martes, 16 de enero de 2018

Incrementos a combustibles derrumban reforma energética

Como ocurrió hace 1 año, el naciente 2018 vuelve colocar en la palestra de los cuestionamientos a una reforma energética que ni remotamente arroja saldos positivos para la economía nacional y la de millones de hogares; tras la liberación de los precios de los combustibles el pasado 1 de diciembre, las gasolinas y el diésel registran en este enero un incremento promedio del 6.5 por ciento, impactando en la actividad de empresarios de todos los niveles, así como en la de los comerciantes y agricultores.
Las malas noticias se hacen extensivas en los hechos al incremento registrado en el precio de la tortilla, que en algunas zonas del país se ha elevado de 12 y 13 pesos hasta 18 y 19. Y mientras la Secretaría de Economía juega a la demagogia discursiva al acusar a los molineros y tortilleros de elevar arbitrariamente el costo del alimento por excelencia en la mesa de los mexicanos, con datos y cifras en la mano los inculpados demuestran que el origen de los incrementos está en la errada política energética y agropecuaria de las autoridades.
Al echar lápiz al asunto, dicen los molineros y tortilleros, resulta incosteable mantener los actuales precios cuando sus recibos de electricidad se han elevado al doble y, en algunos casos, se han triplicado; a esto hay que sumarle los descontrolados incrementos al precio del gas, que en los últimos meses de 2017 pasó de 6.40 pesos el litro a 10 pesos. Y en el caso del gas doméstico de 13 a 19 pesos el kilo, luego de que desde el 1de enero de 2017 el gobierno dejó de regular los precios.
Entre los fundamentos de la reforma energética se estableció que con la liberación de los precios de los combustibles y la electricidad bajarían los precios en beneficio de la población. Pero apenas entraron en juego las reglas del libre mercado, las cosas se han salido del control para las autoridades que ahora intentan detener la escalada de incrementos con sanciones inocuas de la Procuraduría Federal del Consumidor, cayendo en una franca contradicción.
Aunque las voces oficiales buscan amortiguar políticamente los efectos colaterales de los incrementos a la electricidad y los combustibles en este año electoral, cargándoles nuevamente el Sambenito de los factores externos como el alza en el precio de los hidrocarburos, es inobjetable que las calamidades por venir apenas comienzan.
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) da un pequeño jalón de orejas a los gasolineros, pues con los cambios establecidos en la reforma energética para la venta de combustibles y la liberación de precios sólo debe conformarse con que los empresarios le informen cuál es el costo al que expenden la gasolina y el diésel a los consumidores. Hasta ahí su “regulación”.
Datos de la propia CRE y de Petróleos Mexicanos señalan que en el actual sexenio donde se impulsaron las reformas estructurales los hechos han derrumbado a la retórica oficial: los precios de las gasolinas y el diésel se han disparado en el marco de la reforma energética de tal suerte que mientras en 2013 el precio de la gasolina Magna –la de mayor consumo– era de 12.13 pesos por litro, en los primeros días de 2018 llegó a 17.32 pesos; es decir, se ha incrementado en un 42.7 por ciento, mientras que la Premium lo ha hecho en un 50.8 por ciento, al llegar a los 19.42 por litro, cuando el precio máximo definido por la CRE es de 18.48 pesos.
Porcentajes entre los que también ha oscilado el aumento al diésel que ya llega a los 17.41 pesos por litro. Este combustible, empleado en actividades agropecuarias, pesqueras y del transporte, ha tenido un impacto directo en el precio de diversos productos de la canasta básica. Y lo seguirá teniendo en el presente año, incidiendo en una mayor inflación que bien podría superar el 6.69 por ciento con que cerró en 2017.
Ante este escenario de imparables aumentos a la electricidad y los combustibles, resulta imposible tanto para los molineros y tortilleros como para los industriales, agricultores y comerciantes mantener los precios de sus productos.
En el caso del aumento a la tortilla tampoco puede ocultarse el indudable fracaso de la política agropecuaria que, a 24 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), ha terminado por ceder la autosuficiencia alimentaria al exterior, ubicando a México en la imposibilidad de producir el maíz que requiere para su consumo interno. Es por este motivo que cualquier depreciación del peso frente al dólar repercute en los costos de los granos que importamos sobre todo del vecino país del Norte.
Y así como en el gasolinazo de enero de 2017, que amenazó con desbordar los ánimos sociales, los legisladores que impulsaron la reforma energética en el Congreso buscaron deslindarse de las consecuencias de su irresponsabilidad política, ahora en un año electoral donde se definirá al próximo presidente de la República, los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Movimiento Social y Nueva Alianza –que votaron por la liberación de los precios de los combustibles el pasado 19 de octubre en San Lázaro– se unen a la excusa oficial de justificar las incontrolables alzas y sus efectos colaterales a situaciones del orden internacional, cuando de sobra saben que la raíz del problema está en su complicidad parlamentaria para avalar una reforma que representa un atentado a la economía de millones de mexicanos.
En este contexto de incrementos a los combustibles, con toda seguridad se agudizará el problema del robo de combustibles por parte de los huachicoleros, pues hay que admitir que aunque resulta un delito comprar gasolinas extraídas de manera ilegal, en muchas zonas del país es la única forma de paliar en algo las desmesuradas alzas que hacen imposible toda actividad por el alto costo de los hidrocarburos.
Por eso, este año electoral será de vital importancia para todos los mexicanos con derecho a voto el razonar sobre un voto de castigo a aquellos partidos que aprobaron las reformas que ahora arrojan resultados desastrosos para todo el país.
Que no vengan los partidos cómplices a querer apostarle a la desmemoria. Los causantes de las alzas no únicamente a los combustibles y la electricidad sino a toda una gama de productos y servicios tienen nombres, apellidos y siglas partidistas. Los mexicanos están en su derecho de cobrarles en las urnas su proceder en contra de la nación, pues ahora sucede que por la reforma energética hasta las tortillas serán un artículo de lujo.
Martín Esparza Flores*
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
[OPINIÓN]

