viernes, 29 de junio de 2018

Movilizaciones en BC, Jalisco y Veracruz

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▲ Activistas protestaron ayer frente a Conagua en defensa de 51.5 mil millones de metros cúbicos anuales del líquido que están a disposición de concesiones mediante las vedas que se liberaron en alrededor de 300 cuencas del país.Foto Carlos Ramos Mamahua
Antonio Heras, Juan Carlos G. Partida y Eirinet Gómez
Corresponsales
Periódico La Jornada
Viernes 29 de junio de 2018, p. 35
Organismos ciudadanos defensores del medio ambiente se manifestaron este jueves ante oficinas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Baja California, Jalisco y Veracruz contra la posible privatización del agua resultado de los decretos presidenciales que levantaron la veda en regiones hidrológicas.
En Mexicali, Baja California, más de cincuenta integrantes de grupos civiles protestaron frente a instalaciones de la Conagua como parte de la movilización que promovió la organización Agua para Todos, Agua para la Vida. Reclamaron que entre las cuencas implicadas en los decretos del presidente Enrique Peña Nieto se encuentra la del río Colorado, que abastece de agua a Mexicali, Tijuana, Tecate, Rosarito y Ensenada.
Los inconformes expresaron su repudio a lo que consideraron pésima administración del agua para con triquiñuelas privatizar el líquido. Aseguraron que la firma de los 10 decretos de Enrique Peña para eliminar la veda de 295 cuencas hidrográficas es un engaño del gobierno federal.
Indicaron que un caso emblemático en la frontera es la veda que existe en Baja California por la sobrexplotación de agua en el Valle de Mexicali, prohibición por la cual la Conagua no pudo otorgar concesiones de agua a la empresa cervecera estadunidense Constellation Brands.
En Guadalajara, Jalisco, los manifestantes sostuvieron que levantar las vedas es en realidad una forma de disfrazar la posibilidad de que las cuencas sean privatizadas al renovar concesiones. Aseguraron que entre las cuencas hidrológicas que serían afectadas al levantarse las vedas estarían la número 12, que incluye 19 ríos; la de la región 14, en la que se hallan nueve ríos, y la región 15, ubicada en la zona costa de Jalisco.
Hubo también una protesta en Xalapa, Veracruz, donde Emilio Rodríguez Almazán, integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas de Defensa Ambiental (La Vida) dijo que con los decretos de Peña Nieto, los ríos corren el riesgo de ser explotados por empresas extranjeras dedicadas al sector energético y de extracción.
Rodríguez Almazán dijo que al igual que con la reforma energética, no se pronuncia la palabra privatización, los decretos sobre las cuencas tampoco la mencionan, pero permiten que ésta se dé.

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Damnificados del Multifamiliar denuncian amenazas y agresiones físicas por parte de “desconocidos”


 
PROCESO 
 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Integrantes de la Asamblea Vecinal del Multifamiliar Tlalpan denunciaron que anoche, mientras realizaban su reunión semanal de valoración del proceso de reconstrucción y reforzamiento de edificios, fueron intimidados, amenazados y agredidos física y verbalmente por un grupo de personas no identificadas.
En un video difundido en redes, en el que se aprecian 12 miembros de la asamblea, enviaron una advertencia al gobierno de la Ciudad de México, a quien responsabilizan de cualquier agresión posterior al hecho.

En su posicionamiento, se reservaron cualquier acción para garantizar la seguridad de todos los integrantes de la Asamblea Vecinal del Multifamiliar Tlalpan y de Damnificados Unidos de la Ciudad de México.
A través de un comunicado, explicaron que durante la reunión de anoche -alrededor de las 22:15 horas-, estas personas “desconocidas” los videograbaron y lanzaron amenazas directas en contra de Francia Gutiérrez e Israel Ballesteros, entre otros representantes del Multifamiliar Tlalpan.
La agresión contra Israel obedece a un “intento de intimidación por su aportación a la lucha de las y los damnificados por el derecho a la vivienda y de distraer los avances que hemos logrado recientemente”, subrayaron.
Ante tal situación, decidieron terminar la asamblea, pero al tratar de irse, las “provocaciones escalaron y golpearon directamente a nuestro compañero Israel, quien sufrió lesiones en el rostro”.
Agregaron que, al tratar de separar a los agresores, también recibieron algunos golpes y nuevas amenazas.
“Es muy claro que estos hechos forman parte de una estrategia para amedrentar a nuestros representantes y advertimos que no aceptaremos ningún acto que atente contra la integridad física y emocional de ninguno de los compañeros y compañeras de la asamblea”, señalaron.

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Los bancos no escuchan, considera 90% de usuarios

Roberto González Amador
 
Periódico La Jornada
Viernes 29 de junio de 2018, p. 23
Nueve de cada diez mexicanos en edad productiva considera que los bancos no escuchan a los usuarios ni entienden sus necesidades, reveló un estudio de HSBC que sirvió de base para generar una nueva estrategia de acercamiento a la población.
La mayoría de la gente piensa que no tiene control de sus finanzas ni de su dinero, señaló ayer Juan Parma, director general de banca de consumo.
La institución lanzará una nueva línea de productos para la población joven y familias el 2 de julio, un día después de la elección presidencial, una acción deliberada con la que, explicó el directivo, pretende dar el mensaje de que vamos a trabajar con quien resulte electo.

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Favorable al Sindicato Minero, juicio sobre CCT en San Martín

De la Redacción
 
Periódico La Jornada
Viernes 29 de junio de 2018, p. 16
El Sindicato Minero aclaró que le ha sido favorable el proceso por la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) de la mina San Martín, en Zacatecas. Esto al hacer una serie de observaciones sobre la información publicada ayer por este diario.
El gremio encabezado por Napoleón Gómez Urrutia detalló en un comunicado que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Explotación, Exploración y Beneficios de Minas de la República Mexicana (SNTEEBMRM), celebró el laudo emitido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) que valida el resultado del recuento por la titularidad del CCT de la mina San Martín.
“Conforme lo establecido en el artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo, el pasado 28 de febrero de 2018 en la ciudad de Sombrerete, Zacatecas, decenas de trabajadores acudieron libremente a las urnas para elegir a su representación sindical, con la intención de poner fin a uno de los paros laborales más prolongados en la historia del país.
El proceso se llevó a cabo de forma ordenada y transparente, en cumplimiento a la normativa general vigente, y fue favorable al SNTEEBMRM, de Gómez Urrutia.
Recordó que el pasado 26 de junio, la JFCA notificó a las partes involucradas sobre el laudo para finalizar el juicio de titularidad del CCT, el cual ha resultado a nuestro favor en todas las instancias en que se ha ventilado, prueba de que nuestro sindicato se ha conducido con absoluto respeto a la ley.
Los habitantes del municipio de Sombrerete, donde se ubica la mina, se verán favorecidos por la reapertura de San Martín, lo que traerá consigo la reactivación de la economía local para beneficio de cientos de familias que dependen de la minería como su fuente de ingresos, señaló el sindicato.

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El gran negocio de detener a los menores

 
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EL PASO, Texas (Proceso).- Nadie arriesga la vida cruzando la frontera entre México y Estados Unidos para después suplicarle a un juez la deportación. O casi nadie. Pero María, inmigrante salvadoreña, se vio obligada a hacerlo.
La mujer de 40 años –cuyo nombre real no es revelado– llegó a principios de junio al puente internacional de El Paso, después de una huida desesperada de su país. Venía con sus tres hijos, de cinco, siete y ocho años, escapando de la violencia doméstica y de las amenazas de la Mara Salvatrucha.

