El nombre de Emilio Lozoya Austin ha sonado repetidas
veces a lo largo de la investigación que la justicia brasileña lleva
sobre el caso Odebrecht, la constructora que hizo del soborno su arma de
sobrevivencia. En declaraciones juramentadas, tres exejecutivos de esa
empresa aseguran que quien fuera director de Pemex entre 2012 y 2016
recibió “propinas” por 10 millones de dólares para ofrecerle a esa firma
contratos a modo. Proceso da cabida en sus páginas a esta
investigación, realizada por Quinto Elemento Lab, parte de la Red de
Investigaciones Periodísticas Estructuradas.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Cuando el poderoso empresario
brasileño Marcelo Odebrecht no tuvo más remedio que colaborar con la
justicia, confesar y exhibir la cauda de corrupción sembrada en una
decena de países de tres continentes, se produjo un ligero terremoto:
presidentes, ministros, diputados, prominentes figuras políticas y todo
tipo de hombres ambiciosos de Latinoamérica y otras latitudes se
cimbraron. En México ocurrió que se mencionó en ese momento muchas veces
el nombre de un hombre de la tecnocracia: Emilio Lozoya Austin.
Hoy, en declaraciones juramentadas, altos exejecutivos de
Odebrecht colocan fechas, nombres, cantidades, cuentas bancarias. Y ahí
aparece, de nuevo, Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Pemex, el
político al que la dirección de la constructora brasileña asegura haber
sobornado y entregado “propinas” de 10 millones de dólares a cambio de
su apoyo para obtener indebidamente contratos de obra pública.
Eso es lo que sostienen los testimonios jurados de tres
inculpados por la justicia brasileña. Eso dicen Luis Alberto de Meneses,
Luiz Mameri e Hilberto da Silva. Y dicen mucho más, según las
delaciones secretas de esos tres altos funcionarios de Odebrecht
contenidas en el proceso penal 6655, radicado en el Supremo Tribunal de
Brasil, y obtenidas por El Quinto Elemento Lab como parte de la Red de
Investigaciones Periodísticas Estructuradas.
Y lo que dicen ante el Ministerio Público Federal de Brasil
los máximos responsables de Odebrecht para México, para Latinoamérica y
el cerebro del “Departamento de Sobornos”, como lo calificó el
Departamento de Justicia de Estados Unidos, es lo siguiente:
Que Emilio Lozoya solicitó y recibió, primero, 4 millones 100 mil dólares entre abril y noviembre de 2012.
Que en marzo de 2012 Emilio Lozoya se reunió con Luis
Alberto de Meneses, el director superintendente de Odebrecht en México, y
que en ese encuentro, quien sería futuro director de Pemex le
proporcionó el nombre de una empresa offshore registrada en las Islas
Vírgenes Británicas: Latin American Asia Capital Holding, cuyo número de
cuenta en el banco privado suizo Gonet et Cie es el CH 46 0483 5090
3745 3400 7.
Que les pidió que ahí le enviaran las transferencias
bancarias. Y que a partir del 20 de abril de 2012 llegarían en cascada:
primero, de 250 mil dólares, luego de 495 mil dólares, y un día después
505 mil dólares.
Que la relación creció y que una vez que Lozoya Austin llegó
a la Dirección General de Pemex las cosas se mantuvieron en un buen
tono, que lo buscaron y le pidieron ayuda para ganar contratos.
Que ese grado de comunicación se armó tan bien que acordaron
hacerle pagos por un total de seis millones de dólares: dos millones de
dólares sin condición alguna, garantizados plenamente; y otros cuatro
millones si llegaban a ganar el contrato de uno de los trabajos de
remodelación de la refinería Miguel Hidalgo, en Tula.
Que luego de que Odebrecht obtuvo ese contrato, la oleada de
transferencias a cuentas de empresas offshore proporcionadas por Emilio
Lozoya se produjo de nuevo.
Empezó el 3 de diciembre de 2013, unos días después de la
asignación del contrato, cuando de la oficina de Hilberto da Silva se
dio la orden de transferir un millón de dólares a la cuenta que Zecapan
S. A. –otra empresa instalada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes
Británicas– mantenía en un banco del Principado de Liechtenstein.
Que las transferencias siguieron en diciembre de 2013 y en
varios meses de 2014: algunas de un millón 350 mil dólares, otras de un
millón 170 mil dólares y varias más, hasta sumar cinco millones de
dólares.
Y delataron muchas más cosas, según se aprecia en el expediente judicial 6655.
De Meneses, colaborador
El 16 de diciembre de 2016, y con sus 59 años a cuestas,
Luis Alberto de Meneses Weyll acudió a la cita pactada para proporcionar
su delación sobre sus “aventuras criminales” en México. Si quería
participar en el programa debería contar todo lo que sabía sobre cómo
Odebrecht había logrado insertar la corrupción en el primer círculo del
gobierno mexicano.
Durante unos 50 minutos ratificó lo que había declarado por
escrito y aclaró algunas dudas de los fiscales. Lo acompañaban sus
cuatro abogados. Estaba a punto de firmar formalmente su “colaboración
premiada” y ayudar a desentrañar el complejo esquema de “propinas” (así
les dicen en Brasil) para “agentes políticos”.
De Meneses se descargó: contó que conocía a Emilio Lozoya
Austin desde 2009, en una época en que éste era director para América
Latina del Foro Económico Mundial. Y que cuando se enteró de que había
planes del gobierno para construir una nueva refinería de Pemex en
Hidalgo, decidió retomar el contacto con Lozoya, con las perspectiva de
“obtener contratos” para Odebrecht. Era 2011 y su apuesta era que
llegarían buenos tiempos.
