jueves, 3 de agosto de 2017

Represión: la salida del régimen al conflicto de los usuarios de luz

Este 2 de agosto de 2017 la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica constató que el régimen y sus instituciones han echado a andar una campaña de represión para desmovilizar a los usuarios organizados y retractarse de la negociación firmada en la minuta del 23 de mayo pasado entre la ANUEE y el gobierno federal.

El día de hoy se realizó una movilización de cientos de usuarios al palacio municipal de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México. Allí los usuarios se manifestaron, como siempre, de manera pacífica, exigiendo que la fuerza pública local no intervenga en favor de la Comisión Federal de Electricidad y sus contratistas en la imposición de los proyectos de privatización de la red eléctrica. Al término de la actividad, fueron detenidos con lujo de violencia Alfredo Mendoza Hernández, Roberto Alemán González y Julio Flores Cruz, miembros de la ANUEE, quienes ahora se encuentran detenidos en las instalaciones de la Procuraduría General de la República en el municipio de Naucalpan de Juárez.

En otro momento del día, el también miembro de la ANUEE, Ramón Silva Bautista se encontraba informando a sus vecinos en el municipio de Chalco de los planes privatizadores de la CFE cuando un comando armado de encapuchados, identificados como miembros de las Fuerzas Especiales del Estado de México, lo sustrajo del lugar. Durante largos minutos lo mantuvo desaparecido mientras era golpeado brutalmente. Cuando finalmente fue presentado al ministerio público federal, el compañero Silva Bautista tuvo que ser trasladado a la Cruz Roja más cercana por la golpiza que le propinaron los agentes policiales.

Estos dos eventos vienen a sumarse a los episodios de represión que la semana pasada tuvieron lugar en los municipios de Atizapán de Zaragoza y Chimalhuacán. Cabe señalar que en todas las ocasiones, los compañeros detenidos estuvieron realizando actividades de información a la ciudadanía o manifestándose pacíficamente cuando fueron reprimidos por los gobiernos municipales y estatal.

Es por ello que hoy la ANUEE denuncia la campaña de represión que los tres niveles de gobierno han iniciado en su contra. Pasada la coyuntura electoral en el Estado de México, ha comenzado la represión que hoy amenaza con reactivar los expedientes por delitos federales en contra de dirigentes de nuestra organización en Tláhuac, Iztapalapa y Nezahualcóyotl.

También denunciamos el ambiente de militarización que los tres niveles de gobierno han implementado en el oriente de la Ciudad y el Estado de México que —con la excusa de la balacera en el mercado de San Juan a fines del mes pasado— han intensificado la presencia de fuerzas especiales, municipales y federales. Esta presencia policial, como de costumbre, no ha servido para proteger a la ciudadanía, sino para tratar intimidar a los movimientos sociales y, ahora, para apoyar y proteger los trabajos de privatización y saqueo de la infraestructura eléctrica que la CFE y sus contratistas han puesto en marcha en la zona.

Gracias a la intensa movilización de nuestra organización, el 23 de mayo pasado arrancamos al gobierno federal una minuta firmada que sienta las bases para la resolución de nuestras demandas. El régimen se encontró en las calles con una organización independiente en su política y autosuficiente en sus finanzas, una organización de decenas de miles de usuarios que saben que el único camino para obtener sus demandas y transformar al país es la lucha y la organización popular. Ahora el gobierno busca derrotarnos como organización y busca incumplir con los acuerdos firmados.

Con movilización arrancamos al gobierno esos acuerdos y con movilización los haremos cumplir. Por ello, la ANUEE anuncia su campaña para frenar la criminalización, judicialización y represión de la lucha de los usuarios, por el respeto y cumplimiento de los acuerdos gobierno federal-ANUEE y por el reconocimiento de la electricidad como un derecho humano. Esta campaña dio inicio el pasado 31 de julio con una exitosa movilización al palacio municipal de Atizapán de Zaragoza. Continuará este próximo 10 de agosto con una movilización en Toluca y cerrará el 17 de agosto con una movilización a la Secretaría de Gobernación.

Convocamos a las organizaciones independientes y democráticas a acompañar a los usuarios de luz en estos momentos decisivos de su lucha.

¡Presos políticos, libertad!
¡Alto a la criminalización y judicialización de la lucha de los usuarios!
¡No más represión!
¡Cumplimiento de los acuerdos con el gobierno federal!
¡Por el reconocimiento de la energía eléctrica como derecho humano!

Comición de Comunicasión Prensa y Propaganda de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Electrica ANUEE


Comunicado, ¡Libertad a nuestro compañero Ramón Silva Bautista!

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
A LOS USUARIOS DE LA ENERGÍA.
AL MOVIMIENTO POPULAR DEMOCRÁTICO.
A LA RESISTENCIA SMEita.

DENUNCIA.

La Coordinación Regional Oriente del Estado de México de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energia Eléctrica (ANUEE) denunció hace unas horas la detención del compañero usuario de la energía y miembro de nuestra organización, Ramón Silva Bautista del departamento de Distribución Foráneo, quién fue brutalmente golpeado y detenido por policías encapuchados de las autodenominadas "Fuerzas Especiales de Valle de Chalco". En este momento, se encuentra injustamente detenido en la Subdelegación de PGR de Valle de Chalco por defender su derecho humano a la energía.

