lunes, 12 de junio de 2017

Encuentro de los Pueblos por la Paz, la Soberanía y el Futuro


Gran Foro Informativo, SUBACE, LA OPCIÓN.

*"CONVOCATORIA"*
A todos los integrantes de la ANUEE, Coordinaciones Nacional,Regional, Comités,Usuarios, Organizaciones Hermanas, Publico en General:
La *"Coordinación Regional Centro"*.
Hace una amplia convocatoria para que asistan al *"Gran foro Informativo"* acerca del estado que guarda actualmente nuestro conflicto de la Energía Eléctrica, sus avances y posible solución, en esta etapa de la Lucha con la Alianza Natural e Histórica SME—ANUEE—LF del CENTRO.
Te invitamos para que estés informado, hacia donde vamos y cómo se reivindicaran nuestro derecho a la Energía Eléctrica, Una Tarifa Social Justa y lo que *"es ya una realidad"* El Borrón y Cuenta Nueva. con una nueva Suministradora básica del Centro. *"SUBACE"*: Es la Opción.
La cita es:
Fecha: Jueves 15 Junio 2017.
Hora: 16:00 hrs.
Lugar: Explanada pública Delegación G.A. Madero.
Te invitamos a informarte, integrarte a participar de este gran evento sin precedentes.

*"SUBACE"* es la Opción:
Ven conoce, informate, participa.
Atte.
Coordinación Regional Centro.
Todos a difundir.
Invitemos a familiares y amigos, que se enteren que "Si se Puede".




Necesario Impulso de los Cooperativistas LF del CENTRO ESTÁ POR ESCRITURAR 30 INMUEBLES

*Los Echará a Andar con la Ayuda de Expertos del IPN.
Participación de Martín Esparza Flores,
y Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas
Transcripción de Andrea Luna, colaboradora voluntaria, programa del 10/junio/2017


De la lista de 40 bienes inmuebles, fábricas y talleres, que se estableció en la negociación para ser entregados al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), en la primera etapa, prácticamente hay 30 listos para escriturarse. Hay otros que no existen escrituras, otros que están invadidos, ya se demostró en la propia mesa. De la segunda etapa todavía falta por recuperar entre cinco y seis bienes inmuebles.
Con esos inmuebles se está echando a andar la cooperativa. Los compañeros están trabajando las ocho unidades de negocio que se identificaron por expertos del Instituto Politécnico Nacional, como factibles técnica, administrativa, operativamente y financieramente para consolidar un proyecto de desarrollo.
De repente pensamos que es fácil echar a andar una empresa en cooperativa y aquí tiene que haber mucha voluntad de los trabajadores. Nos estamos asesorando con los especialistas del Politécnico Nacional y otra cooperativa que se llama Cadi, que son académicos e intelectuales, que son gente que ha venido apoyando distintos procesos productivos. Esperamos concluir eso para convocar a nuestras siguientes asambleas.
Uno de los temas que se identificaron en el marco de la reforma energética, con la que prácticamente desincorporaron todas las actividades del sector eléctrico, una de las áreas de identificamos es la generación de electricidad. La otra es la comercialización de la electricidad, que hoy dice la ley que son áreas de libre concurrencia.
Lo que vale la pena señalar es que ya tenemos una suministradora de usuarios calificados, que son los grandes consumidores, de un megawatt para arriba al año, ya está autorizada por la Comisión Reguladora y acaban de otorgar el permiso como participante del mercado eléctrico mayorista.
Esta suministradora va a poder tener su rango de acción en toda la república y ahí los compañeros del área comercial y de distribución son los especialistas para impulsarla. Esa y otras cosas son las que vamos a poder detonar con los trabajadores tanto en la cooperativa LF del Centro.
Por otra parte, se realizó en Ginebra la Asamblea de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su informe dice que en México hay paz laboral, que no hay huelgas, cuando en realidad el derecho a huelga es uno de los derechos de los trabajadores que se violentan.
Me parece que hay que resaltar que han podido evitar las huelgas por esa alianza perversa entre el gobierno y empresarios para despojar a los trabajadores de sus derechos para acumular mayor riqueza.
Con motivo del 46 aniversario luctuoso de la masacre de estudiantes, el 10 de junio de 1971, volvemos a explicar a auditorio que son crímenes de lesa humanidad, decisiones que toma la presidencia de la República pasando por la Secretaria de la Defensa Nacional y la Marina involucrada en todo esto, incluso las policías locales y federales. Y es la forma cómo responde el estado ante la protesta social.
Hemos visto cómo a lo largo de todos estos años, se van haciendo una serie de leyes que les dan facultades a los gobernantes para disolver cualquier protesta social. Es lo que estamos viendo, hoy después de que pasaron las elecciones del Estado de México, ha quedado ahí para todos los mexicanos como un fraude más. Ahora, ya se preparan para volver al tema de la reforma de la ley interior de seguridad, con la que pretenden dar facultades al ejército de rondar permanentemente las calles.
Esa es la respuesta del estado, la represión. Se habla de que el 10 de junio de 1971 hubo 120 jóvenes asesinados, pero en realidad no sabemos cuántos fueron, creemos que han sido más. Si tomamos todo lo que ha venido aconteciendo en los últimos años, prácticamente es un genocidio el que ha venido haciendo el que ha cometido el Estado contra los movimientos sociales: indígenas, campesinos, estudiantes, trabajadores, es una lista interminable de ataques contra el pueblo. 

