lunes, 3 de julio de 2017

INFRUCTUOSOS INTENTOS POR DEBILITAR AL SME

*Aumenta la Violencia contra las Organizaciones que Luchan por sus Derechos.
Participación de Martín Esparza Flores,
y Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas
Transcripción de Andrea Luna, colaboradora voluntaria, programa del 01/julio/2017



Es importante mencionar que este sábado 01 de julio del 2017 cumplimos 12 días de platón en gobernación, para exigirle al gobierno de Enrique Peña Nieto el cumplimiento de los acuerdos firmados con el SME. Curiosamente al mismo tiempo salieron publicaciones de organizaciones en contra del sindicato, en contra del comité central. Incluso, jubilados que nunca se han parado por el sindicato en más de 8 años, que no han aportado un sólo peso y que mandaron a sus hijos a liquidarse, ahora salen y piden cuentas al sindicato.
Es lamentable que no se alcance a observar el proceso de lucha del sindicato por defender la organizar sindical y se prestan a otros intereses. Porque ya vimos que hay intereses de partidos políticos, de organizaciones políticas metidas en todo este proceso. Una articulación que se está dando en contra del sindicato.
Antes no lo veíamos porque no teníamos nada. Hoy que hay una cooperativa, hoy que estamos recuperando fábricas, talleres para la reinserción laboral, hoy que avanzamos en la generadora, que ya llevamos más de un año, que ya tenemos una declaración fiscal de la empresa Fénix, en el primer año que va a haber utilidades para el sindicato y la cooperativa, hoy dicen todos tenemos derecho .
Tenemos nuestros estatutos internos, ahí se señala cuales son los derechos de cada uno, de Jubilados y trabajadores, cuáles son sus obligaciones y hay un capítulo de sanciones. Que muchísimos de estos que estamos identificando son los que han ido a gobernación a tocar la puerta para buscar condiciones para sus hijos o para sus grupos.
Así los estamos detectando, ya nos entregaron un listado de muchas demandas que han presentado a la Junta Federal de Conciliación grupos de jubilados que se han hecho en asociaciones. Incluso cuando el estuvimos en el punto más álgido del conflicto entre el SME y los intentos del gobierno por despojarlo, estos personajes demandaban la disolución del sindicato y que se vendieran todos sus bienes para que se repartieran.
Cuando el patrimonio del sindicato es un patrimonio que nosotros recibimos, pero es un patrimonio de más de 100 años. Ese patrimonio no se puede enajenar, sino al contrario va a seguir siendo para las futuras generaciones de trabajadores.
Se sancionan actos de disolución contrarios a los intereses de la organización y es muy claro. Muchos tienen procedimientos establecidos en la comisión autónoma de justicia. La comisión autónoma tiene que actuar, tiene que plantear a la propia asamblea para hacer los procedimientos si alguno de ellos tiene que ver con sanciones disciplinarias que lo prevé el estatuto.
El plantón ha sido itinerante, hemos estado haciendo movilizaciones. Hicimos una marcha importante hacia Palacio Nacional para buscar una reunión con autoridades de la Secretaria de Hacienda, porque es la que tiene que autorizar los recursos económicos para el pago del 50% de renta vitalicia a nuestros compañeros. Nos recibieron, ya hay una comunicación directa con la Secretaria de Hacienda.
Llegó ahí el director del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), porque no sabían en la Secretaría de Hacienda de la falta de estos pagos. Tuvieron que traer a este funcionario y reconoció que efectivamente no le habían notificado al secretario de hacienda que faltaba esto. Al final hubo un acuerdo de darle seguimiento.
Hicimos también una movilización a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con la Asociación Nacional de Usuarios de la Energía (ANUEE), se entregó un primer listado de usuarios que tienen queja ante Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), porque el mecanismo es hacer una revisión en que se identifique y cuantifique el monto de los adeudos para que eso se traslade a lo que hemos planteado como cartera vencida y que el gobierno federal absorba estos adeudos de los usuarios.
Al final lo que nosotros hemos estado sosteniendo, es que el conflicto lo generó el gobierno. A los usuarios nunca les dijeron que iba a haber un nuevo suministrador, no hay contrato con la CFE, hay lecturas estimadas, recibos locos, incluso los datos de los propios usuarios no coinciden con los de las propias viviendas.
Hicimos también un mitin en la Secretaria de Energía por varias horas, instalamos una mesa permanente de trabajo para revisar dos temas que para nosotros son de suma importancia: el tema de las fábricas y los talleres que faltan que entreguen en propiedad del sindicato para la cooperativa y el contrato de compra venta de energía en bloque para poder garantizar la inversión de los proyectos de ciclo combinado la termoeléctrica.
Eso está avanzando, ya ha habido 4 reuniones, ya se hizo un planteamiento por parte de la Secretaria de Energía sobre las fábricas y talleres. Revisamos el contrato que nos presentaron la última vez que estuvimos, los lineamientos, y esperamos que en los próximos días podamos tener ya avances sustanciales sobre las acciones que estamos desarrollando.
Se ha acelerado por parte del gobierno para que podamos revisar de fondo estos temas y me parece que ha servido bastante bien el plantón, las acciones, las movilizaciones, los usuarios y muchas organizaciones se han solidarizado con el sindicato. Hace 8 días hubo un foro de solidaridad con el SME y ha habido publicaciones por parte de varias organizaciones y vamos a mantener nuestra lucha hasta alcanzar nuestros objetivos.
Por otra parte, queremos denunciar el asesinato de Meztli Sarabia Reyna el pasado día 29 de junio del 2017 por la mañana, a las 10 de la mañana, entró un grupo armado al mercado de la organización 28 de octubre. Es un mercado de trabajadores ambulantes de Puebla, que han sufrido en los últimos años toda la represión por parte del gobierno del estado.
El dirigente de la organización, Rubén Sarabia Sánchez Simitrio, estuvo en la cárcel varios meses, alcanzó un amparo para que estuviera en arraigo domiciliario por cuestiones de salud. Él es el padre de Meztli y ésta organización ha sido muy solidaria con el SME también, apenas el sábado pasado estuvieron en el foro de solidaridad.
Estaban organizando una movilización de Puebla a la Ciudad de México para el próximo 4 de julio del 2017 y ocurrió este asesinato. Dice el gobierno que no saben quiénes fueron y fue una ejecución que hicieron de esta joven. La verdad que eso indigna porque continúa la violencia en contra de los movimientos sociales, en contra de organizaciones que están luchando por defender su espacio, su trabajo y sus derechos humanos fundamentales.
Vemos que esta aumentado la violencia del estado, ya sea federal, estatal, municipal en contra de las organizaciones que están luchando.
Esta es una organización que está defiendo su espacio porque el gobierno pretende quitarles el espacio de ese mercado público donde están trabajando desde hace muchísimos años. Se han mantenido en resistencia y algunos de los familiares de Simitrio también están en la cárcel.
Por eso es importante levantar la voz, es importante la solidaridad y el sindicato levanta esta protesta en contra del estado de Puebla, que se esclarezca los hechos que se encarcele a los culpables y vamos a participar en su movilización el 4 de julio del 2017.