Al cruzar la frontera fue detenida por agentes migratorios y conducida a la cárcel del condado, acusada de “entrada ilegal”. Entonces dejó de ver a sus hijos. No supo a dónde los llevaron o quién se hace cargo de ellos. Se aferraba a su abogado de oficio, Ray Lauser, para obtener respuestas, pero nadie podía dárselas.
“Un agente de la Patrulla Fronteriza le dijo que se los habían llevado a Florida, pero no le dio detalles”, recuerda Lauser.
Cuando finalmente fue enviada al centro de detención de inmigrantes donde debería enfrentar su proceso para conseguir asilo, ella sólo quería pedirle al juez que la deportara “para poder reunirse con sus hijos”, dice Lauser a Proceso.
El abogado ha representado en la corte federal a más de 20 inmigrantes que, como María, cruzaron la frontera sin documentos. En la mitad de esos casos los niños fueron separados de sus padres y trasladados a diferentes albergues o campamentos improvisados en varios lugares de Estados Unidos. Ni los padres de los menores ni sus abogados o las organizaciones civiles que tratan de ayudar a los inmigrantes reciben información sobre el paradero de los menores.
“No te dicen nada, ni a nosotros los abogados ni a los jueces. Cuando los padres te preguntan ¿dónde están mis hijos? es muy duro repetirles: ‘No sé, no sé, no sé’”, afirma Lauser.
El Departamento de Seguridad Nacional estima que entre abril y junio de este año unos 2 mil 300 menores fueron separados de sus padres al entrar ilegalmente en la frontera, pero el número exacto se desconoce. Funcionarios del Departamento de Defensa confirmaron a la prensa que se preparan para albergar en algunas de sus bases militares hasta 20 mil niños migrantes.
Las imágenes de menores llorando al ser separados de sus padres y un audio dado a conocer por el medio digital Político, en el que se escucha a un pequeño llorar mientras llama a su papá, generaron una crisis política y mediática para el gobierno del presidente Donald Trump, quien como respuesta firmó el miércoles 20 una orden ejecutiva para detener la separación de familias.
La orden generó un rechazo inmediato por parte de abogados y activistas, porque no canceló la política de tolerancia cero, que ordena la detención y procesamiento de todos aquellos que cruzan la frontera sin documentos, incluidos los solicitantes de asilo político. Además, la orden pretende unificar a las familias, pero encarcelándolas indefinidamente.
“Ahora tendrás a niños detenidos y torturados –psicológicamente– junto con sus padres”, dice a la reportera Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos en El Paso. “Esta orden mantendrá a los niños en detención indefinidamente, lo cual está mal y va contra nuestros valores fundamentales”.
La orden además no especifica cómo será el proceso de reunificación de aquellos niños que han sido separados de sus padres, algo que el director de la Oficina de Inmigración y Aduanas durante la administración de Barack Obama, John Sandweg, considera extremadamente complicado. Primero, dijo, habrá que saber dónde están los padres, si aún están en un centro de detención o si ya fueron deportados.
“Hay que entender que cuando estos niños son puestos en custodia del Estado, entran también en un proceso de deportación, pero a diferencia de los adultos, el caso con los niños avanza muy despacio porque no están en corte migratoria y el proceso puede llevarse entre dos y tres años”, dijo Sandweg en una entrevista con NPR.
“Cuando el niño termina bajo la tutela del Estado entran en juego muchas leyes estatales que complican las cosas. Un niño de tres años no puede hablar por sí mismo, así que un tutor será el encargado de velar por su bienestar. Mientras tanto, tienes a sus padres (deportados) en Honduras… quizá no hablan inglés, no tienen dinero para un abogado y su hijo está cautivo en el sistema de seguridad social de Estados Unidos, donde su tutor quizá decida que por la violencia que se vive en ese país o por la pobreza, no es conveniente que el niño regrese”, señaló Sandweg.
Linda Rivas, directora ejecutiva de Las Américas, un centro de apoyo a inmigrantes en El Paso, ha visto de cerca el caos y la desesperación que ha provocado la política de tolerancia cero.
Rivas dice a Proceso que no existe una base de datos que facilite el proceso de localización. “Uno pensaría que si detienen al padre en El Paso, el niño se quedará en El Paso, pero no es así, se los están llevando a Chicago, Detroit, Florida. Los padres llevan semanas o hasta meses sin saber dónde están sus niños, y si acaso los logran encontrar, sólo les dan permiso de hablar con ellos una vez por semana”.
Un problema adicional, apunta la abogada, es que ahora los niños deben llevar su caso separado de los adultos. “Tienen que pelear su caso solos, sin tener abogado y eso complica mucho las cosas”.
Las cortes migratorias dan prioridad a los casos de personas que están en centros de detención, pero si la persona está en custodia del Estado –como un menor– el caso se puede retrasar años. Según estimaciones del TRAC, una base de datos de la Universidad de Syracuse, las cortes migratorias tienen un atraso de más de 700 mil casos.
Ciudades campamento
Desde finales de mayo el gobierno anunció que habilitará algunas de sus bases militares para albergar a niños migrantes. En Texas, al menos tres podrían ser usadas así: Fort Bliss, en El Paso; Dyess Air Force Base, en Abilene; y Goodfellow Air Force Base, en San Angelo. Las dos últimas están a unos 640 kilómetros de la frontera. Hasta el viernes 22 no era claro si las bases militares albergarán sólo a niños no acompañados o a familias enteras.
Además, el gobierno ha habilitado campamentos para inmigrantes en áreas como Tornillo, a unos 60 kilómetros de El Paso, donde decenas de menores han sido captados en imágenes caminando en fila entre enormes tiendas de campaña. En el verano, las temperaturas en esta región desértica llegan hasta 40 grados centígrados.
Es incierto cuántos menores están recluidos. El congresista federal Beto O’Rourke aseguró que 96 permanecían ahí, pero aclaró que algunos llegaron solos a la frontera y otros fueron separados de sus padres. Otros reportes indican que el campamento tiene capacidad hasta para 360 personas.
El jueves 21, alcaldes de varias ciudades llegaron a las afueras del campamento de Tornillo, pero no se les permitió el acceso. Demandaban la inmediata reunificación de familias y la aprobación de una reforma migratoria. El alcalde de El Paso, Dee Margo, dijo que no tenía información sobre el número de niños detenidos ahí. “No sé de dónde son esos niños, no sé quiénes son sus padres y no sabemos qué está pasando”.
Las ciudades campamento o tent-cities son la respuesta del gobierno a la falta de espacios donde albergar a los menores inmigrantes detenidos. La Oficina de Reubicación de Refugiados tiene bajo su custodia a unos 11 mil 517 menores en una red de aproximadamente 100 albergues en 17 estados. Muchos de esos albergues son privados, contratados por el Estado.
En una nota publicada el jueves 21 The New York Times reveló el negocio multimillonario detrás de los centros o albergues a los que son llevados los menores cuando son separados de sus familias. El diario indicó que sólo en Texas alrededor de una decena de contratistas operan más de 30 albergues para niños en custodia federal, que reciben fondos federales.
“La orden del presidente Trump de mantener a las familias unidas mientras están en detención significará probablemente millones de dólares más en contratos para los albergues privados”, indicó el rotativo.

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jueves, 28 de junio de 2018

Imparable el alza al precio del gas, pese a reforma energética


Juan Carlos Miranda
 
Periódico La Jornada
Miércoles 27 de junio de 2018, p. 26
El precio por llenar un tanque de gas licuado de petróleo (LP) de 30 kilos se incrementó en 86.1 pesos en el año reciente, según cifras de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Datos del organismo muestran que el costo promedio por kilo de gas LP en cilindro observado a escala nacional subió de 16.11 a 18.98 pesos entre el 15 de junio del año pasado y el mismo día de este mes, incremento de 2.87 pesos por kilo.
Resultado de la reforma energética aprobada en diciembre de 2013, el precio del gas LP, combustible que utilizan siete de cada 10 familias en México para calentar el agua y cocinar alimentos, fue liberalizado en enero de 2017 para que fluctúe de acuerdo con las condiciones del mercado. Sin embargo, el costo del combustible no ha dejado de subir desde entonces.
Sólo en el último año el precio de un cilindro de 30 kilos de gas subió de 483.3 pesos a 569.4 pesos, alza de 17.8 por ciento.
La semana pasada la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) aseguró que existe un problema de falta de competencia en el mercado del gas LP en varias zonas del país, debido a que un número reducido de empresas participan en toda la cadena de valor –importación, almacenamiento, distribución y venta final.
Si bien esta integración vertical puede ser benéfica por las eficiencias generadas en la operación de estas empresas, también es una condición que inhibe la entrada de nuevos participantes que podrían ofrecer mejores condiciones de calidad y precio, señaló el órgano en el documento Transición hacia mercados competidos de energía: Gas LP.
En ese texto la Cofece señala que, de acuerdo con estimaciones de la dependencia, un aumento en el número de competidores tiene como impacto reducciones relevantes en el precio promedio final del gas LP, por ejemplo, cuando en una región se incrementa de uno a dos el número de distribuidores, los precios pueden ser menores hasta en 6.5.
De acuerdo con la comisión, estas concentraciones de mercado en la distribución del combustible se profundizan en estados como Yucatán, Baja California y la región del Pacífico.

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Vicios en la Reforma Educativa, una batalla ganada por la CNTE


 
PROCESO 
 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un cambio en la estrategia jurídica de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) permitió que órganos del Poder Judicial finalmente le dieran la razón a los contingentes del movimiento magisterial, al reconocer, a través de la resolución de tres juicios de amparo, los vicios y vacíos legales en la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), uno de los tres pilares de la Reforma Educativa.
Apro tuvo acceso a las resoluciones de los juicios de amparo 144/2016 radicado en el juzgado Sexto de Distrito en el estado de Quintana Roo, el 795/2017-V en el juzgado Octavo de Distrito en Sonora y el 1047/2017 en el Juzgado Tercero de Distrito de Yucatán que maestros aliados a la CNTE interpusieron desde el año pasado y en los que cada uno de los jueces y ministros estatales que resolvieron los recursos legales este año evidenciaron faltas al “debido proceso” en la aplicación de la LGSPD.

