viernes, 30 de junio de 2017

SME. Se deslinda el PPS de grupos ajenos a su organización 30jun1

Castigo a los asesinos de Meztli Sarabia


Condena al asesinato político de Meztli Sarabia

¡¡ YA BASTA !!

El SME repudia y condena el asesinato político de la compañera Meztli Sarabia Reyna, hija del reconocido luchador social Ruben Sarabia Sánchez (Simitrio), ambos dirigentes de la Unión de Vendedores Ambulantes 28 dé Octubre (UPVA 28) del Estado de Puebla.

Demandamos de las autoridades federales y estatales el inmediato esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables materiales e intelectuales de este crimen.

Así mismo,  exigimos la libertad incondicional de Ruben Sarabia y Xihuel Sarabia, el cese inmediato de su  brutal persecución política y el establecimiento inmediato de medidas cautelares para proteger sus vidas.

El SME llama a las organizaciones del campo popular y a la Nueva Central de Trabajadores a manifestar nuestro repudio a este artero asesinato político y acudir al Ángel de la Independiente el día de mañana viernes 30 de Junio a las 10:00 Am.

"Por el Derecho y la Justicia del Trabajador"

"La emancipación de la clase obrera será obra de la clase obrera"

José Humberto Montes de Oca.
Secretario del Exterior del SME.
Coordinador de la Estructura Ejecutiva Nacional de la Nueva Central de Trabajadores.

CDMX a 29 de Junio del 2017


Ángel Larraga asume la Presidencia de la Asociación Mexicana de Energía

Con el compromiso de continuar con el impulso de la agenda de energía limpia en México, Ángel Larraga Palacios, Presidente de Gas Natural Fenosa, fue nombrado oficialmente Presidente de la Asociación Mexicana de Energía (AME), en sustitución de Jaime de la Rosa; a su vez, el Ingeniero José Enrique Alba Carcelén, Director General de Iberdrola México, fue designado como Vicepresidente.
Durante su gestión el Ingeniero Larraga Palacios promoverá desde la AME el desarrollo de la industria de la generación convencional limpia, con los ciclos combinados, y será un referente  a través de la discusión y de la propuesta de las temáticas relevantes para los agremiados de las principales empresas privadas generadoras de energía en el país, expuso el organismo en un comunicado oficial.
“Estamos comenzando una nueva etapa y daremos nuevos aires a la Asociación para ser un actor importante en el impulso a la generación convencional limpia de energía con los ciclos combinados”, afirmó Larraga Palacios, en su participación durante la Asamblea de la AME.
La Asociación Mexicana de Energía es pionera en el desarrollo energético desde su fundación, hace 19 años. En este tiempo, la AME y las 27 empresas del sector energético que la integran, han acumulado una inversión total de 25 mil millones de dólares, lo que representa 16 mil MW de capacidad instalada y 34% de la producción de energía eléctrica.
De acuerdo con el Centro Nacional del Control de la Energía (Cenace), la generación eléctrica con base en energías limpias continúa creciendo y representa más del 20% de la energía total generada en el país. Y para este 2017, el crecimiento de la generación eléctrica a partir de los ciclos combinados será de 161 mil 629 GWh.
Las empresas afiliadas a la AME mantienen un firme compromiso con la generación de energía limpia, la cual se traduce en beneficios para la comunidad con el desarrollo económico, la generación de empleo y el valor agregado a las actividad industrial, se expuso en el comunicado.
La AME integra a las empresas privadas de generación de electricidad más importantes del país como Gas Natural Fenosa; Iberdrola Generación México; AES Tamuin Development Services; Intergen Servicios México; Mistubishi México; Transportadora de Gas Natural de la Huasteca; Engie México; Siemens Innovaciones; GE International México, y Toshiba de México.
También a Emerson Process Management; Sumimoto Corporation de México; PricewaterhouseCoopers; Generación Valladolid; Quintana Arouesty; Enagas México; Baker & McKenzie Abogados; Fisterra Energy; Techenergy Service; Atco Servicios y Energía; Cas Tecnología Sustentable; Prestadora de Servicios Integrales BlackRock México; Grupo TMM; KST Electric Power Company; Mitsui&Co Power Development and Management Américas; O’Gorman & Hagerman, Abogados; y Sacyr Industrial.

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Largo, el historial de agresiones contra la “28 de Octubre”


Rubén Sarabia Sánchez, “Simitrio”. Foto: Tomada de Status
Rubén Sarabia Sánchez, “Simitrio”. Foto: Tomada de Status


