miércoles, 17 de enero de 2018

SME Mitin Torre Murano 17ene18

Marychuy denuncia abusos y discriminación a indígenas

DEBATE
 
La candidata independiente a la presidencia de la república  estuvo en Mazatlán para recabar firmas de apoyo  
Foto: EL DEBATE
Foto: EL DEBATE
Con la intención de formar un movimiento nacional de apoyo a los pueblos indígenas que viven en el país y recabar firmas que la lleven a posicionarse como candidata independiente a la presidencia de la república, ayer al mediodía arribó a Mazatlán María de Jesús Patricio Martínez, Marychuy, apoyada por el Consejo Indígena de Gobierno en Sinaloa y tres representantes de tribus indígenas.
Foto: EL DEBATE
Tribus denuncian
El consejo alzó la voz para denunciar la discriminación a indígenas en calles. Magdalena García, representante de los pueblos Mazahua, dijo que los han querido desaparecer y pidió detener los abusos a las tribus.
Foto: EL DEBATE
Rafael García, de la tribus de Sonora, se pronunció a favor de luchar por sus territorios, exigir respeto a los animales y la naturaleza, ya que viven en carne propia la construcción del muro de Trump, que cercará tradiciones.
Foto: EL DEBATE
Juan Bobadilla, por la tribu Purépecha, denunció desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias para infundirles miedo.
Abusos
La vocera de los pueblos indígenas y candidata independiente a la presidencia de la república, María de Jesús Patricio, denunció el despojo de los pueblos en sus riquezas naturales y contaminación de aguas, talas de árboles, destrucción de centros ceremoniales para crear carreteras y pozos petroleros.
Además se pronunció a favor de apoyar los problemas de manera permanente.

Fuente

Jornaleros que huyeron de la pobreza ahora afrontan abusos en San Quintín


Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Miércoles 17 de enero de 2018, p. 35
Jornaleros del Valle de San Quintín que antes migraban por temporadas desde diversas entidades del país con todo y sus familias, en la última década se han quedado a vivir en la región, ante la falta de empleo en sus comunidades de Guerrero, Oaxaca, Veracruz y otros estados.
La investigación De jornaleros a colonos: residencia, trabajo e identidad en el Valle de San Quintín, elaborada por investigadores del Departamento de Estudios de Población del Colegio de la Frontera Norte, indica que se ha registrado toda una movilización laboral hacia esta zona, pues ante la pobreza y falta de fuentes de empleo en sus estados de origen, miles de trabajadores han cambiado su residencia.
La estudio realizado por los doctores Laura Velasco, Marie-Laure Coubés y Christian Zlolniski, de la Universidad de Texas en Arlington, plantea el proceso de asentamiento residencial de miles de jornaleros agrícolas que antes migraban con carácter temporal a la región y que ahora se han establecido con sus familias en colonias de reciente formación, transformando su perfil demográfico, económico y social.
Dicho asentamiento de trabajadores migrantes de varias entidades se ha constituido en uno de los fenómenos más novedosos en términos sociales, humanos, demográficos y laborales de las últimas tres décadas de la región, según indica.
Al respecto, voceros de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social del Valle de San Quintín, señalaron que hay más de 70 mil jornaleros en esta zona, los cuales siguen reclamando mejores condiciones laborales, ya que continúan registrándose bajos salarios, jornadas extendidas de más de 10 horas de trabajo y empleo de adultos mayores, menores y adolescentes en tareas de gran esfuerzo físico.
Indicaron que los jornaleros migran buscando mejores condiciones de vida porque en sus regiones no las tienen, y cuando llegan a este valle enfrentan injusticias, pues no ha cambiado nada su situación a pesar del movimiento que llevaron a cabo hace más de dos años, a pesar de que el gobierno federal se comprometió a cumplir con un pliego que comprendía incremento de los salarios, registro de estos trabajadores ante el Seguro Social y muchas otras demandas más que quedaron en el papel.

Fuente

El INAI resuelve interponer acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior


 
PROCESO 
 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por unanimidad, el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) aprobó el acuerdo para interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de los artículos 9 y 31 de la Ley de Seguridad Interior (LSI).
Dichos artículos, subrayó, vulneran el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sobre el artículo 9 de la LSI, que prevé que la información que se genere con motivo de la aplicación de esa norma “será considerada de Seguridad Nacional, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables”, el INAI advierte que el legislador ordinario se excede de sus facultades al establecer que toda la información generada en virtud de la seguridad interior será considerada como de seguridad nacional, y con ello genera una excepción indebida al acceso de la información.
También impone restricciones y límites injustificados al ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información, sin criterio de razonabilidad alguno. De acuerdo con diversas interpretaciones de la SCJN y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, apunta, dichos límites deben ser idóneos, necesarios y proporcionales.

