miércoles, 14 de junio de 2017

Clausura de la OEA en México 2017 06 14

Planta de termovalorización de la ciudad superará en tecnología a la de Francia

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Vista de la planta de termovalorización de la empresa Veolia en Lille, FranciaFoto La Jornada
Miguel Ángel Velázquez
Enviado
Periódico La Jornada
Miércoles 14 de junio de 2017, p. 31
Lille, Francia.
¿Cuánto es 2 mil millones de pesos anules? Para tener una idea cercana a la verdad podríamos decir que significa enterrar, día con día, poco más de 8 mil toneladas diarias de basura, o mejor dicho, poner bajo tierra esa cantidad convertida en los desechos que produce la Ciudad de México.
Sí, tanto para el gobierno de la capital, como para la Agencia de Gestión Urbana (AGU) y una parte de la diputación de la Asamblea Legislativa, poner bajo tierra 2 mil millones de pesos al año, cantidad que se paga a los dueños en el estado de México por utilizar sus terrenos en Ixtapaluca, o mejor dicho un par de socavones: La Cañada y El Milagro, este último manejado por Rogelio López López, que en algún tiempo fungió como funcionario de la Dirección General de Servicios Urbanos del entonces Departamento Distrito Federal que encabezaba Ramón Aguirre Velázquez, y que cobra 185 pesos por tonelada y recibe algo así como 4 mil al día, sin cumplir con las exigencias de la ley, pero logró hacer de un socavón el verdadero milagro.
Esa realidad, que significa siempre una amenaza del gobierno de la entidad vecina, que cierra los vertederos a capricho, es decir, que impide que se tiren los desperdicios de la ciudad, o cuando menos es una presión política, sirve ahora para obligar al gobierno capitalino a pegar un brinco de años y años y llevar a la ciudad una planta de termovalorización, o mejor dicho un incinerador tamaño monstruo –más de cuatro hectáreas de construcción– de emisiones contaminantes controladas, que se considera urgente y que podría empezar a trabajar en poco más de tres años.
Claro que entonces la pregunta salta: ¿cuál será la diferencia entre pagar a un mexicano que controla los tiraderos o pagar a una empresa extranjera para que queme la basura? La respuesta no tiene duda. La planta convertirá los desechos en energía eléctrica, la suficiente para alimentar al Metro, y eso significa algunos miles de millones al año que el gobierno podrá invertir en otras necesidades de la población.
Hace un par de años se lanzó la licitación para instalar la planta en los terrenos del Bordo de Xochiaca, donde a finales del sexenio pasado se dejó de tirar basura porque la capacidad de este lugar se había cumplido; no obstante, los desechos acumulados, por ahí de 74 millones de toneladas, expulsan, según las mediciones de las autoridades ambientales, 1.2 millones de dióxido de carbono al día. Aseguran que eso equivale a lo que expulsan un millón de automóviles en el mismo lapso.
Así que el asunto se convirtió en un callejón sin salida para las autoridades y un peligro constante para la población, y luego de la licitación, que ganó la francesa Veolia, este fin de año, advierten los empresarios, se iniciará la construcción de la planta, es decir, un basurero que por su arquitectura más bien se asemeja a una serie de ciencia ficción aquí en Francia, pero que los especialistas de este lugar aseguran que la de México, que será la planta más grande del mundo, tendrá un diseño tecnológico mucho más avanzado. Ni a Netflix se le ha ocurrido para sus series.
Dudas y preocupaciones
En la planta de México se habrán de procesar casi 13 mil toneladas todos los días, y la compañía habrá de cobrar al año casi los 2 mil millones –que hoy día se entierran por 33 años– para amortizar el costo de su inversión y obtener ganancias.
Dos especialistas que han viajado para conocer qué clase de empresa se instalará en la Ciudad de México han puesto sus dudas sobre la mesa. Luis Raúl Tovar, del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre el Medio Ambiente, del Instituto Politécnico Nacional, pregunta cada cuanto tiempo se verificará que la empresa no expulse contaminantes al aire de la ciudad, y se muestra preocupado por la honestidad de las autoridades que tendrían a cargo la evaluación de la misma, pero termina convencido porque entiende la necesidad de la empresa.
Otro ingeniero, Carlos Álvarez, tiene argumentos para levantar una gran controversia y los expone, pero también está convencido de que mientras la empresa acate las leyes, sin trampa, él apoya el proyecto, que deberá ser uno de los más importantes para la sobrevivencia de la Ciudad de México.
Para eso las autoridades de la AGU, a cargo de Jaime Slomianski, y claro, del gobierno central, han tenido que sortear unos primeros obstáculos, como por ejemplo el de la sección uno del sindicato de trabajadores del gobierno de la ciudad; es decir, no tocar los intereses de ese gremio, donde operan casi 2 mil camiones y está formado por 13 mil 700 trabajadores que pepenan, que escogen la basura en plena calle después de recogerla de las casas y que estacionan los camiones donde mejor les viene en gana.
Ahí, en el asunto de los trabajadores de limpia, no habrá ningún cambio, aclara el director de innovación tecnológica para la gestión de los residuos sólidos urbanos, de la AGU. Eso seguirá como hasta ahora: los trabajadores de limpia entregarán la basura a la empresa y nada más.
Pero el esfuerzo deberá ser de todos. En la ciudad la separación de los desechos deberá ser más estricta. La conciencia ecológica de la población deber aumentar y los políticos, como Xavier López, del Partido Verde, quien asegura que él sí es ecologista, pese a su militancia, tendrán que seguir abriendo brecha para conservar lo que quede del medio ambiente.
Y eso es de lo que se trata esta obra: de limpiar el aire que respiramos, darle oxígeno a la ciudad.