PROCESO 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En los últimos tres años, el dirigente social Rubén Sarabia Sánchez, Simitrio y su familia, han sido objeto de numerosas agresiones, hostigamientos, encarcelamientos, tortura, “levantones” y, finalmente, esta mañana, el asesinato de Meztli, su hija.
La Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre” (UPVA) es una de las organizaciones que, en los registros sobre represión que integra el Comité Cerezo México de los últimos años, aparece listada, pues año con año Simitrio y sus hijos han sido víctimas de ataques.
La participación de la UPVA en las marchas por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como sus denuncias por los asesinatos y las agresiones a otras organizaciones sociales poblanas bajo el pasado gobierno de Rafael Moreno Valle y de Antonio Gali como alcalde de Puebla, marcaron el contexto de las amenazas y agresiones.
Aunque había antecedentes de vigilancias domiciliarias y amagos de violencia, fue a partir del 19 de diciembre de 2014 cuando la hostilidad a Simitrio creció. Ese día, el líder de ambulantes fue detenido en Puebla, acusado de un delito patrimonial cometido en Tlaxcala.
La defensa del dirigente social probó que se trataba de un caso de homonimia, pero los juzgados poblanos decidieron mantener a Simitrio preso, justo cuando estaban a punto de concluir los casos que lo habían mantenido tras las rejas por 20 años y por los que entonces gozaba de libertad condicional. El 22 de diciembre de 2014, la familia y los integrantes de la UPVA salieron a la Ciudad de México para protestar. En las inmediaciones del Paseo de la Reforma, un comando de policías poblanos detuvo con violencia a Atl Rubén Sarabia Reyna y a su hermano, Tonatiuh, aunque a este último lo dejaron en libertad momentos después.
En tanto Rita Amador, esposa de Simitrio, enfrenta al menos 26 averiguaciones previas, principalmente por ataques a vías de comunicación y amenaza, relacionadas con su participación en marchas y protestas.
Además de los registros del Comité Cerezo, la familia de Simitrio ha denunciado allanamientos, incursiones policiacas en el mercado Hidalgo, donde tiene su base la organización, así como el “levantón”, el año pasado, de Meztli, hija de Simitrio, asesinada esta mañana.

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Puebla: matan a hija de líder de ambulantes

Foto
Meztli Sarabia Reyna, hija del activista Rubén Sarabia Sánchez, fue asesinada ayer en las oficinas de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, ubicadas en el mercado Hidalgo, en la ciudad de Puebla Foto Ángel Flores / La Jornada de Oriente
Yadira Llaven
La Jornada de Oriente
Periódico La Jornada
Viernes 30 de junio de 2017, p. 26
Puebla, Pue.
Cuatro sicarios asesinaron ayer a la comerciante Meztli Sarabia Reyna, de 39 años de edad, hija del fundador y asesor general de la Unión Popular de Vendedores y Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, Rubén Sarabia Sánchez, Simitrio. El grupo armado también hirió en la cabeza al vendedor Pablo Alfredo Barrientos, informó Tonatiuh Sarabia, hermano de la víctima y abogado de la organización.
Alrededor de las 11 horas los agresores, con el rostro cubierto, irrumpieron en las oficinas de la agrupación, en el mercado Hidalgo. Preguntaron por la hija de Simitrio; ella se identificó y le dieron un tiro en el abdomen y otro en la nuca.
Junto al cuerpo de la mujer, quien dejó en la orfandad a tres menores de edad, fue dejado un cartel con el siguiente mensaje: “Esto les pasará a todos los que apoyen a Simitrio. Sigues tú, Simitrio, y los que apoyen a Simitrio. Fuera la 28”.
Tonatiuh Sarabia reveló que los pistoleros sacaron de las oficinas papelería de la organización y un maletín con información sobre las acciones que realizaría para exigir la liberación de sus cinco integrantes presos de conciencia.
Tras el levantamiento del cadáver, Tonatiuh Sarabia reveló que durante las diligencias fue encontrada en la oficina de la organización una credencial vigente de un militar.
Al mediodía, en una marcha que los comerciantes efectuaron a Casa Aguayo –sede de la Secretaría General de Gobierno, a cargo de Diódoro Carrasco Altamirano– para exigir castigo a los autores materiales e intelectuales del asesinato, un militar se infiltró. Portaba arma de fuego y una credencial de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Por la tarde, una comisión de comerciantes encabezada por el abogado se reuniría en la Ciudad de México con Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, para demandar su intervención y el esclarecimiento del asesinato.
En entrevista, Tonatiuh dijo que el crimen fue planeado y ejecutado con precisión quirúrgica y que los asesinos utilizaron armas con silenciador.
El litigante sostuvo que el crimen y la amenaza a su padre, quien se encuentra en prisión domiciliaria, es un crimen de Estado, de importancia política, y no un conflicto entre organizaciones de comerciantes, como lo quiere hacer ver la autoridad. Dijo que exigirán que se refuerce la seguridad de Simitrio para evitar un segundo atentado.
Indagan supuesto narcomenudeo
La Fiscalía de Puebla ofreció una rueda de prensa para informar que una de las líneas de investigación del crimen tiene que ver con la venta de drogas al menudeo.
El fiscal de Investigación Metropolitana, Gustavo Huerta, y el secretario de Seguridad Pública, Jesús Morales, defendieron al gobierno del estado y negaron que el asesinato tenga algún móvil político.
Tonatiuh Sarabia reclamó a la fiscalía que no informara acerca de la credencial de la Sedena encontrada en el lugar donde fue asesinada su hermana. Asimismo, advirtió que la UPVA no permitirá la detención de chivos expiatorios y demandará que se esclarezca el asesinato.
En la Ciudad de México, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos y otras organizaciones no gubernamentales condenaron el homicidio de la activista Meztli Sarabia Reyna y llamaron a las autoridades a garantizar de inmediato la seguridad e integridad física y sicológica de los familiares de la víctima e integrantes de la UPVA 28 de Octubre. También demandaron una investigación exhaustiva e imparcial, que los resultados se hagan públicos y que los responsables comparezcan ante la justicia.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación condenó el asesinato y, en un comunicado, exigió al gobierno federal castigar a los culpables. Lo mismo hicieron la Comisión Ejecutiva de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional y la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática. Esta última demandó además al gobernador panista Antonio Gali detener el acoso sistemático a los activistas, emprendido por su antecesor, Rafael Moreno Valle.
(Con información de Emir Olivares, Laura Poy, Carolina Gómez y Alma Muñoz)