El negro historial de la represión en México (Parte II y última: De los homicidios políticos a la criminalización social)


Carlos Salinas de Gortari  concluyó  su sexenio atrapado entre las dudas de los asesinatos perpetrados al candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, y al secretario general de ese partido, José Francisco Ruiz Massieu; su estrategia  estelar para combatir la marginación, el Programa de Solidaridad,  no alcanzó a permear en las regiones más apartadas del país y en zonas indígenas de Chiapas, en donde en enero de 1994 emergió como una respuesta a su política neoliberal el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que de inmediato fue brutalmente agredido por las fuerzas castrenses.
A Salinas no le interesó hablar de cara a la nación sobre las causas de la agobiante pobreza de millones de mexicanos, sino reprimir a quienes alzaron la voz para denunciarla.
Bastaron seis años para que Salinas concluyera el desmantelamiento y venta de las empresas públicas a precios irrisorios, iniciada por su antecesor Miguel de la Madrid Hurtado, abriendo el sector energético y entregando la soberanía económica y alimentaria a los capitales foráneos a través de la firma del TLC (Tratado de Libre Comercio). Miles de trabajadores perdieron su estabilidad laboral al ingresar en tropel las maquiladoras y el campo se convirtió en el principal expulsor de mano de obra a Estados Unidos, situación que brindó a  los cárteles la oportunidad de reclutar en sus filas a un sinnúmero de hambrientos y desesperados campesinos para convertirlos en sicarios.
En el gobierno de Ernesto Zedillo las afrentas se acrecentaron y la represión apareció con más fuerza en las comunidades indígenas y campesinas bajo el sello de un tecnócrata anodino y carente de toda sensibilidad social.
El 28 de junio de 1995, en el vado de Aguas Blancas, ubicado en el municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, fuerzas policiales de la entidad masacraron a 17 campesinos y dejaron heridos a 21 más. El gobernador Rubén Figueroa Alcocer fue destituido del cargo, pero no le fincaron responsabilidades. Algo similar ocurrió en Acteal, Chiapas, municipio en donde el 22 de diciembre de 1997, 45 indígenas de San Pedro Chenalhó fueron asesinados a manos de paramilitares por intentar establecer un autogobierno. Por esos hechos renunció al cargo Julio César Ruiz Ferro, entonces mandatario chiapaneco. Misma suerte corrió el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, pero como en Guerrero, la impunidad protegió a los políticos en turno.
Zedillo consintió la privatización de los ferrocarriles nacionales y le cargó a los mexicanos la deuda multimillonaria de los banqueros mediante el llamado Fobaproa, al igual que el rescate carretero; ambos sumaron más de 800 mil millones de pesos. Los adeudos de estos grupos empresariales fueron transformados a deuda pública. Pero no conforme con ello, el entonces presidente alentó las reformas a la Ley del IMSS, para que los ahorros de los trabajadores pasaran a ser manejados por los voraces banqueros a través de las Afores. Un agravio cometido  a millones de mexicanos que a la distancia los tiene en riesgo de afrontar una vejez miserable al no contar con los fondos necesarios para su retiro.
El gobierno de la inalcanzada transición democrática de Vicente Fox no marcó diferencia alguna en represiones y atentados neoliberales contra la economía familiar, el nivel de vida de millones de mexicanos y la represión contra los grupos sociales. Menos todavía en su lucha contra el crimen organizado, pues apenas con dos meses en el cargo, enero de 2001, “El Chapo” Guzmán se fugó del penal de alta seguridad de Puente Grande, con la complicidad de los funcionarios nombrados por el panista. Durante su administración comenzaron a dilapidarse los excedentes petroleros, sin que la economía se reactivara ni los programas sociales incidieran en un combate frontal a la marginación.
Como Salinas, Fox terminó su gobierno con dos hechos que han quedado registrados en el negro historial de las infamias cometidas al país. El 19 de febrero del 2006, 65 trabajadores quedaron atrapados al derrumbarse uno de los tiros de la Mina Pasta de Conchos, ubicada en el municipio de Nueva Rosita, Coahuila. Las instalaciones eran administradas por Minera México, propiedad de Germán Larrea, uno de los empresarios que financiaron en el 2000 la campaña presidencial del panista.