De acuerdo con el análisis jurídico de los ministros y jueces encargados de resolver los amparos, la principal violación fue que las notificaciones a los profesores que resultaron seleccionados para presentar el examen de permanencia no se hicieron “conforme a derecho”.
A su vez, esto evidenció que la Ley General del Servicio Profesional Docente, publicada en septiembre de 2013, omite el proceso para definir cómo debe ser la selección de los docentes que serán evaluados y con la que se define si un profesor continuará o no frente a grupo.
Según determinó la magistrada presidente del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito de Yucatán, Raquel Flores García, la juez Octavo de Distrito en el estado de Sonora, Araceli Trinidad Delgado, y el presidente magistrado del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito de Quintana Roo, José Ángel Máttar Oliva, las notificaciones de selección que recibieron los profesores agraviados carecen de sustento jurídico, pues se hicieron por correo electrónico, incluso algunas más de manera verbal, violentando con ello la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.
Este tipo de notificaciones ocurrieron en, por lo menos, 17 casos, igual al número de profesores que presentaron el recurso de amparo.
La cuestión no es menor, explicó a apro el abogado de la Comisión Nacional de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos (CONAJUDH) de la CNTE, Julio César Velázquez García, pues con estas notificaciones “laxas” de selección se puso en juego el trabajo de los docentes y, en su caso, se inició el procedimiento de remoción.
Actualmente, el movimiento magisterial reclama el cese de 586 profesores que fueron removidos por causas como “no abrir su correo electrónico”; “no se enteraron, no fueron a la evaluación y hoy están cesados de manera injustificada”, comentó el litigante.
La violación que jueces y magistrados identificaron es tal que en la resolución del 19 de diciembre de 2017 del amparo 795/2017-V, la jueza Trinidad Delgado determinó otorgar la suspensión definitiva para que los dos docentes amparados no acudan al examen de permanencia hasta que no se les notifique de manera fundamentada y motivada.
También, en la resolución del 15 de marzo de 2018, el magistrado presidente Máttar Oliva del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, suspendió el procedimiento de remoción al que estaban sujetos cuatro profesores de Quintana Roo, por la misma causa.
En lo que denominaron la última jornada de lucha antes de las elecciones del 1 de julio, los profesores de la CNTE mantuvieron un paro laboral desde el 4 de junio y hasta el 20 del mismo mes, para demandar la reinstalación de la Mesa Única de Negociación, con el secretario de Gobernación (Segob), Alfonso Navarrete Prida; el de Educación Pública (SEP), Otto Granados Roldán, y el mismo presidente, Enrique Peña Nieto, para tratar las “violaciones” laborales de la Reforma.
Hasta el miércoles 20, los maestros estuvieron en plantón sin recibir respuesta del gobierno federal a sus peticiones de diálogo.
Contra la Reforma
Desde que en 2013 legisladores que promovieron el “Pacto por México” y congresos locales votaron en pro de la Reforma Educativa – una de las 11 reformas estructurales del plan de gobierno del presidente Peña Nieto-, los profesores de la CNTE denunciaron que su aplicación significaba modificaciones de carácter laboral, más que pedagógicas, y que afectarían los derechos de trabajadores del gremio.
Una vez aprobados los cambios a los artículos Tercero y 73 constitucionales -el “corazón” de dicha Reforma-, la Asamblea Nacional Representativa de la CNTE decidió emprender una batalla política, pedagógica y jurídica.
Esta última, arrancó con la interposición de una oleada de al menos 80 mil amparos contra las modificaciones constitucionales. A finales de 2013, hubo una nueva presentación de 300 mil amparos contra la publicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente.
Pero en ambos casos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la “invalidez” de los amparos, en contra de los profesores, al subrayar que ningún derecho puede estar por encima del interés superior de la niñez.
Tras la inacción, en 2016 vino un tercer intento de la CNTE de luchar jurídicamente, esta vez al denunciar violaciones en la aplicación de las leyes secundarias.
El 3 de marzo de 2016, seis profesores de prescolar, primaria y secundaria de Quintana Roo pidieron el amparo de la justicia federal contra el procedimiento de remoción de labores que inició la Secretaria de Educación estatal, por no acudir a la evaluación de permanencia de ese año.
Según consta en el recurso de amparo 144/2016, los docentes se identificaron como “terceros extraños” en el proceso administrativo de remoción iniciado en su contra, es decir, que desconocían del proceso de remoción, al argumentar que no habían sido notificados “fundada y motivadamente” de su selección para presentar la evaluación, porque se les avisó por correo electrónico y no físicamente.
El 28 de junio de 2017, el Juez Sexto de Distrito del estado, con residencia en Chetumal, les dio la razón.
En sus considerandos, exigió a las autoridades locales que declararan “insubsistente” el procedimiento de remoción contra cuatro de los seis docentes, pues encontró que “la diligencia de emplazamiento” o la notificación de su procedimiento de remoción violaban los artículos 76 y 77 de la Ley del Procedimiento Administrativo del estado, relacionados con la notificación personal y a domicilio.
El mismo juez, además, identificó que la notificación de la selección de otro de los docentes también era violatoria, por contener las mismas características.
Los docentes pertenecientes a la Coordinadora y las autoridades locales pidieron un recurso de revisión del amparo. Los maestros pretendían buscar que la resolución beneficiara a todos los quejosos, en tanto que, la Secretaría de Educación local quería impedir un primer fallo favorable para los profesores “disidentes”.
El recurso 468/2017 se turnó al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en el que en sesión del 15 marzo 2018, por unanimidad de los votos del magistrado presidente José Ángel Máttar Oliva y los magistrados Luis Manuel Vera Sosa y José Francisco Albarrán Mendoza confirmaron la sentencia, justificando que “al tratarse un de procedimiento administrativo (…) se debe exigir que cumpla con el mayor número de formalidades o cercioramientos, con la finalidad de que el notificador tenga la posibilidad de comparecer al procedimiento y  defenderse”, señala el documento.
Con esta primera sentencia a su favor, los abogados de la CNTE fueron aún más lejos y el 13 de septiembre de 2017, subrayando una vez más la indebida notificación, dos docentes de Sonora Interpusieron el amparo 795/2017-V.
La resolución del juez Javier Gálvez Zúñiga del Juzgado Octavo de distrito en Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, no sólo trascendió por ser la primera vez que se otorgó a los docentes la suspensión provisional para que no fueran convocados al proceso de evaluación de permanencia de ese año.
También se puso a discusión un segundo argumento fundamental para la Coordinadora: la selección de los docentes carece de fundamentos legales en la Ley del Servicio Profesional Docente; es decir, “la elección de docentes (a ser evaluados) puede realizarse de cualquier forma”, según se lee en los argumentos de los profesores, plasmados en la redacción del amparo 795/2017-V.
El 19 de diciembre de ese año, tras la apertura de un periodo de pruebas, la Juez Octavo de Distrito de Sonora, Araceli Trinidad Delgado, otorgó la suspensión definitiva a los dos maestros, reiterando que la notificación de selección para la presentación del examen fue ilegal, pues se confirmó que fue vía correo electrónico.
La juez también se valió del Oficio CNSPD/DGPE/L00.3/840/2017, firmado por María Isaura Prieto López, directora general de Permanencia, de la de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, en el que se expresó que las notificaciones para el proceso evaluativo, “únicamente se pueden hacer por correo electrónico cuando así lo consciente el maestro. En caso contrario la autoridad tendrá la obligación de proceder a notificar personalmente”.
La resolución de la jueza de Sonora también coincidió con el fallo del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito del Estado de Yucatán, en el amparo 1047/2017, promovido por ocho docentes de esa entidad.
Si bien, el recurso de los docentes yucatecos no procedió, los magistrados Paulino López Millán, Raquel Flores García, Fernando Amorós Izaguirre analizaron que “para el desarrollo del proceso de evaluación educativo se requiere de la citación del personal docente a dicho proceso (…) la simple comunicación verbal y/o electrónica de su selección para ser evaluados no constituye propiamente una determinación efectiva que sujete a los quejosos de manera real y actual a una evaluación docentes”.
Resoluciones “a modo”
Los órganos judiciales locales no son los únicos que han reconocido los vacíos legales.
El pasado viernes 22, tras cuatro años de implementada la reforma educativa, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la parte gremial de los maestros que apoyó las modificaciones constitucionales en la materia, aseguró que existen “inconsistencias” en la LGSPD.
En un mensaje oficial, el sindicato reconoció que la basificación de prefectos y ayudantes de laboratorio había quedado “indefinida”, debido a una “interpretación equivocada de la ley”. Por una serie de “gestiones” con la SEP, el SNTE logró que se entregara el nombramiento “definitivo” a 861 prefectos de secundarias generales y técnicas, así como a 139 ayudantes de laboratorio de secundarias generales, sin que éstos realizaran la Evaluación de Desempeño del Servicio Profesional Docente, que marca la Ley General del Servicio Profesional Docente.
El líder del SNTE, Juan Díaz de la Torre, adelantó que el gremio también buscará ante la autoridad educativa un trámite similar para otorgar el nombramiento definitivo a médicos escolares y a seis mil docentes de Tecnologías.
La SEP guardó silencio.
El asesor jurídico de la CNTE, Julio César Velázquez, explicó que, con esta nueva oleada de amparos contra el proceso de la aplicación de la Ley del Servicio Profesional Docente, la Coordinadora busca demostrar los vacíos legales y la ilegalidad de la Ley General del Servicio Profesional Docente que afecta al gremio magisterial.
“La ley no dice la forma y el procedimiento para seleccionar a los maestros que tienen que ir a evaluación de la permanencia; no te dice nada al respecto. Y lo que pasó es que, curiosamente, todos los profesores que se inconformaron salieron seleccionados para la evaluación”, refirió el litigante.
Y agregó: “La SEP presume de un software que hace la selección aleatoria, pero en la base de datos de éste se metieron solamente algunos nombres y a los demás los dejaron afuera. En algunos otros estados, se hicieron tómbolas en plazas públicas con notarios públicos, pero con cierto número de participantes. Lo cierto es que ninguna ley te dice que de esta o de otra manera hay que hacerlo”.
Velázquez advirtió que, tras los fallos favorables a los docentes, buscarán una nueva oleada de amparos por esta causa, no sin antes advertir que como ha ocurrido con los amparos de 2013, el Poder Judicial insista en convalidar la “discriminación por ideología política” que sufren los también docentes afiliados al SNTE y responda con “resoluciones a modo”.
Para este último punto, el abogado ejemplifica:
“En 2013, el Consejo de la Judicatura Federal determinó que todos los amparos que maestros interpusieron ese año en contra de las leyes secundarias de la Reforma Educativa se concentraran en tres juzgados con sede en Cholula, Puebla, y que ahí, en una sola pila, se resolvieran todos. Nosotros creemos que si permitían que los amparos se dispersaran por todo el país iba a haber jueces que resolverían en sentido distinto y favorable. El acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal fue una forma de asegurarse que esto no sucediera”, explicó el abogado.
El giro en la estrategia legal de la Coordinadora también se refleja en la creación de una instancia dentro del movimiento magisterial facultada para llevar el litigio a nivel nacional.
En 2014, para evitar la dispersión de la defensa de los maestros de todo el país contra la Reforma Educativa y para que “todos jalaran parejo”, se creó la Comisión Nacional Jurídica y de Derechos Humanos de la CNTE.