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Se nos olvidó la Transmisión en la Reforma Energética | Por Santiago Barcón

Ciudad de México, 21 de junio (Por Santiago Barcón).– Al igual que en la escuela el obtener buenas notas en todas las materias y reprobar gimnasia no permite pasar de año, nos estamos enfrentando a algo similar con la Reforma Energética en el sector eléctrico. México ha sido capaz de implementar cambios que en otros países han tomado varios lustros y, muy relevante, en un entorno donde tenían cerca de tres cuartos de siglo sin moverse.
Ahora con las primeras subastas exitosas, inversiones en gaseoductos, comercializadores y suministradores en operación así como un apetito voraz de los inversionistas todo puede atrasarse en forma muy peligrosa por falta de un sistema robusto y confiable del Sistema de Transmisión (ST).
La Reforma dejó a las redes de transmisión y distribución como propiedad del Estado porque, dicen ellos, son monopolios naturales. Por supuesto que no es cierto y liberalizar los dos extremos, generación y usuarios, dejando los sistemas por donde circula el fluido eléctrico en manos del Estado era, por lo menos, algo fuera de lo común.
En particular los ST son vitales porque los tiempos de construcción son muy largos, recorren grandes distancias con la dificultad de todo tipo de permisos tanto de los propietarios de las tierras como de medio ambiente, requieren de una visión de por lo menos 25 años y, quizá lo más complejo de evaluar, los flujos de efectivo que producen son menores que la generación causando tiempos muy largos de recuperación. Sirva como ejemplo la línea propuesta de alta tensión en corriente directa, HVDC por su acrónimo en inglés, que tendrá un costo de 1,200 millones de dólares para transmitir –si todo marcha bien– 3 mil megawatts. Ésa misma cantidad en generación tendrá un costo de un poco más del doble pero con ingresos mucho más altos aunque, por supuesto, deberá de descontarse el precio del combustible o, de ser renovable, la intermitencia. Aún con las restricciones anteriores, en unos 15 años los inversionistas tendrán su dinero de vuelta con utilidad; en un ST tendrán que esperar dos lustros más. Esto, como resulta natural, hace que el apetito financiero disminuya en forma importante.
Muchos proyectos de generación, en un inicio los renovables porque deben de colocarse en sitios específicos donde el viento o la irradiación solar son óptimos, se vieron limitados por la falta de ST. Ahora los ciclos combinados ya tienen, o tendrán en breve, gas con el programa agresivo de construcción de ductos que se está llevando a cabo eliminando lo que era su principal restricción. Pero los proyectos no se llevarán a cabo, o tendrán que esperar, porque no se dispone de capacidad en los ST lo que resulta preocupante. De hecho antes se buscaban para construir nueva generación se buscaban sitios con acceso al gas, o en términos más elegantes, a la molécula. Actualmente el ST ya obliga a localizar sitios con capacidad de evacuación.
La pregunta obligada es: ¿qué hacer? En primer lugar asegurar que las obras programadas en el corto plazo no sufran los atrasos que han afectado seriamente. Hay varias causas pero la falta de recursos quizá sea la más importante, baste asistir a cualquier evento oficial y, con excepción de la línea de HVDC, el ST no es mencionado y, por desgracia, fuera de la agenda implica poco presupuesto. En segundo el buscar soluciones de rápida implementación como pueden ser tecnologías de compensación serie o enlaces cortos que refuercen el ST. Continuemos con una aplicación estricta del Código de Red que liberará capacidad al sistema: si los usuarios no demandan energía que no se vuelve en trabajo permitirá una operación más desahogada.
Hay muchas otras alternativas pero, al final, únicamente la construcción y mallado del ST logrará el que tengamos las autopistas eléctricas que México requiere. Manos a la obra pero con chequera disponible.

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La “economía azul” empleará hasta 7 millones de personas en 2020, prevén