Lejos de exigir a la compañía las inmediatas labores de rescate, Vicente Fox, mediante su secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar Sáenz, encubrió el crimen de industria que, hasta hoy, sigue sin castigo. Sólo dos cuerpos fueron rescatados y los otros 63  permanecen en las entrañas del socavón siniestrado como mudos testigos de la injusticia de los gobiernos panistas hacia los trabajadores.
Dos meses más tarde, el 3 y 4 de mayo de ese año, en San Salvador Atenco, Estado de México, se suscitó una de las peores represiones de que se tenga memoria; Fox cobró a los ejidatarios y miembros del Frente Popular en Defensa de la Tierra (FPDT) la afrenta de no haberle permitido erigir en sus tierras de cultivo lo que había anunciado como su obra sexenal: el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.
Con el apoyo de las autoridades se reprimió brutalmente a los habitantes de Atenco, que apoyaban a vendedores de flores desalojados por la policía en el vecino municipio de Texcoco; al llamado del gobierno local acudieron fuerzas federales a las que no importó golpear y detener lo mismo a hombres que a menores de edad; la brutalidad fue tal que más de 60 mujeres fueron violadas y vejadas y 290 personas detenidas.
Sujetos a proceso como reos de alta peligrosidad, 12 miembros del FPDT  fueron enviados al penal del Altiplano; luego de cuatro años de lucha y movilizaciones sociales exigiendo su liberación, la Suprema Corte los declaró inocentes, el 30 de junio de 2010. Su delito consistió en  defender su tierra y el derecho a trabajarla.
Con el arribo de otro panista al poder, Felipe Calderón Hinojosa, México se dispuso a sumergirse en un baño de sangre luego de que, para legitimar su gobierno, al espurio mandatario se le ocurriera declarar la “guerra” a los ensoberbecidos cárteles de la droga, también solapados en el sexenio de Fox. Ambos exmandatarios compartieron la comisión de un gigantesco y costoso  agravio al país: dilapidaron un billón 200 mil millones de pesos de los excedentes petroleros.
Con Calderón no tardaron en aparecer la impunidad y la represión como muestras de su ineptitud para atender los graves problemas sociales y de justicia en el país. El 5 de junio de 2009, fallecieron 49 niños y 106 más resultaron gravemente heridos tras registrase un incendio en la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora. Lejos de hacer justicia, Calderón encubrió a los responsables, entre ellos a  Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima de su esposa Margarita Zavala. Hace unos días se cumplieron ocho años de la tragedia y los padres de familia siguen exigiendo que los culpables estén en la cárcel. Margarita Zavala, con el mayor de los cinismos e impunidades,  ahora quiere ser presidenta.
Meses más tarde, el 11 de octubre, Calderón operó un golpe de estado contra los trabajadores del SME, a los que mediante el uso de las fuerzas militar y policial  expulsó de sus centros de trabajo, al emitir su  decreto de extinción de  Luz y Fuerza del Centro; de la noche a la mañana el “presidente del empleo” despojó de su trabajo a  44 mil electricistas de manera injustificada. Como lo denunció el SME (Sindicato Mexicano de Electricistas), al entonces mandatario le preocupaba que un sindicato independiente obstruyera sus planes para desmantelar el sistema eléctrico nacional y entregarlo a las trasnacionales, pero su plan no logró desaparecer al SME y  su promesa de bajar  las tarifas eléctricas y mejorar el servicio nunca se cumplió. Millones de usuarios terminaron repudiándolo por la desmesurada alza en sus recibos de luz.
Al final de su gobierno quedaron regados por el país más de 80 mil cadáveres y  aún están en calidad de desaparecidos unas 20 mil personas, sin contar con la cifra incuantificable de desplazados por su fallida guerra contra el narcotráfico. Ahora, con la imposición de las reformas estructurales y la criminalización de la protesta social, la agenda de la represión empieza a saturarse; lo sucedido en Nochixtlán, Oaxaca, es el resultado de la inconformidad de los maestros a la Reforma Educativa y los despojos a miles de comunidades campesinas e indígenas por la implementación de proyectos energéticos, que engendran un clima de incalculable tensión social. Los agravios acumulados a lo largo de los  sexenios contra el pueblo de México están llegando al límite y eso deben sopesarlo con sumo cuidado los tecnócratas que insisten en rendir culto a la teoría neoliberal y la narcopolítica.
Martín Esparza 

