viernes, 16 de junio de 2017

SME Inaguración del Encuentro de los Pueblos por la Paz, la Soberanía y el Futuro 16jun17

Presentación del libro TRADOC: La esperanza obrera

LF del Centro/ Por: Isabel De la Rosa/ CDMX a 16 de junio de 2017.
Hay luchas obreras que han logrado triunfar ante la adversidad, es el caso que enfrentó el Sindicato Nacional Revolucionario de Trabajadores de la compañía Hulera Euzkadi, hoy cooperativa Trabajadores Democráticos de Occidente (TRADOC).
La biblioteca Fondo Histórico Vicente Lombardo Toledano de la Universidad Obrera de México, abrió sus puertas para la presentación del Libro: “TRADOC: La esperanza Obrera”, de María Atilano Uriarte.
El evento se cubrió de gala con la presencia de Jesús Torres Nuño, Presidente de la Cooperativa TRADOC y Marco Antonio Luis Jiménez, Secretario General de la Universidad Obrera de México, quienes expusieron la importancia de mantener una buena organización política, la que ha sido base del éxito obtenido. 
El libro detalla el proceso de lucha al que se enfrentó el Sindicato Nacional Revolucionario de Trabajadores de la compañía Hulera Euzkadi, único sindicato independiente de la industria hulera en México y de la cual derivó la conformación de la Cooperativa Trabajadores Democráticos de Occidente (TRADOC).
La autora, deja ver la posibilidad de que la unidad de los trabajadores, fue vital en el proceso y representó la gran esperanza de hacer justicia frente a la violación de derechos humanos y laborales.
Dijo que la honestidad y claridad política en su dirección sindical fue fundamental, pues al no contar más que con el apoyo de pocas organizaciones, incluido el significativo apoyo de la cooperativa “Pascual”, se tuvo que buscar la manera de actuar con lo poco que se contaba.
De igual forma se hizo una mención honorífica a la actuación de las mujeres, esposas, hijas y demás familiares de los obreros, quienes hicieron más fuerte el movimiento. Al tema, se hizo un reconocimiento a “Las Mujeres de luz” que se encontraban presentes, grupo de esposas de obreros electricistas que de manera similar han apoyado en la lucha de resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, frente al conflicto que guarda semejanza con el ocurrido en el sindicato hulero.
Fotos: SME HePi
Ver el video de la presentación del Libro TRADOC: La esperanza obrera


Vamos el Encuentro


2017 06 15 Segunda Conferencia de Prensa, Encuentro de los Pueblos por la Paz, la Soberanía y el Futuro