SME Inauguración de la exposición 90años de la Revista Lux 15ene18

SME celebra 90 años de revista LUX con una exposición

SME celebra 90 años de revista LUX con una exposición
El secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza Flores, junto con el secretario del exterior, Humberto Montes de Oca, inauguraron la exposición conmemorativa del 90 aniversario de la revista LUX en la biblioteca “Manuel Paulín“.
La exposición muestra los primeros números de LUX, que datan de 1928, dicha publicación fue creada para informar a la clase obrera y que alberga la historia del SME; la exhibición también cuenta con una sala audiovisual donde los visitantes pueden apreciar parte de la historia y su creación.
Felipe Sánchez Ramirez, responsable de la exposición, destacó la importancia de conocer la historia del sindicato y mencionó la necesidad de continuar escribiendo la historia del SME a raíz de la extinción de Luz y Fuerza del Centro. “Actualmente en las redes sociales y sitios web abunda un sinfín de información respecto al sindicato, pero es importante saber qué datos son verídicos”, dijo.
Las revistas pueden ser consultadas de manera física y digital de manera interna. Sin embargo, para solicitar el préstamo de algún número o información de la revista, es necesario presentar una solicitud ante la Secretaría del Interior del sindicato.
A partir de hoy y lo que resta de enero, la exposición permanecerá abierta al público de las 11:00 a las 17:00 horas en la biblioteca ubicada en Antonio Caso 45, en la delegación Cuauhtémoc. El acceso es gratuito y se ofrecen visitas guiadas.
LA