La cobarde agresión en contra de nuestro compañero es parte de una campaña de criminalización y represión promovida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en contra de los usuarios del servicio eléctrico que organizados en la ANUEE se oponen a los abusos y altas tarifas eléctricas de esta empresa. La CFE, con la complicidad de las autoridades municipales, estatales y federales, busca intimidar a los usuarios en resistencia para imponer por la fuerza el ilegal cambio de sus medidores. El recrudecimiento de la represión en contra de la ANUEE en el Estado de México, específicamente en los municipios conurbados de Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli y Valle de Chalco, es parte de esta campaña represiva.

El Sindicato Mexicano de Electricistas repudia está respuesta autoritaria del gobierno, exige la inmediata liberación de nuestro compañero Ramón Silva Bautista y hace responsable de su integridad física al Presidente Municipal de Valle de Chalco, Ramón Montalvo Hernández.
Sépanlo, la represión no detendrá a la movilización popular.

¡¡ALTO A LA REPRESIÓN!!
¡¡SOLUCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA ANUEE!!
¡¡BORRÓN Y CUENTA NUEVA!!

"Por el Derecho y la Justicia del Trabajador"

José Humberto Montes de Oca Luna.
Secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas.

CDMX a 2 de Agosto de 2017.

Gobierno de Guanajuato denuncia a Pemex por contaminar el río Lerma


 
PROCESO 
 
GUANAJUATO, Gto., (apro).- El gobierno del estado interpuso una denuncia ante la Conagua y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en contra de Pemex por descargar hidrocarburo al río Lerma.
Según informó el gobierno del estado, el Instituto Estatal de Ecología detectó el martes pasado en la descarga residual de Pemex en Salamanca un color y olor “diferentes” a lo establecido en las condiciones fijadas por la Conagua y por la Norma Oficial NOM 001-Semarnat-1996.
Por ello se hicieron análisis de laboratorio que en unas horas arrojaron como resultado que una de las muestras determinara la presencia de hidrocarburo en la descarga de la paraestatal, a la altura de la calle Río Lerma.
El director del Instituto Estatal de Ecología, Juan Ángel Mejía, dijo que se solicitó a la Conagua y a Profepa que “tomen medidas contundentes” contra la paraestatal para evitar que contamine los ecosistemas “y dañe la salud de las familias que habitan en los alrededores del río”.
El funcionario demandó a la Secretaría del Medio Ambiente que retome los trabajos del Plan Salamanca de combate a la contaminación, y a la par anunció que, por instrucciones del gobernador Miguel Márquez, la Dirección de la Calidad del aire intensificará el monitores en la región.

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Privatizan playa en Compostela

Foto
Aspecto de la playa Canalán en el ejido El Monteón, municipio de Compostela, NayaritFoto La Jornada
Myriam Navarro
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 3 de agosto de 2017, p. 25
Compostela, Nay.
Sin explicación alguna a los habitantes, desarrolladores turísticos cerraron con malla ciclónica el único acceso libre a la playa Canalán, una de las más hermosas del municipio de Compostela, ubicada en el poblado El Monteón y parte de la franja Riviera Nayarit; además, colocaron un portón metálico y una caseta de vigilancia para impedir el paso de los pobladores hacia las arenas blancas y el mar azul profundo.
Octaviano Figueroa Salazar, juez auxiliar de Rincón de Guayabitos (cerca de Canalán) e integrante de la comisión Pro Playas Libres o Canalán Libre, explicó que en El Monteón la empresa Rasaland construye el proyecto One and Only Mandarina, que abarca 265 hectáreas y cuatro kilómetros de frente de mar y consta de 145 villas de lujo y mansiones, con una inversión de 870 millones de dólares y la generación de 2 mil empleos directos y 6 mil indirectos.
Ellos cerraron el acceso. Ha habido pequeños acercamientos con la gente de la empresa y tenemos pendiente una reunión con ellos, dijo.
J. Benito Ortega Zepeda, juez auxiliar de El Monteón, explicó que Rasaland comenzó a comprar a los ejidatarios terrenos adyacentes a la playa. Adquirieron unas 80 o 100 hectáreas y ya hicieron un convenio con el ejido. Entre los terrenos ejidales había una parcela que daba a la playa y ese era el acceso que teníamos, pero como era parcela también se puede manejar como terreno privado. El camino llega hasta el bordo y de la parcela hacia dentro ya es propiedad privada, y hasta ahí es donde ellos tienen cerrado.
Ortega dijo que ese predio era de un particular que lo abandonó y el ejido lo recuperó y lo vendió con permiso de los comuneros. Les dieron dinero y varios compraron para tener un pedazo de playa, con el fin de lucrar, no para ayudarnos.
El juez auxiliar añadió que la empresa ha hecho contribuciones a la localidad: Nos consiguieron drenaje y agua potable para todo el pueblo. Ya van más de treinta y tantos millones. Ellos consiguieron los recursos del gobierno federal. También hay que ver los beneficios. Asimismo, coincide con Ortega en que el ayuntamiento no ha intervenido.
No es la primera vez que se colocan cercas en Canalán. El 16 de mayo de 2009 los pobladores de El Monteón fueron golpeados, rociados con gases lacrimógenos y encarcelados por policías estatales, comandados por Julio Betancourt, cuando pretendieron quitar una malla.
El 23 de mayo de ese año la playa fue cerrada al libre acceso por presuntos trabajadores del gobierno del estado. Era el sexenio de Ney González Sánchez (2005-2011).
En el municipio de Compostela ya han sido privatizadas las playas Chacalilla y Punta Raza, entre otras.