ENERGÍA HOY

Ciudad de México, 21 de junio (Cortesía: elEconomista.es).– Si el emprendimiento es una actividad cada vez más valorada por la sociedad, hacerlo desde un punto de vista ecofriendly tiene una connotación todavía más positiva. Tanto es así que cada vez más personas deciden iniciar un negocio que ayude al medio ambiente.
En este sentido, la economía azul (aquella que reconoce la importancia de los mares y los océanos como motores de la economía por su gran potencial para la innovación y el crecimiento, según la definición de la Comisión Europea (CE)) se presenta como una opción menos conocida, pero también llena de oportunidades para los emprendedores, sobre todo en un país de sol y playa como el nuestro.
De hecho, tal y como confirman desde la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, “el 80% de los casi 60 millones de turistas que nos visitan al año eligen la costa para sus vacaciones”. Unas cifras que confirma la importancia de este entorno desde el punto de vista económico, además de su fundamental valor medioambiental. Y es que según datos de la CE, la economía azul representa 5.4 millones de puestos de trabajo y un valor añadido bruto de casi 500 mil millones al año, aunque puede ser todavía mayor, “pudiendo llegar a emplear a 7 millones de personas en 2020”, apuntan desde la Fundación Biodiversidad.
Entre los sectores más proclives a funcionar en este ámbito se encuentran los tradicionales, como el turismo marítimo y costero o la acuicultura, que “son y van a seguir siendo una fuente importante de emprendimiento”, tal y como explican desde la entidad del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, junto a otros como la construcción de barcos y pesca. Pero en este entorno, también tienen especial repercusión “industrias emergentes como la energía eólica marina o productos farmacéuticos y cosméticos basados en el uso de los recursos marinos”, cuentan desde la Fundación.
EXPERIENCIAS EMPRENDEDORAS
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La economía azul, dicen sus promotores, hace sentir al consumidor partícipe del cambio.
Uno de estos emprendedores es François van den Abeele, fundador y consejero delegado de Sea2See, una startup que produce gafas de sol fabricadas con plástico reciclado del mar y desechos de redes de pesca. “Desde el inicio de mi vida profesional estuve ligado a este mundo como bróker marítimo. Asimismo, empecé a interesarme por la problemática del plástico en el mar y por mi pasión por este campo”, explica Van den Abeele. De este modo, la empresa tiene un impacto directo de una tonelada de basura extraída cada dos días.
¿Pero está realmente la sociedad concienciada con la ecología?
El fundador de Sea2See cree que sí y, de hecho, argumenta que “como emprendedor, si puedo ofrecer al consumidor sentirse más feliz y ser partícipe de un pequeño cambio, es un paso hacia un futuro mejor”.
No obstante, Santiago Barba Vera, director general de Eko-REC –iniciativa que lidera un proyecto de reciclaje de redes de pesca o botellas de plástico para fabricar material textil–, añade que aunque “estos proyectos están socialmente bien reconocidos, el consumidor todavía otorga una menor importancia a aspectos relacionados con el impacto social o medioambiental de las marcas”. Por lo que Barba incide en alcanzar el reto de “lograr que los productos o servicios de la economía azul pasen del I+D a la realidad y lleguen al mercado a un precio competitivo”.
Otro ejemplo de emprendimiento en este campo es el de Rafael Aparicio, fundador de Biomival, una compañía que desarrolla una turbina con forma de pico de flamenco que obtiene energía de las olas. La iniciativa, al igual que las dos anteriores, forma parte de la Red Emprendeverde del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Precisamente, este Ministerio ha lanzado recientemente el Programa Empleaverde 2017, por el que se destinarán 7.8 millones de euros para impulsar el emprendimiento en la economía verde y azul –en este segundo caso a través del programa Empleazul–.

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Trabajadores de buques denuncian colusión entre empresa y JFCA

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA). Foto: Benjamín Flores
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA). Foto: Benjamín Flores


