianzas.
Con relación al PT, de momento lo que se espera es que insista en la candidatura de Lula, entre otras razones porque no dispone, al menos hasta ahora, de un candidato suficientemente competitivo para remplazarlo. Él encabeza todos los sondeos, y si le dejan contender podría vencer en la primera vuelta.
La idea es que siga en sus caravanas por Brasil, creciendo aún más en las encuestas y si más adelante, efectivamente, lo inhabilitan, que haya reunido capital suficiente para impulsar a otro aspirante con posibilidades de pasar a la segunda vuelta.
Por lo que demostró ayer en el acto realizado en Sao Pulo, Lula da Silva sigue dispuesto a dar batalla hasta ganar la guerra.
Este acto (dijo al empezar su discurso ante la multitud), no es electoral; es en defensa de la soberanía nacional. En defensa de Brasil.
Enseguida enumeró una vez más los logros de sus dos mandatos y los del primero de su sucesora, la destituida Dilma Rousseff, y aseguró que la condena de ayer no fue contra él, sino contra un proyecto de país.
Si en el frente de batalla jurídico actuarán sus abogados, en el frente político Lula puede esgrimir un arsenal que ninguno de sus adversarios, ni de lejos, sueña tener.

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