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El peso frena racha de pérdidas por alza en petroprecios; se oferta en 18.10 por dólar


 
PROCESO 
 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El peso logró romper su racha de cinco días consecutivos con pérdidas frente al dólar, impulsado por la recuperación moderada de los precios internacionales del petróleo.
En sucursales bancarias el billete verde se cotizó en 18.10 unidades, mientras que a nivel interbancario se ubicó en 17.82 pesos, es decir 0.14% más barato que el cierre del pasado martes, de acuerdo con información del Banco de México (Banxico).
El peso mexicano avanzó a la par de los principales cruces gracias a un incremento moderado en los precios del petróleo. El West Texas Intermediate (WTI) cerró la sesión con una ganancia de 0.77%, cotizando en 49.52 dólares por barril (dpb), debido a que los inventarios de crudo cayeron en 1.52 millones de barriles en la Unión Americana.
“Cabe agregar que los movimientos del tipo de cambio durante la sesión estuvieron relacionados con una reducción de la liquidez en el mercado, por lo que un ligero incremento en la demanda por pesos ocasionó una sobrerreacción a la baja del tipo de cambio”, explicó un análisis del Banco Base.
Luego agregó que no se descartan nuevas depreciaciones para el peso, pues durante las últimas dos sesiones de la semana se publicará información económica relevante en Estados Unidos, lo que podría elevar la demanda por dólares en el mercado cambiario.
De hecho, mañana a las 9:00 horas se publicará el indicador ISM no manufacturero correspondiente a julio, dato que se espera en un nivel cercano a 57 puntos, indicando un crecimiento sostenido del sector servicios.
A la misma hora se darán a conocer los pedidos de fábrica y las órdenes de bienes durables de junio. La publicación de estos indicadores podría reanimar la especulación en relación con el futuro de la política monetaria de Estados Unidos y elevar la probabilidad de un nuevo incremento a la tasa de referencia en la reunión del 13 de diciembre.
De acuerdo con el Banco Base, hoy por la tarde el presidente de la Reserva Regional de San Francisco, John Williams, destacó que espera una recuperación de la inflación hacia el objetivo de 2% dentro de los próximos dos años, agregando que sería apropiado que la Fed comience a reducir su hoja de balance a partir de este otoño, proceso de normalización que podría demorar cuatro años a partir de la fecha en que sea puesto en marcha.
Williams también destacó que es necesario que la Fed siga adoptando una postura menos acomodaticia a través de la tasa de interés, con el objetivo de evitar un sobrecalentamiento económico.

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En estados, riesgo de quiebra por exceso de deudas