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Náyeris y wixáricas solicitan amparo contra hidroeléctrica


José Antonio Román
 
Periódico La Jornada
Miércoles 14 de junio de 2017, p. 7
Los pueblos náyeri y wixárika presentaron una solicitud de amparo contra la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por otorgar permisos para la construcción del proyecto hidroeléctrico Las Cruces, que atenta contra los derechos humanos de las comunidades indígenas de Nayarit.
Afirmaron que la propia Manifestación de Impacto Ambiental reconoce que la presa generará afectaciones a sitios ceremoniales de grupos y comunidades indígenas de la región, Señala que el impacto provocado por la afectación de sitios ceremoniales no es mitigable y que ocasionará daños ambientales al ecosistema de marismas nacionales del que forma parte el río San Pedro Mezquital.
En conferencia de prensa, representantes de los consejos de ambos pueblos informaron que el pasado 28 y 29 de mayo realizaron una ceremonia en el lugar sagrado llamado Keiyatsita, ubicado en la franja del río San Pedro Mezquital, cerca de Rosarito, municipio de Rosamorada, Nayarit, que es fundamental en su historia porque ratifica sus lazos ancestrales y fortalece su unidad en la defensa del territorio sagrado frente al megaproyecto hidroeléctrico Las Cruces.
La demanda de amparo fue presentada por considerar que dicho proyecto viola los derechos a la libre autodeterminación, autonomía, territorio e identidad cultural, así como a un medio ambiente sano.
La solicitud de amparo señala que el proyecto Las Cruces viola estos derechos, toda vez que se planea construir, en la cuenca del río San Pedro, una cortina de 188 metros de altura que impactará más de 4 mil 500 hectáreas y modificará por completo y de manera irreversible la hidrografía, la morfología, los sedimentos y minerales, así como la fauna y la flora de su territorio, al que acceden para llevar a cabo sus tradiciones culturales y espirituales.
Denunciaron que el proyecto hidroeléctrico no toma en consideración el uso, aprovechamiento y disfrute de los recursos que los pueblos Náyeri (cora), Wixárika (huichol), O’dam (tepehuana) y Nahua (mexicanera) ostentan en dicho territorio, y sin consultarlos conforme a lo establecido en la Constitución y en las convenciones internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas que México ha suscrito.
En la soliciutd de amparo piden al Poder Judicial de la Federación que se detenga la ejecución material de cualquier permiso, autorización o proceso que tenga como propósito construir y operar la presa hidroeléctrica Las Cruces, y exigen la protección de los derechos humanos que el Estado mexicano ha previsto para los pueblos indígenas en situación de vulnerabilidad.

