viernes, 28 de septiembre de 2018

SME Conferencia Magistral Dr Eric Toussaint 28sep2018

jueves, 27 de septiembre de 2018

Mañana, conferencia magistral de Éric Toussaint "Sistema deuda: La historia de las deudas soberanas y de su repudio"


Foro a LVIII de la Nacionalización de la Industria Eléctrica 27 de Septiembre 2018

Manifiesto del 27 de Septiembre 1960-2018.

“Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y los recursos naturales que se requieran para dichos fines”
Párrafo Sexto, del ART. 27 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos acordado
por el Congreso de la Unión el 27 de Septiembre de 1960 y reformado a iniciativa del ejecutivo federal el 11 de diciembre de 2013.
Han pasado 58 años de la Nacionalización de la Industria Eléctrica y apenas 5 de la reforma energética de Enrique Peña Nieto que dio marcha atrás a la exclusividad de la nación para generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica. La industria eléctrica nacionalizada fue desintegrada y hecha pedazos, entregada al libre mercado.
Años atrás, con el arribo de los neoliberales al poder, se trazó, por tecnócratas y políticos mandaderos de las corporaciones trasnacionales de la energía, una ruta para la privatización del sector eléctrico en México. Esta operó por encima de la Constitución Mexicana durante más de dos décadas. Inspirada en el Consenso de Washington y conforme a las necesidades geopolíticas de los Estados Unidos, durante cinco sexenios, contó con el consentimiento neoliberal en los tres poderes de la Unión. Carlos Salinas de Gortari inauguró el camino. En 1992 modificó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para abrir la inversión privada en generación a los particulares a través del “Autoabastecimiento, la Cogeneración y la Pequeña Producción Independiente”. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue obligada a financiar y comprar energía eléctrica a las empresas trasnacionales, hasta por 25 años, independientemente de si se consumía o no.
A finales del siglo pasado Ernesto Zedillo intentó, sin éxito, concluir la privatización del sector eléctrico mediante una fallida reforma constitucional. El Frente Nacional de Resistencia en Contra de la Privatización de la Industria Eléctrica (FNRCPIE), convocado por el SME, impidió que se impusiera un nuevo marco jurídico sectorial que le diera certidumbre jurídica a las empresas extranjeras que inconstitucionalmente invirtieron en generación, y ofreciera otros segmentos de la industria eléctrica al capital privado (transmisión, distribución y comercialización). En 2002 Vicente Fox continuó con los intentos de privatizar el sector con los mismos resultados. Al final de una dura protesta popular encabezada por el SME, el expresidente se vio obligado a retirar su iniciativa. A Felipe Calderón le correspondió, entonces, la sucia tarea de allanarle el camino a la reforma energética de Enrique Peña Nieto (EPN).
La imposibilidad de hacer avanzar el proceso de privatización de la industria eléctrica de frente a la resistencia electricista-popular apremió a los neoliberales a abandonar la vía institucional de las iniciativas legislativas, para optar por un duro golpe de mano en contra de la principal fuerza opositora a la privatización energética: el SME.
En la noche del 10 de octubre de 2009, miles de efectivos del ejercito y la armada, la policía federal y estatal asaltaron con violencia alrededor de 300 centros de trabajo del organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro (LyFC). Horas después, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quién llego al poder por la vía del fraude electoral en 2006, decretó la ilegal extinción de LyFC. El Poder Judicial de la Federación, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), validó el decreto de extinción el 5 de julio de 2010. Derivado de ello, en agosto del mismo año, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) dio por terminadas las relaciones individuales y colectivas de trabajo entre LyFC y el SME, dejando sin efecto a nuestro Contrato Colectivo de Trabajo (CCT). 44 mil trabajadores electricistas en activo fueron despojados de su fuente de trabajo, echados a la calle e inscritos en las listas negras de la patronal a nivel nacional para privarlos definitivamente de su derecho al trabajo; al mismo tiempo, 22 mil jubilados y sus familias quedaron en la indefensión jurídica. Se confabularon contra el SME los tres poderes del Estado, quienes hicieron uso faccioso de sus instituciones para aplastar a la resistencia obrera que se opuso a la privatización de la industria eléctrica desde 1999, y en el 2006 se sumó activamente a la protesta nacional en contra del fraude electoral operado en contra del entonces candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador.
El SME se consagró a la digna tarea de resistir. Lo primero fue hacer oídos sordos a quienes al interior de nuestra organización llamaron a cobrar nuestras liquidaciones para luego disolver al SME. Y ahí están ahora, haciéndose pasar por “hombres de izquierda” después de que abandonaron la lucha para aliarse al gobierno de Felipe Calderón. Hacer oídos sordos a las promesas del gobierno neoliberal que a cambio de nuestra capitulación ofreció 10 mil plazas en CFE, préstamos y changarros para los primeros electricistas que incumplieran el acuerdo de resistir, tomado en nuestra Asamblea General del 11 de octubre. 28 mil trabajadores cobraron su liquidación de octubre del 2009 a marzo de 2010. 16 599 decidimos resistir y no liquidarnos, dando vida a una de las páginas más honrosas de la lucha histórica de la clase obrera de nuestro país.
La resistencia se prolongó por años. Incansables, desplegamos una amplia gama de formas de lucha y de organización: cientos de marchas, tomas de carreteras, incesantes plantones, caravanas al interior del país, huelgas de hambre -una de ellas de manera masiva en el Zócalo de la Ciudad de México-, un plantón de seis meses consecutivos en la Plaza de la Constitución, tomas de edificios y dependencias públicas, etc., etc. Todo con el único fin de preservar la existencia de nuestra organización centenaria y recuperar el trabajo. En lo organizativo, impulsamos la construcción de la Nueva Central de Trabajadores (NCT), la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE) y la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores (OPT) con el afán de contribuir a la articulación autónoma y democrática del campo popular.
No hubo marcha atrás en el decreto de extinción. Sin embargo, el SME logró alcanzar la sustitución patronal en la CFE por la vía del amparo otorgado por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo. De nueva cuenta, a petición del presidente saliente Felipe Calderón y del presidente entrante EPN, la SCJN en forma vergonzosa intervino para echar abajo la sentencia del Tribunal que nos daba la victoria jurídica. Su sentencia ratificó el laudo de la JFCA que dejó sin efecto a nuestro CCT, dándonos un plazo perentorio para cobrar nuestras indemnizaciones. Sobra decir que no fuimos a liquidarnos. Nuestra Asamblea General del 4 de febrero del 2013 acordó desacatar la sentencia de la SCJN, intensificar nuestras movilizaciones y buscar una solución política al conflicto. La revocación de la sentencia del Segundo Tribunal Colegiado fue un acto ilegal de la SCJN, una injusticia en contra de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas que debe y puede ser reparada.
En el fondo de esta dura pelea por la existencia del SME subyace el propósito neoliberal de privatizar el sector energético de nuestro país. El 18 de diciembre de 2013 se impuso la reforma energética que ahora heredamos de los neoliberales. La confabulación de los partidos en el fraudulento Pacto por México, el golpe asestado al SME y la debilidad del campo popular impidieron derrotar esta reforma que inevitablemente conduce a la pérdida de la soberanía energética de nuestro país, da la pauta para el saqueo irracional de nuestros recursos naturales -agua, petróleo, minerales, biodiversidad- y fomenta el violento despojo de los territorios en manos de las comunidades indígenas y campesinas de México, a favor de la oligarquía nacional y sus socios trasnacionales.
Desde otra perspectiva, la reforma energética resultó un rotundo fracaso. Las tumultuosas inversiones que prometió el capital privado nunca llegaron, tampoco los cientos de miles de empleos que supuestamente se crearían con su advenimiento, mientras que la supuesta baja de los precios de la energía resultó fraudulenta. El encarecimiento del gas, la gasolina y la electricidad fue motivo de robustas protestas sociales a nivel nacional en 2016 y 2017, mismas que anunciaron la posibilidad del cambio que después llegó con la estrepitosa derrota electoral del PRI-PAN-PRD en julio pasado.
En el 2015, habiendo agotado el último recurso legal para revertir la extinción de LyFC y obtener la sustitución patronal con la CFE, el SME alcanzó mediante la movilización-negociación-movilización- un acuerdo con el Gobierno Federal que le permitió recuperar parte de lo que le fue despojado. Obtuvo por esta vía una concesión para el uso y explotación de las plantas hidroeléctricas de LyFC y decenas de bienes inmuebles, fábricas y talleres de la misma empresa para integrar un fondo de previsión social a favor de los trabajadores en resistencia y crear una Cooperativa de bienes y servicios que actualmente opera como LF del Centro. El SME evitó su disolución forzada, conservó vigente su registro nacional de industria y está listo para recuperar su materia y zona de trabajo. Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio facultades al expresidente Felipe Calderón para extinguir por decreto al organismo público descentralizado LyFC, quiere decir entonces que el poder ejecutivo tiene facultades para crear por decreto una nueva empresa pública para atender con calidad y eficiencia la demanda del suministro eléctrico en la zona centro del país. El SME está listo al llamado a la renacionalización de la industria eléctrica patrimonio de todos los mexicanos.
Existimos, somos un sindicato independiente, clasista y democrático que continuará luchando por:
• La derogación de la reforma energética de EPN. Para reconstruir al país es indispensable revertir el proceso de privatización de la Industria Eléctrica. Hacerlo es viable a condición de que el nuevo gobierno y el pueblo de México asuman el reto y creen las condiciones necesarias para recuperar la soberanía energética de la nación.
• La democratización energética, la gestión social de la energía, la defensa del medio ambiente y la accesibilidad de la energía como derecho humano de todos los mexicanos.
• En la transición energética desde el sindicato y nuestra cooperativa impulsaremos el uso prioritario de las energías renovables, la integración en todo el país de cooperativas de energía y promoveremos la propiedad pública y social del sector energético vinculada a la economía social y solidaria como alternativa popular al capitalismo.
• En el contexto de la ratificación del Convenio 98 de la OIT lucharemos por la libre sindicalización y contratación colectiva de todos los trabajadores del sector. No al outsourcing y a la tercerización. No a la afiliación forzosa a los sindicatos charros y de protección patronal.
• Exigimos a los gobiernos saliente y entrante el cumplimiento de los acuerdos del Estado Mexicano con el SME para la reinserción laboral de sus trabajadores en resistencia.
• Demandamos la cancelación de las averiguaciones previas que la CFE tiene interpuestas en contra de miembros de la Dirección del SME.
• Por el cese a la reprensión y judialización de los usuarios de la electricidad en Huelga de Pagos. Luchamos por una tarifa justa y solidaria para los usuarios de la energía.
• Demandamos el borrón y cuenta nueva para los usuarios organizados en la ANUEE.
• Por el respeto irrestricto a la autonomía e independencia de las organizaciones sociales y sindicales.
• Por la democratización de la gestión del agua como bien común de la sociedad y derecho humano inalienable.
• Por el respeto a las autonomías y autogobiernos de los pueblos originarios. En contra de los megaproyectos que significan despojo para las comunidades y pueblos originarios.
• En contra de los gasolinazos, el alza de las tarifas eléctricas y el alza al costo del gas butano.
Como hace 50 años, extendemos nuestra solidaridad incondicional con el movimiento estudiantil democrático en su defensa de la educación pública y gratuita y en contra de la violencia porril ejercida en su contra.