Alistan terreno para megalínea Oaxaca-CDMX

PROCESO 
 
Se ha liberado 94% del derecho de vía que se entregará al consorcio que desarrolle la obra, que iniciará operaciones en el 2021.
Luis Miguel González y Octavio Amador
Jun 16, 2017 |
1:28
La nueva línea de transmisión de Oaxaca-CDMX será la primera que trabaje sobre corriente directa. Foto Archivo EE: Natalia Gaia
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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha liberado ya 94% del derecho de vía en los seis estados de la República donde transitará la Línea de Transmisión de Corriente Directa del Istmo de Tehuantepec al Valle de México, con la meta de entregar una cifra lo más cercana a 100% al privado que se encargará del proyecto, reveló Jorge Araujo, director de Proyectos de Inversión Financiada de la estatal eléctrica.
Esto garantizará que el consorcio que resulte adjudicado con la megaobra, que se desarrollará a través de una Asociación Público-Privada (APP), la desarrolle con un importante factor de retrasos anulado, lo que favorecerá que el proyecto pueda estar disponible en el 2021 para desfogar la plétora de energía eléctrica eólica de la zona del Istmo de Tehuantepec.
“Ya hemos liberado 94% de la longitud de la línea de los derechos de vía, es decir, ya los adquirimos y los liberamos, esto corresponde a 80% de los predios relacionados (...) A nosotros nos encantaría terminar el 100% y vamos a seguir trabajando en ello hasta la penúltima junta de aclaraciones antes de recibir ofertas”, dijo Araujo Balderas.
Explicó que, de los predios liberados en Oaxaca, que es la entidad con mayores conflictos potenciales, “ya tenemos 86% documentado, en Puebla 96% y en Morelos 58%, que son los estados más relevantes por donde pasa la línea principal; es lo que queremos transmitir a los posibles desarrolladores, que son muchos, y quizá no lo tienen tan claro porque en las prebases que se publicaron esa información era todavía demasiado preliminar”. El cableado pasará en total por 113 municipios.
En octubre del 2016 la CFE publicó las prebases de licitación de la obra, que requerirá una inversión de 1,200 millones de dólares, con la expectativa original de lanzar las bases de licitación finales en febrero del 2017 y tener al ganador en abril pasado, pero el proyecto se ha retrasado por aspectos financieros y técnicos que siguen en consulta, declaró el subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía (Sener), César Emiliano Hernández, en mayo pasado.
Indicó que tanto la Sener como la CFE y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) trabajan para sacar la convocatoria final y tener a un ganador para la construcción y operación de esta obra antes de que concluya el año. “Si terminamos con la subasta (eléctrica de largo plazo) que acabamos de arrancar y con esta línea de transmisión, vamos a tener un balance muy satisfactorio”, dijo a mediados del mes pasado.
El proyecto consiste en un cableado de 610 kilómetros (que equivale a 1,200 kilómetros de circuitos) que correrán a un voltaje de 500 kilovolts desde Ixtepec, Oaxaca, hasta Yautepec, Morelos. Con esta nueva línea, se podrán transportar 3,000 megawatts, para desahogar la energía eólica que se genera en el Istmo de Tehuantepec, además de los proyectos de las dos recientes subastas de energía.
“Y al ser de corriente directa esta línea de transmisión permitirá también reducir hasta en 8% las pérdidas técnicas de energía que se registran cuando se utiliza tecnología de corriente alterna”, aseguró Jorge Araujo. Lo anterior significa que se utilizarán 82 megawatts que se perderían en una línea similar de corriente alterna.
Se trata del primer proyecto en el país que trabajará sobre principio eléctrico de la corriente directa, que entre otras posee también la virtud de requerir una infraestructura menos intrusiva con el medio físico, pues requiere de menos torres de transmisión y menos centros de repotenciación, explicó Araujo Balderas.
La CFE no desembolsará recursos para la construcción de esta obra, puesto que se utilizará un esquema similar al de los proyectos de impacto diferido en el registro del gasto (Pidiregas). Un privado se encargará de la construcción y operación de la línea durante 25 años, recuperando al cobrar a la CFE una cantidad que se financiará con un cargo adicional aplicado a la tarifa de transmisión nacional.
“Estamos pensando para esta línea en particular que sean 25 años en un esquema de BOT (Build Operate Transfer) en el que la construyen, operan y la mantienen y al final de los 25 años transfieren el activo a la CFE (...) La CRE actualiza la tarifa de transmisión para reconocer que hubo una inversión y la socializa a toda la tarifa nacional como rolling, porque todo mundo se ve beneficiado por la energía limpia y eficiente que viene del Istmo a la red”, dijo Araujo.
Hasta el momento han manifestado su interés en el proyecto 30 consorcios que han formulado más de 1,200 preguntas sobre la licitación, el desarrollo y la operación de la obra. Entre ellos figuran firmas major del sector como Iberdrola, GE, Siemens, ABB, Abengoa o Sacyr. Las inquietudes principales giran en torno a temas como los derechos de vía, la operación del proyecto ante amenazas de fuerza mayor, si la administración será en pesos o dólares y el tema de las penalizaciones ante fallas.
Una vez adjudicado el proyecto, se estima que su desarrollo tome 36 meses, por lo que se espera, con el calendario de la licitación ajustado, que sea en el 2021 cuando esté listo para desfogar la electricidad del Istmo de Tehuantepec y llevarla a la zona de mayor consumo del país.
Jorge Araujo afirmó que la configuración ideal de los consorcios consiste en un operador tecnológico y uno financiero con un capital de, al menos, 20% del valor del proyecto. Entre los financieros ideales se encuentran los fondos de pensiones, pues al tratarse de un proyecto con una renta asegurada, el activo es muy parecido a un bono.
“Tenemos grandes fondos de inversión que lo que quieren es poner a trabajar su dinero. Si se piensa, un proyecto de este tipo con una tarifa regulada como ingreso garantizado es equivalente a tener un bono (...) Si se tiene un cupón, se pueden modelar los ingresos de una forma muy certera, y eso es de interés para fondos de inversión, de pensiones grandes”, comentó.