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La JFCA atenta contra derechos de trabajadores, afirma Sindicato Minero

La instancia se apura a quedar bien con Grupo México, señalan
De la Redacción
 
Periódico La Jornada
Jueves 28 de junio de 2018, p. 18
El Sindicato Minero acusó a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) y a su presidente, Maciel Amaya, de atentar, a través de irregularidades, contra los derechos de los trabajadores.
En sendos comunicados de prensa, el gremio detalló los casos de la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) en la Mina San Martín, en Zacatecas, propiedad de Grupo México, y del recuento que apresuradamente la junta aprobó realizar este jueves entre los obreros de la italiana Teksid Hierro de México, en Monclova, Coahuila.
En el primer caso, el sindicato encabezado por Napoleón Gómez Urrutia explicó que la JFCA se apura a quedar bien con Grupo México del empresario Germán Larrea al notificar a la dirigencia del gremio un laudo con el que se pretende concluir el juicio de titularidad del CCT, en uno de los procesos judiciales más sucios en la historia de esta instancia de conciliación.
El conflicto empezó el 30 de julio de 2007 con el estallamiento de una huelga en la mina referida por falta de seguridad e higiene y otras violaciones al CCT. Pero ambos gobiernos, el de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto, se pusieron al servicio del oligarca Germán Larrea, tanto que dos veces pidió a laempresa se declarara inexistente la huelga, y dos veces fue concedida por el gobierno, a través de la JFCA. Pero los amparos del sindicato fueron ganados dos veces y la junta tuvo que reconocer la huelga como existente y legal.
No hubo conciliación después de ello, denunció, y no se buscó una solución a la huelga. Por lo que a través de recursos ilegales de la empresa se demandó la titularidad del CCT en favor primero de la CROC y, al no concretarse esto, se le remplazó por el Sindicato de Exploración de Minas de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes. Y ante la sorpresa del gremio de Gómez Urrutia, la JFCA admite de nuevo la demanda y permite que el paro de labores se rompa.
El Sindicato Minero indicó que ha presentado pruebas para demostrar la ilegalidad del actuar de la empresa, pero han sido invalidadas sin fundamento por la Junta. La dirigencia se dijo segura de ganar el amparo contra el laudo, pero consideró indispensable que las prácticas ilegales y corruptas que dañan al país, a los trabajadores y a la justicia, sean erradicadas.
En el caso de la empresa italiana, el gremio se quejó de un albazo, ya que la JFCA apenas ayer anunció que este jueves se realizará a las 7 de la mañana un recuento entre trabajadores.
 
 
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Gobierno 2018-2024: la oportunidad de apuntalar el modelo energético