De igual manera, añade, establece una reserva automática y atemporal de la información, cuando el Poder Reformador de la Constitución fue expreso al sostener que toda información de ese tipo debe ser considerada como pública y sólo será sujeta a reservas siempre temporales.
Por lo expuesto, el INAI concluyó que el artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior contraviene los principios constitucionales de máxima publicidad, de reserva temporal y de excepcionalidad respecto del principio de máxima publicidad.
Sobre el artículo 31 de la LSI, que establece que en materia de Seguridad Interior “las autoridades federales y los órganos autónomos deberán proporcionar la información que les requieran las autoridades que intervengan en los términos de la presente Ley”, el INAI señala lo siguiente:
Establece restricciones al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales de los titulares, sin cumplir con los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad.
Prevé un régimen de excepción al consentimiento para la transferencia de los datos personales sin los debidos controles de legalidad y certeza jurídica para los titulares.
No se advierte disposición que garantice el cumplimiento de los principios y deberes para garantizar el derecho de protección de datos personales con las instancias encargadas de la seguridad interior, como sujetos obligados a la Ley General de Protección de Datos Personales.
Existe ambigüedad en la regulación de las condiciones, requisitos y reglas para transferir información a petición de las autoridades en materia de seguridad interior, que vulneraría el ejercicio autónomo de las facultades encomendadas al INAI.
El acuerdo fue presentado este martes en la sesión pública del pleno, en la que las y los comisionados del INAI expusieron sus argumentos a favor de promover la acción de inconstitucionalidad.
El comisionado presidente Francisco Javier Acuña Llamas destacó que los siete comisionados han coincidido en una posición que proyecta ante la sociedad la preocupación de los alcances de la LSI, que nació, dijo, en un momento difícil del país, pero que no debe vulnerar derechos fundamentales.
“Los siete comisionados nos hemos ceñido, exclusivamente, a señalar los artículos que de esta Ley de 34 preceptos nos preocupan, y consideramos merecen una revisión constitucional del más alto tribunal del país para, en su caso, ser purgados de los vicios que visualizamos”, manifestó.
De acuerdo con Acuña Llamas, toca a otras instituciones, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hacer valer acciones integrales “del conjunto de derechos fundamentales que pudieran verse lesionados o en conflicto por la Ley de Seguridad Interior que ha sido promulgada”.
A su vez, la comisionada Areli Cano afirmó que no existe justificación alguna para que la LSI establezca que la información generada de su aplicación sea considerada de seguridad nacional.
Por el contrario, dijo, tal escenario coloca a la prerrogativa de acceso en una circunstancia de debilitamiento, pues crea un halo de inaccesibilidad a toda la información que se genere a partir de la implementación de tal norma.
En su oportunidad, la comisionada Ximena Puente de la Mora señaló que la aplicación del artículo 31 de la LSI podría interferir de manera preponderante o decisiva en la función del INAI, como organismo constitucionalmente autónomo, lo que atentaría contra su naturaleza jurídica.
“Consideremos que su aplicación resultaría contraria a las disposiciones establecidas en el artículo 16 constitucional, en virtud de que incide en la esfera competencial de este órgano autónomo, el cual forma parte del Estado Mexicano, y cuya función es formar parte del régimen de cooperación y coordinación del modo de control reciproco, para evitar un abuso del poder público”, subrayó.

 Fuente

Condena la CNTE asesinato de profesor

Diana Manzo
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 17 de enero de 2018, p. 29
Juchitán, Oax., Integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) condenaron el asesinato del profesor Mario Vallejo García, encontrado muerto en una habitación de un hotel en la capital de Oaxaca. Según reportes policiacos, Mario Vallejo fue encontrado a las 18:30 horas del lunes, y al parecer fue ahorcado con un cable de computadora. El profesor, de 54 años de edad, era originario de la localidad El Espinal y trabajaba en la escuela secundaria técnica número 50; era integrante de la comisión de honor y justicia de la CNTE, y representaba a la región del Istmo de Tehuantepec ante la dirigencia de la sección 22. En un comunicado, la dirigencia de la sección 22, encabezada por Eloy López Hernández, dijo estar en alerta máxima debido a la persecución e intimidación contra profesores.

Denuncia Sindicado Minero otro intento de romper el paro en yacimiento Media Luna


De la Redacción
 
Periódico La Jornada
Miércoles 17 de enero de 2018, p. 35
De nueva cuenta, la compañía canadiense Torex Gold introdujo ilegalmente a la mina Media Luna a cientos de personas ajenas a la empresa, a fin de romper el paro que llevan a cabo trabajadores. Ante ello, una comisión de sindicalizados intentó hablar con los representantes de la firma, pero se interpusieron fuerzas policíacas.
En su búsqueda de diálogo se toparon con líderes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), el comisario del ejido del Balsas, miembros de la policía comunitaria ilegal y de la Gendarmería, que impidieron cualquier negociación.
El Sindicato Nacional Minero sostuvo que la empresa pretende echar a andar la mina, violando la libertad gremial de los trabajadores, rompiendo su paro, pasando por encima de la Ley Federal del Trabajo y del acuerdo que había con las comunidades de Cocula, Guerrero, de que el yacimiento primero daría empleo a los obreros del lugar.
Los sindicalizados pidieron a la empresa que salgan los trabajadores foráneos, pero los líderes cetemistas y el comisariado los agredieron. Incluso, el comandante de la gendarmería los insultó y los amenazó con liquidar a uno de ellos si no se retiraban, ante lo cual los obreros reclamaron: ¿cuál es su papel? ¿Ser defensor de la nación y la ley o ser defensor de la ilegal empresa extranjera?
Para dar por terminada la reunión, salieron unos 30 policías comunitarios con armas largas y cuernos de chivo –que están prohibidas por la ley– acompañados por la gendarmería, todos ellos dentro de la empresa canadiense.
El sindicato que encabeza Napoleón Gómez Urrutia planteó que se comprueba una vez más que Torex Gold quiere evadir su responsabilidad legal con sus trabajadores, así como con los dos muertos y el herido que resultaron de un ataque que perpetró contra los sindicalizados, además de violar la ley con la compra de autoridades.

 Fuente