Fraternalmente
“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”
Comité Central y Comisiones Autónomas.
SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS.
Responsable de la publicación.
José Humberto Montes de Oca Luna.
Secretario del Exterior del SME.

Posdata:
o El día de hoy 27 de Septiembre de 2018 realizaremos el Foro: “A 58 Años de la Nacionalización de la Industria Eléctrica, ¿QUÉ HACER?” en el Auditorio Ernesto Velasco Torres de Insurgentes 98 a las 12:00 hrs.
o El viernes 28 los invitamos a la Conferencia Magistral: “Sistema Deuda. Historia de las Deudas Soberanas y de su Repudio” que dictará el Dr. Éric Toussaint en el mismo auditorio del SME a las 11:00 hrs.
o Así mismo, CONVOCAMOS a la MARCHA del 2 de OCTUBRE ¡NI PERDÓN NI OLVIDO! que partirá de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco al Zócalo de la CDMX. La cita para el SME y las organizaciones de la Nueva Central de Trabajadores es a las 16:00 hrs. en la esquina de Eje Central y Ricardo Flores Magón, lado poniente.

Fuente

La verdad sobre los 43 está cerca… “este año la vamos a encontrar”: Vidulfo Rosales

Vidulfo Rosales y padres de los 43 normalistas frente al Palacio Nacional al término de la marcha a cuatro años de la desaparición de los estudiantes en Iguala, Guerrero. Foto Benjamín Flores
Vidulfo Rosales y padres de los 43 normalistas frente al Palacio Nacional al término de la marcha a cuatro años de la desaparición de los estudiantes en Iguala, Guerrero. Foto Benjamín Flores

PROCESO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de cuatro años de buscar a los 43 normalistas de Ayotzinapa, “la verdad está cerca y este año la vamos a encontrar”, aseguró Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los estudiantes víctimas de desaparición forzada.
Al concluir la marcha para conmemorar cuatro años de aquella fatídica “Noche de Iguala”, Rosales refrendó la “firme convicción” de que pronto se conformará la Comisión de la Verdad y la Justicia para el caso Ayotzinapa, cuya creación –ordenada por un juez de Reynosa, Tamaulipas– fue bloqueada por una serie de amparos que interpuso el gobierno federal.
“Se están abriendo nuevas esperanzas, hay compromisos para establecer el paradero de nuestros hijos”, añadió Emiliano Navarrete, padre de José Ángel.

Tras señalar que por la mañana representantes de los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa sostuvieron una reunión con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, subrayó: “El único objetivo para nosotros es que esclarezca el caso Ayotzinapa, porque hereda esta responsabilidad”.
Frente a miles de personas que participaron en la marcha y luego se aglutinaron en el Zócalo capitalino, madres y padres de los desaparecidos hablaron de su esperanza, pero también de su coraje hacia el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien a lo largo de los últimos cuatro años mantuvo la llamada “verdad histórica”.

“Todavía nos engaña pensando que, como los padres somos de los pueblos originarios, no reclamaríamos a nuestros hijos, pero se equivocó, aquí nos tiene. Cuatro años de lucha repitiendo la consigna: ‘¡vivos los queremos!'”, lanzó Cristina Bautista Salvador al tomar el micrófono.
Y Navarrete denunció: “La ONU, en la cara le puso a este gobierno que lo que dice lo tuvo a base de torturar a estas personas detenidas (…) La misma CNDH le ha demostrado al gobierno mexicano que su investigación está mal”.
Añadió: “El gobierno está aferrado a querernos someter en una forma que ellos inventaron, una supuesta verdad. ¿Cómo puedes aceptar algo que no existe? No, señores, no vamos a aceptar la versión del gobierno”.
El mitin inició este miércoles pasadas las seis de la tarde. Y hace cuatro años, recordó Rosales, los normalistas de Ayotzinapa “más o menos a esa hora salían de la escuela rural rumbo a Iguala para recoger participaciones voluntarias y tomar autobuses para venir aquí (a la Ciudad de México) a conmemorar la masacre del 2 de octubre”.
Bautista agregó: “Sabemos que no somos los únicos que estamos sufriendo de no tener a nuestros seres queridos. Debemos de caminar juntos para llegar a la verdad (…) Nosotros los padres de familia queremos decirles que no nos vamos a rendir”.
En el templete instalado en la explanada del Zócalo capitalino, los familiares de los normalistas se colocaron en fila, sosteniendo entre sus manos imágenes con los rostros de sus hijos.
Detrás de ellos, cuatro estudiantes levantaron mantas en color rojo, donde se planteaban cuatro líneas de investigación “imprescindibles para la verdad y la justicia”.
Esas son: que se investigue a la policía municipal de Huitzuco, que se revise la actividad de los celulares de los normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014, que se determine el papel que tuvo el Ejército, y que se considere que el móvil del ataque fue el trasiego de heroína de Guerrero a Chicago, Estados Unidos.
La marcha salió poco antes de las cinco de la tarde del Ángel de la Independencia, horas después de la reunión que sostuvieron representantes de los padres con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien les refrendó sus promesas.
Incluso dijo que ya invitó al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para que regrese a México a continuar con su labor de coadyuvancia en la investigación. Y Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación, prometió que la siguiente administración esclarecerá el caso.
En el antimonumento a los 43 instalado en el cruce del Caballito, el vocero Felipe de la Cruz aseveró que este sexenio “termina con las manos manchadas de sangre”.
Y antes de proceder al pase de lista de los 43 estudiantes desaparecidos, agradeció “a todos los que nos acompañaron este día, y que nos acompañaron cada 26 del mes a lo largo de estos cuatro años”.
A través de las bocinas instaladas en el antiguo camión que abrió la marcha, una normalista soltó: “Dicen que las normales rurales son un semillero de guerrilleros, pero se olvidan que este país es libre porque fue rebelde”.
Detrás de las columnas de estudiantes de la Escuela Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa caminaron integrantes de organizaciones sociales y estudiantiles –con mantas, banderas o puño en alto–, pero también cientos de ciudadanos de a pie.
Poco antes de las 5 de la tarde, mientras la marcha arrancaba, las nubes grises soltaron una intensa lluvia sobre avenida Reforma. De pronto, el carril derecho de la vía se llenó de paraguas y capas de lluvia.
Los jóvenes normalistas no cubrieron sus playeras negras –con los 43 rostros impresos– y en poco tiempo quedaron empapados. Pero no dejaron de gritar consignas.
“Los estudiantes de las normales rurales somos los hijos de la clase desprotegida”, lanzó un alumno de Ayotzinapa.