Las arcas federales podrían verse obligadas a rescatar, en breve, a varios estados y municipios que se han endeudado a niveles escandalosos. El problema radica, sobre todo, en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no ha frenado a gobernadores ni alcaldes que, sin justificación, piden créditos hasta para pagar nóminas.
De 2008 a 2016, la deuda de estados y municipios creció 107.5 por ciento, alerta la Auditoría Superior de la Federación tras analizar el incontenible aumento de la deuda subnacional.
“El monto registrado en la SHCP hasta el cierre de 2016, de 568 mil 591.8 millones de pesos, equivalió a 107.5 por ciento real comparado con el cierre de 2008, de 203 mil 70.2 millones de pesos”, refiere en su “Evaluación del marco institucional para la disciplina financiera de entidades federativas y municipios”, presentada el 30 de junio pasado.
El peor caso es el de Coahuila, gobernado por el PRI, con una deuda vigente y obligaciones por 37 mil 47.8 millones de pesos. Al cierre del primer semestre de 2017, ésta se ubicó como “la única entidad federativa que presenta un nivel de endeudamiento elevado, de acuerdo con el Sistema de Alertas”, refiere el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, de la Cámara de Diputados.
El Sistema de Alertas es operado directamente por Hacienda –que encabeza José Antonio Meade–, y sirve para evaluar tanto los financiamientos como la capacidad de pago que tienen no sólo las entidades federativas, sino también los municipios.
Y es en esta evaluación en la cual Coahuila reprobó el indicador referente a la deuda pública y las obligaciones sobre ingresos de libre disposición. Su crisis financiera, hay que recordar, se inició desde el sexenio del priista  Humberto Moreira.
Coahuila –que es gobernada por su hermano Rubén Moreira– no podrá contratar ningún financiamiento adicional en ausencia de un convenio de ajuste en sus finanzas públicas, se desprende del análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. En su nota informativa Primera evaluación del Sistema de Alertas de las Entidades Federativas, agrega que otros 10 estados están en crisis por deudas.
Se trata de Baja California, Chihuahua, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Veracruz y Zacatecas, que “presentan un nivel de endeudamiento en observación en el Sistema de Alertas, destacando Quintana Roo y Oaxaca por ser los únicos que cuentan con un indicador en rango alto”.
En el caso de Quintana Roo, el Centro de Estudios señala que el problema se detectó en el indicador referente al servicio de la deuda y de obligaciones sobre ingresos de libre disposición. Respecto de Oaxaca, indica que fue el indicador que observa las obligaciones a corto plazo y proveedores y contratistas sobre ingresos totales.
El colapso financiero de las entidades federativas debería preocupar a las autoridades hacendarias, pues si llega a peores niveles será muy difícil resolverlo sin recurrir al rescate con dinero federal, en un momento en el que el propio Meade ha anunciado mayor crisis por la caída de las reservas petroleras.
De acuerdo con el informe 2016 de la Auditoría Superior, “la deuda pública de las entidades federativas y municipios creció a un ritmo acelerado entre 2009 y 2010, con una tasa media real anual de 19.7 por ciento respecto del saldo acumulado hasta 2008. Esa tendencia disminuyó a una tasa de 4.2 por ciento en el lapso de 2011 a 2016”.
No obstante, la situación actual no es alentadora. La propia Auditoría Superior indica que, al cierre de 2016, “el saldo de la deuda pública ascendió a 568 mil 591.8 millones de pesos, con un crecimiento real de 1.4 por ciento respecto de 2015”.
Destaca que en 13 entidades aumentó el saldo en términos reales. De éstas, detalla, “sobresalieron Sonora (22.4 por ciento), Michoacán (15.9 por ciento), Guanajuato (10.8 por ciento), Chihuahua (10.5 por ciento) y Yucatán (10.3 por ciento)”.
Además, observa que, “en términos absolutos, ocho entidades mostraron los mayores incrementos en el saldo acumulado de la deuda a 2016 respecto de 2015: Chihuahua (6 mil 645.9 millones de pesos), Sonora (6 mil 389.1 millones), Michoacán (3 mil 715.6 millones), Veracruz (3 mil 312.5 millones), Ciudad de México (2 mil 745.7 millones), Chiapas (2 mil 681.9 millones), Baja California (2 mil 547.1 millones) y Nuevo León (1 mil 975.9 millones), que en conjunto concentraron el 92.9 por ciento de la variación”.
Aunque la Auditoría Superior asegura que la deuda pública subnacional no pone en riesgo la estabilidad ni el funcionamiento del sistema financiero (pues en 2016 representó el 3.1 por ciento del producto interno bruto estatal), señala que “es importante revisar y dar seguimiento al nivel y evolución del endeudamiento público de algunas entidades federativas, que podrían afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas locales”.
Recuerda que el 27 de abril de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, luego de que durante tres ejercicios (2011, 2012 y 2014) observó que la regulación del endeudamiento “no permitían un registro integrado de la deuda pública subnacional en la SHCP y faltaba control […], debido a que ninguna entidad verificaba que los entes públicos cumplieran con la publicación de la información financiera”.
La aplicación de esa nueva ley “ocurre en el contexto de un incremento acelerado de la deuda pública subnacional, relacionado con la crisis financiera internacional de 2008 y la consecuente caída de los ingresos de las entidades federativas y municipios”, refiere la Auditoría.
A la fecha, sólo 20 entidades federativas presentan un nivel de endeudamiento sostenible; y sólo dos destacan por su solvencia: Campeche y Querétaro, que presentan los niveles más bajos del indicador referente a la  deuda pública y las obligaciones sobre ingresos de libre disposición, señala el estudio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Con estas estadísticas, es evidente que Hacienda sigue sin atender el problema.
Nancy Flores
[AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]
Contralínea 550 / del 31 de Julio al 06 de Agosto de 2017 

Busca el Infonavit que conserven su casa trabajadores con dificultades para pagar


Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Jueves 3 de agosto de 2017, p. 6
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) firmó ayer un convenio de colaboración en materia de mediación con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México con la finalidad de que los derechohabientes que pierdan su empleo y tengan problemas de pago cuenten con un mecanismo alternativo, amigable y formal para encontrar una solución y de esta manera preserven su casa.
David Penchyna Grub, director general del Infonavit, y Álvaro Augusto Pérez Juárez, presidente del Tribunal Superior de Justicia, firmaron el convenio que permitirá que de manera gratuita se puedan resolver los conflictos que surjan entre el organismo y los derechohabientes.
Las medidas que se adoptarán serán acordes con la responsabilidad social del instituto, es decir, se buscará que en todo momento el Infonavit mantenga la solidez financiera que requiere para cumplir sus objetivos, sostuvo el funcionario.
Indicó que a escala nacional el organismo ha firmado 80 mil convenios de mediación durante la presente administración, lo que ha permitido que igual número de trabajadores pudieran conservar su patrimonio.
En el Infonavit nos hemos planteado el objetivo de hacer más eficientes y prácticos los servicios mediante la estrategia integral de mejora del servicio, lo cual incluye alternativas para los trabajadores que pierden su empleo, ya sea de forma temporal o permanente, acercándonos a ellos con la finalidad de evitar llegar a un juicio, señaló Penchyna Grub.
Sostuvo que al cierre de junio, la delegación metropolitana del Infonavit alcanzó 93 por ciento de la meta anual de convenios de mediación, lo que demuestra que sí se pueden encontrar caminos para solucionar los conflictos. El organismo llevará a cabo esa tarea, además de que se cuenta con la mejor disposición, voluntad, colaboración, experiencia y trabajo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
El funcionario refirió que el convenio firmado ayer, es el octavo que se pacta con un tribunal superior de justicia en distintas entidades, y el propósito central es resolver de manera más eficaz, pronta, expedita y gratuita los conflictos entre el instituto y los derechohabientes, de acuerdo con la responsabilidad social del Infonavit.
Destacó que a la fecha, casi 490 mil habitantes del valle de México se han beneficiado con este instrumento, gracias al cual, de 2013 al cierre de junio de este año, se han logrado 11 mil 248 convenios de mediación ante el Tribunal Superior de Justicia.
Por último, dijo que el Infonavit ha instrumentado la estrategia integral de mejora del servicio para digitalizar y reducir los trámites, pero también para impulsar la cobranza social, buscar los mejores despachos para hacerlo y tener la mejor mediación entre el organismo y los trabajadores.