PROCESO 

COLIMA, Col. (apro).- Trabajadores de los buques Golfa I, Golfa II y Golfa III, que se encuentran anclados en el puerto de Manzanillo, promovieron un juicio de amparo contra la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), que les negó el derecho de huelga al archivar el caso del conflicto laboral que sostienen desde hace casi dos años con Energía y Logística Servis SAPI de CV, empresa que se declaró en quiebra y, entre otras irregularidades, les adeuda alrededor de diez meses de salarios.
La demanda fue presentada el lunes 26 ante el juez de distrito en turno en materia de trabajo, en la Ciudad de México, por parte de Honorio Alberto Galván Aguilar, secretario general de la Unión Nacional de Marineros, Fogoneros, Mayordomos, Cocineros, Camareros, Similares y Conexos de la Industria Marítima de la República Mexicana.
El acto reclamado es la resolución de fecha 21 de junio, dictada dentro del expediente III-2769/2015, mediante la cual se niega al sindicato las peticiones realizadas en torno al emplazamiento a huelga y al cumplimiento del pliego petitorio, por lo que “se declara que no corre término para la suspensión de las labores y, por ello, se ordena el archivo general del expediente en que se actúa como asunto total y definitivamente concluido”.
El pliego de peticiones con emplazamiento a huelga, por incumplimiento del contrato colectivo de trabajo (CCT), fue presentado desde el 1 de julio de 2015 ante la JFCA, en la Secretaría General de Acuerdos, Conciliación y Asuntos Colectivos, hecho que fue notificado a la empresa el 19 de agosto de ese mismo año, cuando se celebró la primera audiencia de conciliación con la asistencia del apoderado legal de la firma, y con la intervención de los funcionarios conciliadores de la Secretaría Auxiliar de Emplazamientos a Huelga de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Estos últimos, narró el representante de los quejosos, desde un principio manifestaron “que buscáramos llegar a un arreglo, ya que tenían instrucciones de no dejar estallar huelga alguna”, motivo por el cual y con el fin de alcanzar un acuerdo conciliatorio con la empresa, se prorrogó el periodo de prehuelga para las 13:00 horas del 28 de agosto del 2015, y se señalaron las 11:00 horas del día 26 para la continuación de la audiencia de conciliación.
En la fecha indicada para continuar la audiencia de conciliación, ante la imposibilidad de la empresa de cumplir con el CCT, el sindicato manifestó su decisión de estallar la huelga programada para el 28 de agosto, pero el funcionario conciliador de la JFCA trató de que llegaran a un arreglo con la empresa o que le dieran una prorroga más para ver la posibilidad de alcanzar un arreglo y, ante el rechazo de los representantes de los trabajadores, se dirigió a ellos y, según la versión de estos últimos, manifestó:
“Miren muchachos, por instrucciones de arriba no está permitido estallar huelgas, si checan las estadísticas, eso demuestran, en el país no habido huelga alguna y si ratifican, se les archivaría su expediente”, pero si daban la prórroga que les pedían contarían, con su apoyo para presionar a la empresa y atendiera sus demandas.
Con el transcurso del tiempo, señalaron los trabajadores en su demanda de garantías, “tratando en todo momento de conservar la fuente de empleo, se prorrogó en varias ocasiones la fecha de estallamiento a huelga, manifestando a su señoría que cada vez que intentábamos estallar la huelga, el sindicato mi representado era amenazado que, si lo hacíamos, nos archivarían el expediente”.
En ese tiempo la empresa realizó algunos pagos de los salarios adeudados a los trabajadores, pero “las violaciones al contrato colectivo se siguieron dando de manera sistemática”, entre ellas que no cubría las aportaciones obrero-patronales ante el IMSS y, en el caso del Infonavit, hacía las retenciones a los trabajadores que tenían crédito, pero no reportaba el recurso a la institución.
En febrero de 2016, cuando la actuaria adscrita a la JFCA trató de notificar a la empresa el pliego de peticiones de los trabajadores con emplazamiento a huelga, exigiendo la revisión de los salarios, se constató que el domicilio de la firma ya se encontraba desocupado.
En agosto siguiente, “de manera inexplicable, la empresa dejó de cubrir los salarios a los trabajadores socios de este sindicato, situación que se hizo notar a los funcionarios conciliadores para que tomaran cartas en el asunto, y lo único que nos pidieron es que aguantemos o bien demandemos a la empresa por la vía ordinaria, porque estallar huelga no está permitido”.
En una audiencia realizada el miércoles 7, la empresa manifestó que estaba en posibilidad de cubrir a los trabajadores a partir de la siguiente semana la cantidad de 100 mil pesos semanales a cuenta del saldo que tenía con ellos por concepto y a cuenta de salarios que les venía adeudando, por lo que la autoridad laboral pidió a los sindicalizados desistirse del estallamiento de la huelga, pues existía interés de la empresa en pagar los salarios.
El sindicato respondió que el ofrecimiento de la empresa no garantizaba los derechos laborales de los trabajadores y que lo mejor era estallar la huelga, pero los conciliadores dijeron que lo único que podían hacer era dar una prórroga más y señalaron el viernes 23 para el estallido de la huelga, y el miércoles 21 para continuar la audiencia de conciliación.
En esa fecha el apoderado de la empresa dijo que ésta había dado los cien mil pesos que se había comprometido y que no tenía más.
“En efecto, la empresa sí dio una cantidad, pero fue de 4 mil pesos a cada uno de los 17 trabajadores, por lo que manifestamos que eso era una broma, ya que por salarios devengados del periodo comprendido del 16 de agosto de 2016 al 15 de junio pasado adeudaban la cantidad de 2 millones 431 mil 687 pesos, además de que la empresa no garantizaba en nada los derechos laborales de los trabajadores y que no quedaba más remedio que estallar la huelga anunciada para las 13:00 horas del día 23 de junio del año en curso”, narró el quejoso ante el juez.
Ante esta determinación, la JFCA argumentó que el estallido de la huelga se había diferido 43 veces, por lo que dictó el acuerdo en el que negó a los trabajadores el derecho a aquéllas y archivó el expediente como total y definitivamente concluido.
De acuerdo con Honorio Alberto Galván Aguilar, con esa resolución la autoridad laboral responsable “no sólo viola los derechos laborales de los trabajadores socios de esta organización”, sino que “va más allá, ya que viola los derechos humanos de las personas dependientes de dicho operario, pues al no poder ejercer el derecho de huelga para exigir el pago de su salario, se ve impedido como jefe de familia a cumplir con las necesidades básicas de su familia en el orden material, social y cultural”.
Por lo tanto, la autoridad responsable “viola en perjuicio del trabajador y su familia los siguientes derechos humanos: a la educación; a la vivienda; a la salud y a la alimentación, toda vez que la responsable no toma en cuenta que el trabajador no ha cobrado su salario durante diez meses, que éste no puede abandonar los buques porque incurriría en responsabilidades, y que el trabajador durante diez meses y más los que se acumulen no podrá cumplir con su obligación de jefe de familia”.
Por su parte, el representante estatal del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, Héctor Jesús Lara Chávez, advirtió que la JFCA actuó en complicidad con la empresa para afectar a los trabajadores.
“De manera truculenta estuvieron posponiendo el estallido de la huelga, diciéndoles que no les convenía hacerlo, con el propósito de archivar el asunto y tratar de matarlos jurídicamente”, mencionó.
Lara Chávez advirtió que además del acompañamiento a los trabajadores, el Frente se encuentra documentando el asunto desde el punto de vista de los diferentes derechos violados, con el propósito de llevarlo a la CNDH.

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Tlatlaya: inconsistencias documentales

Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Viernes 30 de junio de 2017, p. 3
Al analizar el expediente sobre el caso Tlatlaya, abogadas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) encontraron que el mando del Ejército que firmó la orden para la actuación militar –que derivó en la ‘‘ejecución arbitraria’’ de civiles– alegó en su declaración ministerial que él no había dictado el oficio, sino se trata de ‘‘un machote o borrador’’ al que únicamente le cambian la fecha, el destinatario y el área de operaciones; así fue como lo suscribió.
En vista de ‘‘la falta de una debida diligencia en la investigación penal a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR)’’, Aracely Olivos y Gabriela Carrión, abogadas del Centro Prodh, señalaron que ese dato es relevante, pues de ser acreditado, el Ministerio Público ‘‘debería identificar al autor de dicho ‘machote’’ o al mando que debió supervisar tales órdenes, a efecto de deslindar su responsabilidad en la emisión de una instrucción que incentiva violaciones a derechos humanos y delitos’’.
Este viernes se cumplen tres años de esas ejecuciones y en ese contexto las litigantes detallaron que pese a que su representada, Clara Gómez, una de las sobrevivientes, y el Centro Prodh han ofrecido pruebas para deslindar responsabilidades en razón de la cadena de mando, y con señalamientos concretos de qué funcionarios deberían ser citados a declarar, a la fecha la PGR sólo ha citado a uno.
Se trata de Sandro Díaz Rodríguez, quien firmó la orden en ausencia del entonces comandante del 102 Batallón de Infantería, Raúl Castro Aparicio. En su declaración ministerial, que realizó el 26 de octubre del año pasado, al ser interrogado sobre si dictó o no el oficio 10582, relativo al operativo en Tlatlaya, estado de México, el militar señaló:
‘‘No, el oficinista referido fue quien en este caso elaboró el documento, el cual ya lo tienen como machote; es decir, un borrador al cual únicamente le cambian la fecha, el destinatario, el área de operaciones que se van a trabajar y el nombre y la firma de quien lo suscribe.
‘‘Esto es, el resto del documento se queda intacto y ello se puede comprobar si se analizan todos los oficios que se suscribieron en esa fecha y con anterioridad cuando se trata de esa instrucción.’’
Pese a ello, denunciaron, la PGR no ha seguido una línea de investigación derivada de dicha declaración ‘‘relevante’’, particularmente en lo que corresponde al origen de la orden de mando y relevo. Aunado a ello, Díaz Rodríguez agrega en su declaración que durante el proceso que se le siguió en la justicia militar, con el expediente 285/2015, presentó para su descargo tres oficios: uno fechado el 23 de junio y los otros el 29 de ese mes de 2013, que hacen suponer que se trata de borradores idénticos.
‘‘Esto hace pensar que existen otras órdenes con las mismas instrucciones, y no hay certeza hasta que podamos verlo, pero tampoco lo ha requerido la PGR’’. Agregaron que eso da indicios de que lo sucedido en Tlatlaya no fue producto de un error o de la mala conducta de algunos soldados, sino se trata de una estrategia ‘‘para abatir delincuentes en la oscuridad’’, como ya se había acreditado anteriormente.
Otra de las inconsistencias que mantienen el caso en la impunidad, dijeron, es que a tres años de los hechos no hay certeza sobre el número de ejecuciones que realmente ocurrieron en Tlatlaya, pues la PGR señaló que eran ocho, mientras la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) habló de entre 12 y 15.
Además, debido a que no había elementos suficientes para acreditar la responsabilidad de los tres militares que estaban bajo proceso por homicidio calificado, un tribunal unitario los dejó en libertad.
Aunque, subrayaron las abogadas del Centro Prodh, ese fallo ‘‘es enfático en señalar que la PGR quedaba en posibilidad de perfeccionar la indagatoria (…) no se trató de una absolución plena ni mucho menos de un pronunciamiento judicial respecto de la inexistencia de las ejecuciones’’.
Una más, agregaron, es la alteración de la escena del crimen que la CNDH ya acreditó y cuyo expediente tiene al menos 19 discrepancias con el expediente militar. Por todo lo anterior llamaron a la PGR a atender y resolver dichas inconsistencias en los hechos de Tlatlaya.

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Presenta Aurelio Nuño un plan transexenal de educación básica

Foto
El titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, durante la presentación de los nuevos planes y programas de estudio en en el patio de trabajo de la SEPFoto Carlos Ramos Mamahua
Laura Poy Solano
Periódico La Jornada
Viernes 30 de junio de 2017, p. 31
Los nuevos planes y programas de estudio para nivel básico y medio superior no llegarán en este sexenio a los más de 30 millones de alumnos que cursan estos niveles en todo el país, reconoció el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, quien señaló que la puesta en marcha será en dos etapas.
Destacó que debido a la complejidad en la elaboración de los nuevos libros de texto gratuitos y materiales educativos, se determinó que en una primera etapa, para el ciclo escolar 2018-2019 –el último que inaugura esta administración–, se implementará para los estudiantes de prescolar, primero y segundo grados de primaria, y primero de secundaria, así como en el bachillerato.
La segunda etapa, en el ciclo escolar 2019-2020, es decir, con una nueva administración federal, contempla su aplicación a estudiantes de tercero, cuarto, quinto y sexto grados de primaria, así como en segundo y tercer grados de secundaria, quienes deberán recibir nuevos libros de texto gratuito y materiales educativos.
Nuño explicó que se realizó un análisis muy amplio con más de cien expertos, quienes son las mentes más brillantes en materia educativa de nuestro país, y nos recomendaron primero hacer los libros de prescolar, de primero y segundo de primaria, que se están planteando como un continuo, e iniciar con secundaria.
Para el siguiente ciclo (2019-2020), indicó, tenendremos el resto de la primaria, por lo que entran escalonados. Si bien tenemos cuestiones de tiempo que hacen que tengamos que trabajar a marchas forzadas, siempre hemos privilegiado la calidad y la profundidad.
En el patio del trabajo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), acompañado de la cúpula del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de funcionarios de la dependencia, Nuño Mayer, afirmó que con los nuevos planes y programas de estudio se impulsará una forma diferente de enseñar en el aula, pues los aprendizajes serán menos extensos y más profundos.
Señaló que los programas vigentes, que continuarán aplicándose a millones de alumnos de primaria y secundaria, tienen una hectárea de extensión, pero un centímetro de profundidad, por lo que destacó que hay cinco grandes transformaciones.
Agregó que también buscan impulsar una educación integral en la que no sólo se tendrá un énfasis muy importante en los temas académicos, sino que incluirán las artes, la educación física y en particular el desarrollo de las habilidades socioemocionales.
Con los nuevos planes y programas, recordó, habrá autonomía curricular, por lo que 20 por ciento del tiempo lectivo podrá ser definido por la escuela. Se pasará de un currículo totalmente nacional, obligatorio y rígido, a uno que pone en práctica la creatividad de la propia escuela. También aseguró que se alcanzará una mejor articulación entre los distintos niveles educativos.
Por su parte, Juan Díaz de la Torre, líder del SNTE alertó sobre los riesgos y desafíos que implican los nuevos planes.
Destacó que el lapso que se destine para que docentes y directivos conozcan los programas de estudio no se puede reducir a cursos en línea o a sesiones del Consejo Técnico Escolar, por respeto a los alumnos y los maestros.
En entrevista, aseguró que uno de los mayores desafíos para su puesta en marcha, en el contexto de un cambio de gobierno, es que se autoricen presupuestos plurianuales, pues insistió que la educación debe ser una política de Estado que trascienda las administraciones sexenales, pues en este sector nada puede darse por decreto.
Larga lista de pendientes
En cuanto a las acciones que aún deberá poner en marcha el gobierno federal, Nuño Mayer destacó que nos queda por presentar el programa de fortalecimiento de las escuelas normales, que deberá tener plena consonancia con los nuevos planes de estudio.
Afirmó que la próxima semana se hará público el nuevo programa de equidad e inclusión, así como la integración de los equipos de especialistas que elaborarán los nuevos libros de texto gratuitos. También aseguró que presentará la nueva estrategia para la enseñanza del inglés y los resultados de una nueva auditoría al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo”.
Agregó que se darán a conocer los programas de formación continua para los docentes, que incluirán la capacitación para aplicar el nuevo modelo educativo y los planes y programas de estudio, cuyos cursos, dijo, iniciarán en agosto próximo, por lo que tendrán todo un año para formarse.