Ciudad de México (Iliana Chávez y David García / Energía Hoy / Edición 162).- Empresarios del sector energético descartaron la posibilidad de que exista riesgos ante el proceso electoral en México, al contrario con una nueva administración se tendrá la posibilidad de analizar el avance y sobre todo el éxito de la Reforma Energética, así como plantear los puntos que deben reforzarse para apuntalar el nuevo modelo energético.
En entrevista con ENERGÍA HOY, los presidentes de las asociaciones que representan las principales áreas del sector, coincidieron en que la Reforma Energética se mantendrá  y destacaron la importancia de que el nuevo gobierno mantenga la confianza de los inversionistas, el crecimiento, el desarrollo y la competitividad del país en esta materia.
Héctor Oléa, presidente de Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex), sostuvo “no vemos riesgos, sino oportunidades. Los cambios de administración nos permiten reflexionar si vamos bien o nos tenemos que regresar, o qué redefiniciones debemos hacer, y eso es saludable. Será momento de pausar, de platicar con la nueva administración y ver cuál es el camino”.
“Yo he estado en algunos cambios de sexenio y en todos ellos, el tema energético, lejos de dar marcha atrás, se ha revisado para seguir adelante. Eso lo hemos visto desde 1995 a la fecha, donde el sector ha estado en constante movimiento”.
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Cuestionado sobre si hay preocupación por algún candidato en particular, respondió “no, para nada, no hay ninguna preocupación. Hemos oído comentarios positivos sobre la Reforma Energética en cuanto a qué se debe revisar, lo que se ha hecho, pero no con un ánimo de retroceso sino para adelante. Entonces, insisto, son épocas de oportunidad y reflexión para ver cómo podemos impulsar la mayor competitividad en el sector energético”.
Para el presidente de Asolmex, estamos en un proceso de consolidar la reforma, entonces va a ser importante que en 2018 podamos comunicar sus beneficios a la población en general, comunicar el éxito que ha representado. “Inversiones y empleos que se están creando ahora, y de energía que se está generando barata ahora mismo”.
En ese sentido, subrayó la importancia de comunicar y “desmitificar los comentarios sobre la Reforma Energética ha propiciado el aumentado de los precios, lo cual es todo lo contrario, se ha mejorado la competitividad, se han abierto las opciones. Hoy el consumidor puede elegir las opciones que quiera”.
Sostuvo que el nuevo modelo energético está bien hecho, bien cimentado, y ha traído beneficios  no sólo a los inversionistas, sino también al público en general. Esto es lo que como empresarios vamos a promover con la campaña México con Energía, una campaña del sector privado no del gobierno, que presenta casos de éxito para la población.
LAS ENERGÍAS RENOVABLE, EL GRAN ALIADO DEL CAMBIO
Por su parte, Leopoldo Rodríguez Olivé, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), comentó que no existe ningún temor porque “el sector está creciendo de manera rápida, la confianza es grande, no existe incertidumbre”. Además están pactadas otras subastas para licitaciones luego del periodo electoral, por lo que en ese sentido, no afectará al sector.
Rodríguez Olivé, señaló que la Reforma Energética ha generado cambios sobre temas que han sido trabajados por años, con millones de pesos en inversión. No es algo que se pueda echar para atrás en cualquier momento. “Porque esto no se trata del gobierno, sino de empresarios que queremos mostrar lo mucho que pueden ofrecer las energías limpias en la mejora del medio ambiente”.
Ahora, lo cierto es que esperamos, independientemente del candidato que quede electo, continuar trabajando de la mano para que las energías renovables continúen creciendo. Claro que, si el presidente electo piensa diferente, esperemos cambie de opinión y se dé cuenta que las energías limpias son un gran aliado para México.
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“Este siglo va a estar marcado por las transformaciones en el sector energético. Estamos viendo un avance en todas las tecnologías, un avance brutal en lo relacionado con el transporte, por ejemplo. Vamos a llegar a una diversidad sin precedentes en el crecimiento de lo energético de la manera más sustentable posible”.
“Hoy la reforma permite que esta gran parte del desarrollo, que no pudo fomentar por sí solo el Gobierno Federal, sea acompañado en gran parte por inversiones privadas. Muchos de los proyectos que se están dando tienen visiones a largo plazo, estamos seguros que transmitiremos esa idea a quien sea que gobierne y se mantendrán los avances”. México es un país con una enorme vocación eólica, solar y eléctrica que debe aprovecharse.
MÉXICO ESTA MEJOR DE LO QUE PARECE
Por su parte, Ángel Lárraga Palacios, presidente de la Asociación Mexicana de Energía (AME), argumentó que “la Reforma Energética en México tiene una gran ventaja, que como hemos llegado quizá los últimos hemos aprendido de los errores a nivel internacional, lo cual no se han cometido errores en exploración y distribución, ni en el tema de renovables. Está bien planteada que no le veo ningún riesgo”.
Optimismo de empresarios pese a clima turbulento: OXFORD BUSINESS GROUP
Comentó que la iniciativa privada está haciendo una cosa que es ver en México un atractivo importante para la inversión, yo platico con inversionistas que siempre me dicen: hay países que están mejor de lo que parecen y hay países que están peor de lo que parecen y México está mejor de lo que parece y por eso hay este interés en invertir en ductos, en invertir en exploración y producción y en asistir a las subastas.
Lárraga Palacios agregó que hay otros países de nuestro entorno que generaron unas expectativas y no se cumplieron y en México se están cumpliendo. Insistió en que se ha aprendido de errores a nivel internacional, “en México no se han cometido errores, en ninguno de los nuevos escenarios y estamos mucho mejor de lo que parece”.
“Por eso hay interés de los inversores internacionales por venir a México a invertir en energía, en ductos, en exploración y producción, en renovables, en distribución de gas y en comercialización”.
Al respecto, sostuvo que “la confianza se pone de manifiesto cuando vemos las últimas subastas tanto de renovables como de exploración y producción donde hay un número de empresas que nadie se imaginaba que pudieran asistir, eso quiere decir que hay una confianza internacional. En México tenemos que creer más en nosotros mismos”.
No obstante, el presidente de la AME consideró que el próximo gobierno debe desarrollar todo lo que ahora mismo está y mantener la confianza en los inversores
LAS EMPRESAS TIENEN EL RETO DE CUMPLIR CON LAS INVERSIONES
En tanto, Alberto de la Fuente Piñeirua, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi), indicó que el sector energético necesita ir hacia adelante, la continuidad, el fortalecimiento, el apuntalamiento de este nuevo modelo energético mexicano y es lo que debemos buscar con la nueva administración.
EL NUEVO GOBIERNO JUGARÁ CON LAS REGLAS PUESTAS POR LA REFORMA ENERGÉTICA
“Quien llegue al nuevo gobierno deberá llevar a cabo, un análisis, una revisión de lo que ha ocurrido hasta ahora y tomar las decisiones aprendidas, ver cómo mejorar y fortalecer hacia adelante, me parece que el reto es de continuidad y de mejorar sobre el nuevo modelo energético”, reiteró.
“El nuevo modelo energético es el resultado de una discusión amplia de la sociedad que se ha venido dando a lo largo de los últimos 20 años, de un cambio constitucional y  legal, es decir, la profundidad y calado de la reforma es muy sólido, además de que estamos en un país sólido en términos de leyes y en términos de estado de derecho”.
Además, tenemos un proceso que se ha cumplido, se ha llevado a cabo con inmensa pulcritud y enorme transparencia  que es visible a los ojos de cualquiera que pueda revisarlo. Y la sociedad y el país tienen beneficios en todos los sectores de la cadena, lo cual  contribuye al desarrollo de México. Por estas razones, quien llegue en el próximo gobierno verá todas esas bondades y le dará continuidad.
Subrayó que la Reforma Energética tiene “ese apuntalamiento constitucional, las leyes etcétera, reguladores fuertes, independientes, autónomos que traen las mejores prácticas internacionales, bien preparados, entre otros elementos”.
Respeto a los retos para las empresas que han ganado licitaciones, señaló que en el sector de hidrocarburos “es muy similar al de otro es que es cumplir con los compromisos de inversión, con el plan de desarrollo que todos nos comprometemos en el momento en que ganamos una licitación”.
Mis compañeros eólicos y solares también deberán entregar esos proyectos y a esos precios que compitieron; y en el sector de hidrocarburos tendremos que dentro del plan de desarrollo cumplirlo, con esos compromisos de inversión en términos de exploración, de pozos de inversión, entre otros, y todos estamos sujetos al cumplimiento de esas reglas.
Consideró que todas las empresas que han ganado, buscan cumplir con los compromisos que adquirieron, por lo que seguramente todas están trabajando en entregar esos resultados construyendo sus equipos y haciendo sus inversiones correspondientes.
Destacó que las licitaciones en materia de hidrocarburos, permiten a todos como sociedad conocer mejor el subsuelo mexicano, porque en lo que se traduce es en mayor exploración lo que es bueno para México y mayor inversión.
Para el presidente de la Amexhi, “lo que se está viviendo en México es el resultado de un sector que por décadas estuvo cerrado y que de pronto se abre y eso nos da muchísimas oportunidades, como país de crecer y dar un salto, entonces sí tenemos inversiones muy importantes a lo largo de toda esa cadena de valor, y debemos continuar hacia adelante para apuntalar el nuevo modelo energético”, finalizó el ejecutivo.

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Recursos del Fonden se han entregado con fines electorales

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▲ Muchas escuelas afectadas por los sismos del 19 de septiembre de 2017 no han recibido atención. En el caso de Chiapas, comunidades escolares se negaron a recibir los recursos de Escuelas al Cien, mientras en Ciudad de México otros planteles no son atentidos porque el INAH no ha dado autorización. En la imagen, un bloqueo en demanda de atención.Foto Alfredo Domínguez
Emir Olivares Alonso
 
Periódico La Jornada
Jueves 28 de junio de 2018, p. 35
Muchos recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) asignados para la reconstrucción de viviendas de Chiapas, en particular para los municipios de la costa afectados por el sismo de intensidad 8.2 del 7 de septiembre de 2017, han sido entregados con intereses político-electorales.
Así lo denunció la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) al presentar los resultados de la misión de supervisión que realizó en noviembre pasado en los municipios de la costa chiapaneca, donde documentó que la gran mayoría de los damnificados no ha recibido todos los apoyos comprometidos por los gobiernos federal, estatal y municipales.
Una de las irregularidades detectadas es que Fundación Azteca –de Televisión Azteca– aparentemente donó 100 casas para los afectados en Arriaga, Tonalá y Pijijiapan, pero obligó a la centena de beneficiarios a firmar un documento en el que renunciaban a los fondos entregados por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi). Sin embargo, si bien estas personas no recibieron los fondos públicos, siguen en el listado, por lo que hay indicios de que ese presupuesto de una u otra manera se entregó a la fundación de la televisora.
En conferencia, Nathaniel Hernández, director de la oficina en Tonalá del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, informó que los datos oficiales ubican a 46 mil 773 personas a las que se entregaron tarjetas para la reconstrucción de sus viviendas en todo el estado. De ese total, 32 mil 700 fueron para daños parciales (recibieron 15 mil pesos) y 14 mil 73 para daños totales (120 mil pesos), gran parte de estos últimos, denunció, no ha recibido el recurso completo.
Se informó que a más de nueve meses después del sismo, éste ha tenido 20 mil réplicas hasta marzo de este año, dañando más viviendas que ya no fueron incluidas por las autoridades en los censos para otorgar los apoyos. Además, cuando hay quejas o fallas, los afectados no tienen a dónde acudir. La Sedatu le echa la bolita a Bansefi, y éste al gobierno estatal, y es un círculo vicioso que perjudica a la gente.
Ángeles Hernández, de la Red TDT, criticó que la respuesta gubernamental de los tres órdenes de gobierno se haya limitado sólo a la reconstrucción de las viviendas, pues en estas comunidades de la costa de Chiapas hay al menos 10 escuelas que aún no funcionan, al igual que centros de salud y servicios de agua potable y saneamiento. Han sido los pobladores y los comités de padres de familia los que han participado para poder corregir esas fallas.
Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la Red TDT, presentó las recomendaciones del informe: que las autoridades de los tres niveles remedien las fallas antes de dejar sus cargos; investigar y resolver posibles actos de corrupción en la entrega de los apoyos; reconstruir escuelas, clínicas y el servicio de agua y saneamiento; supervisar la labor de empresas y fundaciones en las acciones de reconstrucción.