CFE hace negocio liberando derechos de vía

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha desarrollado un equipo de trabajo altamente especializado en gestionar las negociaciones para liberar los derechos de vía para proyectos de infraestructura como centrales y líneas de transmisión, con lo que incluso ha generado las competencias para ofrecer dichos servicios a terceras empresas, reveló Jorge Araujo, director de Proyectos de Inversión Financiada de la CFE.
“Tenemos grupos especializados en eso (la negociación) que realizan ese trabajo, de hecho, una de las nuevas funciones de mi dirección es poder dar esos servicios a terceros”, afirmó.
Indicó que ya hay empresas “importantes” que están desarrollando sus parques de generación, con las que ya tienen contratos para desarrollar diferentes fases de los proyectos, “todo lo que tiene que ver con transmisión, desde el proyecto ejecutivo, de generar a detalle toda la parte de impacto social, derechos de vía, etcétera”.
Agregó que la CFE ya se encuentra en el negocio de realizar todas las etapas de los proyectos “llave en mano” y que “incluso llevamos a cabo la licitación para los contratistas que van a hacer los trabajos”. En este rubro, dijo, la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada de la CFE tiene proyectos en desarrollo por 3,000 kilómetros de líneas de transmisión.
empresas@eleconomista.mx

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Sin licitación, Pemex asignó a Odebrecht obras por más de cuatro mil mdp en refinería de Tula


Un trabajador de la refinería Miguel Hidalgo, en Tula. Foto: Jorge Sánchez
Un trabajador de la refinería Miguel Hidalgo, en Tula. Foto: Jorge Sánchez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) asignaron a la constructora brasileña Odebrecht obras por 4 mil 254 millones de pesos en la refinería de Tula, Hidalgo, sin que se realizara una licitación.
De acuerdo con un reportaje difundido por la organización Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), las ampliaciones de contrato coinciden con el pago de sobornos por 6 millones de dólares revelado en diciembre en Estados Unidos.
También, una auditoría de la Secretaría de la Función Pública (SFP) descubrió infracciones a Ley Anticorrupción y se informó que esa instancia podría aplicar una multa de hasta 160 millones de pesos.
La nota de MCCI destaca que ayer la SFP, a través de la Unidad de Responsabilidades de Pemex, inició cuatro procedimientos administrativos sancionatorios por las obras en Tula, dos contra empresas filiales de Odebrecht y otras dos contra sus representantes legales.
La Ley Anticorrupción establece como infracciones el entregar sobornos, simular el cumplimiento de requisitos, presentar documentación falsa o usar influencias para obtener beneficios o ventajas en los contratos. En caso de comprobarse que Odebrecht incurrió en alguno de estos actos de corrupción en Tula, se le podría aplicar una multa de hasta 160 millones de pesos (equivalente a dos millones de veces el salario mínimo, según la ley), así como inhabilitación por diez años para participar en contrataciones federales. “La notificación (del resultado de la auditoría a Odebrecht) no prejuzga acerca de la probable responsabilidad administrativa, la cual será determinada una vez agotadas las fases legales del debido proceso”, aclaró la SFP.
Las auditorías de la dependencia a los contratos que Pemex asignó a la constructora brasileña iniciaron el 22 de diciembre de 2016, un día después de que en una Corte de Estados Unidos, ejecutivos de Odebrecht confesaron haber pagado sobornos por 10.5 millones de dólares a funcionarios mexicanos a cambio de beneficios, entre 2010 y 2014.
Ese periodo corresponde al último tramo del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y los dos primeros años de Enrique Peña Nieto. Hasta ahora la SFP sólo ha concluido la auditoría de Tula. Están pendientes los resultados de la revisión a los contratos de Odebrecht en las refinerías de Minatitlán y Salamanca, en el tramo norte-II del gasoducto Los Ramones y en el proyecto Etileno XXI, en el que Pemex acordó venderle al consorcio brasileño gas etano a precio preferencial –por debajo del costo comercial– por 20 años, con opción de prórroga.
Según documentos obtenidos por MCCI, Odebrecht ejecutó en la refinería Miguel Hidalgo obras por 4 mil 254 millones de pesos entre 2014 y 2015.
El 15 de febrero de 2014, Pemex le asignó en forma directa un primer contrato en Tula por mil 436 millones de pesos para la obra de adecuación de plataformas y terrenos para la reconfiguración de la refinería. Nueve meses después, el 20 de noviembre de 2014, otorgó una primera ampliación a esa misma obra, por 358 millones 230 mil pesos. Estaba previsto que la obra concluyera en agosto de 2015, y en ese lapso Pemex autorizó un segundo pago adicional por otros 879 millones de pesos. En total, el monto de este contrato se elevó a 2 mil 315 millones de pesos. Lo anterior representó un sobrecosto de 61% respecto al presupuesto original.
El 16 de noviembre de 2015, Odebrecht obtuvo otra asignación directa de Pemex en Tula. Esa vez el contrato fue por mil 939 millones de pesos para construir accesos y obras externas a la refinería.
Este nuevo contrato fue firmado por Gustavo Escobar, encargado de la dirección corporativa de Procura y Abastecimiento de Pemex, y por Marcelo Da Fonseca, gerente administrativo de Odebrecht, según pudo comprobar MCCI, pese a que el documento que ha hecho público el gobierno federal tiene censurados los nombres de los involucrados.
La firma se realizó ante Luis Weyll, quien durante siete años se desempeñó como director de Odebrecht en México. También atestiguaron la asignación tres altos funcionarios de Pemex: el director de producción, Miguel Tame; el director de proyectos, Leonardo Cornejo, y Alejandro Martínez Sibaja, director general de Transformación Industrial.
Justo en el lapso en que se dieron esas ampliaciones en Tula, Odebrecht pagó sobornos en México, según han confesado ejecutivos de la constructora. En el caso judicial que se sigue en Estados Unidos, los ejecutivos revelaron que entre diciembre de 2013 y finales de 2014, la División de Operaciones Estructuradas (mejor conocido como departamento de sobornos de Odebrecht) pagó seis millones de dólares a funcionarios mexicanos, cuya identidad no ha sido revelada.
Además, el director de la misma oficina de sobornos, Hilberto Mascarenhas, confesó en Brasil que en noviembre de 2014 recibió una solicitud para hacer pagos ilícitos con valor de 5 millones de dólares a Emilio Lozoya, entonces director de Pemex, de acuerdo con un documento judicial difundido a mediados de abril por MCCI, que está firmado por el ministro brasileño Edson Fachin.
La fecha en la que supuestamente se pidió el soborno para Lozoya (noviembre de 2014) coincide con el otorgamiento de la primera ampliación del contrato de Tula para Odebrecht.
En el documento judicial obtenido por MCCI aparece el nombre de Luis Weyll como testigo de la petición del soborno para el director de Pemex. Este mismo personaje fue quien en noviembre de 2015 atestiguó la ampliación de los contratos otorgados en Tula para Odebrecht.