Fuente

Promete AMLO crear la comisión de la verdad

Foto
▲ Padres de los normalistas desaparecidos y el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, al término de la reunión que sostuvieron cuatro años después de los hechos.Foto Carlos Ramos Mamahua
Alma E. Muñoz y Emir Olivares
 
Periódico La Jornada
Jueves 27 de septiembre de 2018, p. 3
El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, hizo ayer tres compromisos con los padres de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos hace cuatro años: crear una comisión de investigación para la verdad y la justicia; firmar un decreto, el primero de diciembre, con las acciones que impulsará su gobierno para que ninguna instancia obstaculice la justicia en este caso y que el Estado mexicano aceptará la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Alejandro Encinas, próximo subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, aseguró que no habrá verdades históricas, sino justicia, y aunque señaló que en estos cuatro años ha habido una actitud omisa, de dolo, en las indagatorias retomarán lo que se haya hecho bien; lo que no, se corregirá y habrá nuevas líneas de investigación.
Después de dos horas de la reunión con los familiares de los estudiantes desaparecidos, López Obrador externó un reconocimiento solidario a los padres y madres que ayer portaban los emblemáticos carteles con los rostros de sus hijos. Son un ejemplo para todos los que luchan en México y en el mundo por la justicia, por su en-trega a esta noble causa, aseveró.
En conferencia de prensa en el Museo Memoria y Tolerancia, afirmó que cumplirá con toda seguridad lo que ofreció en campaña de “ayudar a aclarar todo lo sucedido en este lamentable caso… no debemos temer si se conoce la verdad… No es cierto que si se investigaba y se llegaba a conocer la verdad –que se conozca dónde están los jóvenes y se castigue a los culpables– se iban a debilitar las instituciones del Estado mexicano, eso es falso. Se debilitan si se oculta la verdad. Se va a hacer justicia”.
–La verdad, ¿caiga quien caiga? –se le preguntó.
–Se va a investigar a todos –dijo.
Acompañado por Encinas y la futura titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, López Obrador anticipó que solicitará al Poder Judicial, con todo respeto, porque se trata de un poder independiente, que reafirme la sentencia (de un tribunal colegiado de Tamaulipas) para que se pueda constituir la comisión investigadora en este caso.
No obstante el resultado, afirmó que el primero de diciembre vamos a emitir un decreto para crear, si no se ha hecho, esa comisión investigadora y definir todo el procedimiento que vamos a llevar a cabo hasta llegar a la verdad y a la justicia.
A ese proceso se sumará la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) puntualizó.
Dijo además que la Secretaría de Gobernación ya no tendrá que ver con asuntos policiacos ni de espionaje, pues se dedicará a las relaciones políticas, a la protección de los derechos humanos, y en ese nuevo enfoque, ratificó que Encinas coordinará los trabajos para que se cumplan los compromisos en este lamentable y triste caso de los jóvenes de Ayotzinapa.
Manifestó que abrirá las puertas del país a todos los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos que han ayudado contra viento y marea para que este asunto no fuese cerrado y nos permitiera llegar hasta este momento en que se retoma para que se haga justicia. Al igual que a las nacionales, les agradeció su labor.
A los cerca de 60 familiares que asistieron al encuentro les reiteró el compromiso de no fallarles.
A la reunión asistieron también tres integrantes de la CIDH, encabezados por la relatora para México, Esmeralda Arozamena de Troitino; el representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Jan Jarab, y el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez.
Participantes en la reunión revelaron más tarde que los padres de los estudiantes exigieron a López Obrador que no considere al general Alejandro Saavedra Hernández, ex comandante de la 35 Zona Militar (que abarca Iguala, Guerrero) cuando ocurrió la desaparición de los muchachos, como titular de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Encinas señaló en entrevista posterior que investigarán todo, incluidos Ejército, grupos políticos y Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, aunque aclaró que no será una cacería de brujas, porque el principal propósito es buscar la verdad.
La senadora Sánchez Cordero destacó que llegarán a la verdad y habrá apoyo total para las víctimas.
Antes del encuentro, López Obrador inauguró en el Museo Memoria y Tolerancia la exposición 1968-2018 Impunidad.

Fuente 

1968-2018: un Estado más violento y autoritario



 

Como en 1968, los movimientos sociales siguen siendo considerados “amenazas” al Estado. La brutalidad del Ejército contra estudiantes en Tlatelolco no fue una excepción, sino la sistemática “solución” que se aplica hasta hoy con el beneplácito del gran empresariado

Sociólogos, defensores de derechos humanos, abogados y activistas coinciden en que, a 5 décadas de la matanza de Tlatelolco, la represión del Estado es peor que la de 1968.
Hoy se cuentan, como sólo un ejemplo, 37 mil desaparecidos y se pueden enumerar recientes ataques indiscriminados contra una población  organizada: la irrupción de los cuerpos policiacos en poblaciones, como Atenco (Estados de México, 2006) y Nochixtlán (Oaxaca, 2016), la ocupación de la entonces paraestatal Luz y Fuerza del Centro (2009), la represión a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (2006), el involucramiento en la desaparición de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Isidro Brugos, de Ayotzinapa, Guerrero (2014), entre muchos otros.
Advierten que hoy permanece esa violencia estatal sistemática, que se mezcla con las acciones del crimen organizado. Consideran que una muestra de la preocupación de los gobiernos ante cualquier la protesta social es el nivel de riesgo que se le asigna en la Agenda Nacional de Riesgos, documento de carácter confidencial elaborado por el centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). En el documento se coloca a la los grupos sociales como un riesgo para la seguridad nacional en su capítulo “Ingobernabilidad por movilizaciones”.
Esta política de Estado se ha afianzado, coinciden los entrevistados, con la nueva Ley de Seguridad Interior, que permite a las Fuerzas Armadas realizar “investigaciones” y realizar cateos y detenciones sin la orden de un juez.
Gilberto López y Rivas, uno de los sobrevivientes a la masacre de 1968 y profesor-investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), dice que siempre va a ser posible, e incluso predecible, que cualquier movimiento sea reprimido por el Estado, porque éste representa los intereses de una clase social cuya esencia es la explotación y la dominación.
De hecho, agrega el miembro del Sistema Nacional de Investigadores, “estamos asistiendo a una represión verdaderamente impresionante. Ejemplo de ello son las ejecuciones sumarias llevadas a cabo bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo (que van por más de 200 mil durante estos sexenios); entonces, el sistema aplica la represión en cualquier lugar de la República y a cualquier hora, trabajan 24 horas por 7 días a la semana; ellos no descansan”.
El ejercicio de la fuerza se lleva a cabo de muy diversas maneras, expone. Se trata de una violencia sistémica, estructural, de género. Señala que, a 50 años de la matanza de Tlatelolco, México “se ha convertido en el país de las fosas, de las ejecuciones sumarias, de la tortura, de las cárceles clandestinas, de los grupos paramilitares. La clase y los grupos dominantes han aplicado la violencia en México, superando a Colombia, Guatemala, Argentina y Chile. ¡Es un escándalo, una catástrofe humanitaria!”, dice el doctor en Antropología por la Universidad de Utah.
“Esa lógica de los gobiernos, de resolver por la fuerza los conflictos sociales, no se ha modificado significativamente y es un riego actual para los movimientos sociales”, dice, por su parte, Simón Hernández León, integrante del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social.
El también abogado y defensor de los derechos humanos comenta: “Vemos cómo los actores políticos no privilegian los mecanismos de carácter político, de negociación o de resolución de conflictos, sino muchas veces la primera respuesta del Estado frente a una problemática social es el uso de la fuerza”.

Endurecimiento del Estado

Bertín Reyes Ramos, integrante del Frente Popular Revolucionario y vocero del Partido Comunista Marxista Leninista, no descarta otro escenario similar al de 1968 en contra del movimiento social, porque no ha desaparecido lo que originó la represión del 2 de octubre: “Los intereses de grandes empresas y corporaciones ni la dominación a la que está sometido nuestro país por parte del vecino del norte, Estados Unidos”.
Para el dirigente social, la ola de violencia que se ha vivido en los últimos años, con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas y los demás jóvenes asesinados, “ha superado por mucho los muertos y desaparecidos de 1968. Esto nos demuestra que estamos en una situación de fascistización, de endurecimiento del Estado mexicano, sometido a grandes intereses de empresas y corporaciones, y lo mismo representa negocios legales que ilegales”.
Ejemplo de los “supuestos negocios legales”, comenta Reyes Ramos, y que han violentado comunidades en todo el país, es la minería, negocio que ha entregado grandes extensiones de territorio y recursos naturales a empresas privadas, muchas de ellas extranjeras.
Se trata, dice el luchador social, de una “guerra de baja intensidad”, en contra de los defensores del territorio. “Hay una represión abierta y brutal a otros niveles; por eso también entendemos que no han querido regresar al Ejército a los cuarteles y siguen en esta lógica de tenernos vigilados a través de sus órganos de inteligencia, como el Cisen y de los órganos de inteligencia de las Fuerzas Armadas”.
Maurilio Santiago Reyes, abogado y presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CDHAPI), tampoco descarta otro escenario equiparable al acontecido en la Plaza de las Tres Culturas, “pues en este momento la situación en el país es muy complicada; hay un alto índice de ejecuciones extrajudiciales, de desaparición forzada, de desplazamiento interno y de detenciones arbitrarias y tortura”.
El abogado que acompaña a las víctimas de los hechos ocurridos en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, donde policías federales y estatales reprimieron a integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y sociedad civil, el 19 de junio de 2016, enfatiza que la represión puede darse más sobre los pueblos indígenas que reivindican derechos humanos como el acceso a la tierra y a los recursos naturales.
En entrevista con Contralínea, Santiago Reyes comenta que la acción represora puede ejecutarse por otros grupos supuestamente no estatales, como paramilitares, sicarios del crimen organizado o porros, pero avalados desde el poder.
Francisco Retama, Integrante del partido Movimiento al Socialismo, comenta hay que identificar que en 1968 también hubo la participación de infiltrados, que después conforman un modelo repetido a lo largo de estos últimos años: “agentes encubiertos, provocadores en las movilizaciones que actúan directamente para confundir y amedrentar o que, por medio de su acción, justifican el uso de la fuerza represiva”.
Ejemplo de ello es lo ocurrido el 20 de noviembre de 2014, cuando a pocos meses de la acción brutal contra los normalistas de Ayotzinapa, se llevó a cabo una movilización en la Ciudad de México como muestra de repudio y condena a los hechos en Iguala, “y donde el uso de infiltrados justificó la acción conjunta de la policía de la Ciudad de México y de la Policía Federal para desalojar a los manifestantes en el Zócalo capitalino”.