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Exigen a director de Pemex aclarar pérdidas por 14 mil mdp por caso Agro Nitrogenados


José Antonio González Anaya , director de Pemex. Foto: Octavio Gómez
José Antonio González Anaya , director de Pemex. Foto: Octavio Gómez


PROCESO 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de cuatro años de pérdidas que alcanzan los 14 mil millones de pesos para Petróleos Mexicanos (Pemex), las comisiones del Poder Legislativo avalaron pedir información al director de la empresa productiva del Estado, José Antonio González Anaya.
El tema se llevará al pleno este miércoles 14 y se espera que se avale por mayoría de votos, ya que hoy martes la propuesta fue respaldada por la llamada Tercera Comisión de la Permanente.
Se trata de la compra a Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos, y a su socio Xavier Autrey, quienes vendieron a Pemex la empresa Agro Nitrogenados en el 2013 a un costo de 3 mil 862 millones de pesos.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó durante 2013, 2014 y 2015 diversas revisiones y su resultado fue que se compró “chatarra”, de la cual el 60% no podía ser utilizable; para reactivarla, Pemex invirtió otros mil 200 millones de pesos, reveló Proceso en su número 2107.
Este día los diputados federales por el PRD, Omar Ortega y Felipe Reyes, pidieron que se exija una explicación al director de Pemex, José Antonio González Anaya –quien aún no asumía el cargo cuando se realizó la compra, pues en ese momento figuraba como responsable Emilio Lozoya Austin–, pues consideraron que se trató “de una adquisición fraudulenta”.
De acuerdo con los legisladores, la operación implicó para la petrolera una pérdida de “al menos” 760 millones de dólares, es decir, 14 mil millones de pesos al tipo de cambio actual.
Agro Nitrogenados es una empresa industrializadora de fertilizantes que fue creada por Pemex; en 1992, durante la administración de Carlos Salinas de Gortari, se le vendió a Ancira y Autrey, al igual que Altos Hornos, la cual también fue adquirida por estos dos personajes un año antes (1991). Fue el sexenio de la desincorporación de empresas estatales para entregárselas a privados.
Al recuperar Enrique Peña Nieto la presidencia de la República para el priismo, se ordenó a Pemex, a través de su Consejo de Administración, donde no sólo participó Emilio Lozoya sino también el aún secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, recomprar Agro Nitrogenados.
Según el informe que dio el Consejo en el 2013, “se tenía la oportunidad de adquirir una planta en Coatzacoalcos, Veracruz (…), que sería de gran rentabilidad”.
La ASF reportó en su última auditoria de 2015 que Pemex recompró la empresa en 3 mil 862 millones de pesos. Pero que lo adquirido fue sólo “fierro viejo”, según el avalúo realizado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales: “El nivel tecnológico se encuentra fuera de los parámetros aceptables, (…) el grado de conservación general de los bienes se encuentra en un rango de regular a malo, e inclusive la maquinaria presenta faltas de algunas partes importantes”.
En noviembre de 2015 se determinó finalmente que 60% de los activos de Agro Nitrogenados debía reemplazarse. También se estableció que Pemex invirtió mil 200 millones de pesos sólo para echar a andar la planta.
Hoy los diputados federales del PRD sostuvieron que la pérdida de Pemex alcanza ya los 14 mil millones de pesos.
“Las pérdidas son mayores por lo inservible de la mayoría de la planta y por el retraso de su rehabilitación y generación de dividendos”, explicó Omar Ortega.
El 17 de mayo pasado ambos legisladores presentaron a la Comisión Permanente una propuesta de punto de acuerdo para citar al director de Pemex a una reunión de trabajo para aclarar la irregular compra denunciada en principio por la Auditoría Superior de la Federación.
Ambos legisladores recordaron que la ASF “reportó reducción de metas y aumento del monto contratado sin justificación, pues no se consideró integrar nueva tecnología, no se justificaron aumentos en los costos, no se especificaron responsabilidades de las partes, no se generaron permisos ambientales, no se convocó al propietario de la tecnología para conocer los alcances de su uso y no se cumplieron diversas normas y leyes”.
La compra se pactó en 275 millones de dólares, sin embargo, un análisis posterior determinó que la rehabilitación requeriría 167 millones de dólares adicionales, para un total de 442 millones de dólares, con el objetivo de que la planta empezaría a operar en noviembre de 2015.
A la fecha, Agro Nitrogenados parece un “barril sin fondo” porque sigue sin operar, sin producir insumos para la agricultura, sin generar dividendos y sin tenerse claro cuánto más requerirá su efectiva rehabilitación. 