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El minisalario no alcanza para que los trabajadores "se mantengan a sí mismos"

Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Viernes 16 de junio de 2017, p. 15
El Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos y las Empresas Trasnacionales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) emitió un informe en el que plantea que entre los principales problemas que presentan las garantías laborales en México están los bajos sueldos y que el salario mínimo no alcanza para que los trabajadores se mantengan a sí mismos.
Enumeró también el crecimiento de los contratos de protección y las restricciones a la libertad sindical.
El organismo se refirió al caso del derrame de tóxicos en el río Sonora, provocado por Grupo México, que se considera el mayor desastre ambiental que afectó directamente a 22 mil personas e indirectamente a otras 250 mil, y señaló que las autoridades federales no asumieron sus responsabilidades, con la consiguiente limitación de las medidas correctivas.
Sin remuneraciones
El informe emitido a inicios del segundo trimestre de 2017, corresponde a la visita que realizaron expertos de la Naciones Unidas el año pasado a nuestro país.
En el documento hay un apartado especial sobre el tema laboral y señala, por ejemplo, que un motivo de preocupación es la dramática situación de los jornaleros agrícolas y trabajadores migrantes, ya que de aproximadamente 2.42 millones de personas en estas condiciones laborales, a 750 mil sólo les pagan el equivalente a un salario mínimo y otros 800 mil no reciben remuneración alguna porque son menores o mujeres que ayudan a sus padres y esposos.
Puntualizó que incluso hay evidencias de las condiciones abusivas que sufren estos trabajadores, las cuales ha documentado la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Empleo temporal
Otro caso que abordó el grupo de trabajo es el aumento del empleo temporal, que conlleva un empeoramiento de los salarios y las condiciones de trabajo.
Pone como ejemplo que en la industria electrónica en México la mitad de los trabajadores están subcontratados y tienen acuerdos temporales de uno a 12 meses de duración y que no incluyen seguridad social.
En cuanto al crecimiento del sindicalismo de protección indicó que la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT), sindicatos independientes y hasta empresas han planteado el hecho de que con esta práctica se vulnera el derecho de los trabajadores a la libertad de asociación.
Respecto del trabajo infantil, expuso que en México este problema sigue siendo motivo de gran preocupación, y alentó al gobierno a que siga adoptando medidas para evitar las peores formas de empleo de menores, y recabe la participación de evaluadores independientes y representantes de la sociedad civil en el proceso de certificación de buenas prácticas empresariales.