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Conasami enfría el plan de alza salarial de Coparmex

Sindicato patronal presentó propuesta ante el pleno del organismo, pero no generó consenso entre el resto de los representantes empresariales; convocarán a nueva reunión hasta el 27 de julio próximo.
Maria del Pilar Martínez
Jun 30, 2017 |
0:33
Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex y Basilio González, presidente de la Conasami. Foto EE: Archivo

La propuesta para elevar a 92.72 pesos diarios el salario mínimo que presentó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) primero tendrá que contar con el consenso de todo el sector patronal para ser analizada en una reunión extraordinaria a la que convoque la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).
Luego de entregar la propuesta, el presidente de la Comisión Laboral de Coparmex, Lorenzo Roel, informó que en el encuentro entre ellos sectores y el presidente de la Conasami, Basilio González, “dialogamos y acordamos que como es una postura sólo de Coparmex y no es de todo el sector patronal, todos vamos a analizar la situación para convocar a una nueva reunión el 27 de julio”.
Asimismo, sostuvo que el secretario del Trabajo y Previsión Social ya había contestado que “en este caso no ejerce su facultad de solicitarle a la Conasami que inicie los trabajos para analizar la propuesta de Coparmex, hasta que no haya un acuerdo”.
Agregó que sólo quedaron de “común acuerdo” revisar la propuesta, de tal manera que cada sector busque los consensos, pues la Comisión es la única facultada para determinar un posible incremento, y, como vemos los tiempos, será hasta agosto cuando se tome una determinación”.
A su vez, José Luis Carazo, representante obrero en la Conasami, comentó que hasta el momento no se puede analizar la propuesta de Coparmex, ya que no cumple con los ordenamientos jurídicos que permitan darle el tratamiento de propuesta, pues no refleja el interés de todo el sector patronal.
Cabe señalar que la Coparmex busca establecer una meta de convergencia hacia el 2030 del Salario Mínimo General, para situarlo en un rango de entre 162.35 y 194.68 pesos diarios, en valores constantes, lo que permitirá cubrir 100% el ingreso necesario para satisfacer las necesidades del trabajador y su familia.
El presidente de la Comisión Laboral de la Coparmex señaló que al realizar esta revisión, se separaría la negociación que año con año se lleva a cabo para revisar los salarios mínimos entre noviembre y diciembre.
El año pasado la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, a propuesta de Coparmex, dijo Roel, aprobó fortalecer el Salario Mínimo General fijándolo a 80.04 pesos a partir del 1 de enero 2017, lo cual calificó como un hecho histórico al componerse dicha mejora en un aumento porcentual de 3.9%, y un aumento nominal de 4 pesos, denominado Monto Independiente de Recuperación.
Aproximadamente 428,000 personas que laboran en la economía formal reciben un salario mínimo general trabajando más de 40 horas a la semana, en tanto que en la economía informal prácticamente 2.5 millones de personas reciben un salario mínimo.