Adopción de la UMA redujo pensiones hasta 20%: CNTE


Emir Olivares Alonso
 
Periódico La Jornada
Martes 16 de enero de 2018, p. 33
Un centenar de docentes jubilados que se agrupan en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon ayer la sede del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) en la Ciudad de México, en demanda de auduencia con el director general, José Reyes Baeza Terrazas.
Una de sus principales exigencias es que el monto de las pensiones y jubilaciones sea calculado nuevamente sobre la base de salarios mínimos y no a partir de la unidad de medida y actualización (UMA), que se puso en operación en 2017 y que, dijeron, reduce sus percepciones entre 10 y 20 por ciento.
César Mendoza Toro, integrante de la Asamblea Nacional de Jubilados y Pensionados de la CNTE, indicó que en 2018 el salario mínimo supera los 88 pesos, mientras la UMA está tasada en menos de 82, por lo que las percepciones de los jubilados ahora son menores.
“La ley señala que el pago de pensiones debe tasarse sobre salarios mínimos. Un ejemplo: la pensión más alta es de 10 minisalarios. Los compañeros que perciben ese tipo, el año pasado debieron recibir 24 mil pesos mensuales, pero como la medición fue en UMA, obtuvieron 22 mil. Para este año, en lugar de 26 mil, serán 24 mil pesos al mes. En lugar de aumentar, vamos disminuyendo. Hay una proyección que dice que en 10 años nuestra pensión será congelada a partir de la UMA”.
Aseguraron que hace un año entregaron un pliego petitorio y hasta ahora no ha sido atendido, por lo que demandaron reunirse con Baeza Terrazas. Tras la movilización, fueron recibidos por personal del Issste, con quienes acordaron que el director general los recibirá el 9 de febrero a las 11 de la mañana.

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Hacienda, arma de corrupción electoral

 
PROCESO 
 
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La desenfrenada corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido nuevamente desenmascarada. Se ha revelado el método utilizado para el manejo ilegal de fondos del erario destinados a apoyar al PRI en procesos electorales estatales, ejecutado desde la Secretaría de Hacienda. Por comisión u omisión, los tres titulares de esa dependencia este sexenio, así como el propio mandatario, están presunta y claramente implicados en dicha tropelía.
La Fiscalía General de Chihuahua investiga el desvío de al menos 250 millones de pesos a las campañas electorales del PRI durante el gobierno de César Duarte en el estado, cuando Manlio Fabio Beltrones era presidente del PRI. De acuerdo con cientos de documentos revisados por The New York Times y declaraciones de exfuncionarios vinculados al plan, se depositaron cerca de 14 millones de dólares en las cuentas de cuatro compañías fantasma; fueron utilizados para las campañas priistas en 2016 (NYT, 20/XII/17). Alejandro Gutiérrez, exsecretario del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, está preso, acusado de malversación de fondos. Beltrones se amparó.