El gobierno incumple acuerdos con el SME

Revista Siempre!

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Ante el incumplimiento de los compromisos pactados con el gobierno federal, nuevamente el Sindicato Mexicano de Electricistas está en pie de lucha. De la mano de organizaciones sociales y populares como la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE), los miembros del SME iniciamos el pasado 19 de junio un plantón en Bucareli para requerir a la Secretaría de Gobernación el acatamiento de algunos de los acuerdos pendientes en el convenio alcanzado en la mesa de negociaciones que permitió la salida al conflicto originado por el autoritario Decreto de Extinción de Luz y Fuerza, de Felipe Calderón.
El SME está exigiendo que la Secretaría de Energía (Sener) agilice los procedimientos administrativos para la entrega de las fábricas y talleres que restan de la lista pactada con Gobernación con el fin de hacer funcionar nuestra Cooperativa Luz y Fuerza del Centro. De acuerdo con las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la dependencia debe desincorporar estos inmuebles para  trasladarlos  en propiedad a nuestro sindicato.
Otra de las demandas planteadas a la dependencia es la firma del titular de la Sener para protocolizar de manera oficial el contrato de compra-venta de energía del gobierno federal con la Generadora Fénix, como garantía para la inversión que permita el arranque en  las obras de construcción de las plantas de ciclo combinado,  a edificarse en los predios de la termoeléctrica Jorge Luque.
También a las puertas de Los Pinos entregamos un documento dirigido el jefe del Ejecutivo con el fin de solicitarle la revisión de los recursos establecidos en los acuerdos con Gobernación para resarcir la falta de pago del 50 por ciento de las compensaciones por antigüedad de los compañeros que están cobrando su pensión de renta vitalicia y a los que se les adeuda la mitad de su liquidación y aguinaldo. En el convenio marco signado en Bucareli, las autoridades señalaron que existían los fondos suficientes para hacer frente a este compromiso, razón por la cual el SME no transigirá hasta que se subsane esta situación.
El SME sencillamente reclama el cumplimiento de  los compromisos adquiridos por las autoridades como son el acceso a las licitaciones de obra pública para hacer funcionar nuestra cooperativa; al respecto, los concursos  de la CFE que engloban la materia de trabajo para nuestros compañeros en las áreas de mantenimiento, construcciones y demás obras establecen impedimentos que no solo se contraponen a los  convenios internacionales como el 87 de la OIT, referente a la libertad sindical, sino además constituyen una violación a la Ley de Obras y Adquisiciones Públicas.
De manera impositiva la CFE establece que la compañía ganadora de una licitación tendrá que firmar un contrato colectivo con el SUTERM, que de entrada está exigiendo a las empresas del 2 al 5 por ciento del monto del contrato. Los trabajadores, cabe señalar, tendrán que pagar sus cuotas sindicales directamente al secretario general o a alguno de sus incondicionales. Hemos pedido a la Secretaría del Trabajo que tome nota que desde 1985 se estableció el convenio de limitación de zonas entre el SME y el SUTERM para evitar conflictos. Nuestra organización mantiene su registro como Sindicato Nacional de Industria y vamos a pelear nuestro derecho a la titularidad de los contratos colectivos, tal y como se acordó en Gobernación. 

