martes, 13 de junio de 2017

2017 06 13 Conferencia de Prensa del Encuentro de los Pueblos por la Paz

Asociación de jubilados, "sin autoridad para reclamar patrimonio" del SME

Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Martes 13 de junio de 2017, p. 13
Quienes llamaron a que el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se rindiera, abandonaron el gremio y no continuaron en resistencia, carecen de calidad moral y legitimación jurídica para reclamar la monetarización del patrimonio que tiene esta organización, que es un legado histórico y no se venderá.
De esta forma el SME respondió a los señalamientos que hizo la Asociación de Jubilados de Luz y Fuerza del Centro (LFC) respecto de que la dirigencia de ese sindicato se ha apropiado del patrimonio de la organización –que calculan en 16 mil millones de pesos– y piden que éste se venda y se reparta entre todos los que laboraron en esa empresa.
El gremio expuso que los miembros de la referida asociación no son integrantes activos del SME, en años no hicieron vida sindical y menos participaron en la lucha de resistencia que evitó la disolución forzada de esta organización.
Por tanto, el SME indicó que no rinde cuentas a los traidores que después del ilegal decreto de extinción de LFC llamaron a la liquidación de los bienes materiales propiedad de la organización, para repartírselos como botín.
Sostuvo que el SME está legalmente constituido y su dirección fue producto de una elección democrática, está debidamente integrado y tiene facultades legales y estatutarias para administrar los bienes de la organización, los cuales no se venderán porque el gremio tendrá larga vida.

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OPINIÓN | Pablo Palma Schibler | México apuesta por las APP en infraestructura

LAS ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS SON UNA HERRAMIENTA CLAVE PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, PERMITIÉNDOLE AL GOBIERNO DETONAR LA INVERSIÓN PRIVADA EN INFRAESTRUCTURA ESENCIAL.

