jueves, 26 de abril de 2018

Protestan panaderos argentinos contra los aumentos a la harina

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Largas filas se formaron ayer afuera del Congreso argentino, en Buenos Aires, donde se repartieron 5 toneladas de pan, a manera de protesta por el constante incremento al precio de la harinaFoto Xinhua
Stella Calloni
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 26 de abril de 2018, p. 24
Buenos Aires.
Los gremios de panaderos realizaron un panazo afuera del Congreso, durante el cual repartieron 5 mil kilos de pan en bolsas de medio kilo que entregaron a cientos de personas, entre ellas muchos ancianos y jubilados que hicieron largas filas. Lo hicieron, además, a manera de protesta por el increíble aumento del precio de la harina, los tarifazos y lo que más asombra, la falta de consumo, que lleva al cierre de los negocios.
Que en Argentina, país del trigo, estemos en esta situación, muestra a las claras el desastre que es este gobierno, señalaron los dirigentes de panaderos que levantaron una carpa, adonde llegaban las bolsas con pan en forma constante. “Lo que más nos duele es ver que tantas personas llegaron desde muy temprano por su medio kilo de pan, muchos de ellos con carteles en los que se leía: ‘queremos volver a comer pan’”. Más de tres horas duró el reparto de este producto que siempre ha sido la última comida a la que recurre el pobre.
El aumento al precio de la harina todos los días desde enero pasado, a lo que se unen las tarifas de los servicios públicos impagables, hace imposible que puedan sostenerse estas pequeñas y medianas empresas. Creemos que ya es un abuso indiscriminado para nuestro sector, dijo Rodolfo Silva, presidente del Centro de Industriales Panaderos del Oeste.
Mientras esto sucedía afuera del Congreso, adentro la oposición unida logró imponer el debate sobre el tarifazo en una reunión extraordinaria, ya que el oficialismo ocupó sus bancas para impedir que se votara cualquiera de las propuestas opositoras. Se conoció que el presidente Mauricio Macri está dispuesto a vetar cualqueir ley que ordene bajar las tarifas, ya que, se afirma, no cederá un paso.
Los diputados continuaban el debate cuando miles de manifestantes de organizaciones sociales tomaban la zona del Obelisco pidiendo trabajo, educación, vivienda y contra el tarifazo. Otros miles exigían declarar la emergencia alimentaria. Los maestros de la provincia de Buenos Aires realizaron un paro.
Usuarios de servicios públicos plantean no pagar las boletas en repudio a los recientes aumentos. El juez Luis Federico Arias sostuvo que el artículo 35 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano dice que el pueblo no sólo tiene el derecho de resistencia a la opresión, sino que tiene el deber de resistirse frente a la opresión. Arias, quien en junio de 2017 frenó un tarifazo al servicio de luz en la provincia de Buenos Aires, que le costó ser sometido a juicio político por presunto mal desempeño, pasó a figurar en la lista de jueces que persigue el gobierno de Macri.
En el Senado, el gobierno busca cambiar el Código Penal rápidamente sólo con un debate sobre tablas (de manera expedita), sin haber sido discutido en comisiones, ni haber entregado el proyecto para que los legisladores tengan tiempo de leerlo, lo que fue denunciado en el recinto por la senadora Cristina Fernández de Kirchner, quien consideró que esto no había ocurrido nunca en Argentina, donde estos cambios deben tener un largo debate.
Entre otros muy peligrosos, el artículo 30 de la reforma que plantea aprobar la utilización de herramientas de espionaje, un proyecto que los especialistas comparan con la Ley Patriótica de Estados Unidos, dispone la vigilancia remota de equipos informáticos.
La senadora Fernández de Kirchner alertó sobre diversos puntos que dejan abiertos los caminos a la persecución política y la aceptación de métodos de tortura y otros utilizados durante las pasadas dictaduras.
Esto es más grave cuando se investiga el espionaje contra los familiares del artesano Santiago Maldonado, desaparecido y muerto por la Gendarmería en Chubut, y también contra abogados, dirigentes de derechos humanos y comunidades mapuches, en el caso del joven Rafael Nahuel, asesinado por otra fuerza de seguridad: la prefectura, y se conoció que también son espiados los familiares de los 44 tripulantes desaparecidos con el sumbmarino ARA San Juan, un tema que el gobierno continúa manipulando y silenciando.
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