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Bancos registran deterioro en la atención a reclamos de usuarios

Israel Rodríguez
 
Periódico La Jornada
Viernes 16 de junio de 2017, p. 19
El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Bancomer (BBVA Bancomer) y la Afore XXI Banorte, fueron las dos instituciones financieras que reprobaron en su índice de desempeño de atención y resolución de conflictos de sus clientes, con una calificación de 5.95 y 5.93, respectivamente, informó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
Al presentar el estudio sobre el comportamiento de las instituciones financieras en la atención a reclamaciones 2015- 2017, se destacó que los bancos tienen un deterioro en el desempeño de atención y resolución de controversias con calificaciones a la baja desde el tercer trimestre de 2016.
En conferencia de prensa, Mario Di Constanzo Armenta, presidente de la Condusef, precisó que de las 12 instituciones bancarias evaluadas que concentran 98 por ciento de las reclamaciones registradas, los banco Famsa, del Bajío e Invex fueron las que mayor calificación obtuvieron en el índice de desempeño de atención a usuarios (Idatu) con calificaciones de 9.15, 9.10 y 8.88 puntos, respectivamente.
Entre las principales fallas detectadas se señala que las instituciones no emiten la respuesta a tiempo, que usualmente es de 20 días hábiles, con lo que los asuntos reclamados se vencen y perjudican al usuario; emiten respuestas incongruentes e incompletas; incumplen con el compromiso de pago o abono; difieren audiencias sin beneficio para los usuarios y no acuden a ellas; no entregan información, y no cumplen con los convenios firmados.
En el caso de las administradoras de fondos para el retiro (Afore) el informe señala que Afore XXI Banorte resultó reprobada con 5.93 puntos, por lo que alrededor de 8 millones de trabajadores, que representan 21 por ciento de las 38.5 millones de cuentas asignadas, se encuentran en una Afore con una deficiente atención ante las reclamaciones.
Las principales fallas de las Afore son: dan una respuesta positiva, pero no realizan el trámite solicitado por el usuario; no concilian los asuntos que tuvieron respuesta positiva e incumplen en conciliación; no entregan información y no acuden a las audiencias. Otras de las causas de reclamo, agregó Di Constanzo Armenta, es que los usuarios no están de acuerdo con el cálculo de los recursos administrados y los procesos para recuperar el ahorro son muy tardados. Las Afore no tienen oficinas en todas las entidades federativas del país, con lo que se presenta un problema de rapidez, claridad y transparencia, no de liquidez.
De las 11 Afore evaluadas, la que mayor calificación obtuvo en su evaluación fue MetLife con 9.01. Esto significa que sólo uno por ciento, es decir, 430 mil 748 cuentas están en la Afore con mayor calificación. En relación con las 12 empresas aseguradoras evaluadas, las que resultaron con mayor calificación fueron ABA Seguros, con 8.82; Zurich Santander, con 8.31, y Seguros Inbursa, con 8.28. La calificación promedio del sector fue de 8.03. Las instituciones que se ubicaron por abajo del promedio de calificación del sector son Bancomer con 7.80; Banamex con 7.79 y Banorte con 6.88 puntos.
Mario Di Costanzo consideró que estos resultados no implican un mensaje positivo para los usuarios y no ayudan a generar una cultura del seguro.

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Periodistas claman justicia a un mes del asesinato de Javier Valdez


Periodistas protestan en la FEADLE. Foto: Germán Canseco
Periodistas protestan en la FEADLE. Foto: Germán Canseco