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Agentes de EU en México: los mexicanos no tienen derecho a saber

CONTRALÍNEA 


Los mexicanos no tenemos derecho a saber cuántos agentes de corporaciones de Estados Unidos se encuentran en misiones en México. La Secretaría de Relaciones Exteriores –hoy encabezada por el “aprendiz” de diplomático Luis Videgaray, según sus propias sinceras palabras– poseedora de la información, dijo que revelar tal estadística vulneraría la seguridad nacional de este país y, además, se molestarían nuestros vecinos.
Más sorprendente aún es que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) haya confirmado tal reserva de la información.
Lo que requerimos desde principios de año es apenas una estadística básica. Sólo quisimos saber el número de los agentes estadunidenses que están en México. A sabiendas de lo quisquillosos que se vuelven los funcionarios mexicanos cuando se trata de información que involucra a sus ¿pares? gringos, sólo les preguntamos por el número total. No requerimos el número por agencia, los lugares en que se encuentran ni la naturaleza de las misiones que cumplen en México.
La pregunta cuya respuesta causaría una hecatombe –si nos atenemos a los sesudos raciocinios de los censores de Relaciones Exteriores y de la Inai– es bastante simple: “Solicito conocer el número de integrantes de las agencias de seguridad de los Estados Unidos de América que, en territorio mexicano, cooperan con las autoridades mexicanas desde 2006. Desglosar por año”.
Ya en este espacio habíamos dado cuenta –con documentos de la Secretaría de Relaciones Exteriores– de que un número indeterminado de elementos de 13 agencias de seguridad estadunidenses se encuentran en México “colaborando” con las autoridades mexicanas. Siete de ellas están adscritas al Departamento de Justicia, cinco al Departamento de Seguridad Interna y una al Departamento del Tesoro.
Por parte del Departamento de Justicia, se trata de la Oficina Federal de Investigación (Federal Bureau of Investigation, FBI); la agencia antidrogas (Drug Enforcement Administration, DEA); la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, ATF); la Oficina del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (United States Marshals Service, USMS); la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia (Office of International Affairs, OIA-DoJ); la Oficina de Desarrollo, Asistencia y Entrenamiento Judicial Internacional (Office of Prosecutorial Development Assistance and Training (OPDAT), y la Oficina de Programas de Asistencia y Adiestramiento Internacional para la Investigación Criminal (International Criminal Investigative Training Assistance Program Office, ICITAP).
En lo que respecta al Departamento de Seguridad Interior, las agencias que tienen presencia en México son la Agregaduría legal; la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (Custom and Border Protection, CBP); la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (Inmigration and Customs Enforcement, ICE); el Servicio Secreto (Secret Service, SS), y la Administración de la Seguridad en el Transporte (Transport Security Administration, TSA).
Finalmente, la agencia dependiente del Departamento del Tesoro con efectivos en México es la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC).
Si ya sabemos que todas esas instituciones estadunidenses tienen agentes en misiones en México, ¿por qué no informar del número total? ¿Qué “atentado” contra los mexicanos significaría dar la cifra?
En su resolución, como una calca de las disertaciones de Relaciones Exteriores, el Inai encontró que ofrecer el dato perjudicaría a México en dos sentidos: se vulneraría la seguridad nacional y se “menoscabarían” las relaciones con Estados Unidos.
Según la resolución del recurso de revisión del Inai, cuya comisionada ponente fue María Patricia Kurczyn Villalobos, revelar el número de integrantes de las agencias de Estados Unidos con misiones en México “podría causar un serio perjuicio a la seguridad nacional, ya que se estarían revelando aspectos que se toman en cuenta al planear y conducir operaciones estratégicas y/o tácticas para combatir al narcotráfico, la farmacodependencia y el crimen organizado en territorio mexicano, con lo cual se estarían proporcionando elementos que permitirían a miembros de las organizaciones de la delincuencia organizada anticiparse, obstaculizar o bloquear las operaciones o tareas específicas encomendadas a dichos agentes, a partir del conocimiento de patrones de conducta en la determinación del número de agentes extranjeros enviados al país a lo largo del tiempo” (sic).
¡Sic! ¿En serio? ¿Saber que son 50, 500 o 2 mil de manera genérica permitiría a los delincuentes diseñar mejor sus golpes? ¿Cómo distinguirían a los capacitadores u oficinistas de los de inteligencia? Vaya discurso para justificar una reserva de información.
Y el otro remache para guardar los datos bajo llave es el de: no vaya a ser que se nos moleste el vecino. Resulta que, en la disertación del Inai, revelar el número de agentes estadunidenses en México, “se podría menoscabar la conducción de dicha relación internacional [México-Estados Unidos], en tanto que se podrían ver afectados los puntos de acuerdo a los que llegaron o podrían llegar ambas partes”.
Más aún: “el incumplimiento de los principios de derecho internacional por parte del Estado mexicano afectaría de manera directa la confianza mutua que sustenta la relación entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América” (sic).
El ocultamiento del número de agentes de un país extranjero elevado a categoría de “principio de derecho internacional”. ¿Pues qué tipo de actividades realizan los gringos en México? La ley sólo dice que se trata de intercambio de información…
Además, como si los estadunidenses no informaran del número de mexicanos de todas las agencias de seguridad –civiles, policiacas y militares– que van al Norte a recibir adiestramiento y a “colaborar”. Puede consultarse el interesante y basto informe del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede) y el Instituto Belsisario Domínguez del Senado de la República: Atlas de Seguridad y Defensa de México 2016, en el que se consignan los datos de mexicanos en Estados Unidos proporcionados por las agencias de ese país.
En realidad el gobierno mexicano no desea que se conozca el número de estadunidenses en México porque sería escandaloso saber que, desde la llegada de Felipe Calderón y hasta la fecha, los gringos han copado el país con sus agentes. Y el Inai, presto, a lavarle la cara.
Zósimo Camacho
[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: ZONA CERO]
Contralínea 550 / del 31 de Julio al 06 de Agosto de 2017