Mutilados los principios de la diplomacia mexicana




El principio diplomático de respeto a la libre autodeterminación de los pueblos y la no intervención, que durante el siglo pasado fue sustento de la política exterior de México y sirvió de valladar, en el campo del derecho internacional, a las pequeñas naciones en contra de las agresiones injerencistas de las grandes potencias, se ha convertido, por obra y gracia de nuestra tecnocracia, en una abierta alianza con los dictados estadunidenses para atacar al gobierno de Venezuela, como quedó demostrado en la 47 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada en Cancún, Quintana Roo.
La sumisión a favor de los criterios marcados por el gobierno estadunidense en la persona del secretario general del organismo, Luis Almagro, tuvo como su principal coligado y promotor nada menos que al canciller mexicano, Luis Videgaray Caso; el objetivo central de ambos personajes no fue precisamente analizar el contexto social, económico y político por el que atraviesan las naciones del continente sino imponer la intromisión del organismo en la soberanía venezolana en la redacción de un escrito donde se exigía al gobierno de Nicolás Maduro un calendario electoral y la anulación de la Asamblea Nacional Constituyente.
Desde mayo pasado, en Washington, tanto Almagro como Videgaray buscaron maniobrar para que Venezuela aceptara una agenda que transgredía sus principios como nación libre y soberana, argumentando la falta de democracia, la represión y violación a los derechos humanos. En el contexto del encuentro de Cancún y bajo la aparente premisa de defender los fundamentos democráticos en los 34 países miembros de la OEA, la dupla nuevamente trató de sacar adelante la aprobación de un documento condenando al régimen de Maduro mediante hostigantes cabildeos.
Al final no lo consiguieron y obtuvieron a cambio la respuesta puntual de la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, quien dio un repaso general a Videgaray sobre las violaciones sistemáticas del gobierno mexicano a los derechos de sus ciudadanos y le recordó la demanda de justicia por la que aún claman los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos desde septiembre del 2014. La canciller Rodríguez habló también de las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales en México, mismas que constituyen una permanente violación a los derechos humanos.
Ya con antelación, y luego de que el secretario de Relaciones Exteriores de México asegurara en una entrevista que Venezuela “no es una democracia; estamos viendo rasgos francamente autoritarios”, Delcy Rodríguez había replicado al funcionario que México era presa del narcotráfico, la violencia social y el asesinato de periodistas figurando como uno de los países más peligrosos del mundo. Luego de tan puntual reconvención, a Videgaray Caso le ajustó como traje a la medida el aforismo de ver la paja en el ojo ajeno pero no la viga en el propio.
Indudable que en el actual escenario de crecientes agresiones del gobierno estadunidense, con Donald Trump al frente, la OEA dejó ver sin recato alguno su función de brazo ejecutor Estados Unidos. Entre los asuntos abordados ni Luis Almagro ni el anfitrión Luis Videgaray, incluyeron temas como la cancelación de las relaciones diplomáticas con Cuba firmadas por Barack Obama y anuladas hace unas semanas de manera unilateral por Trump.
El uruguayo Almagro había manifestado en mayo de 2015, a su llegada al cargo, que sería una “prioridad de su mandado” el reingreso de la nación caribeña al seno de la OEA, de donde fue expulsada en 1962 luego del triunfo de la revolución socialista. Como los demuestran los hechos, en 2 años “las prioridades” de secretario general cambiaron diametralmente.
En la cumbre de Cancún tampoco se dio un pronunciamiento enérgico contra la construcción del muro en la frontera con México ni por el retiro de los Estados Unidos del acuerdo de París, concerniente al problema global del cambio climático, puntos sugeridos por la canciller venezolana durante la 47 Asamblea del organismo continental. El diálogo invocado por los detractores de Maduro como instrumento de solución al conflicto venezolano no fue exigido en la misma correspondencia al gobierno estadunidense para modificar su actitud beligerante.
El epílogo dejado sobre la mesa de los debates en el evento de la OEA por los diplomáticos venezolanos fue tajante: el organismo se ha convertido, a 69 años de su fundación, en un instrumento para socavar los derechos de las naciones. Su historia misma y su génesis se han encargado de poner en tela de juicio su imparcialidad como un instrumento válido para resolver los problemas de los 34 países miembros, y menos para salvaguardar la democracia.
Por ejemplo, nada hizo la OEA para evitar que en 1954 un grupo de mercenarios derrocaran en Guatemala al gobierno del presidente Jacobo Arbez, por oponerse a los intereses de la empresa estadunidense United Fruit Company. O la invasión de la República Dominicana, en 1965, por 42 mil marines yanquis. Tampoco alzó la voz durante la invasión de Fuerzas británicas a las Islas Malvinas de Argentina, en 1982. Estados Unidos no únicamente otorgó su apoyo político y militar a Gran Bretaña sino que impuso sanciones económicas al gobierno argentino. La OEA dócilmente guardó silencio, lo mismo que durante el golpe militar a Granada en 1983.
No puede dejar de mencionarse que sus organismos, como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), se han convertido en un apéndice más de los intereses estadunidenses y de las poderosas trasnacionales y esto se explica porque los recursos que permiten su funcionamiento son aportados en buena parte por el gobierno de estados Unidos, por lo que su verdadera función no es resolver las violaciones a los derechos humanos y los múltiples despojos de grupos sociales e indígenas sino desviar la atención al origen de los graves conflictos sociales al darse un creciente saqueo a los recursos naturales en todo el continente, aplicando un terrorismo de Estado donde participan las fuerzas policiales y castrenses.
El deterioro en la credibilidad e imparcialidad de la OEA parecen condenarla a una desintegración gradual y constante; la fundación de organismos como la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), donde no se incluyeron ni a Canadá ni Estados Unidos, es una muestra de la búsqueda de alternativas reales de representación más adecuadas para la legítima defensa de los intereses de los países latinoamericanos.
La dirigencia de Luis Almagro se ha convertido, al igual que la de muchos de sus antecesores, en instrumento injerencista, en este caso en la crisis política que enfrenta Venezuela. Pero ya de tiempo atrás la OEA se mostró también apática con los golpes parlamentarios registrados en Paraguay (2012) y Brasil (2016). Esta última nación ahora debe soportar a un ambicioso y extraviado Michel Temer, que además de haber borrado los programas sociales de la depuesta presidenta, Dilma Rousseff, ha desatado una incontenible ola de corrupción y descontento social.
LA OEA que dice velar porque la voluntad de los pueblos se cumpla, consintió que el golpe “institucional” contra Rousseff dejara sin su representante legítima a 54 millones 500 brasileños que dieron voto para llevarla a la Presidencia.
Ahora con la vergonzosa actitud del “aprendiz de canciller”, Luis Videgaray, México echa por la borda su tradición diplomática y se suma como un alfil más en el tablero de las jugadas políticas que el gobierno estadunidense hace con el incondicional apoyo de la OEA, buscando derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. El petróleo y las riquezas naturales de Venezuela son el verdadero objetivo y no la manipulada defensa de la democracia y los derechos humanos. Para Trump y sus trasnacionales esos temas son meras patrañas.
Martín Esparza Flores*
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas


SME venderá energía a la CDMX

REPORTE ÍNDIGO

#Electricidad

Sistemas Eléctricos Metropolitanos en sociedad con Mota Engil y el SME producirán electricidad con los lixiviados del Bordo Poniente; el gobierno capitalino podrá adquirirla para el alumbrado público a un precio más bajo que al que paga a la CFE
SEM le comprará el 80 por ciento de energía a Generadora Fénix y el 20 por ciento restante provendrá de los gases que emiten las 70 millones de toneladas de basura del Bordo Poniente
En lugar de pagar en 3.60 el Kilowatt, que es lo que le cobra la CFE; el gobierno de la CDMX lo obtendrá de SEM a 2.1, aproximadamente
Después de cinco años de que se entregara el proyecto a Marcelo Ebrard, Sistemas Eléctricos Metropolitanos en sociedad con Mota Engil y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) comenzarían la producción de energía con los lixiviados del Bordo.
A través de Generadora Fénix, el SME y su socia, la portuguesa Mota-Engil, venderán electricidad para el alumbrado público al gobierno de la Ciudad de México (CDMX).
Esto será posible gracias a una serie de acuerdos y contratos con la firma Sistemas Eléctricos Metropolitanos (SEM) que desde hace cinco años obtuvo el convenio para operar la Planta de Generación de Energía con basura del relleno sanitario Bordo Poniente IV.
SEM le comprará el 80 por ciento de energía a Fénix y el 20 por ciento restante provendrá de los gases que emiten las 70 millones de toneladas de basura del Bordo Poniente, etapa 4. Toda esta energía será vendida a su vez a la Ciudad de México a un precio más bajo que al que compra a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con Tarifa 5.
Salvador Rojas Aburto, director del Proyecto Bordo Poniente Etapa 4, que ganó la empresa SEM, detalla cuáles fueron los obstáculos para desarrollar el proyecto que se gestó desde 2012 y que fue relanzado apenas en abril por la administración de Miguel Ángel Mancera Espinosa.
Durante cuatro años, Servicios Eléctricos Metropolitanos enfrentó dificultades para concretar el cierre financiero de este ambicioso proyecto debido a factores externos como el incremento del dólar y de la tasa de Interés.
Además se desahogó la tramitología y los permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la Secretaría de Energía (Sener), así como en la parte ambiental con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Para saltar el obstáculo económico, fundamentalmente, los bancos y SEM encontraron una salida financiera.
“Lo que nos dijeron los bancos es ‘vamos a buscarle cómo y encontramos una fórmula, en lugar de que me hagas una planta eléctrica muy grande, toma una que ya existe, que ya está operando’, así fue que nos reunimos con la Central Generadora Fénix”, dice Rojas Aburto.
El Fénix es una sociedad conformada por la empresa portuguesa Monta-Engil y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que desde el 2015 firmaron un acuerdo de trabajo.
“Con la Generadora Fénix vamos a firmar un contrato de suministro eléctrico, no nos estamos asociando con ellos, para nada, nosotros le estamos comprando electricidad a la Central Fénix que tiene dos socios, Mota-Engil y SME, mi única relación es que nos van a proveer a través de un contrato electricidad.
“Le vamos a comprar el 80 por ciento de electricidad y el 20 por ciento lo generaremos con el Bordo Poniente. Tenemos que suministrar 508 GWH por hora al año y el gobierno de la Ciudad se obligó a adquirirme hasta esa cantidad”, subraya Rojas.
Asegura que una vez que la planta de energía comience a funcionar aprovechando el gas metano del Bordo, el gobierno capitalino podrá comprar energía para el alumbrado público a un precio más bajo que al que compra con Tarifa 5 a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Es decir, en lugar de pagar en 3.60 el Kilowatt, lo comprará a SEM a precio de a 2.1, aproximadamente.
El concesionario explica que una de las condiciones que pidió Mota-Engil para entrar a este arreglo fue permitirle entrar a la sociedad de SEM.
“Pero es Mota-Engil no tiene nada que ver El Fénix ni SME, arriba de Sistema Eléctricos se está asociando Mota-Engil México, una desarrolladora Portuguesa; al SME ni los conozco”.
Asegura que dicha sociedad y el acuerdo a firmar con El Fénix es la única fórmula que encontró SEM para hacer el proyecto viable, técnica y económicamente.
“Si no lo hacíamos jalando electricidad de acá (El Fénix), yo tenía que asumir todo el costo de la inversión de la plantota y no me daban los números, perdíamos dinero”, resume.
Por eso nos asociamos con Mota, ellos se quedan con el 50 y nosotros con el 50, SEM es el concesionario y tiene SEM a una subsidiaria, Energía Verde, Bordo Poniente 4, todos los permisos están bajo este nombre que a su vez dona una acción a CDMX.
El remedio a la zona
En el aspecto ambiental el proyecto tiene el compromiso de remediar la problemática de la zona.
Cuando llueve mucho, como ocurre en estos días en la Ciudad de México, toda el agua va a parar a esa zona de regulación con el riesgo de que se mezcle con los lixiviados (fluido que produce la basura), se derramen en los espejos de agua aledaños y se impacte a todo el sistema de regadíos del estado de Hidalgo.
“La presencia de lixiviados que son susceptibles de derramar a los espejos de agua aledaños cuando llueve mucho en la ciudad, todo el agua va a esa zona y lo que no puede haber es otro tipo de agua, que es el lixiviado, es un fluido ni malo ni bueno, propio de la basura, generas toda una distorsión en el sistema de alcantarillado si permites que se mezcle, si llega a la Planta de Atotonilco”.
El objetivo a 10 años es remediar y secar la zona. El contrato a SEM fue por 25 años con posibilidad de renovarse una vez.
Historia de la concesión
El 22 de noviembre de 2010 el Gobierno federal, por conducto de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Gobierno del Distrito Federal (GDF) suscribieron un Convenio de Coordinación para el cierre y clausura definitiva del Relleno Sanitario Bordo Poniente IV Etapa (Convenio de Coordinación).

Dos años después, en febrero de 2012, el GDF, por conducto de la Secretaría de Obras y Servicios, publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la Convocatoria 001/2012 para la Licitación Pública Número LP/GDF/SOS/DGSU/ CONCESIÓN/001/2012 con el objeto de otorgar una concesión para la captura y aprovechamiento del biogás generado por los mismos, y que fuera utilizado como combustible y para la generación de energía eléctrica.
Por conducto de la Secretaría de Obras y Servicios, el gobierno local determinó que el ganador de ese procedimiento de licitación fue el consorcio integrado por: BMLMX Power Company, S.A.P.I. de C.V.; Energía Sur de Europa, S.L.; Tegner, S.L.; RAMP Carbón México, S.A. de C.V.; JCH Inversión Redituable, S.A. de C.V.; CLP Organogas, S.L., e Iberaltec, S.A. de C.V. que constituyeron la sociedad mercantil de nacionalidad mexicana denominada Sistemas Eléctrico 

A Pesar de la Huelga el diario Sigue Editándose LA JORNADA QUIERE ELIMINAR DERECHOS LABORALES