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Roban paquetes de papelería electoral en cuatro entidades


De la Redacción
 
Periódico La Jornada
Jueves 28 de junio de 2018, p. 29
A cuatro días de las elecciones, el Instituto Nacional Electoral (INE) reportó el robo de 16 paquetes de papelería para comicios locales y cinco para las votaciones federales en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Tamaulipas.
Marco Antonio Baños, presidente de la Comisión de Capacitación y Organización, calificó estos hechos de ‘‘marginales’’ y descartó que pongan en riesgo la elección. También dio a conocer que los incidentes ya fueron denunciados ante las autoridades.
Destacó que la papelería se repondrá y rechazó versiones de que políticos y sus colaboradores estén repartiendo boletas marcadas.
En Veracruz, unas 2 mil 800 boletas de la elección local y la federal fueron sustraídas con violencia de la vivienda de Néstor Pérez Rivas, funcionario de la casilla 4725 contigua 2, en el municipio de Coatzacoalcos.
‘‘Llegaron dos personas con armas y nos amagaron. No nos quedó otra que entregar la paquetería. Se llevaron dos cajas, una con mil 500 boletas de la elección federal y otra con mil de la estatal’’, dijo.
El robo se cometió un par de minutos después de que personal del INE entregó los paquetes en el municipio de Coatzacoalcos. Los consejeros del INE y del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, Josué Cervantes, y Alejandro Bonilla, respectivamente, detallaron que las 2 mil 800 boletas corresponden a las elecciones de Presidente de la República, senadores, diputados federales, locales y gobernador.
En Oaxaca, Gerardo García Marroquín, presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal de Electoral y de Participación Ciudadana, informó que en el municipio de San Francisco del Mar –en el Istmo de Tehuantepec– fueron hurtados y quemados dos paquetes que contenían más de mil 300 boletas, 667 de ellas para la elección de presidente municipal y un número igual para la elección de diputado local por el distrito 20, con cabecera en Juchitán.
El funcionario relató que estos hechos ocurrieron ayer alrededor de las 15:20 horas. De acuerdo con un capacitador que viajaba junto con un supervisor del INE en una camioneta, al llegar al puente Limón, que colinda con la agencia municipal Pueblo Viejo, en San Francisco del Mar, fueron interceptados por hombres armados que llevaban el rostro cubierto.
Precisó que las boletas robadas y quemadas correspondían a la casilla electoral 897 básica, que se instalaría en la agencia municipal de Pueblo Viejo.
En Puebla, Morena solicitó al Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) la destitución de tres de los seis integrantes del consejo municipal de Libres, acusados de romper los sellos de resguardo de una bodega que contenía las boletas para las elecciones de gobernador, diputados locales y alcaldes, a fin de armar paquetes y entregarlos a funcionarios de casilla a espaldas de los representantes de los partidos políticos.
El incidente ocurrió la noche del domingo pasado, durante la fiesta patronal del municipio de Libres, donde candidatos de Morena acusaron al IEE de tratar de manipular las papeletas de la elección de gobernador para dar ventaja a Martha Érika Alonso Hidalgo, esposa del ex mandatario Rafael Moreno Valle Rosas y candidata de la coalición Por Puebla al Frente, que integran los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.
El dirigente estatal de Morena, Gabriel Biestro Medinilla, responsabilizó de la sustracción de documentos al presidente del consejo municipal electoral de Libres, Miguel López; a la secretaria Alejandra Reyes y a la consejera Adelaida Hernández Carmona. Informó que ese partido agregará a la solicitud de destitución una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales por manipulación de boletas.
(G. Saldierna, reportera; D. Manzo y E. Gómez , corresponsales, y M. Camacho / La Jornada de Oriente)

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Estados Unidos y la OEA buscan desestabilizar a Venezuela



 

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Tras aplicar la guerra mediática, económica, comercial y financiera contra el gobierno constitucional de Venezuela, la Organización de Estados Americanos (OEA) es otro escenario desde donde Estados Unidos y sus aliados pretenden continuar la desestabilización del país suramericano.
El 5 de junio pasado, Washington y miembros del llamado Grupo de Lima presentaron ante la Asamblea General de la OEA un proyecto para separar a esa nación del organismo hemisférico.
A pesar de las presiones de la Casa Blanca, el documento sólo logró 19 de los 24 votos necesarios para aplicar los artículos 20 y 21 de la Carta Democrática Interamericana y suspender a un Estado miembro.
En esencia, el texto –presentado por Estados Unidos, Chile, Argentina, Brasil, Canadá, México y Perú– cuestiona la legitimidad de las elecciones del 20 de mayo, donde el presidente Nicolás Maduro resultó electo por más de 6 millones de votos.
Además de desconocer la voluntad popular expresada en las urnas, la Casa Blanca y sus aliados llamaron a aplicar nuevas sanciones contra esa nación.
¿Por qué tanta obsesión con Venezuela? Las agresiones contra la Revolución Bolivariana están enmarcadas en toda una ofensiva de Estados Unidos y la derecha para desacreditar a gobiernos progresistas en la región.
De ahí las campañas que en los últimos años debieron enfrentar líderes latinoamericanos como el presidente de Bolivia, Evo Morales; los exmandatarios brasileños Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff; el paraguayo Fernando Lugo, y la argentina Cristina Fernández.
En el caso específico de Venezuela, analistas políticos y académicos coinciden en señalar entre las causas de los ataques el interés por revertir los avances de la Revolución Bolivariana y su papel desempeñado en la defensa de la soberanía, no sólo nacional, sino también regional.
Con la llegada al poder del presidente Hugo Chávez en 1999, Venezuela recuperó la soberanía de sus recursos naturales, más de dos millones de familias fueron beneficiadas con viviendas, y la salud y la educación alcanzaron a las grandes mayorías, por solo mencionar algunos logros.
En el plano regional, es destacable su rol en la integración, con la creación de mecanismos como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), el acuerdo de cooperación energética Petrocaribe, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
Para el profesor Rubén Zardoya, del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos, la injerencia contra Venezuela comenzó desde el alzamiento del 4 de febrero de 1992, liderado por el comandante Hugo Chávez, abarca todas las esferas, política, económica, social y cultural, y no ha cesado en ningún momento.
El imperialismo norteamericano ha convertido a la Revolución Bolivariana en el principal blanco de sus ataques en la región, dijo a Prensa Latina el también doctor en ciencias filosóficas de la Universidad de La Habana.
Afirmó Zardoya que Estados Unidos y la derecha vieron en la muerte de Chávez su oportunidad y pensaron que con la llegada al poder del presidente Nicolás Maduro iban a terminar con la revolución.
Otro motivo para que Venezuela esté en el centro de los ataques es la posesión de enormes riquezas naturales, sobre todo el petróleo.
“La agresión contra Venezuela no es contra el presidente Nicolás Maduro, sino que busca apoderarse del petróleo de ese país”, advirtió en una entrevista concedida a Telesur el jefe de Estado de Bolivia, Evo Morales.
Venezuela tiene las mayores reservas probadas de crudo del mundo, calculadas en unos 300 mil millones de barriles, por encima de Arabia Saudita.
En 2002 el país sufrió un golpe de Estado que intentó derrocar al gobierno del presidente Chávez, seguido de un paro petrolero con el objetivo de boicotear la industria del crudo.
Durante los últimos años Venezuela ha enfrentado nuevos ataques que van desde la promoción de la violencia hasta las sanciones económicas y financieras, y las amenazas de una intervención militar.
En una entrevista concedida a una radio argentina, el politólogo Atilio Borón vinculaba los hechos violentos registrados el año pasado con el interés de desestabilizar al país y adueñarse de sus recursos.
“La causa es que hay una derecha alentada por Estados Unidos porque el plan es recuperar para el gobierno de Washington el petróleo. Ahí no puede haber ninguna confusión: ése es el objetivo”, aseguró.
Borón se ha referido también a los intentos del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de aplicar la Carta Democrática contra Venezuela para apartarla de ese organismo y calificó como sistemáticos y brutales los ataques contra la Revolución Bolivariana.
Si bien no se lograron los votos para separar a la nación de la OEA, el gobierno de Caracas consideró ridícula la iniciativa presentada por Estados Unidos y el Grupo de Lima porque desde abril del año pasado la nación sudamericana inició el proceso para su salida de ese organismo.
Las autoridades venezolanas consideran a la OEA como un organismo inútil, que ha violentado principios de soberanía y no intervención, y el presidente Maduro ya advirtió que la reunión del 5 de junio era la última cumbre a la que asistiría un canciller de su país.
Carmen Esquivel/Prensa Latina