PROCESO 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A un mes del asesinato del periodista sinaloense Javier Valdez Cárdenas, fundador del semanario Ríodoce y corresponsal de La Jornada y de la agencia internacional AFP, decenas de periodistas y activistas salieron a las calles para reclamar justicia y freno a la violencia contra comunicadores en el país.
En Chilpancingo, la capital de Guerrero, un grupo de reporteros se manifestó esta mañana para condenar la impunidad alentada desde la estructura gubernamental, debido a que la misma genera ataques contra periodistas y sociedad.
Cerca de las 10:00 horas, los comunicadores arribaron portando mantas al punto conocido como “El parador del Marqués”, donde bloquearon parcialmente el carril norte-sur de la autopista del Sol.
Enseguida, los periodistas entregaron un volante a los automovilistas, donde fijaron su postura ante los recientes crímenes contra comunicadores que siguen impunes en la entidad y a nivel nacional.
El manifiesto reprocha el nivel de impunidad e indiferencia oficial a un mes del asesinato del periodista Javier Valdez en Culiacán, Sinaloa, y del asalto que sufrieron siete reporteros en la región de Tierra Caliente, donde al menos 100 jóvenes armados mantenían un retén en las inmediaciones del municipio de Acapetlahuaya
“Los gobiernos estatal y federal no han dado respuestas a la exigencia del gremio periodístico de que se investiguen y esclarezcan ambos casos”, advirtieron.
Luego, informaron que en los últimos siete años tres periodistas han sido asesinados en Guerrero, 16 más fueron agredidos por sujetos desconocidos o funcionarios de diferentes niveles, y sólo del 13 mayo al 13 de junio se dieron 17 agresiones contra periodistas.
Más aún, sólo este año se han documentado un asesinato, un atentado y varias agresiones contra periodistas durante el gobierno del priista Héctor Astudillo Flores.
El pasado 2 de marzo fue asesinado a plena luz del día Cecilio Pineda Birto en la región de Tierra Caliente, a pesar de que la víctima formaba parte del Mecanismo de Protección para Periodistas, que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Posteriormente, el 13 de mayo fueron asaltados siete periodistas en los límites de la región de Tierra Caliente y la zona norte de la entidad.
El 4 de junio en Ometepec, región de la Costa Chica, la comunicadora indígena Marcela de Jesús Natalia fue atacada a disparos cuando salía de cubrir su turno de locución, y hasta el momento se encuentra grave de salud por una lesión en la cabeza producida por proyectil de arma de fuego.
La semana pasada, el corresponsal del semanario Proceso en Guerrero, Ezequiel Flores Conteras, denunció que un grupo de sujetos presuntamente armados estuvo vigilando durante días su domicilio.
Asimismo, el reportero del periódico ABC, que se edita en el puerto de Zihuatanejo, Leonardo Martínez Peralta, fue encañonado por tres policías estatales mientras realizaba su labor periodística en ese balneario de la región de la Costa Grande.
Por esta serie de crímenes y ataques contra el ejercicio periodístico, los reporteros recordaron que han tenido que salir a las calles para exigir seguridad, un cese a las agresiones y que se investiguen los crímenes para conocer el origen de los ataques.
“En el último mes, los periodistas de Guerrero nos hemos movilizado para proteger el libre ejercicio de nuestra profesión, debido a que el periodismo es un bien público que debe garantizarse, en virtud de que con ello se salvaguardan otros derechos de la sociedad, como el de estar informada”, expresaron los reporteros.
Acciones en Sinaloa
En el municipio sinaloense de Guamúchil, periodistas salieron a las calles para exigir justicia como respuesta a la convocatoria que lanzó hace unos días el semanario Ríodoce, con el fin de que este día la sociedad protestara contra la violencia y reclamara el esclarecimiento del crimen de Javier Valdez.
Por ello, esta mañana más de una docena de comunicadores recorrieron las principales calles de la ciudad de Guamúchil, con carteles del rostro de Javier Valdez, y cartulinas con las leyendas “Justicia para el bato”, y “Ni uno más”.
A la par, se realizaron marchas en Culiacán, Mazatlán y Los Mochis, también convocadas por Ríodoce, medio del cual fue fundador Valdez Cárdenas.
Ismael Bojórquez Perea, director de ese semanario, comentó en entrevista que, ante la desconfianza que tienen por la secrecía en las investigaciones sobre el crimen de Javier Valdez, la próxima semana solicitaran ante la Feadle y la Fiscalía local coadyuvar en las indagatorias.
En Mérida, estudiantes de la Escuela Superior de Artes de Yucatán rindieron un homenaje al periodista sinaloense con un mural en el que se observa a Valdez remando a contracorriente con su bolígrafo sobre un mar de sangre, a bordo de un barco de papel periódico, con su infaltable sombrero, sus gafas y una gran sonrisa.
Homenaje en embajada
También la Embajada de Estados Unidos en México rindió un homenaje a Javier Valdez, y el mismo consistió en cambiar su fotografía de perfil en Facebook por una en la que se añadió, además de la bandera de las barras y estrellas, la imagen de Valdez y un moño rojo.
La muestra de solidaridad se da en el marco de múltiples reclamos internacionales por esclarecer el asesinato tanto de Valdez como del resto de los periodistas han sido masacrados en México.