Los accionistas y directivos del diario La Jornada pretenden eliminar tres cuartas partes de los derechos humanos laborales conquistados por los trabajadores de ese medio de comunicación, razón por la cual se declararon en huelga el viernes 30 de junio del 2017.
En entrevista con Frecuencia Laboral: El Espacio donde los trabajadores son la noticia, el secretario del exterior del Sindicato Independiente de Trajadores de La Jornada, explicó que los periodistas y empleados administrativos y manuales de ese diario están dispuestos a negociar hasta el 45 por ciento de sus prestaciones laborales, pero no todo como la empresa propone.
La directiva sindical ha denunciado que mientras que a los trabajadores sindicalizados les exigen sacrificios, los directivos y accionistas se niegan a reducir sus altos salarios y sus privilegios.
"Llevamos 5 meses defendiendo el contrato colectivo de trabajo, poque desde enero del 2017 la empresa se declaró en crisis financiera y pidió a los trabajadores que cedieran el 100 por ciento del contrato colectivo de trabajo. Y los trabajadores debatieron en asamblea y decidieron apoyar a la empresa para solucionar esta crisis, pero ceder sólo 25%, luego subió a 35 y ayer a 45 por ciento a un año".
Los representantes de la empresa consiguieron un laudo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el que se declara en crisis financiera y pedia que el sindicato cediera el 70 por ciento de los derechos conquistados. "No lo aceptamos y nos amparamos, al final no llegamos a ningún acuerdo y al final ya teníamos la fecha para estallar la huelga a las 5 de la tarede del 30 de junio del 2017, lo cual se aprobó por mayoría de votos."
El periódico La Jornada apareció al día siguiente con una editorial en la que anunció que seguirá editándose a pesar de la huelga, con personal de confianza y algunos sindicalizados que actúan a favor de la parte patronal.

Fuente

Sindicato de La Jornada pide mediación de Mancera en el conflicto


Trabajadores en las instalaciones de La Jornada. Foto: Eduardo Miranda
Trabajadores en las instalaciones de La Jornada. Foto: Eduardo Miranda


PROCESO 

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El Sindicato Independiente de Trabajadores de La Jornada (Sitrajor) solicitó este domingo la intervención del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, en el conflicto laboral del diario.
La secretaria general del sindicato, Judith Calderón, consideró que es urgente que Mancera llame a las partes para llegar a un acuerdo y resolver la huelga.
Agregó que un diario como La Jornada merece continuar y que la solución para los trabajadores es un convenio en el que ellos estén dispuestos a aportar.
“Sabemos que (el diario) lo va a lograr, pero que se realice no con el pisoteo de los derechos de los trabajadores; hacemos un llamado a Miguel Ángel Mancera para que nos cite y podamos llegar a un acuerdo”, manifestó Judith Calderón.

Agregó que los trabajadores piden al jefe de Gobierno que reúna a las partes y a Miguel Concha, que además de colaborador es accionista, para poder llegar a un acuerdo.
Los trabajadores, agregó Calderón, sufrieron un recorte de sueldo desde enero pasado, decisión que la empresa tomó de manera unilateral, pues recortó entre un 29 y 45 por ciento del ingreso además de prestaciones.
Recordó que ese mismo mes se emplazó a huelga por revisión de contrato y se pidió detener las violaciones a éste, pero al final no se concretó.
Denunció que la dirección del diario ejerce presión para que se declare la inexistencia del paro de labores.
Judith Calderón explicó que el personal de confianza tiene todo el contrato y ganan más de 100 mil pesos al mes.
Señaló que hay colaboradores no sindicalizados que ganan entre 130 y 150 mil pesos mensuales por sus artículos.
Aseguró que especialistas detectaron que el problema no está en el contrato, sino en los excesivos gastos de operación del diario.
La lideresa sindical dijo que este domingo tendrán una audiencia en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para presentar los resultados de la votación del sindicato y con ello se declare la validez de la huelga.
Con el voto a favor de 133 de sus 216 agremiados, el viernes pasado el Sitrajor paró labores por tiempo indefinido y bloqueó el acceso al edificio del periódico La Jornada.

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Declaran inexistente la huelga del Sitrajor

Periódico La Jornada
Lunes 3 de julio de 2017, p. 6
La Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) declaró anoche inexistente e ilícita la huelga del Sindicato Independiente de Trabajadores de La Jornada (Sitrajor), bajo varias causales: la primera, que no se suspendieron las labores con abandono de instalaciones, ya que un inspector dio fe de que trabajadores seguían laborando en la hora y la fecha en que se colocaron las banderas rojinegras.
La resolución señala que también hubo falta de legitimación del proceso por parte de la representación sindical, debido a que el Sitrajor no convocó legalmente a asamblea extraordinaria, y en el proceso de votaciones que llevó a cabo no obtuvo la mayoría legal del total de sindicalizados en favor del cierre de la empresa.
Es decir, el Sitrajor no cumplió con los requisitos de procedencia y procesales de la ley, señala la resolución de la JLCA.
Anoche, un actuario de la JLCA se presentó cerca de las 24 horas de este domingo afuera de las instalaciones del diario para entregar la notificación al comité ejecutivo del Sitrajor.
De igual manera, entregó el documento a los representantes de Demos, Desarrollo de Medios SA de CV –empresa editora de La Jornada– sobre la resolución de la JLCA.
En la argumentación, las autoridades señalan que no existe objeto de la huelga, ya que no cumple con lo establecido en el artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo, que se refiere a que la demanda de los trabajadores debe buscar el equilibrio entre los factores de la producción y armonizar los derechos del trabajo con los del capital.
La cuarta causal para declarar ilegal el paro es que el sindicato ejerció violencia contra los empleados, ya que dejó encerrado a un número importante al poner candados en los accesos de la empresa, dejando trabajadores privados de su libertad, hecho violento que tiene consecuencias penales.
Cabe señalar que trabajadores sindicalizados iniciaron el paro de labores el pasado 30 de junio a las cinco de la tarde, aun cuando la JLCA emitió un laudo –el 31 de mayo– en el que determinó que el contrato colectivo de trabajo firmado entre Demos y Sitrajor hace financieramente inviable la empresa.

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La UGOCP exige a Segob investigue asesinato de Meztli Sarabia


Exigen justicia por el asesinato de Meztli Sarabia, hija del dirigente social “Simitrio”. Foto: Especial
Exigen justicia por el asesinato de Meztli Sarabia, hija del dirigente social “Simitrio”. Foto: Especial


PROCESO 

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La Unión General Obrera Campesina y Popular (UGOCP) condenó enérgicamente el asesinato de la dirigente social poblana Meztli Sarabia Reyna a manos de un comando.
En un comunicado la organización, a través de su secretario general Luis Gómez Garay, exigió a la Secretaría de Gobernación una investigación profunda de los hechos y señaló al gobierno del estado de Puebla como principal responsable de lo ocurrido.
Asimismo, la UGOCP solicitó a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) una investigación a fondo de la actitud del gobierno del estado de Puebla ante estos lamentables hechos.
La agrupación reiteró su condena a todo acto de violencia contra sus compañeros de la UPVA 28 de Octubre y “la persecución política y criminal de parte del gobierno del estado de Puebla que sistemáticamente ha violentado el estado de derecho y a luchadores sociales como lo es Rubén Sarabia Sánchez Simitrio y de esta organización, así como de muchas otras que han sido objeto de represión”.