Duarte está prófugo y su proceso de extradición de Estados Unidos, solicitado desde septiembre de 2017, ha sido indefinidamente postergado por la Cancillería mexicana, debido a la cercanía del exgobernador de Chihuahua con el presidente Peña Nieto. Otro personaje clave en el teje y maneje del atraco, Luis Vega Aguilar, secretario de Finanzas y Administración del PRI, también es amigo del mandatario. Por algo lo puso ahí.
Luis Videgaray, José Antonio Meade, su tocayo González Anaya y el jefe de los tres deben estar nerviosos. Ello se tradujo en una orden presidencial temeraria: utilizar a la Secretaría de Hacienda como arma política, a fin de frenar la investigación que ha develado el uso ilegal de recursos públicos para fines electorales.
En conferencia de prensa, Javier Corral, gobernador de Chihuahua, acusó al gobierno federal de haber cancelado 700 millones de pesos a dicho estado como represalia por las investigaciones judiciales sobre la defraudación perpetrada por su antecesor. La denuncia pública resulta no sólo verosímil sino confirmatoria de un modo de operar el fraude electoral y financiero, largamente practicado por el PRI.
Las respuestas confusas y falaces de González Anaya y Peña Nieto a la acusación hecha por Corral exhiben la falta de argumentos del gobierno federal.
Primero, Hacienda emitió un comunicado en el que desglosaba los fondos entregados al gobierno de Chihuahua, sin mencionar los 700 millones reclamados por Corral. Al día siguiente, González Anaya explicó en una entrevista televisada que dicho monto no había sido depositado debido a que tenían “un número de cuenta equivocado” y aseguró que esos recursos no se van a depositar, “pues son del ejercicio de 2017”.
Peña desdeñó la denuncia por tratarse de “un acto partidario” y, en un desplante de cinismo extremo, declaró: “El presidente se conducirá con su vocación democrática, con absoluta imparcialidad y apegado estrictamente al derecho”. Lo que ha mostrado el mandatario es exactamente lo contrario: vocación autoritaria, perversión de las instituciones y desdén por la legalidad. Ahora se confirma por qué se ufanó de que, si algo sabe hacer es “ganar elecciones”. Su destreza está sustentada en la corrupción electoral. Así llegó al poder y así quiere imponer a su sucesor.
Convertir a la Secretaría de Hacienda –cuya función primordial es administrar el dinero público en beneficio de todos los mexicanos– en instrumento de fraude e intimidación políticos es de extrema gravedad. Utilizar los recursos del erario para financiar ilegalmente las campañas del PRI y, una vez denunciado el saqueo, convertir a Hacienda en arma de extorsión para obstruir una investigación judicial que comprueba la corrupción del peñismo, es ominoso e intolerable.
El caso debe ser juzgado conforme a derecho hasta llegar a una sentencia judicial –y una condena pública– contra todos los implicados en el delito de corrupción, en sus diversas facetas: Peculado, desvío de recursos públicos, abuso de funciones, encubrimiento, ejercicio ilícito de la función pública y obstrucción de la justicia.
Ha quedado al descubierto la forma de operar el fraude electoral:
1. La Secretaría de Hacienda envía recursos a los gobiernos estatales del PRI.
2. Las secretarías locales de Hacienda asignan esos montos a proyectos de inversión (en el caso de Chihuahua, al ramo educativo).
3. Se crean empresas fantasma donde se depositan los recursos y se simula la realización de los proyectos asignados.
4. De forma subrepticia, el dinero del erario se entrega en efectivo a los funcionarios de los gobiernos y del PRI, federales y estatales, para utilizarlo en las campañas políticas.
5. Con ese dinero ilegal, se procede a la compra clandestina de espacios y voluntades en medios de comunicación, reparto de artículos promocionales, así como diversas formas de compra y coacción del voto: prestación de algún servicio público, programas sociales, despensas, diversos productos para el hogar y dádivas en efectivo o a través de tarjetas (caso Monex).
6. Paralelamente, los gobiernos del PRI pervierten o engañan a las instituciones electorales y de procuración de justicia, tanto federales como locales, a fin de poder cometer delitos electorales sin ser sancionados.
7. La corrupción electoral se consuma en total impunidad.
Este tipo de atentado contra la democracia, el estado de derecho y la dignidad ciudadana es lo que el gobierno y el partido de Enrique Peña Nieto pretenden que siga impune, para poder repetirlo en el proceso electoral de este año. Tal intención implica no sólo una idiosincrasia putrefacta sino una inconsciencia y una irresponsabilidad monumentales. El hartazgo social contra la burda corrupción electoral practicada por el PRI mediante el envilecimiento de instituciones e individuos ha llegado a su límite. Es imperativo acabar de una vez por todas con el pacto de impunidad.
Este análisis se publicó el 14 de enero de 2018 en la edición 2150 de la revista Proceso.

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En plantón, Coordinadora Plan de Ayala demanda más recursos para el campo

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Integrantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala marcharon del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación, donde se instalaron en plantónFoto Pablo Ramos
Néstor Jiménez
 