Las Asociaciones Público Privadas (APP) le permiten al Estado tener el beneficio de un proyecto de infraestructura a un costo competitivo, pero pagando esta inversión a lo largo del tiempo y transfiriendo ciertos riesgos que el sector privado está mejor posicionado para asumir. En tiempos de recortes presupuestales se convierte en una gran alternativa para avanzar en reducir la brecha en infraestructura que seguimos teniendo en el país. Siendo México un país joven, cada vez va a haber más necesidad de escuelas, hospitales y carreteras, y son servicios de infraestructura en que los inversionistas privados especializados en la materia pueden aportar de manera proactiva mediante una APP la solución para desarrollar la infraestructura que requiere el país.
Este año el Gobierno federal licitará 18 nuevos proyectos de infraestructura a través del modelo de Asociación Público Privada, con los que espera construir activos carreteros, hospitalarios y carcelarios en beneficio de la sociedad. Es un anuncio positivo para el país. Sin embargo, es un modelo que apenas empieza a ser aplicado en México y para el que todavía hay mucho que hacer en materia regulatoria.
El modelo de Asociación Público Privada que conocemos fue concebido en el Reino Unido en 1992, como Private Finance Initiative (PFI), y posteriormente se expandió en países como Australia, Canadá y Chile, que son los países en donde este esquema está más desarrollado y reglamentado. Dentro de las grandes obras internacionales que se han construido con este modelo, se
encuentran la autopista 407 ETR en Canadá y la planta desalinizadora Victorian en Australia. En Macquarie Infrastructure and Real Assets hemos desarrollado y gestionado proyectos de infraestructura, incluyendo APP, desde hace más de 20 años y al 30 de septiembre de 2016 administramos 104.1 mil millones de dólares en activos, contando con inversiones en más de 110 proyectos de infraestructura que proveen servicios a más de 100 millones de personas cada día en todo el mundo.
Una APP es básicamente una asociación entre un ente gubernamental que quiere desarrollar un activo de infraestructura y participante del sector privado que ha demostrado las capacidades técnicas y financieras para completar este desarrollo a cambio de una compensación o contraprestación acordada. La APP establece los riesgos que asume cada una de las partes (gobierno y sector privado) y rige la relación comercial durante la vida del proyecto.
Generalmente el ente gubernamental que busca hacer este desarrollo realiza un análisis de las opciones que tiene para llevarlo a cabo, por ejemplo como obra pública o como una APP. Este comparativo analiza ventajas y desventajas de cada modelo de procura y establece la manera considerada más óptima para la provisión del servicio de infraestructura requerido, tomando en cuenta los costos de cada opción y los beneficios sociales y económicos del proyecto. Este proceso incluye un análisis de rentabilidad, tanto social como económica, llamado en inglés “value for money”. También establece una propuesta de qué riesgos se asignan a la parte que está mejor posicionada para asumir dichos riesgos. En este caso podemos estar hablando de diseño, costos y tiempo de construcción, financiación, riesgo de tasas de mercado, entre otros. De manera que si la autoridad decide que una APP es la manera más eficiente para proveer el servicio de
infraestructura requerido, procede a convocar a una licitación pública para que el proyecto se realice en modelo APP.
Sin embargo, también se puede dar el caso en el que mediante una “iniciativa no solicitada”, un privado identifique una oportunidad o necesidad de infraestructura, desarrolle todos los estudios y se los presente a la autoridad. La autoridad entonces determina si es la manera más óptima y procede a través de una licitación. En caso de que el privado que planteó la necesidad y los estudios técnicos no gane la licitación, el ganador le retribuye el costo de los estudios desarrollados.
Claves de las APP
–La APP debe estar correctamente planteada y estructurada para satisfacer una necesidad de infraestructura real, donde el beneficio sea mayor al costo, y exista un beneficio tangible para la población.
–La división de riesgos debe de hacerse de tal manera que cada riesgo resida del lado de la parte que está mejor posicionada para tomar dicho riesgo. El ente gubernamental le transfiere ciertos riesgos importantes de la realización del proyecto al privado que ganó la licitación y este busca acotarlos gracias a su experiencia previa, conocimiento, posibilidad de escalar los ingresos, y la correcta estructura del capital. De esta manera se puede desarrollar infraestructura necesaria a costos competitivos y se puede beneficiar a la sociedad.
–Las APP permiten a cada parte enfocarse en el área donde agregan mayor valor. El ejemplo más claro lo podemos observar en una universidad pública, donde el privado se puede enfocar en la financiación, construcción y operación de la planta física del plantel educativo y el ente gubernamental se puede enfocar en proveer educación pública de calidad.
–Las APP son soluciones para infraestructura a largo plazo, con contratos con duraciones de 20 o más años, lo cual requiere contratos que puedan responder a todo tipo de situaciones durante la vida de las asociaciones, estabilidad jurídica y en algunos casos aprobaciones presupuestales multianuales. Al finalizar el contrato, la propiedad del proyecto se revierte a la autoridad contratante.
–Las APP permiten involucrar al sector privado en la inversión en infraestructura y potenciar los recursos gubernamentales en la provisión de servicios esenciales.
Las APP en México
En México existen actualmente más de 20 APP en funcionamiento, tanto a nivel federal como estatal, de las cuales dos son administradas por Macquarie: la Universidad Politécnica de San Luis Potosí y un conjunto de 10 carreteras rurales en el estado de Durango. El modelo llegó a principios de este siglo, siendo la Universidad Politécnica de San Luis Potosí y el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío los primeros proyectos en licitarse bajo este modelo. Posteriormente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) licitó algunas APP carreteras y eventualmente se expandió este modelo a proyectos de agua, infraestructura carcelaria y edificios gubernamentales. En el año 2012 se estableció a nivel federal una ley para estos proyectos, que vino a ser un paso muy importante en el desarrollo del país.
Al pasar el tiempo hemos observado cada vez más interés en expandir el modelo de APP en México a otros sectores e incluir esta opción de procura dentro de las herramientas para la provisión de servicios de infraestructura. Algo que hemos visto en otros países como Canadá, es el establecimiento de una agencia de APP que trabaja con todos los entes gubernamentales como un equipo especializado en APP, estableciendo mejores prácticas y beneficiándose de la experiencia adquirida en la procura de este tipo de proyectos. En vez de replicar equipos gerenciales en cada ente gubernamental y establecer diferentes metodologías y soluciones contractuales, este modelo permite eficientar el proceso de gestión, potenciar este modelo e incrementar las experiencias de éxito.
Otras buenas prácticas internacionales de siguiente generación en relación a las APP incluyen la obligación de presentar propuestas con financiamiento comprometido para poder llegar a un cierre financiero de manera más expedita, mecanismos de ajuste de tasas de interés entre la presentación de propuestas y el cierre financiero, la obtención del 100% del derecho de vía antes del lanzamiento de la licitación y procesos de licitación restringida a entre tres y cinco participantes donde cada participante no ganador que hubiera presentado una propuesta técnica y económica válida recibe una cierta compensación por los gastos efectuados en la preparación de su propuesta, entre otras prácticas. Iniciativas recientes como http://www.proyectosmexico.gob.mx/ también contribuyen al fomento de infraestructura en el país.
Las Asociaciones Público Privadas son una herramienta clave para la provisión de servicios de infraestructura, permitiéndole al gobierno detonar la inversión privada en infraestructura esencial. Este modelo, bien realizado, proporciona una reducción de costos al Estado y al usuario final, y el apoyo que anunció el Gobierno mexicano es clave para que la inversión privada pueda participar en las licitaciones, sabiendo que existe el apoyo político y social para superar la actual brecha en infraestructura.