La Marcha por Morelos es arropada por sindicatos y activistas a su llegada a la CDMX


 
PROCESO 
 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Marcha por Morelos arribó esta tarde a la explanada de la Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuyos participantes fueron recibidos por miembros del Sindicato de Trabajadores de la institución académica (STUNAM), quienes les manifestaron su solidaridad para “restablecer el estado de derecho en Morelos y en todo el país”.
A su llegado a la caseta de Tlalpan, integrantes del Sindicato Mexicano de Telefonistas (SMT) y de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) se unieron a la marcha encabezada por el poeta Javier Sicilia; el rector de la Universidad Autónoma de Morelos (UAEM), Alejandro Vera, y el obispo de la diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro.
También se sumaron miembros del Frente Popular Francisco Villa Siglo XXI, la Nueva Constituyente de la Ciudad de México y una representación de la Sección IX de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Desde la caseta de Tlalpan, unas mil personas avanzaron acompañadas de ocho autobuses y combis del servicio colectivo morelense, además de una decena de automóviles particulares.
En San Pedro Mártir, un centenar de mujeres integrantes de las Comunidades Eclesiales de Base dieron la bienvenida a los marchistas al grito de: “Fuera Graco”, respaldando con ello el clamor con el que nació el Frente Amplio Morelense, que hace un año sitió el Palacio de Gobierno de esa entidad.
Javier Sicilia recordó que en 2011 la Marcha por la Paz arribó a Ciudad Universitaria y luego partió al centro de la capital mexicana para protestar por la masacre y la violencia en todo el país, y “hoy estamos aquí porque la tragedia se ha profundizado”, dijo.
Al salir de las instalaciones de la UNAM, la Marcha por Morelos se trasladó a la iglesia metodista “Dr. Gonzalo Báez Camargo”, ubicada en San Jerónimo, donde los líderes ofrecieron una rueda de prensa para hablar de la corrupción en la entidad gobernada por Graco Ramírez. Ahí, Gerardo Becerra Chávez y Dagoberto Rivera Jaimes subrayaron: “Graco Ramírez es el Duarte de Morelos”.
“Como en Veracruz –añadieron–, el mandatario perredista ha desviado miles de millones de pesos del erario a través de la creación de empresas ligadas a su hijastro, el dirigente estatal del PRD Rodrigo Gayosso, a las que se les asignan las obras públicas”.
Sicilia informó que mañana a las 12 del día esperan ser recibidos en la Secretaría de Gobernación.

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Rinden protesta 510 integrantes de la Constituyente en Venezuela

Foto
Delcy Rodríguez, ex canciller venezolana, y Cilia Flores, esposa del presidente Nicolás Maduro, muestran su acreditación como representantes electas, al salir del Centro Nacional Electoral, ayer en Caracas. A la derecha, Julio Borges, líder de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, en rueda de prensa luego de que la empresa Smartmatic, que suministró la tecnología para la votación de la Constituyente el domingo pasado, aseguró que hubo irregularidadesFoto Xinhua/Presidencia de Venezuela y Ap
Dpa, Afp, Xinhua, Reuters y Pl
 