Meztli Sarabia Reyna es hija del líder histórico de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre”, Simitrio, y fue asesinada en la ciudad de Puebla el pasado 29 de junio, en las oficinas de su organización por un grupo armado de cuatro personas encapuchadas.
Ante tales hechos, el dirigente de la UGOCP, Luis Gómez Garay, exigió el cumplimiento de cinco puntos:
1.- Una investigación profunda de los hechos que dieron como consecuencia el asesinato de la compañera Meztli Sarabia Reyna.
2.- Que se investigue la omisión del gobierno del estado de Puebla al no querer responder al llamado cuando se solicitó el apoyo.
3.- Castigo a los autores materiales e intelectuales de este lamentable asesinato, así como otros más que ha habido en el estado de Puebla.
4.- Exigimos cese al hostigamiento sistemático por parte del estado a nuestra organización hermana y compañeros de la UPVA 28 de Octubre.
5.- Solicitamos a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos una investigación profunda de la actitud del gobierno del estado de Puebla en estos lamentables hechos.
La UGOCP reiteró su exigencia de justicia para Meztli Sarabia Reyna y “no una atención irresponsable”.
También llamó a las organizaciones sociales y al pueblo en general “a manifestarse contra este artero crimen en contra de la compañera Meztli Sarabia Reyna y la Unión Popular de Vendedores Ambulantes ‘28 de Octubre’”.

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SEGURIDAD SOCIAL ¿QUIEN PAGA LA SEGURIDAD SOCIAL?


Estos tiempos son difíciles para los trabajadores y pensionados, por el miedo a perder el empleo o por estar endeudándose por las bajas pensiones que tiene la mayoría, aunado al desconocimiento de nuestros principales derechos que tenemos.
Se vive ahora un terrorismo propagandístico en el que constantemente se anuncia, según los funcionarios de las dependencias encargadas de parte de la seguridad social, que se hace necesario modificar el sistema pensionario aumentando los años de edad para el retiro.
Asimismo cada vez con más frecuencia se menciona por especialistas que las Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (Afores) no pagarán una pensión, ya que según los pronósticos que se tienen sólo darán entre un 25 o 30% del último salario que ganó el trabajador al momento del retiro.
De ahí lo importante para quienes conducen el programa Frecuencia Laboral: el Espacio donde los Trabajadores son la Noticia de promover la información en relación con un tema de la seguridad social, que debe interesarnos tanto a los trabajadores activos como a los pensionados.
Comenzaremos recordando el concepto que tenemos de ¿Qué ES LA SEGURIDAD SOCIAL?
Es entendida como el logro de la satisfacción plena de las necesidades humanas, salud, educación, vivienda digna, salario justo, alimentación adecuada, posibilidad de recreación, jubilación en las mejores condiciones como reconocimiento a una vida de trabajo, ambiente sano y cuidado de la naturaleza .
La seguridad social atiende el bienestar y el desarrollo del ser humano y, siendo esta de carácter pública, integral, solidaria y con un sentido de justicia social, se convierte en una institución fundamental para el bienestar de los trabajadores y en un beneficio para la sociedad en su conjunto, y que en virtud de su aplicación individual, conlleva una responsabilidad colectiva.
La Constitución Política de 1917, plasmó el derecho a la Seguridad Social en el Artículo 123 constitucional, que contiene los artículos que protegen a la clase trabajadora, de los cuales el Estado es garante:
ARTICULO 123 CONSTITUCION 1917
V.- Las mujeres durante los tres meses anteriores al parto, no desempeñarán trabajos físicos que exijan esfuerzo material considerable. En el mes siguiente al parto disfrutarán forzosamente de descanso, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por su contrato. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para amamantar a sus hijos
XII.- En toda negociación agrícola, industrial, minera o cualquiera otra clase de trabajo, los patronos estarán obligados a proporcionar a los trabajadores, habitaciones cómodas o higiénicas, por las que podrán cobrar rentas que no excederán del medio por ciento mensual del valor catastral de las fincas . Igualmente deberán establecer escuelas, enfermerías y demás servicios necesarios a la comunidad. Si las negociaciones estuvieren situadas dentro de las poblaciones, y ocuparen un número de trabajadores mayor de cien, tendrán la primera de las obligaciones mencionada.
•  Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patrones deberán pagar la indemnización correspondiente , según que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aún en el caso de que el patrono contrate el trabajo por un intermediario.
XV.- El patrono estará obligado a observar en la instalación de sus establecimientos, los preceptos legales sobre higiene y salubridad, y adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las maquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizar de tal manera éste, que resulte para la salud y la vida de los trabajadores la mayor garantía compatible con la naturaleza de la negociación, bajo las penas que al efecto establezcan las leyes.
XXIX.- Se consideran de utilidad social: el establecimiento de Cajas de Seguros Populares, de invalidez, de vida, de cesación involuntaria de trabajo, de accidentes y otros con fines análogos por lo cual, tanto el Gobierno Federal como el de cada Estado, deberán fomentar la organización de Instituciones de esta índole para infundir e inculcar la previsión popular
Estos derechos no fueron concesiones gratuitas de quienes gobernaban en ese momento, es producto de la intensa lucha que los trabajadores realizaban y el buen actuar de un puñado de legisladores que lucharon por plasmar estos preceptos los cuales obligaban al patrón a asumir su responsabilidad como tal con sus trabajadores, era una contribución de los patrones por la riqueza que los trabajadores les otorgaban con su trabajo.
Con el tiempo, el descuido de los sindicatos, el más claro dominio ideológico de los patrones, la imposición de funcionarios públicos entregados y al servicio de la clase económicamente dominante tanto nacional como extranjera, y aprovechando el dominio que se tiene sobre los dirigentes de los sindicatos hoy llamados charros, se han realizado cambios al sistema de seguridad social
Con estos cambios han reducido las responsabilidades de los patrones han hecho un pago llamado tripartito donde los patrones, trabajadores y el Estado por medio de los gobiernos, supuestamente son los que contribuyen con sus aportaciones al sistema de seguridad social tanto en el area medica como en el sistema pensionario
La pregunta es ¿realmente se paga tripartitamente las cuotas? De manera muy simple mi respuesta es NO por lo siguiente;
El trabajador sus descuentos provienen del salario que devenga, siempre y cuando el patrón lo inscriba al IMSS o al ISSSTE o de la institución que le bride el servicio médico (esto solo se da en los trabajadores al servicio del Estado)
El patrón las aportaciones que realiza de ¿dónde obtiene los recursos? Lo que si es claro es que no son de sus ganancias, el pago que hace de sus aportaciones a los institutos de seguridad social los incluye dentro de los gastos totales de los productos que haga, y al final en el precio que determina por estos productos estos se trasladan a los consumidores, pero también obtiene una ganancia ya que estos pagos Hacienda se los deduce y estas devoluciones de impuestos se convierten en ganancias únicamente para el patrón
El Estado de donde obtiene los recursos para el pago de la seguridad social, tiene razón usted de lo que los mexicanos pagamos de nuestros impuestos de manera directa es decir con lo se nos quita cuando recibimos nuestro salario y de manera indirecta cuando compramos algún bien o un servicio. Que por cierto cada vez son más caros e ineficientes
En síntesis se diría del MISMO CUERO SALEN LAS CORREAS no son el patrón ni el estado somos los trabajadores quienes sostenemos entre otras cosas al sistema de seguridad social en consecuencia debemos defenderlo no permitir mas el saqueo, hacer que se cuente con un sistema de atención como lo determina nuestra Constitución, tenemos la palabra. 