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Empleados del Poder Judicial exigen en 5 entidades respeto a sus derechos laborales

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Aspecto de la movilización de trabajadores del Poder Judicial en el Palacio de Justicia Federal, ayer en San LázaroFoto Jesús Villaseca
Periódico La Jornada
Martes 13 de junio de 2017, p. 10
Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Ciudad de México y en los estados de Chihuahua, Morelos, Tamaulipas y Oaxaca se manifestaron ayer para exigir respeto a sus derechos laborales y humanos, y cese al hostigamiento y acoso por autoridades del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Con paros de labores y mítines, los empleados pidieron también incremento salarial y pago de prestaciones.
En la capital del país, en el Palacio de Justicia Federal, en San Lázaro, los trabajadores demandaron la derogación de un acuerdo emitido por el CJF que permite que jueces y magistrados remuevan libremente a su personal, denunciaron el acoso laboral y pidieron el pago de horas extras.
Con pancartas, los trabajadores exigieron al CJF respeto a los derechos humanos y laborales de más de 40 mil trabajadores, también solicitaron la intervención de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que hablen ante el ministro presidente, Luis María Aguilar Morales, quien también preside el Consejo de la Ju­dicatura, a fin de encontrar una solución al conflicto.
Trascendió que la dirigencia nacional del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación ha buscado a ministros en retiro para que hagan eco de sus demandas.
Esta es la tercera manifestación encabezada por el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en la última semana, previamente, hicieron lo propio en las sedes del CJF y de la SCJN. La constante de las movilizaciones es que los quejosos se manifiestan fuera de sus horarios de trabajo y que no afectan la labor cotidiana de los órganos jurisdiccionales y administrativos de justicia federal.
En Cuernavaca, Morelos, Ro­sa Aguilar Escamilla, oficial administrativo del juzgado cuarto de distrito, recordó que llevan más de 16 años sin que el CJF autorice un aumento salarial a los trabajadores sindicalizados del Poder Judicial en la entidad.
En Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua, los manifestantes portaban mantas y cartulinas con mensajes como demandamos la restitución de los derechos laborales que nos otorgó el Congreso de la Unión, de los cuales nos despojó el Consejo de la Judicatura Federal.
En Salina Cruz, Oaxaca, unos 80 empleados protestaron para exigir que se revoque el acuerdo suscrito por el CJF que faculta a los jueces y magistrados despedir a los trabajadores sin ningún derecho de audiencia. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, también hubo protestas.
(Jesús Aranda, Rubicela Morelos, Rubén Villalpando, Diana Manzo y Carlos Figueroa)

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México atrae inversión extranjera porque no respeta derechos humanos: activista Bettina Cruz


La activista oaxaqueña Bettina Cruz Velázquez. Foto: Haz que se vean
La activista oaxaqueña Bettina Cruz Velázquez. Foto: Haz que se vean