Espionaje desde el poder

Los especialistas enfatizan que uno de los factores que ha facilitado el ejercicio de la fuerza sobre los movimientos sociales y sus líderes son los apararos de espionaje que opera el Estado, mediante el Cisen, la Sección Segunda de la Defensa Nacional y la Unidad de Inteligencia Naval de la Marina.
“El Cisen es un aparato que sirve a un grupo dominante, pero los grupos realmente efectivos están en la Armada y el Ejército, con una gran penetración de los estadunidenses; y ahí van a seguir porque ellos tienen como principal enemigo a todas las organizaciones populares”, comenta el antropólogo Gilberto López y Rivas.
Fernando Ríos Martínez secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todas (conocida como Red TDT y que está conformada por 85 organizaciones de 23 estados de la República), dice que un ejemplo claro del espionaje ilegal e ilegítimo del Estado fue el realizado por el malware Pegasus contra defensores de derechos humanos y comunicadores. El sistema era operado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Cisen.
El Cisen, comenta el secretario ejecutivo de la Red TDT, “utiliza una serie de sistemas digitales de espionaje que permiten una mayor cobertura en su trabajo y que, desgraciadamente, están al servicio de intereses obscuros y de los grandes capitales. Lo que hemos visto es que esta información se utiliza para saber cuáles son los planes de los movimientos en las organizaciones de derechos humanos y poder intervenir”.

Agenda Nacional de Riesgos

La Agenda Nacional de Riesgos (ANR), uno de los documentos clasificados como confidenciales por el aparato de inteligencia del país, focaliza a los movimientos sociales como opositores a los cambios hechos a la Constitución, a través de las llamadas “reformas estructurales”, llevadas a cabo en los últimos años.
En el documento, elaborado por el Cisen, son considerados por el Estado mexicano como un riesgo para la seguridad nacional movimientos como el de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el Sindicato Mexicano de Electricistas, el Frente Amplio Social, el Frente Popular Revolucionario, el Movimiento de Liberación Nacional (MLN), la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre (UPVA) y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).
“Esta característica dibuja con mucha nitidez a un Estado autoritario, que no tiene capacidad de respuesta política a los reclamos sociales y que ve en ellos siempre un riesgo de desestabilidad, de ahuyentar de las inversiones, de sacudir a la estabilidad macroeconómica. Se trata de un Estado preparado, porque si los movimientos sociales representan focos rojos, esos focos rojos hay que apagarlos”, dice Francisco Retama, del partido Movimiento al Socialismo.
Con un nivel de riesgo “medio en 2013 y luego “alto” en 2015, el capítulo “Ingobernabilidad por movilizaciones” de la ANR diagnostica de manera general que “existen organizaciones que adoptan tácticas de presión y motivaciones opuestas al interés colectivo con capacidad de reducir los márgenes de gobernabilidad en zonas específicas (Contralínea, 503).
“El comportamiento de algunas de ellas busca generar crisis recurrentes de gobernabilidad”, consigna el documento.
La Agenda hace una división en el tipo de “organizaciones sociales que alteran deliberadamente el orden social”. Las primeras, aquellas –según el expediente– que tienen “oposición a políticas públicas que eliminan privilegios a grupos de interés, obtenidos mediante la presión política y social (reforma Laboral y Educativa)” (sic).
También hace un análisis de lo que llama “conflictividad regional”, y explica que hay una obstrucción a proyectos de infraestructura (hidroeléctricos, eólicos, termoeléctricos, aeropuerto y refinería), bajo el argumento de “supuesto daño al entorno ecológico y la desatención a las necesidades de las comunidades”.
“Para todos los órganos de inteligencia, los movimientos sociales son las preocupaciones centrales”, dice el antropólogo Gilberto López y Rivas.
Manifiesta que en el país hay un rechazo a la explotación minera por afectaciones al medio ambiente y saqueo de los recursos naturales, lo que implica la focalización de estos grupos opositores a los procesos extractivos como de interés para la seguridad nacional.
El documento del Cisen hace énfasis en la utilización de la “figura denominada como policía comunitaria para conformar grupos con intereses que alteran la armonía comunitaria. Aun cuando los medios de comunicación reflejan la proliferación de estas organizaciones en diversos estados del país, en los hechos de su operación se concentra en Guerrero y Michoacán”.
Al respecto Bertín Reyes Ramos, señala que: “Ellos, la clase en el poder, no quisieran tener ningún tipo de oposición, y la principal oposición no está ni en las cámaras ni en ninguna instancia institucional: está desde la propia organización de nuestros pueblos, de nuestras organizaciones obreras, estudiantiles, sociales, populares”.
En ese sentido, agrega el luchador social, “nos ven como el principal riesgo porque no tienen ningún control institucional sobre nosotros. Para el gobierno, en el plan que tiene de saqueo y entrega completa de los recursos, están previendo una respuesta importante de la población. Lo que no quieren es que sea una respuesta organizada, consciente, con un programa, con un planteamiento claro, de transformación, en materia económica, política y social porque eso implicaría poner en riesgo todos sus intereses. Nos tienen ubicados para poder desactivar cualquier respuesta efectiva. Para ellos es más fácil frenar al movimiento social con una violencia brutal, como la del 68”.
Érika Ramírez

Para 2020 se contará con 180 mil barriles de crudo al día adicionales: Sener

Ciudad de México (Iliana Chávez / Energía Hoy).- El Secretario de Energía (Sener), Pedro Joaquín Coldwell, indicó que resultado de los contratos firmados de las rondas petroleras, para 2020 se contará con 180 mil barriles de crudo al día adicionales, cifra que aumentará a 430 mil en 2024 y mantendrá una tendencia a la alza hasta alcanzar los 816 mil barriles diarios de petróleo en 2030.
En el marco de la inauguración del Congreso Mexicano del Petróleo 2018 (CMP), agregó que uno de cada cuatro barriles que se produzcan en 2030, provendrán de alguna de las 107 áreas adjudicadas en esta administración.
Precisó que tras la conclusión de nueve licitaciones petroleras para la exploración y extracción de aceite y gas, resultaron ganadoras 73 empresas de 20 nacionalidades, entre ellas, Petróleos Mexicanos (PEMEX).
Se adjudicaron 107 áreas contractuales que, a lo largo de su periodo de vida, se estima detonarán más de 900 mil empleos, en caso de éxito geológico, inversiones por cerca de 161 mil millones de dólares, con una utilidad promedio para el Estado de 74 por ciento, señaló el Secretario de Energía, Licenciado Pedro Joaquín Coldwell.
El titular de la Secretaría Energía (SENER) explicó que todos los procesos de licitación se llevaron a cabo bajo estándares de máxima transparencia y publicidad que fueron difundidos por internet en tiempo real. Todos los participantes manifestaron su conformidad con los resultados de las áreas contractuales asignadas y ninguna fue impugnada.
Por otro lado, destacó los avances en el desarrollo de capital humano calificado en el sector, donde a través del Fondo CONACYT-SENER Hidrocarburos, se invirtieron 737 millones de dólares en 47 proyectos para acelerar el descubrimiento y la extracción de crudo.
Explicó que los proyectos incluyeron convocatorias para otorgar becas a estudiantes a nivel posgrado; programas específicos de capacitación para personal de PEMEX; proyectos de fortalecimiento institucional para universidades y centros de investigación, fundamentalmente en entidades con vocación petrolera.
Joaquín Coldwell mencionó uno de estos proyectos, el cual está liderado por el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP). El Centro de Tecnologías para Aguas Profundas, donde se invirtieron más de 2 mil 400 millones de pesos para desarrollar laboratorios especializados y proyectos de investigación aplicada en 3 áreas clave para la industria petrolera: perforación, riesgos y equipos, y sistemas.
Otro proyecto es la construcción de dos litotecas nacionales, una en Mérida, Yucatán, y otra que se localizará en Pachuca, Hidalgo, a cargo de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Ambas contribuirán a resguardar de manera óptima las muestras físicas de las rocas y permitirán ampliar el conocimiento del subsuelo desde un enfoque multidisciplinario. Las litotecas implicarán una inversión total de cerca de 700 millones de pesos provenientes del Fondo CONACYT-SENER-Hidrocarburos.
Sostuvo que la Reforma Energética permitió complementar las actividades de la Empresa Productiva del Estado, Pemex. En exploración y extracción, sísmica y reconocimiento superficial, en gasoductos y en proyectos de almacenamiento de petrolíferos, se han comprometido inversiones por 179 mil millones de dólares, con lo que se fortalece la seguridad energética y recupera el desarrollo regional y el empleo en las zonas petroleras.
Cada una de las asociaciones organizadoras del CMP galardonó a uno de sus agremiados por su trayectoria profesional y contribuciones al desarrollo de la industria petrolera: Premio Nacional AMGP; Premio Nacional de Ingeniería Petrolera CIPM; Premio Antonio García Rojas AMGE; Premio Juan Hefferan AIPM; y Premio a la Trayectoria Profesional y Académica SPE Sección México.