Trabajadores del Poder Judicial denuncian abusos laborales del Consejo de la Judicatura


Jesús Aranda
 
Periódico La Jornada
Miércoles 14 de junio de 2017, p. 14
 
Los artículos 51 y 51 bis del acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que permiten a jueces y magistrados remover libremente al personal bajo su mando, vulneran los derechos humanos laborales de los más de 40 mil empleados del Poder Judicial de la Federación. Además, violan la Constitución, artículos de las leyes Federal del Trabajo y burocrática, así como disposiciones previas del consejo que prohibían los despidos unilaterales y aun tesis jurídicas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Precisa lo anterior un análisis jurídico que la dirigencia nacional del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación entregó a los consejeros de la Judicatura, documento que exige la derogación de dicha disposición.
La aplicación del acuerdo general, reformado el 10 de junio de 2015, se ha traducido en el despido de al menos 28 trabajadores, sin garantía de audiencia previa.
Lo anterior propició un movimiento sindical inédito, de protestas pacíficas ante las sedes de la SCJN, del CJF y de juzgados y tribunales del resto de la República, en el que los trabajadores del Poder Judicial demandan la derogación de los artículos referidos, así como incremento salarial.
El documento, entregado el 15 de marzo pasado a los consejeros, apunta que el texto del artículo 97 constitucional señala que los magistrados y jueces federales nombrarán y removerán a sus funcionarios, conforme a lo que establezca la ley respecto de la carrera judicial (la cual, por cierto, no ha sido modificada); mientras el 123 precisa que los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada, en los términos que fije la ley. La llamada ley burocrática –que reglamenta ambos artículos– prevé el derecho a la estabilidad en el empleo, es decir, que los burócratas no pueden ser cesados unilateralmente.
El documento sostiene que ni la Constitución ni las leyes secundarias señalan que los trabajadores adscritos a juzgados y tribunales queden sustraídos del derecho laboral a la estabilidad en el empleo, como tampoco que el CJF tenga facultad para modificar los derechos laborales de los empleados.
Recuerda que antes de la modificación al acuerdo general –antes del cambio de 2015, el CJF ya había asentado que cuando un trabajador de base incurriera en causal de cese, los titulares de los órganos jurisdiccionales y administrativos deberían levantar el acta respectiva y demandar la terminación del nombramiento respectivo ante la Comisión Sustanciadora del Poder Judicial de la Federación, porque, de lo contrario, el cese, por sí y ante sí, será justificado.

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El paro en la ESIME, a dos semanas de terminar el semestre

Arturo Sánchez Jiménez
 
Periódico La Jornada
 
Miércoles 14 de junio de 2017, p. 35
 
Profesores, trabajadores y estudiantes de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), unidad Azcapotzalco, mantuvieron ayer el paro de labores que empezaron el viernes en protesta por la designación de Abraham Medina Ovando como director de la institución, cuya renuncia exigen.
Medina Ovando, quien desde 2016 desempeñaba el cargo como interino, y la semana pasada obtuvo la titularidad del mismo, publicó un comunicado en la página oficial de la ESIME en el que manifiesta su "más enérgica condena a las medidas de presión generadas por algunos compañeros administrativos y docentes, quienes junto con un pequeño grupo de alumnos han alterado los trabajos y la sana convivencia que como politécnicos tenemos la obligación de cumplir".
En el texto, Medina ofreció dialogar con sus opositores, y aseguró que las protestas contra su designación están relacionadas con "la molestia que ha generado en algunos grupos de interés" su gestión, durante la cual, sostuvo, "se han detectado en la escuela vicios que deben corregirse".
En tanto, también en un comunicado, los miembros de la comunidad de la escuela que exigen la renuncia de Medina consideran que en su gestión ha mostrado "una actitud autoritaria, falta de conocimiento de la institución, realizó recorte de horas de interinato, otorgó plazas para parte de su cuerpo de funcionarios y ejerció despido injustificado auspiciado por el grupo (...) Conciencia Revolucionaria". Para este miércoles, grupos que respaldan el paro de labores y otros que se oponen a él han convocado a distintas asambleas en la escuela, que está a dos semanas de concluir el semestre.