Rendimientos de ahorros de trabajadores se han reducido en los últimos cinco años: CESOP

•  Advierte que más de 28 millones recibirán una pensión de dos mil 412 mensuales
 
El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), de la Cámara de Diputados, advirtió que los rendimientos que se pagan a los trabajadores por la inversión de su dinero en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) han venido a la baja en los últimos cinco años.
Precisó que actualmente los rendimientos para la Sociedad de Inversión de Fondos para el Retiro (Siefore) Básica 1 (60 años y más) son de cuatro puntos; en la Básica 2 (46 a 59 años), de 5.43; Básica 3 (37 a 45 años), de 6.84 puntos, y en la Básica 4 (36 años y menos), 7.46 puntos.
En el documento “Sistema de pensiones en México, finanzas públicas y mercado de trabajo: Pensión digna para quienes trabajaron toda su vida”, el CESOP recordó que la mayor cantidad de trabajadores que cotizan en el SAR se encuentran afiliados al IMSS, con 36.4 millones de cuentas, seguidos por el ISSSTE, con 1.5 millones de cuentas. Los empleados que han decidido pagar sus aportaciones suman tan sólo 267 mil.
Mencionó que a diciembre de 2016, el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) contó con 358 mil 390 millones de pesos. Este monto es equivalente al 72 por ciento de lo que el gobierno federal destina a la formación de capital humano (educación, salud y desarrollo social) en 2017.
De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), 95 por ciento de las personas no elige una Siefore basada en la información del Indicador de Rendimiento Neto (IRN), sino por cómo fueron tratados por el promotor de la sociedad de inversión.
El CESOP puntualizó que las Afores que cobran más actualmente son: Invercap y Coppel, con una tasa de 1.10 por ciento; en contraste, quien cobra menos es PENSIONISSSTE, con 0.86 por ciento.
Con el actual sistema de pensiones, subrayó, más de 28 millones de trabajadores recibirán 80.4 pesos diarios; es decir, una pensión de dos mil 412 mensuales.
Más de 2.5 millones de trabajadores recibirán una pensión cercana a los siete mil mensuales. El resto, es decir 29 millones, se llevarán el monto ahorrado, más los rendimientos de sus ahorros menos 1.03 por ciento, que corresponde a la comisión promedio que cobran las Siefore por administrar los recursos.
 
En el documento, el CESOP relató que para que una persona registre tiempo de cotización en el SAR tuvo que haber contado con un empleo formal. Sin embargo, desde hace más de 10 años hay una tasa de informalidad de 32 por ciento.
 
El principal problema, existen las de la economía informal, en el sistema de pensiones, es que sus trabajadores también tienen derecho a una vejez digna. Para ellos, apuntó pensiones no contributivas; por ejemplo: el programa de Pensión para Adultos Mayores, que en 2017 tiene un presupuesto de 39 mil 100 millones de pesos, equivale al 37 por ciento de todo el presupuesto destinado al desarrollo social en México.
No obstante, en el país hay estados que presentan niveles de informalidad superiores al promedio nacional, el cual es de 32.5 por ciento, como son Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala, Chiapas, Hidalgo, Puebla, Morelos, Michoacán, Tabasco, Estado de México, Yucatán y Veracruz.
De acuerdo con la Consar, el tiempo de cotización también se ve afectado por la movilidad laboral: las personas con los salarios más altos tienen una probabilidad de 88 por ciento de permanecer en la formalidad laboral; los de bajos salarios, 76 por ciento. Se estima que las personas que trabajan en el sector formal tienen 12.8 años de educación (bachillerato).
El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública afirmó también que la industria de la transformación, los servicios y el comercio son los sectores que más empleos formales generan, acumulando 73.4 por ciento del total.
Añadió que entre más alta sea la densidad de cotización, mayor será el monto acumulado en la etapa de retiro. El salario mensual promedio de un trabajador es de 7 mil pesos mensuales. No obstante, 51 por ciento de los trabajadores dados de alta en el IMSS reportan ingresos de 2 mil 400 a 4 mil 800 mensuales.