Gobierno argentino reprime manifestación de universitarios

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▲ Trabajadores de la agencia de noticias Télam despedidos el martes, protestaron ayer en Buenos Aires.Foto Afp/Noticias Argentinas
Stella Calloni
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 28 de junio de 2018, p. 27
Buenos Aires
La dura represión contra un grupo de estudiantes en la puerta del rectorado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) por la Policía de la Ciudad cuando intentaban ingresar al lugar anoche para denunciar un fraude electoral del macrismo en las elecciones estudiantiles el sábado pasado, provocó una fuerte reacción y movilizaciones que ocurrieron este jueves en el centro de esta capital, en un día tenso, porque el dólar volvió a subir por sobre los 28 pesos y cayó la bolsa, creando nuevas incertidumbres.
La noche de este miércoles, familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, desaparecido en noviembre pasado, se encadenaron frente a la Plaza de Mayo en protesta por el abandono estatal en que se encuentran y la falta absoluta de respuestas a sus demandas. El sumergible desapareció   mientras había maniobras de Gran Bretaña desde su base militar en las Malvinas y también de Estados Unidos, Chile y Argentina, aunque el Congreso había rechazado el ingreso de tropas estadunidenses en el sur y la realización de ejercicios militares en esa zona.
En tanto, además de la represión estudiantil, la noche del martes también se respondió con extrema violencia a los maestros de la provincia de Chubut, que están en huelga desde hace 60 días sentados a la intemperie, ante la grave situación económica que viven por sus bajos salarios, y cuando fueron a hablar con las autoridades fueron ferozmente golpeados por la policía. Lo mismo sucedió también a sus colegas en Corrientes el pasado 25 de junio, día del paro nacional, ambos hechos analizados como un avance gubernamental para comenzar a reprimir cada vez más duramente la protesta social. Los sindicatos de maestros harán un paro nacional contra la represión a sus colegas la próxima semana.
Por su parte, los estudiantes denunciaron la violencia policial ante el Consejo Superior de la UBA, después que el sábado pasado en la Facultad de Odontología resultó electa por 66 votos la lista de un frente multipartidario armado por el oficialismo para desplazar a la izquierda de la conducción, lo que indicó un fraude, ya que 65 delegados de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) habían acreditado ante un escribano que no asistirían y por lo tanto no hubo quórum.
La oficialista alianza Cambiemos tomó como válidos a dos delegados que no lo eran para llevar adelante la elección y nombrar nuevas autoridades, denunciaron los estudiantes agredidos por la policía, que para los afectados fue utilizada para convalidar el fraude.
Un estudiante fue detenido, varios más golpeados por la policía de la ciudad que puso vallas alrededor del rectorado esta mañana, a pesar de que estaba rodeado el edificio por fuerzas de seguridad. La denuncia de las agrupaciones estudiantiles fue respaldada por gremios de maestros de la Unión de Trabajadores del Estado (UTE) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular entre otras entidades gremiales y políticas, que sostienen que en el congreso normalizador del sábado pasado, donde se eligieron las autoridades que controlarán a la FUBA, hubo un quórum irregular y por lo tanto existe un fraude.
Pero lo grave es que el Ministerio Público de la Defensa distribuyó un folleto que convalida arrestos de la Policía de la Ciudad dentro de los colegios. El martes pasado, la justicia volvió a poner en vigencia el protocolo que criminaliza la protesta estudiantil, señaló el periodista Ezequiel Orlando, quien denunció que en la Guía para Escuelas ese ministerio dejó en la sala de profesores de un plantel una guía que indica “cómo actuar cuando una fuerza de seguridad solicita información o ‘retira’ a un alumno del plantel”.
Se advierte que las autoridades de la escuela no deberán interferir con el accionar de las fuerzas de seguridad, procurando siempre: preservar la integridad de la persona detenida, también que se tome nota del juzgado interviniente y se establece que en casos excepcionales, se podrá requerir la detención de un estudiante sin orden judicial.
La Unión de Trabajadores de la Educación de la Ciudad de Buenos Aires expresó su rechazo, señalando que en esta publicación se aborda lo educativo desde una mirada policial donde los posibles comportamientos de los estudiantes son estigmatizados y criminalizados y que en todas las instituciones del ámbito escolar debe garantizarse el libre ejercicio de los derechos de que niñas, niños y adolescentes son titulares.

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miércoles, 27 de junio de 2018

Exigen proteger cuencas que no cubrieron decretos de Peña


Susana González G.
 
Periódico La Jornada
Miércoles 27 de junio de 2018, p. 26
La Alianza Mexicana contra el Fracking, la Red de Acción por el Agua y la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua exigieron a las autoridades establecer medidas para proteger los volúmenes del líquido que quedaron sin protección con los 10 decretos emitidos a principios de este mes y con los cuales se eliminaron la vedas que impedían la explotación de 300 cuencas ecológicas, equivalentes a 55 por ciento de lagos y ríos del país.
Aseveraron que los decretos firmados por el presidente Enrique Peña el 5 de junio, cuando se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente y publicados un día después, dejaron sin protección casi 70 por ciento del volumen de las cuencas, que ahora están disponibles para la explotación, el uso y su aprovechamiento para cualquier uso incluyendo el sector industrial y extractivas, lo que constituye un retroceso en materia ambiental y deja en entredicho el derecho humano al agua.
Incluso advirtieron que con las nuevas disposiciones hay casos en que el gobierno federal liberó porcentajes mayores para extraer agua, como es el caso del río Pánuco 2, donde se fijó en 91.5 por ciento. El gobierno federal debió actualizar los datos sobre disponibilidad de agua en todo el territorio nacional antes de hacer cualquier modificación al respecto, ya que la información más reciente sobre el tema data de 2011.
Como organizaciones de la sociedad civil promotoras y defensoras de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento estamos muy preocupadas porque leemos estos decretos como instrumentos intencionalmente ambiguos para mantener la discrecionalidad del manejo del agua que ha caracterizado a la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Las declaraciones de esta institución, lejos de tranquilizarnos, reafirman su profundo desprecio por los aspectos sociales, culturales y ambientales del agua, al declarar que la gestión de ésta es un problema meramente técnico, puntualizaron.
A diferencia de lo que los impulsores de esa medida sostienen, al analizar cada uno de los decretos emitidos y comparando el volumen de las reservas asignadas para conservación frente a la disponibilidad de la cuenca, se estima que en promedio los decretos solo establecieron una protección de poco más de 30 por ciento para conservación ecológica y menos de uno por ciento para uso doméstico y público urbano, señalaron.

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CFE invertirá 1,413 mdd para llevar gas natural a Sinaloa

El gas natural llegará a Sinaloa en la segunda quincena de julio a través del nuevo gasoducto El Encino-Topolobampo, anunciaron la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el cual que implicó una inversión de 1,413 millones de dólares, y que marcará “un antes y un después” en la entidad, reconoció el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coopel.
Durante el evento “Desarrollo en Sinaloa con el suministro de gas natural”, sostuvo que a Sinaloa le va a cambiar totalmente el mapa económico, porque al tener gas natural ya dejará de estar en desventaja con respecto a otras entidades que ofrecen el suministro de dicho servicio para la industria, e impulsará el desarrollo económico con la llegada de nuevas empresas generadoras de empleos y mejor pagados.
“Con la ubicación estratégica que tiene Sinaloa, con la llegada del gas natural nos va a representar no sólo mantener empresas y ser más competitivos, sino poder atraer a nuestra entidad a la industria que tanto nos hace falta para dar un brinco de la economía primaria que tanto depende nuestro estado a la economía secundaria”.
El gobernador también reconoció el apoyo y la voluntad del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y al secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, quienes en todo momento apoyaron este proyecto, el cual tenía años sólo como un anhelo para los sinaloenses, sueño que se empezó a cristalizar en los últimos cinco años que duraron los trabajos de introducción de la tubería.
El titular de la Sener, Pedro Joaquín Coldwell, detalló que el gasoducto conectará el sur de Texas y Chihuahua con Topolobampo y con Mazatlán, tendrá una longitud de 982 kilómetros con una capacidad máxima de transporte de 670 millones de pies cúbicos diarios de gas natural.
Indicó que al finalizar el sexenio, pasaremos de 11 mil 347 kilómetros de ductos de gas natural que teníamos en 2012 a más 18 mil 800 kilómetros, un incremento cercano al 70 por ciento, la mayor expansión de la historia realizada en tan solo seis años.