Lozoya y De Meneses se reunieron y, dado que los proyectos
se desarrollarían en Hidalgo, el futuro director de Pemex le dio un
“consejo” clave: le recomendó asociarse con Juan Carlos Tapia,
propietario de Construcciones Industriales Tapia, empresa con sede en
Tula, Hidalgo.
Tapia, según la versión del brasileño, era un empresario que
en opinión de Lozoya poseía un “buen tránsito” en los tres niveles de
gobierno y muy buenos contactos con PRI, PAN y PRD.
Construcciones Industriales Tapia confirma que participó
como subcontratista de Odebrecht, pero rechaza que haya tenido
conocimiento de los presuntos sobornos y que “tiene 20 años de operación
y no requiere facilitadores u otra interpósita persona para ese tipo de
efectos”.
Los meses transcurrieron y sus contactos colocaron de nuevo a
Lozoya Austin en la ruta que parecía correcta. Luis Videgaray, entonces
coordinador de la precampaña presidencial de Peña Nieto, lo había
llevado antes al primer círculo. El 11 de enero de 2012 fue designado
vicecoordinador de Vinculación Internacional de la campaña del candidato
priista.
Los ojos del brasileño apreciaban un futuro promisorio. Para
marzo de 2012 lo veía como uno de los líderes de la campaña, “razón por
la cual se convertiría probablemente en una persona influyente dentro
de la administración pública del país”.
Luis Alberto no se cruzó de brazos. Llamó telefónicamente y
concertó una cita con Lozoya. Se vieron en un hotel de la Ciudad de
México (el cual, dice De Meneses, podría indicar, pero que en el
testimonio jurado no es mencionado) y conversaron sobre la posición
política de Lozoya, quien le aseguró que si el PRI conquistaba el poder,
él asumiría un cargo de relevancia en el gobierno federal.
En esa ocasión, recordó De Meneses ante los fiscales, Lozoya
hizo un movimiento que el brasileño esperaba ya. “Con el pretexto de
haberme auxiliado en el posicionamiento de la compañía en Veracruz y
Tula, me dijo que entendía que debía hacer un pago en su favor del orden
de cinco millones de dólares”.
De Meneses concluyó en ese instante que “sería positivo
estrechar las relaciones con él”, pues en un futuro gobierno podría
tener extensos beneficios. Así que le respondió a Lozoya que evaluaría
el tema del pago y lo contactaría a la brevedad posible.
No lo pensó mucho. Consideró “el potencial que Emilio Lozoya
representaba”, por lo que le propuso a su superior directo en Brasil,
Luiz Mameri, vicepresidente de Odebrecht para América Latina y Angola,
que se hiciera un pago de cuatro millones de dólares. Era cuestión de
ver hacia el futuro. Apostaban a que Lozoya se consolidaría como un
“agente público” de relevancia. La transferencia fue autorizada.
Así que, ya con la aprobación en la mano, se encontró de
nuevo con Lozoya Austin. “Nos reunimos en un café en las inmediaciones
de Lomas, un Café El Globo. Y le dije que haríamos el esfuerzo de
contribuir con cuatro millones de dólares a título de su, digamos,
atención dedicada en los últimos años”, contó De Meneses al fiscal André
Bueno esa tarde del 16 de diciembre de 2016.
Le proporcionó más detalles: le pagarían los cuatro millones
en varias transferencias que harían a lo largo de 2012. Lozoya quedó de
darle los datos de las cuentas bancarias a las que deberían realizarse
los depósitos.
Días después, Lozoya acudió al edificio de Odebrecht en
México en Lomas Virreyes. Le entregó, según detalló ampliamente De
Meneses, las cuentas a nombre de dos compañías offshore para que ahí se
depositaran los pagos: Latin American Asia Capital Holding y Zecapan S.
A., ambas empresas registradas en Tortola, una de las Islas Vírgenes
Británicas.
Luis de Meneses sabía entonces qué hacer. Contactó a
Hilberto da Silva, el jefe del Departamento de Operaciones Estructuradas
de la firma, el eufemismo con que Marcelo Odebrecht bautizó a la
oficina encargada de concretar y armar los sobornos para los políticos
brasileños y extranjeros.
Da Silva, poseedor de una mente financiera estratégica,
apretó los botones adecuados y dio las órdenes precisas para que las
transferencias llegaran a las empresas mencionadas por Lozoya, aunque el
destino final no le consta a Meneses. “No tengo conocimiento del
destino final de los recursos pagados a Emilio Lozoya”, comentó a los
fiscales.
Era marzo de 2012 y Lozoya Austin se preparaba para el
primer minuto del último día de ese mes, cuando Enrique Peña Nieto,
acompañado de su familia y de la dirigencia nacional del PRI, se subió a
un templete y comenzó su campaña rumbo a la Presidencia.
Lea el reportaje completo en la edición 2128 de la revista Proceso que empezó a circular este domingo 13 de agosto.
—-
* Este reportaje es parte de las publicaciones de la Red de
Investigaciones Periodísticas Estructuradas, integrada por periodistas
de Armando.info en Venezuela, La Nación de Argentina, La Prensa de
Panamá, Sudestada de Uruguay, Quinto Elemento Lab de México e
IDL-Reporteros de Perú.
Fuente