RUMBO AL 5to. CONGRESO DE LA CNSUESIC

Por Carlos Guillén Soriano,
Secretario de Prensa del SUTIN,
Participación del programa del 1 de julio del 2017
La Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, de Educación Superior, Investigación y Cultura (CNSUESIC) realizará su 5° Congreso Nacional, los días 6, 7 y 8 de julio en las instalaciones del Museo Nacional de las Culturas, en donde los trabajadores analizarán: ¿qué tipo de universidades y de educación requiere el país? ¿Existe la capacidad para hacer investigación científica a la altura de las necesidades del país y del mundo? ¿La riqueza cultural está al alcance de todos y debe ser usada para generar recursos económicos?
Este Congreso también deberá discutir sobre la situación del país y los problemas que aquejan a los trabajadores y a la población en general, como resultado de la aplicación de las políticas de recuperación capitalista, puestas en práctica hace décadas, pero que se han agudizado en años recientes.
En esta ocasión, además de los problemas políticos, sindicales y laborales que afectan la vida diaria y el futuro de los trabajadores, se ha propuesto analizar la situación de la actividad cotidiana de los trabajadores en sus centros laborales: la materia de trabajo.
La CNSUESIC agrupa a sindicatos de trabajadores del conocimiento en sus modalidades de transmisión, generación y preservación, son organizaciones integrantes del sindicalismo democrático, independientes de patrones (o administradores) y gobierno; han surgido de la lucha en defensa de los derechos de los trabajadores, pero también tienen en común la defensa de su materia de trabajo y, por supuesto, de sus instituciones, las cuales desde su punto de vista, son esenciales para la vida del país y para su desarrollo.
Ahí se desarrollarán mesas de trabajo en temas fundamentales para estos trabajadores, pero de interés nacional: la educación, la investigación y la cultura. La idea es tener en primera instancia una radiografía de las instituciones que se dedican a estas actividades, de su marco jurídico, la situación de sus trabajadores, el estado de sus actividades sustantivas.
Son muchas las interrogantes que hay y podría ser insuficiente el tiempo para su análisis. Pero ya es impostergable que los trabajadores planteen a la sociedad sus puntos de vista en estos temas, como ya otros sectores lo hacen en los temas de su entorno y actividad.
Uno de los aspectos que se deberá analizar y sobre el que es urgente la acción colectiva, es el presupuesto para estas instituciones. A pesar de que año con año funcionarios y legisladores de todo nivel declaran que no habrá recortes y se apoyarán educación, investigación y cultura, lo cierto es que ni siquiera se cumplen los acuerdos tomados hace más de una década por diputados y senadores, consistentes en destinar 8% del Producto Interno Bruto a educación y 1% a ciencia y tecnología.
En muchas instituciones no se cuenta siquiera con instalaciones adecuadas para sus tareas y se trabaja de manera precaria. Hace lustros, prácticamente no hay contrataciones en centros de investigación, lo que lleva al envejecimiento de la plantilla laboral, mientras profesionistas e investigadores jóvenes no encuentran empleo. La sustitución del salario por estímulos, genera competencia por estos recueros entre los trabajadores y sustituye calidad por cantidad.
Son muchas las tareas y necesidades de este sector de trabajadores y, en este congreso, se tratará de avanzar hacia políticas y propuestas comunes, que fortalezcan sus luchas en defensa de sus condiciones de vida y trabajo y de las propias instituciones.
La CNSUESIC grupa a sindicatos de universidades, centros de investigación e instituciones de cultura. Entre sus integrantes, están los sindicatos de trabajadores de las universidades Autónoma Metropolitana, Chapingo, Autónoma de la Ciudad de México, Tecnológica de Nezahualcóyotl, de Puebla.
Están también los de instituciones como el Colegio de México, el Instituto Tecnológico de Sonora, la Universidad Iberoamericana y los del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México.
Entre los de centros de investigación, están el del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, el Colegio de Postgraduados y los de los institutos Mexicano de Tecnología del Agua, Nacional de Investigaciones Agrícolas Forestales y Pecuarias y Nacional de Investigaciones Nucleares. Por el lado de las instituciones de Cultura, están sindicatos de los institutos nacionales de Antropología e Historia y de Bellas Artes, así como de la propia Secretaría de Cultura. 

Caso Pegasus: Evidenciados, gobierno y empresas siembran confusión


NSO Group, venta de Pegasus. Foto: Especial
NSO Group, venta de Pegasus. Foto: Especial
 
PROCESO 
 
Apenas se exhibió una parte de la trama sobre el espionaje practicado contra periodistas y activistas sociales desde el gobierno federal –caso detonado por el periódico The New York Times–, éste comenzó a realizar filtraciones para sembrar confusión y desmarcarse de los señalamientos. El material comenzó a circular el 25 de junio, horas después de la publicación de un reportaje elaborado de manera conjunta por este semanario y dos reporteros de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, en el cual se consignan los nexos de funcionarios y políticos con empresas de seguridad (Proceso 2121).
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En medio del creciente escándalo de espionaje ilegal operado a través del malware Pegasus contra periodistas, activistas anticorrupción, defensores de derechos humanos y políticos, tanto el gobierno federal como las empresas vendedoras del programa intentan evadir su responsabilidad.
La semana pasada llegaron a las redacciones de distintos medios cartas inverificables y documentos “filtrados” desde instancias del gobierno, así como correos electrónicos con un solo objetivo: sembrar dudas.
Algunos documentos pretendieron exhibir a empresas distribuidoras del software espía; otros confirmaron el papel que jugaron Tomás Zerón de Lucio y Arely Gómez González en la compra y operación de Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group cuando el primero fungió como titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la segunda era titular de la Procuraduría General de la República (PGR).
El material comenzó a circular el 25 de junio, horas después de la publicación de un reportaje elaborado de manera conjunta por este semanario y dos reporteros de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en el cual se hablaba del parentesco de Rodrigo Ruiz de Teresa Treviño con Guillermo Ruiz de Teresa, actual “coordinador” de Puertos y Marina de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y cercanísimo al senador priista Emilio Gamboa Patrón (Proceso 2121).
Ruiz de Teresa Treviño es socio de la empresa Balam Seguridad Privada –proveedora de material de seguridad e inteligencia a agencias del gobierno mexicano–, junto con Asaf Zanzuri, oriundo de Israel. Según el reportaje, Zanzuri se encargaba de conseguir las tecnologías con compañías de su país natal, mientras Ruiz de Teresa Treviño abría las puertas de las agencias nacionales del sector de la seguridad.
Grupo Tech Bull, la empresa que vendió Pegasus a la PGR por 32 millones de dólares en octubre de 2014, es una presunta sucursal de Balam Seguridad Privada, según los archivos internos de la firma italiana Hacking Team, que WikiLeaks publicó en julio de 2015.
Fragmento del reportaje publicado en Proceso 2122, ya en circulación 

Fuente