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Trump anuncia hoy nueva política de EU hacia Cuba; no se esperan cambios radicales

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Este viernes el presidente estadunidense, Donald Trump, dará a conocer un nuevo enfoque sobre las relaciones diplomáticas y económicas entre La Habana y Washington. En imagen de 2015, el edificio de la embajada de Estados Unidos en CubaFoto Ap
David Brooks
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 16 de junio de 2017, p. 24
Nueva York.
El presidente Donald Trump anunciará este viernes en Miami su nueva política hacia Cuba. Modificará varias regulaciones sobre viajes e interacciones de negocio promovidas por el gobierno de su antecesor, Barack Obama, pero no anulará la apertura diplomática ni cerrará todas las vías de inversión.
Aunque hubo preocupación de que Trump estuviera considerando revertir y posiblemente anular la iniciativa de Obama, a la cual había llamado un mal acuerdo, un intenso cabildeo del sector privado, gobernadores, y hasta agrupaciones cubanoestadunidenses en favor de la apertura ha logrado, aparentemente, frenar los cambios más radicales promovidos por el sector ultraconservador de Miami y políticos como el senador Marco Rubio y el representante federal Mario Díaz Balart.
Según altos funcionarios de la Casa Blanca, el enfoque es un reajuste para evitar enriquecer al sector militar y de inteligencia del régimen cubano, ya que Trump desea que los beneficios le lleguen sólo al pueblo cubano. Las medidas, explicaron, tienen el propósito de limitar el flujo a los elementos opresores del régimen cubano. Subrayaron que la intención de Trump nunca fue anular el acuerdo, sino más bien mejorar un acuerdo malo.
Pero los funcionarios, en comentarios este jueves a reporteros, resaltaron el lado político interno para esta decisión. En septiembre de 2016, Trump prometió en Miami que reajustaría la política de un “acuerdo malo…. Con esto está cumpliendo su promesa”. Recordaron que en esas fechas la Organización de Veteranos de Bahía de Cochinos le otorgaron su apoyo como candidato presidencial, algo que Trump consideró un honor, ya que ellos se habían dedicado a restaurar la libertad y la justicia en Cuba.
De hecho, se espera que Trump anuncie y firme su nueva política en el Teatro Manuel Artime, nombrado en honor a uno de los líderes de la Brigada 2506 que intentó invadir Cuba con el apoyo clandestino de Estados Unidos en 1961. Ahí Trump disfrazará la justificación de su iniciativa con la retórica de los derechos humanos.
Nadie fuera del universo ultraconservador de Miami favorece un retorno a las políticas más severas del embargo, sino más bien todo lo contrario. En las encuestas nacionales, y hasta entre la propia comunidad cubanoestadunidense, amplias mayorías apoyan la apertura diplomática y comercial entre los dos países. La Cámara de Comercio y otras poderosas asociaciones del sector privado, las principales organizaciones de derechos humanos, organizaciones de latinos y hasta no pocos grupos de cubanoestaunidenses, ex altos funcionarios diplomáticos y militares estadunidenses, entre otras poderosas fuerzas dentro de este país, no sólo han aplaudido la apertura sino que abogan por levantar el embargo.
Por lo tanto, el gobierno de Trump no cuenta con un amplio apoyo para revertir la histórica apertura que lograron Obama y Raúl Castro, y tal vez por eso lo define sólo como un mejoramiento del acuerdo que es parte del legado de su antecesor.
Sin embargo, el impacto podría ser severo, ya que las medidas están dedicadas a prohibir todo negocio con entidades del gobierno, sobre todo del sector militar. GAESA, el conglomerado de empresas administrado por las fuerzas armadas, controla –según expertos– 60 por ciento de la economía formal, incluido el sector del turismo, en el cual se ha concentrado buena parte de las inversiones de empresas estadunidenses en los dos años de apertura.
Las modificaciones tienen la finalidad de fortalecer el sector privado, imponer mayor presión sobre el gobierno para ampliarlo e impondrán mayores restricciones al turismo (el turismo está prohibido por el embargo, pero Obama había relajado las restricciones), reportó el Miami Herald, que obtuvo un borrador de la iniciativa.
Las medidas no afectarán el embargo, no impondrán límites anteriores sobre viajes o remesas enviadas por cubanoestadunidenses, ni tampoco hay un regreso a la política migratoria anulada de pies mojados, pies secos que durante años permitía a inmigrantes cubanos que lograban llegar a este país, permanecer o legalizarse, reportó el rotativo esta tarde.
Se mantendrán las 12 categorías para permitir viajes de estadunidenses a la isla, pero según los altos funcionarios hoy, individuos ya no podrán viajar sin tener que comprobar que lo hacen de manera autorizada. Según las nuevas regulaciones, viajeros podrán ser sujetos a un auditoría del Departamento de Tesoro para asegurar que viajaron bajo las categorías correctas y que se apegaron a las restricciones, incluida la de no haber gastado dinero en entidades del gobierno (lo cual incluye casi todos los grandes hoteles, muchos restaurantes y foros culturales y educativos).
Se siguen permitiendo los vuelos comerciales y los viajes por crucero.
De acuerdo con algunos expertos, las nuevas condiciones y la amenaza de auditorías podrían deprimir el turismo y también desincentivar nueva inversión de empresas estadunidenses, aun si son en actividades autorizadas. También podrá tener un impacto negativo en turistas; en 2016 el número de visitantes estadunidenses que no son de origen cubano se disparó 74 por ciento (de los 4 millones de visitantes a la isla ese año, 615 mil llegaron de Estados Unidos, la mitad cubanoestadunidenses).
Más aún, la nueva directiva presidencial ordenará que el gobierno retome su postura anterior de oponerse a toda medida que llame a anular el embargo sobre Cuba en organizaciones multilaterales como Naciones Unidas.
El senador Rubio tuvo un papel clave en la elaboración de la nueva política, según los funcionarios de la Casa Blanca y versiones en varios medios, junto con Díaz-Balart. De hecho, algunos observadores señalaron que sólo la semana pasada Rubio defendió a su viejo antagonista Trump en las audiencias sobre la investigación de la mano rusa en las elecciones y esfuerzos de obstrucción de esa indagatoria. Trump y Rubio tuvieron encuentros hostiles durante la campaña electoral, donde el candidato le puso el apodo de little Marco, pero ahora parece que están unidos en nombre de los derechos humanos (en algunos países).
La política hacia Cuba –la normalización de relaciones diplomáticas y más– fue impulsada por Obama por medio de órdenes ejecutivas y, por tanto, puede ser modificada o revertida de la misma manera. El embargo es una ley y sólo el Congreso tiene el poder de levantarlo.