Respaldan 80 ONG y 118 personalidades

Sociedad civil se suma a demanda de elevar mínimo

A la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami)llegaron nuevas propuestas de la sociedad civil que exigen a los integrantes del sector patronal, obrero y gobierno, aumentar 14 pesos el salario mínimo.
El documento está firmado por 80 organizaciones de la sociedad civil y 118 personalidades que exigen que el salario mínimo se fije como primer paso, por encima de la línea de pobreza que determina el Coneval y que incluye el costo de los productos alimentarios y no alimentarios para que una persona sobreviva.
De acuerdo con datos de mayo, el monto del salario mínimo debería alcanzar los $94.00 pesos diarios, para que, en diciembre de este año, supere esta línea de pobreza y así inicie la recuperación gradual de su poder adquisitivo.
Entre quienes firmaron la petición figuran: Juan Ramón de la Fuente, José Woldenberg, Luis de la Calle, Enrique Cárdenas, Lucila Servitje, Carlos Ludlow, Julia Carabias, Jacqueline Peschard, Leonardo Valdés, Jonathan Heath, Rolando Cordera, Jaime Ros, Gerardo Esquivel, Alberto Parás Pagés, Héctor Rubio, Marta Lamas, Rodolfo de la Torre, Salomón Chertorivski, entre otros, se expone que el salario mínimo de 80 pesos aprobado para el 2017 aún no cumple con lo dispuesto en la Constitución.
Como tampoco es suficiente para cubrir el costo de la canasta básica para una persona, y si bien “el ajuste aprobado en diciembre pasado fue adecuado y positivo. Hay que retomar el compromiso y continuar la recuperación gradual del salario mínimo. Las condiciones económicas lo permiten y de hecho lo recomiendan. No hay razones para posponerlo”.
De acuerdo con el análisis que presentaron destacan que el incremento para el 2017 no ha tenido efectos económicos adversos. No hay aumento de desempleo, incremento de informalidad o afectación a empresas y empleadores. (Pilar Martínez)
pmartinez@eleconomista.com.mx 

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Elogia Donald Trump pacto azucarero con México; allanará renegociación del TLCAN

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El presidente Donald Trump, ayer en conferencia de prensa en la Casa Blanca, en WashingtonFoto Ap
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Periódico La Jornada
Viernes 30 de junio de 2017, p. 19
Washington.
El presidente Donald Trump elogió un pacto azucarero con México pendiente de firma que allana el camino hacia una reforma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Trump tuiteó que el pacto era muy bueno tanto para México como Estados Unidos. No hubo acuerdo por muchos años lo cual perjudicó gravemente a EU.
El acuerdo, anunciado el 6 de junio y que sería firmado esta semana, trata de impedir el dumping, o venta por debajo de los precios de mercado, de azúcar mexicana en Estados Unidos.
Industriales estadunidenses se quejaban de que México exportaba azúcar refinada a bajo costo a Estados Unidos y limitaba las exportaciones de azúcar morena para refinar en Estados Unidos. El acuerdo eleva el precio de venta de azúcar morena y refinada a ingenios mexicanos y reduce las exportaciones de azúcar refinada a Estados Unidos. Por su parte, Estados Unidos suspende los aranceles a las importaciones de azúcar mexicana.
Afecta a consumidores
Los productores estadunidenses agradecen al presidente Trump por defender empleos estadunidenses, apoyar a los productores azucareros y exigir cuentas a México por violar las leyes comerciales estadunidenses, sostuvo Phillip Hayes, vocero de la cámara empresarial American Sugar Alliance.
Sin embargo, economistas sostienen que los únicos beneficiarios del acuerdo serán los productores y refinadores. Es un mal acuerdo para los consumidores y las empresas que usan el azúcar, añadió Daniel Pearson, especialista en política comercial del Cato Institute. Van a pagar un precio más alto.
La disputa podría haberse agravado hasta convertirse en una guerra comercial con México si no se hubiera resuelto y Washington siguiera con la aplicación de aranceles. Un enfrentamiento pondría en peligro los planes de renegociar el Tatado de Libre Comercio de América del Norte firmado hace 23 años por Estados Unidos, Canadá y México.
Tendremos que cavar más profundo
El presidente estadunidense anunció el jueves la aprobación de un oleoducto para exportar petróleo a México y energía a todas partes del mundo. Aseveró: pasará justo debajo del muro y tendremos que cavar un poco más profundo en esa sección. La declaración se dio en el marco de la semana de la Energía, en el Departamento de Energía de Estados Unidos.
En el citado acto, el presidente expresó: seremos exportadores y arrancaremos, ya que esta medida forma parte del ambicioso programa estadunidense de impulso a la economía.
Hace una semana Trump propuso colocar paneles solares en el muro fronterizo con México a fin de que se pueda autofinanciar y que México pague menos por esa obra monumental.


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Jubilado se suicida en oficina de seguridad social argentina

Afp
Periódico La Jornada
Viernes 30 de junio de 2017, p. 23
Buenos Aires. Un hombre de 91 años se suicidó con un disparo en la cabeza luego de realizar un trámite en una oficina de la Administración Nacional de la Seguridad Social, el organismo que otorga y abona las jubilaciones y pensiones en Argentina. El hecho se da luego de que una movilización de jubilados fue reprimida por la policía. El suicidio fue filmado y llegó rápidamente a las redes sociales y a los medios de comunicación. El hombre era uno más entre los miles de obligados por el gobierno a presentarse a trámites personales. Ha dejado decenas de miles de avisos en los tickets de pago de los trabajadores retirados para que se presenten a mostrar documentos, como libreta de casamiento, certificados de defunción del cónyuge o de discapacidad, ya que las autoridades están empeñadas en bajar el déficit fiscal. Más de 170 mil pensiones por discapacidad fueron suspendidas. Frente a una ola de protestas, el gobierno anunció que serían restituidas, pero las organizaciones de pensionados afirman que hay demoras.

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