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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La activista oaxaqueña Bettina Cruz Velázquez se muestra categórica: las empresas ponen sus intereses comerciales y sus inversiones por encima de los derechos de las poblaciones locales y México atrae inversiones extranjeras “precisamente porque no se respetan los derechos humanos”.
La profesora indígena recibió amenazas de muerte por su activismo contra el proyecto eólico en la región del Istmo de Tehuantepec, uno de los casos destacados en el informe final sobre México del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, el cual fue presentado durante el consejo de derechos humanos de la ONU el jueves pasado.
Este documento determinó que el gobierno mexicano incumplió con sus obligaciones, ya que no garantiza el derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, además de que no logra proteger a los defensores de derechos humanos y tampoco vigila ni sanciona los abusos de las empresas.
Un grupo de organizaciones y defensores de derechos humanos urgió hoy al gobierno mexicano a aplicar las recomendaciones de los expertos –quienes visitaron el país en septiembre pasado–, y expresaron su decepción respecto al informe. Tenían mayores expectativas respecto al tono y al contenido del documento.
Karla Hudlet Vázquez, representante en México del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), deploró que los expertos abordaron “pocos casos” –apenas seis de los 61 casos de abusos de empresas que un grupo de organizaciones de la sociedad civil aportó durante la visita–, no entraron de fondo en los ataques directos perpetrados contra defensores de derechos humanos y dejaron de lado los proyectos turísticos, varios de los cuales se llevan a cabo en detrimento de las poblaciones locales.
“En México las empresas no tienen interés en los derechos humanos, no hay compromiso político”, lamentó la activista, quien llamó al sector privado a redirigir más sus acciones de responsabilidad social hacia los derechos humanos y menos hacia la filantropía.
Según Alicia Bustamante, pobladora de la comunidad de San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México, el grupo de expertos pudo abundar más en los impactos ambientales de los megaproyectos y en defender con mayor firmeza los derechos de los pueblos indígenas.
Otra práctica condenable que adoptan algunas empresas y que no aparece en el informe de los expertos es la contratación de sicarios y otros grupos paramilitares para reprimir las iniciativas de resistencia, añadió Cruz.
“Los gobiernos del PRI utilizan a los trabajadores de la Confederación de los Trabajadores Mexicanos (CTM) como grupo de choque”, sostuvo la integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio.
Ignacio del Valle, activista de Atenco, en el Estado de México, añadió que además de la CTM, el PRI suele desplegar a miembros de Antorcha Campesina para reprimir los movimientos sociales.
“La Ley no vale”       
Al presentar la postura de la sociedad civil sobre el informe, representantes de organizaciones denunciaron la impunidad que protege los abusos perpetrados por las empresas contra las comunidades, ya sea por casos de contaminación ambiental, acciones de hostigamiento –e incluso asesinatos– o negativa en acotar decisiones jurídicas.
Bettina Cruz recordó que en el caso del parque Energía Eólica del Sur, las comunidades lograron que la justicia determinara la suspensión definitiva del proyecto en diciembre de 2015; sin embargo, esta decisión fue cancelada en agosto pasado. “La ley no vale”, lamentó la activista.
María González Valencia, integrante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), denunció por su parte que la contaminación extrema del río Santiago tiene su origen en la permisividad de las autoridades, las cuales no sancionan ni vigilan a las 300 empresas que vierten aguas industriales en el río.
En su informe, los expertos lamentaron que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) cuenta con apenas 300 inspectores, quienes deberían monitorear a más de 200 mil empresas potencialmente contaminantes en el país.
Mario Luna, activista yaqui que fue encarcelado durante un año por oponerse a la construcción del Acueducto Independencia, declaró que la secrecía que rodea la renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) demuestra el “desprecio real” con el que gobierno mexicano considera los pueblos indígenas.
Abundó: “Hay regiones, recursos y conocimientos que se están negociando, mucho de ellos se encuentran en nuestros territorios y nosotros no estamos participando de ninguna manera (…) excluyen a los principales interesados, que son los pueblos”.

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JFCA obliga a ex ferrocarrileros a seguir pagando cuotas al sindicato


Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Martes 13 de junio de 2017, p. 13
La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) emitió una resolución que establece que los ferrocarrileros jubilados tendrán que seguir pagando cuotas sindicales al comité ejecutivo que encabeza Víctor Flores Morales, no obstante que habían ganado un juicio para dejar de entregar estas aportaciones y que les regresaran 600 millones de pesos.
Según el expediente 25/2010, esa instancia emitió un laudo que señala que Ferrocarriles Nacionales en Liquidación (Ferronales) tiene que seguir aplicando los descuentos a los ex trabajadores, así como canalizarlos a la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana.
Procedencia de acción no acreditada
La Junta Especial número cuatro argumentó que la decisión se tomó debido a que Ferronales sí justificó sus defensas para seguir quitando los recursos por este concepto a los trabajadores, mientras la representación de los jubilados no acreditó la procedencia de su acción.
De esta forma, absolvió a Ferronales de todas y cada una de las acciones y pretensiones ejercitadas por los ex trabajadores, y señaló la nulidad de cualquier documento que establezca que las cuotas deben ser entregadas a diversas personas.
Los ex ferrocarrileros demandan que les reintegren las cuotas que durante años han aportado cuando se dieron por terminadas las relaciones laborales y los sacaron del estatuto sindical.
En el laudo se indica que “se absuelve a la demandada Ferronales y terceros interesados del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros, así como a Nacional Financiera –en su carácter de fiduciaria del fideicomiso número 5012-6, denominado Ferronales– Jub, de las acciones intentadas por los actores en el presente juicio”.
El sexto tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito, por unanimidad de votos, había concedido el amparo hace casi un año y medio, así como la protección de la justicia a los jubilados y la suspensión inmediata de la entrega de cuotas al sindicato que dirige Víctor Flores; también, el rembolso de estos recursos a los ex trabajadores.
La Federación de Ferrocarrileros Jubilados, cuyos representantes son los que han llevado a cabo el proceso legal, argumentó que a los trabajadores los sacaron del estatuto sindical, así como que el requisito fundamental para el descuento es que sean miembros del sindicato; sin embargo, no lo son, por lo que los descuentos son ilegales.
Por ello es ilegal que las autoridades sigan descontando estos recursos en favor de Víctor Félix Flores Morales, una cuota que en la actualidad desde la conformación del fideicomiso ha descontado por más de 600 millones de pesos.
La organización indicó que es inverosímil que no obstante que el sindicato ya quebró el fideicomiso Ferronales Jub 5012; así como otro más, referente al seguro de vida –el cual ahora el gobierno tiene que pagar con recursos del erario a las viudas, hijos y familiares de los trabajadores–, se le permita seguir exprimiendo a los jubilados.
Por esta razón se analiza interponer un amparo contra el acto de la JFCA.

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Habitantes de Santa Cruz Ayotuxco frenan obras de la vía Toluca-Naucalpan


La construcción de la autopista Toluca-Naucalpan. Foto: Especial
La construcción de la autopista Toluca-Naucalpan. Foto: Especial


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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Habitantes de la comunidad mexiquense de Santa Cruz Ayotuxco detuvieron hoy la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, debido que tienen un amparo de suspensión de dicha obra en el tramo que pasa por su localidad.
Abundio, uno de los pobladores, indicó:
“El pueblo está enojado. Tenemos un amparo de suspensión de obra, el cual nos fue otorgado por las autoridades federales al comprobar que somos propietarios de estas tierras. Sin embargo, la obra continúa, por eso hoy decidimos parar la maquinaria”.
Las tierras comunales afectadas por la obra son 30 hectáreas, las cuales quedarán divididas e incomunicadas en el tramo localizado en el kilómetro 27 de la autopista Toluca-Naucalpan.
Los lugareños de Santa Cruz Ayotuxco argumentan que son víctimas de un “despojo”, ya que ni siquiera se les pidió permiso para realizar la obra sobre sus tierras.
“Nadie nos consultó, informó o pidió permiso para ocupar nuestras tierras. Esto es un despojo”, agregó Abundio.
Y exigió la presencia de las autoridades federales para que resuelvan el problema.
“La nueva autopista divide a nuestra comunidad y pueblos cercanos. A Santa Cruz Ayotuxco nos partió en dos. Exigimos la presencia de las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que se respeten nuestros derechos”, concluyó Abundio.

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Esime Azcapotzalco mantiene paro de labores


Emir Olivares Alonso
 
Periódico La Jornada
Martes 13 de junio de 2017, p. 31
Integrantes de la comunidad de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (Esime) Unidad Azcapotzalco, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), mantuvieron ayer el paro de labores que comenzaron el viernes de la semana pasada en demanda de la renuncia del director de la escuela, Abraham Medina Ovando.
Señalaron que el funcionario, quien era director interino y el viernes fue designado formalmente en el cargo por el director general del IPN, Enrique Fernández Fassnacht, no cuenta con el apoyo de la comunidad. Por ello, demandaron que el secretario general de la casa de estudios, Gregorio Mendoza, visite hoy el plantel para llevar a cabo la designación del nuevo director, el cual deberá ser escogido de los dos candidatos restantes seleccionados en la terna, que sí obtuvieron mayoría de votos en el proceso de auscultación.
Los politécnicos que participan en la toma del plantel exigieron que no haya represalias penales, académicas ni administrativas en su contra.
Hasta el cierre de esta edición, los politécnicos mantenían la toma de las instalaciones de la Esime Azcapotzalco y estaban reunidos en asamblea para definir las acciones a seguir como parte de su movimiento.