Periódico La Jornada
Martes 16 de enero de 2018, p. 33
Más de 4 mil integrantes de la Coordinadora Nacional Movimiento Plan de Ayala (CNPA-MN) se instalaron en plantón fuera de la Secretaría de Gobernación (SG) y aseguraron que lo mantendrán durante una semana, luego de marchar desde el Ángel de la Independencia hacia la dependencia. La agrupación exige más recursos para el campo y justicia para los homicidios y la detención de algunos integrantes.
La movilización se inició ayer a las 11 horas, cuando partieron del Monumento a la Independencia hacia las oficinas de la SG en la avenida Bucareli de la Ciudad de México, donde planean mantenerse hasta el próximo viernes.
El vocero del CNPA, Daniel Zúñiga, sostuvo que las soluciones de la dependencia federal no son suficientes, ya que sólo les ofrecieron una mesa de atención ciudadana, mientras ellos piden mesas de diálogo sobre dichos temas.
Explicó que la marcha y el plantón son parte de una jornada nacional de movilización denominada Por la Justicia, Desarrollo y Paz, en la que piden que sean dejados en libertad varios integrantes del CNPA aprehendidos en Querétaro y Chiapas, así como el esclarecimiento de los homicidios de sus miembros en Puebla. Además, demandan la reasignación de los tianguistas desplazados en Jalisco.
Zúñiga señaló que el presupuesto federal para este año los dejó fuera de los distintos programas. Nuevamente le vuelven a dar los recursos a la iniciativa privada, a las empresas agroexportadoras, que son los que más se han beneficiado en los años recientes, mientras los campesinos, los trabajadores y los obreros siguen quedando marginados.
Golpe inflacionario
Con los aumentos a los precios de la canasta básica se incrementa la pobreza en el sector rural, por lo que requieren mayores recursos, agregó. Si se aplican los recursos destinados al campo, pero realmente a los campesinos, en la producción en las comunidades y al campesinado, podemos producir el maíz que nuestro país necesita. Que los recursos vayan a los campesinos y no a las empresas agroindustriales, insistió.
Otras exigencias es que se pague a los pequeños productores 4 mil pesos por tonelada de maíz, y no 3 mil 300, como fue fijado por el gobierno.

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Es probable que haya nombres duplicados o plásticos dobles, pero el dinero está en el banco: Bansefi

 
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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El titular del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), Virgilio Andrade, rechazó fraude en la entrega de tarjetas de ayuda para los damnificados del sismo del 19 de septiembre.
Ayer, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) difundió un reportaje en el que señala que, según una investigación realizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), hay un presunto desvío de recursos, pues Bansefi emitió 4 mil 574 tarjetas para mil 495 beneficiarios; es decir, se hicieron 3 mil 079 plásticos de más.

En esas tarjetas de débito, la CNBV encontró que Bansefi “dispersó recursos en efectivo” que ascienden a 68.8 millones de pesos; es decir, poco más de 3.6 millones de dólares.
En entrevista con José Cárdenas para Radio Fórmula, Andrade rechazó que se trata de un fraude hecho con dolo sino que son incidencias que se han detectado, y las cuales, se han ido corrigiendo.

Indicó que, por la necesidad de ayudar lo más pronto posible, “es probable que haya habido nombres duplicados o plásticos dobles”, pero que ello no implica que se entreguen más recursos de los que a cada persona le corresponde.
“El dinero que hubiera correspondido a esas tarjetas está en el banco, está debidamente custodiado y que puede verificarse que en efecto está en el banco. Y no hay ningún desvío para nadie que no le corresponda la ayuda”, agregó.
El funcionario federal aseguró que Bansefi tiene la disposición de presentar a MCCI la forma en que se han atendido las incidencias, que los recursos son localizables y siguen custodiados en el banco.
Asimismo, anunció que tienen los elementos de prueba suficiente para demostrar que no existe ningún fraude o desvío de recursos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), dependencia que ya inició una investigación y que dio hasta el 2 de febrero para presentar los alegatos.
Virgilio Andrade añadió que hasta el momento se han repartido más de 154 mil tarjetas en dos mil 509 localidades afectadas por los sismos, y de los seis mil 259 millones de pesos destinados ya se han gastado cuatro mil 495 millones de pesos, de los cuales, dos mil 200 millones se utilizaron en compras para material de autoconstrucción y mil 600 millones de pesos se han retirado de cajeros automáticos.