Fuente

Pemex importará crudo ligero de EU

Reuters
 
Periódico La Jornada
Jueves 27 de septiembre de 2018, p. 32
Petróleos Mexicanos (Pemex) iniciará a finales de octubre la importación de unos 100 mil barriles por día (bpd) de crudo ligero, posiblemente de Estados Unidos, que se realizará hasta que termine el actual gobierno de México a finales de noviembre, dijo el miércoles el director general de la empresa, Carlos Treviño.
El directivo refirió que el crudo importado alimentará la refinería de Salina Cruz, la más grande de las seis que tiene Pemex en el país, y ayudará a cumplir con la meta de procesamiento de 800 mil bpd a finales de 2018.
Hemos tomado la decisión (de) importar algo de crudo para poderlo meter en nuestras refinerías y poder mejorar el nivel de proceso de refinerías, crudo ligero, y capturar el margen de refinados, dijo Treviño en entrevista con Reuters.
Pemex ha manejado desde hace tiempo la idea de importar crudo para mezclar en sus refinerías, cuyo procesamiento está a 40 por ciento de su capacidad.
Treviño dijo que Pemex no cumplirá con su meta de producción de crudo para 2018, estimada en 1.95 millones bpd, pero no dio un estimado de en cuánto se ubicaría el bombeo al cierre del año.
Pemex no ha logrado frenar el declive de su producción de crudo, que actualmente se ubica en mínimos de dos décadas. En lo que va del año promedia 1.87 millones de bpd, frente a 1.95 del año pasado y muy lejos del máximo histórico de 3.4 millones de bpd alcanzado en 2004.
Treviño dijo que incluso la producción de 2019 podría bajar debido a problemas en la extracción de crudo ligero en el campo Xanab.
Es un campo que empezó a migrar mucho más rápido de lo esperado hacia el aceite, obligándonos a cerrar varios pozos por invasión de agua (...) golpeando nuestro escenario de producción, dijo Treviño en el marco del congreso petrolero en Acapulco.
Es lamentable, pero esto es una industria de riesgo. Es un campo altamente productor de aceite ligero y gas, añadió.
Treviño apuntó que hay certidumbre total de que se realizarán las subastas de contratos de hidrocarburos planeadas para febrero, luego de que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo que se suspenderán las licitaciones hasta que se revisen los contratos que se han adjudicado hasta ahora.
 
 
Fuente 

¿Quién es Jonathan Heath?, posible subgobernador del Banxico, a propuesta de AMLO


Jonathan Heath Constable podría ser el primer subgobernador del Banco de México (Banxico) propuesto por Andrés Manuel López Obrador. Foto: Twitter @JonathanHeath54

PROCESO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A lo largo del día, sobre todo en las redes sociales y en los portales noticiosos –dentro y fuera de México– corrió como reguero de pólvora la especie de que el prestigiado economista mexicano, Jonathan Heath Constable, célebre por sus muy acertados análisis macroecononómicos, podría ser el primer subgobernador del Banco de México (Banxico) propuesto por Andrés Manuel López Obrador, cuando asuma la Presidencia de la República.
Pero la sola idea de que el tabasqueño piense invitarlo a formar parte de la Junta de Gobierno del organismo autónomo causó revuelo en los sectores económicos y financieros del país.

Si bien Heath tiene las prendas suficientes para ese cargo –ha sido crítico severo de algunas decisiones del banco central, aunque públicamente ha reconocido que Banxico ha hecho un muy buen trabajo-, muchos también ponen en duda que tenga la suficiente experiencia en política monetraria.
Lo que llama la atención es que es un personaje que para nada tiene un perfil, siquiera cercano, al de los muchos hombres y mujeres que acompañarán a López Obrador a partir del 1 de diciembre próximo.

En efecto, Jonathan Heath se forjó en los ambientes más “neoliberales” y “tecnócratas” que se enquistaron en el país aún antes de la llegada de Miguel de la Madrid a la Presidencia y que, con él, cobraron acta de naturalización… hasta la fecha.
Neoliberalismo
Bueno, en realidad, los primeros asomos del neoliberalismo se dieron cuando el propio De la Madrid fue nombrado secretario de Programación y Presupuesto en 1979, al final del sexenio de José López Portillo (1976-1982).
Desde antes de la llegada de Miguel de la Madrid a la primera magistratura del país (diciembre de 1982-30 de noviembre de 1988), Jonathan Heath formó parte de la Dirección General de Política Económica, que encabezaba Carlos Salinas de Gortari, puesto que le sirvió de trampolín para acceder, en el gobierno siguiente, como titular de la Secretaría de Programación y Presupuesto, y que sería el hombre de confianza y brazo derecho de Miguel de la Madrid ya presidente.
Tanta confianza le tuvo De la Madrid a Salinas, que no dudó en promoverlo –con la vieja práctica del dedazo— como candidato presidencial para el periodo 1988-1994.
En ese entorno, Heath trabó relación con hombres que años después serían claves para Andrés Manuel López obrador, como Abel Hibert, quien hoy, junto con Alfonso Romo, son los hombres detrás del trono del presidente electo. De hecho, Hibert fue alumno de Heath y, aún más, éste fue su director de tesis.
Heath ha sido un técnico y teórico puro de la macroeconomía. Especialista en modelos econométricos, ha sido economista principal para México de varias instituciones financieras globales y consultorías internacionales; conferenciante nacional e internacional y profesor en las universidades Autónoma Metropolitana (UAM) Azcapotzalco, Panamericana, el Tecnológico de Monterrey, la Anáhuac, la De las Américas y la Iberoamericana.
La entrevista
En una entrevista con este reportero realizada antes de las elecciones del pasado 1 de julio (Proceso 2173, 24 de junio de 2018), hizo declaraciones y afirmaciones que muchos calificaron de insólitas; otros quedaron sorprendidos, y no pocos, desconcertaron.
Lo que sigue son fragmentos de esa entrevista:
“Al entrevistarlo sobre las tres principales opciones del electorado mexicano para la Presidencia de la República, el prestigiado economista Jonathan Heath revisa sumariamente las propuestas económicas de Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador, no así la de Meade, al que desprecia.
En su opinión, la plataforma del panista es ‘más populista que la de AMLO’ y genera gran desconfianza, mientras que una eventual presidencia del morenista le daría al sistema político mexicano la ‘sacudida real’ que ya le urge –con los riesgos que esto implica–, pero con un trasfondo de conservadurismo fiscal que mantendría la estabilidad.
Jonathan Heath Constable, el economista mexicano más prestigiado en la actualidad, reconocido por sus análisis macroeconómicos, se destapa: ‘Yo no gasto mi tiempo en escuchar a José Antonio Meade, lo que dice en su campaña… simplemente porque es el PRI, y al PRI hay que sacarlo ya, ya, ya. Perdón, pero en el país ya no puede haber más PRI’.
Creo que al PRI le dimos, la sociedad, la oportunidad de regresar al gobierno, pues presuntamente ya se había transformado, se había reformado; que era el partido que ‘sí sabía hacer las cosas’, etcétera; y resultó, yo creo que no igual, sino peor que antes. Aparte, Meade aparece como si fuera un santo, como que no era del PRI. Pero creo que está bastante bien involucrado en todo, en algún grado, en las corruptelas del partido en el gobierno.
La gente tiene razón. Como secretario de Hacienda Meade era, creo, el segundo o tercer hombre más poderoso del país, en el gobierno, y tenía la obligación de alzar la mano cuando veía que estaban pasando cosas, como la estafa maestra y toda una serie de cosas ahí.
Jonathan Heath, con esos argumentos, no tiene empacho en decir, sin tapujos, y de manera insospechada, que López Obrador ‘es el único que puede darle una verdadera sacudida al sistema político y económico vigente’.
–¿Cómo dice? –le pregunta el reportero, ciertamente sorprendido.
–Sí. Lo que necesita el país es una sacudida de a de veras, para poder cambiar realmente a esta estructura que tenemos tan corrompida, donde la corrupción es endémica, donde está bien metido todo, especialmente la impunidad. Es como el huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué viene primero, la impunidad o la corrupción? Hay mucha corrupción porque hay impunidad, pero hay mucha impunidad porque hay corrupción. Pero yo creo que lo principal es la impunidad. La forma de combatir la corrupción a final de cuentas es combatiendo la impunidad.
Y yo creo que el único que pudiera sacudir el sistema, que es lo que necesitamos, sacudir el sistema, es AMLO. Quizá la sacudida sea para bien o para mal, pero de que creo que lo va a sacudir, lo va a sacudir. Ojalá que a final de cuentas sea positivo. Déjame ponerlo, en ese sentido, porque veo que sí hay riesgo, de que pudiera ser para mal y que paguemos un precio grande. Pero quizás ese precio grande es lo que se necesita.
Considera el entrevistado que, por todo lo que ha estudiado de AMLO, es muy difícil que en un gobierno suyo pudiera haber una ruptura de la estabilidad macroeconómica que se ha logrado en más de dos décadas.
Sí es difícil de repente discernir lo que realmente dice y qué no dice. Pero una de las primeras cosas que he descartado es que exista tal peligro, de que nos va a llevar a un populismo rampante tipo Chávez o Maduro, y que nos va a llevar a ser una Venezuela. Eso sí es totalmente fabricado, no tiene base, no tiene ningún sustento.
Dice Heath que ha estado tratando de leer bien y entender bien lo que propone AMLO.
Es un poco difícil, porque hay una gran campaña en su contra de todos los que le tienen miedo, los que le tienen pánico. Entonces, pues la mitad de las cosas que dicen de AMLO creo que no tienen ningún sustento, y es simplemente la campaña con la que estaba en 2006, de que era un peligro para México. Los empresarios, el sector privado, no necesariamente todos, pero una parte, como que tratando de demostrar que todavía es un peligro para México; todos dicen una gran cantidad de cosas, que ni ha propuesto ni ha dicho ni nada.
Si bien a Heath no le cuesta trabajo descartar a Meade y a Anaya como opciones viables para llegar a la Presidencia –porque no ofrecen un cambio y prometen cosas que no van a cumplir–, López Obrador le suscita sentimientos encontrados.
Admite que, ciertamente, es el menos preparado, en términos académicos; plantea cosas contradictorias; sugiere políticas públicas de las que luego se desdice; con frecuencia sus colaboradores más cercanos le enmiendan la plana; no tiene claridad en muchas de sus propuestas; poco entiende el mundo globalizado…
Y, sin embargo, Heath, un técnico y teórico puro de la macroeconomía, reitera en señalar, sin ambages, que López Obrador ‘es el único que puede darle una verdadera sacudida al sistema político y económico vigente’”.
Este es el personaje que, de confirmarse la invitación a ser subgobernador del Banco de México –en sustitución de Manuel Ramos Francia, quien concluye su periodo a finales de diciembre próximo–, sería el primero en ser propuesto por Andrés Manuel López Obrador para integrar la Junta de Gobierno del banco central mexicano.
Mucha tinta corrió en redes sociales y portales informativos. Pero Jonathan Heath, prácticamente se escondió y no quiso hablar.
En su cuenta de Twitter @JonathanHeath54, sólo acertó de decir:

Fuente

China quiere invertir en el sureste de México

Ana Langner
 
Periódico La Jornada
Jueves 27 de septiembre de 2018, p. 27
El gobierno de China está interesado en participar de los proyectos que el gobierno del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, busca construir en el sureste de México, dijo el embajador de China en México, Qiu Xiaoqui y declaró que su país busca mejorar y elevar la calidad de la cooperación bilateral.
Durante la conmemoración en Ciudad de México del Día Nacional de China, organizado en la sede diplomática del país asiático, el embajador Xiaoquix expresó que su país está dispuesto a reforzar la sinergia de estrategias de desarrollo con México y explotar el potencial en áreas clave como energía, infraestructura, manufactura, telecomunicaciones, finanzas y turismo.
En relación con los proyectos que el equipo del gobierno de transición anunció, como el Tren Maya, entre otros, el embajador Qiu Xiaoqui expresó en entrevista que, China tiene mucha capacidad en este aspecto, así que tenemos interés de participar en estos proyectos de construcción.
En su discurso formal, el embajador Xiaoqui expresó que con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se lograron alcanzar consensos “cruciales" durante su encuentro llevado a cabo en la casa de transición en agosto del año en curso.
Al acto conmemorativo asistió, entre otros, la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, quien, abordada por medios expresó que nuestro país puede aprender del sistema económico chino, porque en lugar de concentrar la riqueza en unas cuantas manos, el país asiático traduce su crecimiento económico en beneficio para su pueblo.

Fuente

Trump propone renombrar el TLCAN: TCEUMC “o a lo mejor” TCEUM

El presidente Donald Trump en conferencia de prensa en el hotel Lotte New York Palace durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Foto: Evan Vucci
El presidente Donald Trump en conferencia de prensa en el hotel Lotte New York Palace durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Foto: Evan Vucci

PROCESO

WASHINGTON (apro).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró reticente a decir si sacará a su país del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), aunque aclaró que de llegar a un compromiso con Canadá, el acuerdo tripartita, al que también pertenece México, cambiará de nombre.
“Lo que probablemente vamos a hacer es irnos con el Tratado de Comercio Estados Unidos-México-Canadá (TCEUMC)”, precisó
en conferencia de prensa, al preguntarle si notificaría oficialmente al Congreso federal estadunidense la salida del TLCAN.

“Pero probablemente, o a lo mejor, será solamente Tratado de Comercio Estados Unidos-México (TCEUM), sería Estados Unidos y México”, agregó el mandatario estadunidense en la sesión que sostuvo con reporteros en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.
De acuerdo con Trump, las negociaciones que lleva a cabo su gobierno con el primer ministro canadiense Justin Trudeau sobre el TLCAN son bastante complicadas, a diferencia de la aparente facilidad con que la Representación Comercial de la Casa Blanca (USTR, por sus siglas en inglés) solventó las diferencias comerciales con México.

“México logró un muy buen acuerdo, pero con Canadá es muy difícil; lo que estamos haciendo es conseguir un acuerdo con Canadá, hay buenas oportunidades de concretarlo, pero no estoy hacienda nada cercano a lo que ellos quieren determinar, no será justo”, apuntó.
El pasado 31 de agosto la USTR notificó al Congreso federal que habían finalizado las negociaciones comerciales con México sobre la actualización o renegociación del TLCAN, y agregó que se mantenían con Canadá. Si se logra un compromiso –abundó– se agregaría lo determinado al pacto tripartita.
Con la notificación de la USTR al Capitolio dio arranque el periodo de 90 días que tiene el Poder Legislativo estadunidense para rechazar o aprobar lo negociado entre los tres países, plazo que vence el último día de noviembre próximo.
En el Congreso, los legisladores federales han dejado claro a Trump que no apoyan la definición de acuerdos de comercio bilateral, ni con Canadá ni con México, sino la renovación del TLCAN.
Para que el presidente de Estados Unidos retire la membresía de su nación al TLCAN, oficialmente tendría que notificar al Congreso federal con 60 días de anticipación, tal como lo establece la ley.
“No me gusta el TLCAN, nunca me gustó, ha sido un muy mal tratado para Estados Unidos. Ha sido grandioso para Canadá y para México, muy malo para nosotros. No voy a usar el nombre de TLCAN, me rehúso a hacerlo”, acotó Trump.
En la rueda de prensa, al hablar indirectamente de México, el ocupante de la Casa Blanca reiteró su posición de mantener una política de fronteras cerradas a la inmigración indocumentada, y de limitaciones a la legal.
“Nos estarían dando otros mil 600 millones de dólares para la frontera. Hemos gastado 3 mil 200 millones y nos darán otros mil 600, y luego, eventualmente, vamos a obtener todo y terminaremos la construcción del muro”, remató.

Fuente

miércoles, 26 de septiembre de 2018

Movilización en apoyo a Ayotzinapa

Hoy, a cuatro años de la desaparición forzada de los 43 Estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, marchemos en apoyo...

¡¡PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!!



4 años la lucha sigue hasta encontrarlos.
AYOTZINAPA
A un año
saldremos a encontrar su voz,
sus rostros y sus manos
no los hallaremos en el silencio fúnebre de una tumba
ni los alcanzaremos en el llanto tibio de la lluvia
que moja la noche de su desaparición forzada
no estarán perdidos en el olvido alcahuete
que excreta la impunidad
y presunción oficial de su muerte
ni estarán cautivos
en la baratija de “verdad histórica”
que nunca podrá absolver
a los culpables de su ausencia
estarán en nuestras escuelas
condiscípulos de nuestra rabia
despertando nuevas conciencias
estarán en nuestras calles
pueblos y ciudades
sonriendo al frente de nuestro coraje
porque ustedes son las 43 razones
del porque
todo esto que duele, empobrece y mata
ya tiene que cambiar
hermanos no están solos
ni extraviados en nuestra memoria
ya verán que los encontraremos
ViVoS.
José Humberto Montes de Oca Luna.
Septiembre 2015.