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Encapuchados prenden fuego a sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas


El repudio a Maduro en el Tribunal Supremo de Justicia. Foto: AP / Fernando Llano
El repudio a Maduro en el Tribunal Supremo de Justicia. Foto: AP / Fernando Llano


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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este día hombres encapuchados incendiaron un edificio administrativo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) durante violentos disturbios en Caracas, tras una nueva jornada de protestas contra Nicolás Maduro, el mandatario venezolano.
En esta ocasión, grupos de jóvenes con los rostros cubiertos lanzaron piedras y cócteles molotov contra las oficinas de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en Chacao, este de Caracas, desatando las llamas en la fachada.
Al final de la tarde, una inmensa columna de humo negro se alzaba sobre el edificio, de cuatro pisos, y donde también funciona una sucursal bancaria, constató un equipo de la AFP.
Incluso, decenas de manifestantes entraron a la agencia bancaria, causando destrozos. Computadoras y equipos electrónicos de la entidad financiera fueron quemados en la calle.
En tanto, militares y policías disolvieron los disturbios con bombas lacrimógenas y perdigones, mientras que el cuerpo de bomberos controló el incendio, reportó Reuters.
Los encapuchados también lanzaron piedras contra la sede del Ministerio de la Vivienda, ubicada a unos metros, de donde fueron evacuados los trabajadores, afectados por los gases.
La Dirección de la Magistratura, órgano auxiliar del TSJ con funciones de dirección, administración e inspección del Poder Judicial, había sido blanco frecuente de manifestantes desde que estallaron el 1 de abril las protestas contra Maduro, acciones que ya dejaron un saldo de 66 muertos.
Este lunes el TSJ anunció que mudará esa institución por orden de su presidente, el magistrado Maikel Moreno, por considerar Chacao, gobernado por la oposición, “un territorio sin ley”.
Según el ministro de Interior y Justicia, general Néstor Reverol, los ataques a esa oficina judicial han contado con “complicidad” de las autoridades y los cuerpos de seguridad regionales y municipales –bajo órdenes de autoridades opositoras–, calificándolos de “actos terroristas”.
Reverol ordenó la intervención de la policía del estado Miranda, cuyo gobernador es el excandidato presidencial opositor Henrique Capriles, jurisdicción a la que pertenece Chacao.
El TSJ, acusado por la oposición de servir al gobierno de Maduro, ha estado en el centro de la controversia política. Este mismo día, a las afueras de su sede principal, en el centro de Caracas, chavistas y opositores se enfrentaron a golpes y gritos.
Hoy mismo la Sala Electoral del TSJ rechazó un recurso de nulidad de la fiscal general Luisa Ortega contra la Asamblea Nacional Constituyente convocada por Maduro.
Tras esa resolución, la funcionaria impugnó el nombramiento de 33 magistrados en diciembre de 2015, por el entonces saliente Parlamento de mayoría oficialista, por considerar que su elección fue irregular y su parcialidad ha acelerado la crisis.

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Rechaza el Tribunal Supremo de Venezuela pedido de fiscal para frenar la Constituyente

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Enfrentamiento entre partidaria y oponente del presidente Nicolás Maduro ayer afuera del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, tras conocerse el rechazo a un recurso de la procuradora general, Luisa Ortega, para frenar la convocatoria a la nueva ConstituyenteFoto Afp
Afp, Reuters y Ap
 