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Trabajadores de la Autónoma de Morelos reclaman pago de salarios y prestaciones

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Trabajadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos se manifestaron ayer en el campus Chamilpa para exigir al rector, Gustavo Urquiza; al gobernador Graco Ramírez y a la Secretaría de Educación Pública el pago de salarios y prestaciones atrasadosFoto Rubicela Morelos
Rubicela Morelos Cruz
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 16 de enero de 2018, p. 26
Cuernavaca, Mor.
Investigadores y académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) protestaron ayer a la entrada del campus Chamilpa para demandar al rector, Gustavo Urquiza; al gobernador, Graco Ramírez, y a la Secretaría de Educación Pública (SEP) que les paguen dos catorcenas, la segunda parte del aguinaldo, prestaciones diversas y que se regularicen los cobros en la casa de estudios.
La UAEM cuenta con 505 investigadores, cerca de 2 mil 500 académicos y 2 mil trabajadores administrativos, técnicos y de confianza. A todos, según los manifestantes, les adeudan dos catorcenas y la segunda parte del aguinaldo.
Los académicos, que adoptaron el nombre de Explanada UAEM, iniciaron su protesta alrededor de las 8 horas en el campus ubicado en el norte de Cuernavaca, y la concluyeron tres horas después.
Anunciaron que a partir de ayer realizarán manifestaciones hasta que el rector, el gobierno del estado y la SEP regularicen los pagos. Este martes se apostarán en la glorieta de la Paloma de la Paz.
Aseguraron que llevan seis meses sin cobrar sueldos de manera puntual. A los integrantes del Sistema Nacional de Investigadores no les han pagado sus becas desde hace tres meses, señaló César Barona, especialista en ciencias de la educación.
Durante la gestión de Alejandro Vera Jiménez como rector algunos universitarios atribuyeron la crisis financiera a su gestión y a la confrontación entre él y el gobernador Graco Ramírez; sin embargo, la crisis continúa.
Vera Jiménez renunció a la rectoría de la UAEM en diciembre pasado, antes de que venciera el plazo oficial, en marzo de 2018. En esa ocasión dijo esperar que con esa decisión el gobierno entregara los mil millones de pesos que adeuda a la institución.
Para regularizar el pago de salarios y prestaciones, según fuentes universitarias, se requieren 200 millones de pesos; además, la UAEM enfrenta un déficit de 600 millones de pesos por pensiones y jubilaciones que no reconocen el gobierno federal ni el estatal.

Huelga de brazos caídos en la UAN


Myriam Navarro
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 16 de enero de 2018, p. 26
Tepic, Nay.
Catedráticos y personal administrativo de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) acordaron ayer iniciar este miércoles una huelga de brazos caídos, después de que el rector Ignacio Peña González, anunció que les pagarán quincena, aguinaldo, prima vacacional y otras prestaciones en dos partes, la primera este martes y la segunda el 15 de febrero.
El rector apeló a la solidaridad de la comunidad universitaria para regresar lo antes posible a clases, aunque adelantó que respetará la decisión de la mayoría, votada ante el líder del Sindicato de Trabajadores de la UAN, Luis Manuel Hernández.
El pasado 11 de enero trabajadores administrativos y académicos debieron regresar a clases; sin embargo, por la falta de pago de aguinaldo, prestaciones y la amenaza de que nos les cubrirían la quincena postergaron el ingreso hasta este lunes.
Peña González informó que acudió a la Ciudad de México para gestionar un adelanto del subsidio que le corresponde a la UAN para octubre, noviembre y diciembre de este año, a fin de solventar la actual deuda de nómina, la cual asciende a 170 millones de pesos.
Confía en recibir subsidios y apoyo extraordinario
El funcionario dijo confiar en que el Servicio de Administración tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores no se pongan exigentes.
También mencionó que si se reciben a tiempo los dos subsidios de la casa de estudios, uno federal y otro estatal, contarán con mil 600 millones de pesos, y si consiguen 400 millones extraordinarios, la UAN no tendría problema alguno para salir adelante en todo el año.
A su vez, el líder sindical advirtió que no dejarán de presionar al gobierno federal para que sea sensible a la situación de la UAN y entregue los recursos necesarios para resolver la crisis.
En tanto, integrantes de a la Federación de Estudiantes de la UAN se manifestaron en cruceros viales cercanos a la casa de estudios en apoyo a los maestros. Señalaron que la educación es más importante que las armas.
La universidad cerró 2017 con un déficit de 259 millones 978 mil 322.40 pesos. La comunidad universitaria incluye a 30 mil alumnos, 4 mil trabajadores activos y casi 2 mil jubilados.

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