Periódico La Jornada
Jueves 3 de agosto de 2017, p. 20
Caracas.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, tomó juramento este miércoles a más de 500 integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), y al igual que la titular del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, rechazó la denuncia de que se manipuló el resultado de la elección del domingo pasado, hecha por Smartmatic , la empresa que suministró la tecnología para la votación.
Desde Londres el presidente ejecutivo de Smartmatic, Antonio Mugica, aseguró que el dato de participación en las elecciones de la ANC fue manipulado, y dijo que la diferencia respecto de lo anunciado es de al menos un millón de electores. El CNE ubicó en 8 millones 89 mil 320 los votos emitidos el domingo.
Se trata de una opinión sin precedente de una empresa cuyo único papel en el proceso electoral es proveer ciertos servicios y soporte técnico que no son determinantes en sus resultados, replicó inicialmente Lucena, quien resaltó que tras los comicios ha reinado la paz en el país después de protestas diarias que desde abril dejaron más de 100 muertos.
Horas después, Maduro tomó protesta a los 510 integrantes de la ANC y dijo que este viernes se efectuará la instalación del nuevo órgano en la sede de la Asamblea Nacional, dominada por la oposición. Explicó que aún está pendiente la proclamación, por parte del CNE, de 35 constituyentes de un total de 545 que integrarán la asamblea que reformará la Carta Magna de 1999, promovida por el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).
Esta Constituyente es la esperanza de un país entero, dijo Maduro desde el Poliedro de Caracas, donde se efectuó la ceremonia de protesta.
Se ha propuesto que la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente se organice en paz, con tranquilidad y todo el protocolo necesario, el próximo viernes a las 11 de la mañana, indicó Maduro ante los asambleístas, entre quienes figuran su esposa Cilia Flores, su hijo Nicolás Maduro Guerra y la ex canciller Delcy Rodríguez.
La postergación (inicialmente sería este jueves) pretende, dijo, despejar las amenazas porque queremos que todo se dé en paz, subrayó, al rechazar la denuncia de Smartmatic de que el dato de participación fue manipulado por el CNE.
Este proceso no lo mancha nada porque es transparente, aseveró el gobernante, quien atribuyó la versión de la compañía informática a una reacción del enemigo internacional.
Maduro pidió al CNE que culmine el ciento por ciento de la auditoría sobre la elección para despejar cualquier duda.
El presidente estimó que dos millones de personas no pudieron votar por acciones violentas de la oposición que convocó a un boicot de la consulta.
De su lado, Lucena lamentó que la empresa Smartmatic, que provee las máquinas de votación y la plataforma tecnológica del CNE, haya denunciado que los comicios fueron manipulados mediante la exageración de la participación en al menos un millón de votos.
Es una aseveración irresponsable con base en una estimación sin fundamento en la data que maneja exclusivamente el poder electoral, pero más grave aún, la empresa Smartmatic participó en todas las auditorías que incluyen la certificación del software de la máquina y del sistema de totalización que ahora se pone en duda, es decir, cualquier manipulación que señala Mugica supone desconocer que Smartmatic es parte de la seguridad del sistema, indicó.
Previamente, Mugica aseveró que las irregularidades fueron posibles porque el proceso electoral carecía de personas que observaran el sistema, luego de que la oposición boicoteó el proceso. En esta elección no hubo auditores de la oposición porque ésta no participó, apuntó.
Lucena señaló que las declaraciones de Mugica fueron emitidas en un contexto de agresión permanente iniciado desde hace dos semanas contra el poder electoral venezolano para impedir la elección de la ANC y que incluye las sanciones que tomó el gobierno de Estados Unidos en su contra.
Agregó que el CNE se reserva las acciones legales que pueda tomar contra Smartmatic por tan irresponsables afirmaciones y recalcó que las denuncias de Smartmatic ocurren después de tres días de paz en Venezuela. Tres días en calma, tres días sin barricadas, tres días que el país está en paz.
Recordó que Smartmatic avaló proceso electorales en Venezuela en 2007, 2013 y 2015.
La funcionaria mostró además un balance de todas las agresiones que sufrió la institución, su personal y el soporte técnico por parte de individuos afines a la oposición para evitar que el pueblo se manifestara democráticamente en favor de la Constituyente.
En este contexto, Maduro nombró nuevo canciller al ministro para el Desarrollo Minero Ecológico, Jorge Arreaza, yerno de Chávez, y sustituye en dicho cargo a Samuel Moncada, quien desde ahora será embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos y tendrá en sus manos el viceministerio de Relaciones Exteriores para América del Norte.

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Temer se salva de ir a juicio por corrupción; diputados rechazan acusación de la fiscalía