Periódico La Jornada
Martes 13 de junio de 2017, p. 21
Caracas.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela rechazó este lunes el pedido de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, para frenar el proceso de reforma de la Constitución que impulsa el presidente Nicolás Maduro.
Horas más tarde, Ortega impugnó el nombramiento de 33 magistrados del TSJ designados en diciembre 2015 por el Congreso, en ese entonces de mayoría chavista, por considerar que su parcialidad ha acelerado la severa crisis del país.
Al profundizarse el enfrentamiento que sostiene con Maduro, Ortega denunció que su familia ha recibido amenazas y que es seguida por patrullas del servicio de inteligencia del Estado, por lo que responsabilizó al gobierno si algo les sucede.
En tanto, encapuchados incendiaron parcialmente un edificio administrativo del TSJ durante disturbios en Caracas, en otra jornada de protestas contra Maduro.
Los inconformes lanzaron piedras y cocteles molotov contra oficinas de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en Chacao, zona este de Caracas, lo que provocó un incendio en la fachada donde también funciona una sucursal bancaria, que también sufrió daños.
Militares y policías respondieron con gas lacrimógeno y disparos de perdigones.
Los encapuchados también lanzaron piedras contra el Ministerio de Vivienda.
Mientras, la sala electoral del TSJ declaró inadmisible el recurso presentado por Luisa Ortega por inepta acumulación de pretensiones, por medio de Twitter.
La fiscal, apoyada por figuras del chavismo críticas al gobierno, llamó a los venezolanos a oponerse a la Constituyente, al considerar que violenta la democracia, la progresividad de los derechos humanos y el derecho al sufragio.
La Constitución de 1999 impulsada por el ex presidente Hugo Chávez fue convocada tras un referendo y luego el nuevo texto también fue consultado en las urnas, por lo que Ortega y otros chavistas aseguran que la iniciativa de Maduro destruye el legado del fallecido líder.
La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática, que controla el Congreso, llamó a sus seguidores a acudir a formalizar su adhesión al recurso de la fiscal en la sede del TSJ, pero sus accesos fueron cercados por cientos de agentes de la Guardia Nacional.
Horas más tarde, Ortega arreció su confrontación con Maduro e impugnó el nombramiento de 33 magistrados del TSJ por considerar que su parcialidad ha acelerado la severa crisis de Venezuela.
El 23 de diciembre de 2015, en un turbulento cierre de sesiones, la Asamblea Nacional, entonces dominada por el oficialismo, nombró y tomó juramento a esos magistrados, días antes de que la oposición tomara el control legislativo el 5 de enero.
La policía del estado de Miranda, gobernado por el líder opositor, Henrique Capriles, fue intervenida este lunes por supuestos vínculos con redes delictivas, informó el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol. Capriles calificó de ataque político lo ocurrido en Twitter.
La capital venezolana amaneció este lunes casi paralizada debido a un paro organizado por cinco sectores de transportistas de Caracas, a lo que se sumó el cierre de céntricas avenidas y estaciones del Metro por orden del gobierno.

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Ejército de EU debe “ayudar” a derrotar a los cárteles del narco en México: Ted Cruz


El senador Ted Cruz. Foto: AP / Sandy Huffaker
El senador Ted Cruz. Foto: AP / Sandy Huffaker
 
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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Senador y excontendiente a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano, Ted Cruz consideró que el ejército de su país debería participar en la lucha contra los cárteles del narcotráfico en México para derrotarlos.
“Creo que deberíamos explorar muy seriamente algo como lo que hicimos en Colombia (…) donde el presidente George W. Bush trabajó con el presidente (Álvaro) Uribe para apuntar a los cárteles y sacarlos”, dijo el senador republicano en una entrevista publicada este lunes por el portal conservador Breitbart.
Abundó:
“Se trató más como un asunto de aplicación de la ley que como un asunto militar, donde nuestros militares fueron a Colombia y ayudaron a destruir a los cárteles”.
Cruz opinó que sería una acción apropiada porque “el crimen y el secuestro se vuelven casi rutinarios y la corrupción asociada con los miles de millones de dólares de recursos ilegales de tráfico de drogas, combinados con violentos cárteles criminales transnacionales, ha causado enormes daños a México y un enorme daño a Estados Unidos”.
Cruz afirmó que no se trata de una acción unilateral, porque “no deberíamos emprender una acción militar en México sin la cooperación activa del gobierno debidamente elegido allí.
“Necesitamos que el liderazgo estadunidense trate de encontrar funcionarios mexicanos dispuestos a hacerlo y necesitamos usar las herramientas que tenemos en nuestro país para asegurar las fronteras y cerrar el tráfico”, subrayó.
No es la primea vez que Ted Cruz propone la intervención del gobierno estadunidense en el combate al narco mexicano. En abril pasado llevó al Senado una iniciativa de ley que autorizaría al gobierno de su país expropiar los bienes de Joaquín El Chapo Guzmán y de otros capos de la droga, para utilizarlos en la construcción del muro y la seguridad fronteriza.
El proyecto se denomina: “Ley Para Asegurar la Recaudación Legal de Activos Ocultos para Proveer Orden”.

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