Ayotzinapa: la esperanza está en la verdad

Cuatro años en agonía. Foto: Benjamín Flores
Cuatro años en agonía. Foto: Benjamín Flores

PROCESO

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Este miércoles 26 se cumple un aniversario más de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, hechos en lo que también fueron privadas de la vida seis personas –tres de ellas normalistas– y donde fueron lesionadas varias decenas más, algunas con secuelas hasta hoy.
A lo largo de 48 meses no ha habido un momento en que las familias de los normalistas hayan dejado de exigir justicia y verdad. Esta exigencia se ha seguido escuchando en México y el extranjero a lo largo de todo este tiempo.

La presencia pública de esta dolorosa e irresuelta desaparición forzada se puede explicar por la dimensión numérica de las víctimas, por su juventud o por su pertenencia a un sector vulnerabilizado de la sociedad. Pero sin duda hay otros dos factores que han contribuido a que Ayotzinapa permanezca como una herida abierta en el corazón de la nación.
El primero es que Ayotzinapa evidenció la profundidad de la crisis de violencia y violaciones a los derechos humanos que enfrenta el país. La magnitud –en tiempo y geografía– de los ataques, el control territorial de los perpetradores, el papel activo en la desaparición de varias fuerzas de seguridad y las omisiones no explicadas de otras, y la complicidad entre autoridades y criminales, fueron condiciones que quedaron expuestas a la vista de todos.
Ayotzinapa mostró las condiciones estructurales que han permitido que la colusión entre el crimen organizado y las autoridades se extienda a amplias parcelas de la vida pública, mucho más allá de la esfera municipal.
El segundo factor es, sin duda, la persistencia y la fortaleza de las madres y de los padres. Protagonistas involuntarias de un momento histórico, estas familias se sobrepusieron al permanente dolor de la ausencia, para recorrer con pasos firmes senderos en Iguala, pasillos en Palacio Nacional, calles de la Ciudad de México, decenas de plazas públicas de toda la República e incluso espacios solidarios en otros países. Como lo han hecho decenas de miles de familiares en búsqueda de sus seres queridos a lo largo de todo el país, padres y madres de los normalistas han desnudado las falencias del aparato de justicia y de la atención victimal, consiguiendo que la intervención de las instancias internacionales haya jugado un papel decisivo en el caso.
Cada una de las acciones emprendidas por las madres y los padres ha tenido un solo objetivo: alcanzar la verdad. Pero la administración federal saliente no sólo no ha querido responder a esa interpelación, sino que ha obstaculizado una y otra vez el camino hacia la verdad. A cuatro años, ese es el balance.
Si la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 condensó los factores que inciden en la crisis que padece México, la respuesta del Estado mostró un aparato de justicia fallido y una acendrada indolencia institucional.
A pesar de la dimensión de los hechos, el gobierno federal tardó más de una semana en pronunciarse al respecto. Cuando intervino, lo hizo para confeccionar la llamada “verdad histórica” e intentar cerrar el caso.
Así se construyó, con base en pretendidas confesiones de un conjunto de detenidos, una versión oficial: que los normalistas habrían viajado a Iguala para irrumpir en un acto político municipal, que policías de Iguala y Cocula los habrían entregado a integrantes del crimen organizado, y que éstos los habrían privado de la vida, incinerado y dispersado sus restos en el río San Juan.
En este escenario, las familias lograron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) formara un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), con la misión de supervisar en tiempo real la investigación y la búsqueda y de hacer recomendaciones sobre temas estructurales.
La intervención del GIEI fue decisiva para demostrar científicamente que la versión de la pira en el basurero de Cocula es materialmente imposible.
En su primer informe, además, el GIEI evidenció que los estudiantes fueron monitoreados en todo momento a través del C4 y que su intención no fue boicotear el evento político, encontró momentos y eventos delictivos no reconocidos en la versión oficial, describió una escalada en la violencia durante los ataques y concluyó que éstos se dirigieron a impedir que los autobuses tomados por los estudiantes en Iguala salieran de la ciudad, señaló su preocupación por la fragmentación de la investigación, trató la falta de búsqueda inmediata y de uso de inteligencia y recogió la palabra de las familias.
Seguramente por ello, en su segundo periodo, el GIEI enfrentó una sucia campaña de difamación, lo mismo que constantes obstáculos para alcanzar su cometido. De todas maneras, en su informe final, el grupo documentó nuevos escenarios no investigados y la renuencia de la PGR a profundizar líneas de investigación distintas a la hipótesis oficial, además de sus omisiones y retrasos en las pesquisas sobre trasiego internacional de drogas.
El GIEI también expuso graves irregularidades en el levantamiento y procesamiento de la evidencia supuestamente recogida en el río San Juan.
Luego de la salida del GIEI, el monitoreo de la indagatoria no concluyó. El Mecanismo Especial de Seguimiento de la CIDH ha desem­peñado un papel fundamental en la revisión del caso. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realizó contribuciones esenciales para entender lo ocurrido. Finalmente la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con la presentación del informe Doble injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa, encontró fuertes evidencias de que se cometió tortura contra al menos 34 personas detenidas –algunas de ellas, clave en la construcción de la teoría oficial– y señaló la posible ejecución arbitraria de otra más.
Esta decidida confluencia de un organismo nacional autónomo de derechos humanos, de un organismo del sistema interamericano y de un organismo del sistema universal, no sólo evidenció cómo la mentira se situó en el centro de la respuesta institucional al caso Ayotzinapa, sino que también mostró que el gobierno federal se quedó solo en su tozuda defensa de la “verdad histórica”.
Pero faltaba una evaluación final: frente a las críticas internacionales, la administración saliente sostuvo siempre que la última palabra provendría de los tribunales nacionales. Pues bien, durante este 2018 esa palabra fue enunciada y fue reprobatoria respecto de la hipótesis oficial.
Un esperanzador contrapeso judicial
En mayo de 2018, al resolver juicios de amparo promovidos por personas imputadas en el caso y tras realizar un análisis riguroso, los magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Noveno Circuito encontraron indicios sobre el uso de tortura, además de notar la existencia de otras irregularidades, como detenciones arbitrarias e ilegales, demora en la puesta a disposición de autoridad competente y la omisión de investigar la tortura.
A partir de una valiente propuesta del magistrado Mauricio Fernández de la Mora, el Tribunal determinó que la investigación no había sido independiente ni imparcial ni eficaz y decidió otorgar la protección de la justicia no sólo a los quejosos, sino extender ese manto hacia las propias víctimas del delito con una fórmula innovadora pero legal: ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala), estableciendo que en ella participaría el Ministerio Público pero también, para fungir como contrapeso, los familiares de las víctimas con sus representantes y la propia CNDH. El Tribunal también ordenó profundizar la asistencia técnica internacional, enfatizando la pertinencia de regresar al GIEI.
Lamentablemente el gobierno federal ha empleado su resto en emprender una ofensiva inusitada contra la resolución del Tribunal –de suyo inatacable–, interponiendo más de 200 recursos, escritos e impugnaciones de diversa índole contra esta sentencia, al tiempo que el titular del Ejecutivo estimaba pertinente emplear el tiempo aire del Estado mexicano para reafirmar, en la difusión de su último informe de gobierno, su compromiso personal con la insostenible “verdad histórica”: el presidente expresó su convicción sobre la solvencia de la hipótesis oficial y enfatizó que su gobierno había permitido el escrutinio internacional de la indagatoria; no dijo, sin embargo, que precisamente ese escrutinio internacional concluyó que la explicación por él defendida carece de sustento científico.
En tanto las familias esperan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice la innovadora sentencia dictada en el caso y mientras que ya se vislumbra el deslinde público respecto de la “verdad histórica” de actores vinculados a los hechos o a la investigación –el caso de Osorio Chong en el Senado–, la inminente alternancia abre una oportunidad para el esclarecimiento pleno del caso. Para ensanchar esta oportunidad, en el marco del cuarto aniversario de los hechos las familias se encontrarán con el presidente electo en una reunión decisiva para la ruta de justicia que podría iniciarse.
Los signos del compromiso de la administración entrante con la resolución del caso son hasta ahora alentadores. La designación de Alejandro Encinas para dar seguimiento al tema es en sí misma esperanzadora, pues no sólo desde su visión política, sino también desde su historia de vida, cuenta con las credenciales idóneas para entender la trascendencia de alcanzar la verdad.
Empero, como en tantos otros casos de desapariciones, la experiencia de interacción entre las familias y el Estado mexicano ha sido desastrosa y ha abonado a la sabia desconfianza. Por ello, los padres y las madres de los normalistas están expectantes y ávidos de verificar si lo que hasta hoy son compromisos y declaraciones, se convierten con celeridad en actos de gobierno capaces de verdaderamente desafiar los pactos de impunidad que se entrelazan con la dolorosa historia reciente de nuestro país.
Para las familias no hay duda, la concreción de las palabras en actos pasa por la implementación de la sentencia del Tribunal Colegiado que ordena reponer la investigación con controles externos, particularmente con asistencia técnica internacional.
Ayotzinapa puede ser una oportunidad para el nuevo gobierno. Si el caso es resuelto con justicia y verdad a través de la operación de un mecanismo de investigación innovador, se demostrará que es posible revertir la impunidad. Ese poderoso mensaje podría generar, sin duda, una imparable sinergia respecto de las propuestas que se han lanzado al nuevo gobierno sobre la adopción de una robusta política de Estado contra la impunidad y, especialmente, de medidas emergentes para erradicar y esclarecer las desapariciones. Hoy en el debate público sobre la necesidad de profundizar la asistencia técnica internacional en el ámbito de la justicia, volver a la experiencia del GIEI es ineludible. Por eso, esclarecer el paradero de los normalistas es mucho más que dar cauce a un caso individual.
En México hay al menos 37 mil personas a quienes algún familiar espera y busca, en medio de esa zozobra inconmensurable que genera la desaparición. Como los padres y las madres de los normalistas, se trata de hombres y mujeres que no descansarán hasta saber el paradero de las y los suyos, en un testimonio de amor y de dignidad que –como se ha dicho– es un manantial que alimenta la reserva moral de México. Se trata de víctimas a las que durante muchos años hemos volteado la espalda como sociedad y a las que el gobierno saliente les falló.
La nueva administración no puede ignorar este dolor en los esfuerzos orientados a la transformación del país y debe entender la especificidad y la urgencia de sus demandas. Ellas y ellos ya han dado mucho al país con su ejemplo; más que pedirles que ahora den algo más, corresponde al gobierno entrante poner sobre la mesa lo que las víctimas llevan años demandando: justicia, verdad, un trato digno.
Es hora de estar a la altura de los padres y las madres que movieron a México este sexenio. Por eso la esperanza está en la verdad.
*Director del Centro Prodh
Este ensayo se publicó el 23 de septiembre de 2018 en la edición 2186 de la revista Proceso.  