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Arquidiócesis confirma renuncia del cardenal Norberto Rivera


El cardenal Norberto Rivera Carrera. Foto: Benjamin Flores
El cardenal Norberto Rivera Carrera. Foto: Benjamin Flores


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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El cardenal Norberto Rivera Carrera presentó, en tiempo y forma, su renuncia al cargo de arzobispo primado de México, el pasado martes 6, al cumplir 75 años, tal y como lo marca el Código de Derecho Canónico.
Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis, confirmó lo anterior al señalar que “el cardenal presentó la renuncia en tiempo y en forma el mismo día que cumplió años, el 6 de junio. La presentó ante el nuncio Franco Coppola. Entregó su carta de renuncia como lo establece el Código de Derecho Canónico”.
Valdemar indicó que, por lo que respecta al cardenal Rivera Carrera, “está en absoluta disponibilidad a lo que determine el Santo Padre”.
Rivera Carrera asumió el cargo de arzobispo primado en 1995, por lo que durante 22 años ha estado al frente de la Arquidiócesis más importante del país.
Durante todo ese tiempo, según los analistas eclesiásticos, el cardenal Rivera se caracterizó por hacer grandes negocios con el culto guadalupano, cultivar relaciones con la alta clase política y empresarial, y protagonizar sonados escándalos debido a la protección que brindó a curas pederastas.
Todavía el viernes 2 de junio se interpuso una demanda penal contra él, ante la PGR, por haber protegido a 15 presuntos sacerdotes pederastas de su arquidiócesis.
Ahora, en vísperas de su salida, ya se empiezan a barajar los nombres de sus posibles sucesores, entre quienes destacan el cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo de Tlalnepantla, y Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca.

Ofrece el país muchos empleos y bajos salarios


Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Miércoles 14 de junio de 2017, p. 15
En México se está generando un volumen importante de empleos, sólo que con niveles salariales bajos. El sueldo promedio de quienes tienen educación media superior y superior es de 14 mil pesos al mes, y para quienes tienen segundaria completa es de 8 mil pesos, señala la encuesta Expectativas de Empleo Manpower Group.
Según este informe, nuestro país se encuentra entre los que se prevé un crecimiento importante en el número de plazas en la segunda mitad de 2017 y en sectores como minería, extracción y manufactura se espera un incremento en la contratación de trabajadores de 17 y 18 por ciento para los próximos tres meses.
No obstante, reconoce que los salarios son más bien bajos y la informalidad a escala nacional es muy alta, de 57.2 por ciento.
Señala en su análisis que los trabajadores que apenas terminaron la primaria consiguen empleos de 6 mil pesos al mes en promedio, mientras quienes ni siquiera concluyeron este nivel escolar, sólo pueden aspirar a salarios de 4 mil 900 pesos al mes.
Puntualiza además que poco más de 7 millones 400 mil mexicanos ganan hasta un salario mínimo, es decir, 2 mil 400 pesos al mes y otros 14 millones tienen ingresos promedio de 4 mil 800 pesos.
En cuando a la creación de empleo, reconoce que las cifras dadas a conocer por el Seguro Social son altamente positivas, pues los registros se han elevado tanto por generación de empleo como por formalización de plazas. Incluso el pronóstico de crecimiento del número de trabajadores afiliados al IMSS para el tercer trimestre de 2017, es de alrededor de 350 mil.
Al respecto, en conferencia de prensa, Fidel Arroyo, director de ventas de Manpower México, explicó que el panorama general para el país ha mejorado debido a factores como la actividad económica en el mundo durante los primeros meses del año, y por la recuperación del comercio y las actividades industriales internas.
Empleadores de todos los niveles y tamaños manifestaron en la encuesta sus intenciones de incrementar sus niveles de contratación durante el próximo trimestre. Las compañías grandes pronostican un sólido crecimiento del mercado laboral de 25 por ciento (%); las medianas, de 14%; las pequeñas reportan planes modestos de contratación del 7% y las micro de 3.0% en promedio. Sobre todo en minería, comunicaciones y transportes, comercio y servicios.
Las zonas con más posibilidad de incrementar el número de plazas son occidente, noreste y norte del país. Sin embargo hay 13% de expectativa de aumento de plazas en el centro y de 12 % en el sureste, por los desarrollos industriales que se están proyectando, expuso Arroyo.

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