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Fiscal de Venezuela presenta tres nuevos recursos contra la próxima Constituyente


Ap, Afp, Sputnik y Dpa
 
Periódico La Jornada
Viernes 16 de junio de 2017, p. 24
Caracas.
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, presentó tres nuevas acciones en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para detener el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro, luego de que el máximo tribunal le rechazó a principios de la semana un recurso de nulidad contra la iniciativa.
Ortega interpuso ante las salas Constitucional y Electoral del máximo tribunal los recursos contra dos decretos en los que Maduro convocó la Constituyente y fijó el sistema de elección de los asambleístas.
Asimismo, presentó una acción legal contra decisiones del Consejo Nacional Electoral, por desarrollar un proceso constituyente sin dictar actos administrativos de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
La fiscal argumentó que Maduro, según la Constitución, puede proponer una Constituyente, pero esa iniciativa debe ser sometida a la aprobación de los venezolanos en un referendo.
Por lo pronto, diputados chavistas hicieron campaña en favor de la Constituyen en el Metro de Caracas, en momentos en que dirigentes de la oposición contiuaron las movilizaciones de protesta. La cifra de fallecidos en las marchas aumentó a 72 al confirmarse la muerte de dos estudiantes, uno en Maracaibo, estado de Zulia, y otro en la localidad de Rubio, en Táchira.
En tanto, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dijo que Venezuela es un buen ejemplo de lo que sucede cuando la democracia es debilitada, y apremió a la comunidad latinoamericana a condenar al gobierno de Caracas por abuso de poder, durante una conferencia sobre prosperidad y seguridad en América Central, que se lleva a cabo en Miami.
Más tarde, el presidente Maduro calificó los comentarios de Pence de despreciables y vomitivos y le exigió: saque sus narices de Venezuela.

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