Fuente

Compromiso por escrito, exigirán padres de los 43

Foto
▲ Ayer en Ciudad de México se realizó una protesta con antorchas para exigir justicia para los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace cuatro años.Foto Xinhua
Emir Olivares, Gustavo Castillo y César Arellano
 
Periódico La Jornada
Miércoles 26 de septiembre de 2018, p. 6
Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos serán claros ante el presidente electo: Ha dado buenas señales, pero no tendrá un cheque en blanco. Los signos de buena voluntad deben materializarse en acciones concretas a partir del primero de diciembre para llegar a la verdad, a la justicia y, sobre todo, a conocer el paradero de los estudiantes.
Con esa premisa, los familiares de los jóvenes desaparecidos hace justamente cuatro años en Iguala, Guerrero, se presentarán este miércoles ante Andrés Manuel López Obrador, en lo que será su primera reunión con el futuro mandatario federal.
Plantearán dos demandas encaminadas a la resolución del conflicto: que el Estado mexicano firme un nuevo acuerdo de asistencia técnica internacional con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recogiendo la experiencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, y que emita un decreto presidencial en el que se delineen por escrito los compromisos de su gobierno, adelantaron a La Jornada representantes de los familiares.
Por la mañana, los padres de familia se manifestaron en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigir que este tribunal valide la comisión de la verdad en el caso Iguala.
Felipe de la Cruz, vocero de los familiares, señaló que luego de reunirse con el presidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales, y las ministras Norma Lucía Piña Hernández y Margarita Luna Ramos, se comprometieron a dar celeridad al tema de la comisión.

Fuente

La lucha estudiantil a 50 años de 1968

 •  0
La protesta estudiantil de 1968 fue detonada por una trifulca callejera, en la que intervinieron porros y provocadores, además de estudiantes; las causas de esa gesta son más profundas y tienen que ver con la inexistente democracia de esa época, el autoritarismo de un gobierno que reprimía y asesinaba mediante los cuerpos policiales y las fuerzas armadas, y la mordaza que sufrían los medios de comunicación.
Eran tiempos en que a nivel mundial se levantaba la voz de la juventud y los estudiantes se rebelaban contra diversas situaciones en sociedades muy distantes y distintas, clamaban por democracia, por derechos humanos y por libertad en múltiples formas; siempre la libertad, una de las principales banderas de las luchas estudiantiles.
¿Qué significa la libertad para los estudiantes que hoy protestan tras la brutal represión del 3 de septiembre en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)?  Para cada uno de los involucrados en las protestas previas a ese fatídico día y para los que se involucraron después, el significado de la lucha puede tener distintas perspectivas, pero después de un mes de paros y marchas, en los que se han involucrado otras instituciones educativas, se puede advertir que entre lo que claman los estudiantes está la libertad aun a 50 años de Tlatelolco.
De acuerdo con el pliego petitorio que los alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Azcapotzalco entregaron al rector de la UNAM, Enrique Graue, algunas de las demandas tienen que ver con tener suficientes profesores para no saturar los grupos, elegir un cuerpo administrativo para ese CCH con la participación del estudiantado en el proceso; así como el que esos administradores realicen un manejo transparente de los recursos.
Por otro lado, le exigen que las autoridades universitarias no prohíban las expresiones político-culturales de la comunidad estudiantil. Debe recordarse que antes del 3 de septiembre se dieron protestas en el CCH Azcapotzalco, en un conflicto entre estudiantes y la ahora exdirectora del plantel María Guadalupe Márquez. Las demandas de los cecehacheros eran sobre mejoras académicas y anulación de cobros indebidos, que se sumaron a la inconformidad por la eliminación de unos murales elaborados por los estudiantes, acción ordenada por Márquez. Entonces también estamos hablando de un reclamo de libertad de expresión.
Más allá del CCH Azcapotzalco, del pliego petitorio sobresalen asuntos que competen a la comunidad universitaria en todos los planteles de la UNAM, que tienen que ver con lo que el 3 de septiembre pedían a Graue los bachilleres, también había estudiantes del CCH Oriente y de algunas preparatorias.
Una demanda era la erradicación de los porros de sus planteles, que fue adicionada en el pliego con la petición de que se tomen acciones en contra de quienes desde adentro de la Universidad y fuera de ésta los patrocinan ­­–los porros operan como brazo represor, agitador o disuasorio de movimientos estudiantiles, ya sea para autoridades administrativas y académicas, o para organizaciones ligadas a poderes políticos externas a las instituciones educativas–; una moción que innumerables rectores y directores de las principales instituciones universitarias públicas del país no han atendido desde hace 50 años, porros hubo en el 68 y los sigue habiendo, el 3 de septiembre en Ciudad Universitaria, bajo la mirada de Graue que estaba en la Torre de Rectoría, golpearon, quemaron, acuchillaron y mutilaron a los universitarios más jóvenes.
Otro punto relevante del pliego petitorio, y que también fue externado antes de la brutal agresión, es la solución al acoso, la inseguridad y la violencia que se vive al interior de la UNAM y en sus inmediaciones. Demanda de los cecehacheros motivada en esos días por el asesinato cometido en agosto de este año contra Miranda Mendoza Flores, alumna del CCH Oriente, que fue secuestrada tras salir del plantel y cuyo cuerpo fue hallado calcinado en el Estado de México.
Desgraciadamente ese tipo de crímenes y otros más son un problema añejo en la UNAM. Los casos de agresiones sexuales contra universitarias son una realidad en la máxima casa de estudios. A principios de este año se denunció el ataque a una estudiante en los baños del CCH Vallejo, el atacante era un trabajador del plantel. En marzo pasado, en la Escuela Nacional de Trabajo Social, fue violada una alumna. En agosto de 2017, varias estudiantes de la Facultad de Economía acusaron de abuso sexual a un profesor adjunto.
La violencia desatada el 3 de septiembre y los crímenes mencionados, son una pequeña parte de la brutalidad que se vive en la UNAM, pues en las últimas tres rectorías se han reportado más de 300 ataques sexuales, periodo en el que la aparición de cadáveres en suelo universitario supera la treintena.
Una profunda investigación de Zósimo Camacho sobre la crisis de inseguridad y violencia de la UNAM puede ser consultada en: Crisis en la UNAM por violencia
Es inadmisible que en la principal universidad del país los estudiantes no puedan ejercer libertad de expresión mediante manifestaciones culturales, es reprobable que no puedan manifestar su inconformidad libres de la represión porril y ante la mirada tácita del rector, pero es aterrador que en los campus universitarios los alumnos, y principalmente las mujeres sean acosadas y violadas.
Por lo anterior, se entiende que una de las demandadas de los universitarios a 50 años de Tlatelolco sigue siendo por libertad de expresión, pero además por la libertad de atender a la vida académica sin el riesgo de sufrir un secuestro, una violación o de ser asesinado.
Al parecer con la pronta aceptación del pliego petitorio por parte del rector el conflicto se aminoró y se focalizó en las demandas de los estudiantes de Azcapotzalco, falta ver si la maniobra de Graue no fue sólo de contención y para evitar que los reclamos escalaran hasta lograr su renuncia; esperemos que implemente acciones que erradiquen a los porros y para proteger al alumnado más allá de la solución de las demandas académicas y administrativas, sobre todo en cuanto a la inseguridad y la violencia que imperan en nuestra máxima casa de estudios.
La marcha de conmemoración de la matanza de estudiantes en Tlatelolco será un buen indicador del tamaño del conflicto universitario. Lo cierto es que a 50 años del 2 de octubre los estudiantes siguen luchando por la libertad.
Roberto E Galindo Domínguez*
*Maestro en apreciación y creación literaria, literato, arqueólogo, diseñador gráfico. Cursa el doctorado de novela en Casa Lamm. Miembro del taller literario La Serpiente