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Diputados de oposición brasileños llevaron pancartas con la leyenda: Fuera Temer a la sesión de ayer en que se discutió el envío al Supremo Tribunal Federal de una denuncia de la fiscalía contra el gobernante, medida que finalmente fue rechazada en comisiones y luego en el plenoFoto Ap
Eric Nepomuceno
Especial para La Jornada
Periódico La Jornada
Jueves 3 de agosto de 2017, p. 21
Río de Janeiro.
Exactamente a las 20:26 horas de este miércoles, Michel Temer, elevado de la condición de vicepresidente a la de presidente a raíz del golpe institucional que destituyó a la mandataria Dilma Rousseff, obtuvo el número suficiente de votos favorables a que se rechace la posibilidad de que el Supremo Tribunal Federal lo enjuicie, con base en pruebas sólidas, por corrupción.
Entre ausentes y abstenciones, el voto del diputado de nombre sonoro y escueto –Aureo– fue el salvador de Temer. El resultado era esperado gracias a las maniobras del grupo del presidente y a las costumbres de la actual legislatura, seguramente la de menor nivel en los últimos 31 años, desde el retorno de la democracia en Brasil.
La acusación del fiscal general de la República, Rodrigo Janot, por corrupción pasiva, vino acompañada de sólidas pruebas. Entre ellas, grabaciones y videos. Grabaciones directamente de la voz de Michel Temer, y videos de su asesor directo recibiendo una valija con 500 mil reales (unos 160 mil dólares), primer pago semanal de un soborno cuyo total permanece entre brumas– hay quien diría que llega nada menos que a mil 500 millones de dólares a lo largo de 20 años, lo que parece muy poco creíble tanto por el monto como por el tiempo– fueron la base para la denuncia.
De acuerdo con la Constitución brasileña, para que se enjuicie a un presidente en ejercicio es necesaria la autorización de la Cámara de Diputados. Eso fue lo que se discutió este miércoles.
El origen de Michel Temer es la Cámara de Diputados, donde siempre llegó con votación escuálida pero obeso talento de negociación, en especial junto a colegas de escasa expresión y a partidos de menguado peso. Junto a su principal aliado, el ex presidente de la cámara baja y actual presidiario Eduardo Cunha, de su mismo partido, supo como pocos actuar en los sótanos del poder. Su receta infalible: lograr financiamiento de campañas electorales y prebendas de tal manera que sus favorecidos se transformasen en deudores. Y ese talento lució como pocas veces antes en la decisión adoptada este miércoles.
El primer paso de Temer se dio cuando la denuncia del fiscal general Janot llegó a la Cámara de Diputados para ser analizada en la comisión de Constitución y Justicia. A través de la sustitución de integrantes considerados de dudosa lealtad, Temer logró derrotar el voto del relator. Bueno, vale recordar que además del cambio de integrantes, los 41 votos favorables a Temer costaron alrededor de 43 millones de dólares en liberación de recursos para proyectos de los diputados aliados.
Cuando el tema fue llevado al pleno, Temer y sus socios se lanzaron a una lucha incesante. Lo importante sería alcanzar una victoria por al menos 270 votos.
La oposición, a su vez, se dio cuenta desde el principio de que, luego de ser derrotada en la comisión de Constitución y Justicia, tener éxito en el pleno de la Cámara de Diputados era una misión casi imposible. Lo importante sería lograr que la victoria de Temer fuera por escaso margen.
Lo que se vio entonces ha sido una verdadera jungla, con la oposición buscando reforzar en la opinión pública el rechazo a Temer –dicho sea de paso, el más impopular y el más rechazado presidente de la historia– y los aliados buscando votos favorables al costo que fuera.
La sesión de ayer, inicialmente prevista para empezar a las dos de la tarde, fue anticipada para las nueve de la mañana. Al principio, la tendencia de la oposición – el PT de Lula y aliados – fue la de retrasar al máximo la votación. La estrategia del gobierno era votar por la mañana, lejos de los noticieros nocturnos de televisión.
Hay un detalle importante: los medios hegemónicos de comunicación, con Tv Globo a la cabeza, suelen conducir la opinión pública. Una votación favorable a un presidente que tiene 5 por ciento de aprobación popular, en horario estelar, condenaría a los diputados defensores de Temer a las críticas más duras de los electores. Si se considera que el año que viene habrá elecciones generales, la situación de los defensores del presidente se volvería delicada.
Esa victoria, al menos, logró la oposición: las prisas y urgencias de la situación fueron neutralizadas. Alrededor de las 21 horas, cuando los noticieros estaban en su auge de audiencia, diputados que defienden a Temer fueron expuestos largamente a los ojos de la noble audiencia.
Conviene destacar que en la inmensa mayoría de los casos, los que votaron a favor de que se rechace la autorización para que la corte suprema investigue a Temer insistieron en que su voto era político y no jurídico. Muchos fueron los que aseguraron: voto por la estabilidad y la permanencia de ese gobierno, y confío en que cuando termine el mandato Temer sea juzgado. O sea, no se trató de considerar al presidente inocente, cosa que nadie en condiciones normales de sanidad se atrevería, sino de asegurar la continuación de las reformas –que la oposición califica de contrareformas– cuyo objetivo principal es agradar al mercado, a los grandes terratenientes, a lo más retrógrado que existe en Brasil.
Michel Temer logró escapar en el mismo día que uno de sus más fieles escuderos, Wellington Moreira Franco, fue condenado a devolver al estado de Río de Janeiro alrededor de 700 mil dólares que desvió para uso personal. El mismo día en que se supo que, además de todos los cortes y ajustes en educación, salud pública y un sinfín de servicios que son obligación del Estado, hasta los recursos para investigaciones tecnológicas y científicas fueron congelados.
Eso, mientras el presidente distribuía miles de millones a los diputados que se dispusiesen a votar por beneficiarlos.
El problema es que hay otras dos denuncias del fiscal general que caerán sobre su cabeza en las próximas semanas. La pregunta es sencilla, tal como andan las finanzas del Estado, ¿de dónde sacará recursos para seguir comprando votos favorables?

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