En el caso de Sinaloa, dijo, se podrán atraer empresas y nuevas inversiones privadas para generar empleos y favorecer la derrama económica en el estado. El gas natural pronto llegará a los comercios y a los hogares y propiciará competencia con el gas LP, con lo que los consumidores podrán beneficiarse con tarifas más accesibles.
“Tendrá un impacto y una importancia semejante a la que en su momento tuvo la del ferrocarril, los gasoductos que ahora se están construyendo no serán tan vistosos, ya que operarán bajo tierra, pero su contenido tendrá una huella relevante para impulsar la vitalidad económica de ese estado del Noroeste de la República”.
El director general de la CFE, Jaime Hernández, destacó que siete de los proyectos de infraestructura eléctrica que promueve la CFE, se desarrollan en el estado de Sinaloa, se trata de tres gasoductos, la conversión de dos centrales para que usen gas natural y la construcción de dos nuevas centrales de ciclo combinado.
Estas obras que significan una inversión mayor a los dos mil 200 millones de dólares permitirán que Sinaloa cuente con una capacidad para generar energía eléctrica, a partir de gas natural, mayor a los dos mil 200 mega watts lo que sería suficiente para cubrir toda la demanda de electricidad de un millón y medio de hogares en el país.
Además, con la nueva infraestructura se logrará evitar la emisión anual de 2.4 millones de toneladas de dióxido de carbono lo que equivale a sacar de circulación a aproximadamente 500 mil vehículos, es decir, alrededor de la mitad de todos los vehículos que circulan en el estado de Sinaloa.
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Migrantes, recluidos en estaciones de media y alta seguridad en México: Jarab


Laura Gómez Flores
 
Periódico La Jornada
Miércoles 27 de junio de 2018, p. 14
El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, afirmó que en México sí hay privación ilegal de la libertad de los migrantes, quienes son enviados a estaciones de carácter carcelario de media y alta seguridad, resguardadas por hombres armados, donde pueden ser objeto de otras violaciones graves a sus garantías, como la tortura.
En la conferencia Detención migratoria y tortura: del estado de excepción al estado de derecho, señaló que hay contradicción entre la capacidad de la sociedad mexicana de generar crítica a lo que hace Estados Unidos con la separación de niños y la falta de una crítica a su propia política respecto de las condiciones de los migrantes en tránsito y quienes desean vivir en México.
Consideró necesario impulsar un nuevo paradigma en la migración, pues está enfocada en el control y las tres D: detección, detención y deportación, así como avanzar hacia una política social inclusiva.
Las malas condiciones de las estaciones migratorias fueron corroboradas por el Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura, que visitó México a finales de 2016, y son una forma de disuadir o forzar a los migrantes a no solicitar asilo o retirar sus solicitudes.
En su informe dio fe del hacinamiento y las malas condiciones en que se encontraban las personas detenidas, con comida de mala calidad, niños no acompañados detenidos en cuartos muy fríos sin la ropa adecuada y hasta la amenaza de separar a los menores si no dejaban de llorar y enviarlos al DIF.
El consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Christian Rojas Rojas, exigió a su vez suspender las detenciones y confinamiento en las llamadas estaciones migratorias, donde sistemáticamente se violan los derechos de los indocumentados.
Explicó que existen 32 estaciones migratorias, 15 provisionales tipo A para permanencia máxima de 48 horas y 12 provisionales tipo B para estadía máxima de siete días, además de un sinfín de garitas con jaulas, donde estos tiempos de detención son superados y el trato es cruel y persistente, lo que configura condiciones de tortura.
De 2013 a 2017, casi 700 mil personas fueron detenidas y 597 mil 602 permanecieron en esa condición hasta ser deportados, pues el modelo mexicano responde a un estado de excepción, de generar sensación de miedo entre la población para legitimar la violación de los derechos de los migrantes.
Las detenciones de migrantes ocurren en todo el país y desde 2014 se realizan operativos denominados de rescate, que en la práctica son encarcelamiento, afirmó el también integrante del Grupo Impulsor contra la Detención Migratoria y la Tortura. Al igual que el miembro de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Fernando Ríos Martínez, exigió condiciones mínimas de dignidad para los migrantes y suspender las detenciones y confinamiento en las estaciones.

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Padres de los 43 prevén reunirse con magistrados para conocer operación de la Comisión de la Verdad


Familiares de los estudiantes desaparecidos hicieron una parada en el antimonumento a los 43. Foto: Alejandro Saldívar

PROCESO 


CIUDAD DE MEXICO (apro).- Una comisión de padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace más de tres años acudirá en esta semana a Tamaulipas en busca de un encuentro con los magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, instancia que ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia en el caso Iguala.
De acuerdo con Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Asencio Bautista, a más tardar este jueves 28 un grupo de padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos acudirá a la sede del Tribunal Colegiado acompañado de sus abogados, con el fin de que los magistrados “expliquen cómo va a funcionar la Comisión de la Verdad”.

Entrevistada durante la marcha por los 45 meses de desaparición de los jóvenes, movilización que partió del Ángel de la Independencia y llegó a las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Cristina Bautista informó que sólo está por definirse quiénes de entre las 43 familias acudirán a Reynosa en busca de entrevistarse con los magistrados.
“Lo primero que queremos es agradecer que hayan visto los expedientes, que hayan visto que todo está mal hecho por la Procuraduría General de la República, y también queremos ir para ponernos de acuerdo en la creación de la Comisión de la Investigación para la Verdad y para la Justicia, y van a estar presentes nuestros abogados y los que decidamos que estén presentes”, comentó Cristina Bautista a Apro.

Al recordar que, en la conformación de la comisión los padres y madres de las víctimas estarán representados a través de sus representantes legales con el fin de “vigilar las investigaciones”, Cristina Bautista consideró que “por más que quiera el gobierno defender su verdad histórica, ésta ya se está cayendo, ya no la pueden defender, ya no les queda más que cumplir la sentencia que ordenó el tribunal”.
Los padres y madres fueron arropados por decenas de simpatizantes, miembros de organizaciones sociales, así como estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, quienes marcharon bajo la fuerte lluvia por las calles del centro de la Ciudad de México.
En entrevista, Mario González Contreras, padre de César Manuel González, recordó que para deslindarse de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), “en la PGR nos decían que iban a hacer valer lo que dijeran los tribunales mexicanos”.
Explicó: “En este mes 45, la demanda es que se cumpla cabalmente la resolución de los magistrados que se tomaron el tiempo y vieron las fallas que había en las carpetas de investigación, queremos que la PGR cumpla con su palabra, tienen que acatar porque es una orden, no una recomendación”.
Mario González reprobó las voces que han criticado a los padres y a sus abogados, así como a los mismos magistrados por su resolución, siendo que, de los representantes del Estado mexicano, “en realidad son los primeros que han querido llegar a la verdad en el caso Ayotzinapa”.
Luego cuestionó el reciente pronunciamiento de los 32 procuradores del país en contra de la sentencia del Tribunal Colegiado, al considerar que se extralimitó en sus atribuciones constitucionales al ordenar la creación de una comisión de investigación.
“¿Dónde estaban los 32 procuradores para buscar a nuestros hijos? Ahora que sale una resolución para buscar a los muchachos, se ponen en contra; no entiendo por qué esos procuradores tienen la desfachatez, el descaro y el cinismo de oponerse a que se busque a los muchachos y a saber la verdad”, apuntó.
En vísperas del proceso electoral presidencial, Mario González señaló que la única petición que los padres y madres de los desaparecidos tienen, “es que el que llegue tiene que retomar la resolución de los magistrados, porque en su momento le pedimos a Enrique Peña Nieto que, si tenía dignidad, acatara la resolución, pero desgraciadamente ya vimos que no le queda dignidad y está tratando de combatir la sentencia”.
El abogado de los 43 familiares de las víctimas, Vidulfo Rosales Sierra, sostuvo que, pese a los recursos interpuestos en contra de la sentencia, los mismos “están condenados a la improcedencia”.
Entrevistado en una parada de la marcha, frente al “antimonumento a los 43”, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, consideró que, por los tiempos electorales, “es muy probable que la sentencia tenga que ser implementada hasta el próximo gobierno”.
Rosales Sierra consideró que, por los recursos interpuestos contra la sentencia del Tribunal Colegiado, “hay una clara intención de dilatar el proceso y mantener en la misma dirección la investigación, que ya fue hecha pedazos”.
Al mencionar que, “a menos de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se preste para revertir la sentencia”, el abogado puso en duda la posibilidad de que se cambie el sentido de la resolución que, insistió, podrá materializarse hasta el siguiente sexenio.
“Si en 2015 y 2016, con el GIEI el gobierno dejó ir la oportunidad de avanzar y corregir la investigación, es improbable que a pesar de que hay una sentencia quiera cambiar de dirección”, observó.
Al resaltar que es “una sentencia sumamente garantista”, Rosales Sierra puntualizó que lo que “asusta a las voces conservadoras es que el Ministerio Público tenga contrapesos, siendo que no es la primera vez que ha realizado investigaciones irregulares; los magistrados lo que hicieron fue declarar la ilegalidad de toda prueba arrancada por tortura, pero no dejaron en indefensión a las víctimas, y es por eso que, amparados en el Protocolo de Minnesota, ordena la creación de una comisión, dentro de las facultades del MP, donde las víctimas son coadyuvantes de por sí, así como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, misma que tiene una investigación en curso”.

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