Ordena Pemex el despido de 2 mil 785 trabajadores "por recursos insuficientes"

Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Lunes 12 de junio de 2017, p. 11
Petróleos Mexicanos (Pemex) giró una orden para que se despida a 2 mil 785 trabajadores del área de Exploración y Producción (PEP).
En el oficio número PEP-DG-SAPEP-79-2017, emitido por la Dirección General de Pemex Exploración y Producción, y dirigido a la Subdirección de Relaciones Laborales y Servicios de Personal, se indica que la decisión se toma por no contar con los recursos suficientes para el mantenimiento de las plazas.
Argumenta que el nuevo recorte es derivado de los ajustes por la contención al presupuesto de inversión, el cual impacta de manera significativa la operación relativa a Exploración y Producción y también por la reducción de las cargas de trabajo.
El documento puntualiza además que se prevé un ahorro de 2 mil 885 millones de pesos y que se trata de plazas por obra determinada, las cuales al término del contrato vigente no serán renovadas.
Según el oficio firmado por el subdirector de Administración de Portafolio de PEP, Luis Ramos Martínez, serán recortados mil 97 trabajadores del área de Pemex Perforación y Servicios (PPS); así como 299 que laboran en Servicios Marítimos de Campeche (SMC) y otros 288 del sector de Exploración.
Del mismo modo, se despedirá a 286 petroleros correspondientes a la Subdirección de Salvaguardia Estratégica (SSE); otros 206 del Bloque Sur al que pertenece Tabasco; y 353 trabajadores de los campos en aguas someras, que están bajo las clasificaciones (AS02) y (AS01).
Tampoco se les renovará el contrato a 160 petroleros del Bloque Norte; 85 de la Subdirección de Coordinación Operativa y Comercial (SCOC); y 11 más de la Subdirección de Recursos Técnicos (SGRT).
Con fecha del 30 de marzo, el oficio ya empezó a surtir efecto durante el segundo trimestre del año, en el que no se les han renovado los contratos por obra determinada a todos aquellos que se les han vencido los mismos.
En el oficio también se hace un desglose área por área del ahorro que tendrán los despidos, por ejemplo, en Perforación y Servicios la empresa calcula que por reducir más de mil trabajadores dejará de erogar mil 146 millones de pesos anuales: en Servicios Marítimos de Campeche otros 215 millones y en Exploración 308 millones de pesos, por ejemplo.
La orden de recorte de trabajadores fue enviada a la Subdirección de Relaciones Laborales y Servicios al personal y alude que básicamente se debe a la contención del presupuesto de inversión.
El Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 prevé un recorte de casi 9 mil puestos en esta empresa, de los cuales 70 por ciento serán plazas de bajo nivel.
Se desconoce si los 2 mil 785 plazas que Exploración y Producción que desaparecerán son adicionales a las ya programadas para desaparecer este año.
Los recortes masivos de personal han sido una constante en la empresa, de forma que este año de un total de más de 125 mil trabajadores, el número se reducirá a poco más de 116 mil. En cambio, en 2017 crecerá el número de altos mandos de la empresa de 452 a 541, incluso se duplicará el número de directores en Pemex.
De esta forma, en 2017 la empresa petrolera encabezará el mayor número de recortes de personal presupuestados.
Cifras oficiales de Pemex señalan que en 2015 tenía 136 mil puestos de trabajo, número que si se compara con los 116 mil que quedarán al cierre del presente año, significa que en dos años habrán perdido su empleo más de 20 mil petroleros.

Fuente

Especulan Desde hace 25 Años con Dinero de Trabajadores y se lo Quieren Quedar AFORES SE QUEDAN CON EL AHORRO PARA EL TIRO SAR-92

*Es dinero que se ha acumulado equivalente al 2% del Salario de los Trabajadores en todo este Tiempo.
*Es un Atraco en Despoblado, pues si los Trabajadores deben Demandar y Pagar Abogado o no les Entregan su Dinero.
 
En 1992 cuando se estaban privatizando los banco, Carlos Salinas de Gortari, entonces presidente de la República, envió una iniciativa al Congreso de la Unión para que el 2% del salario de los trabajadores no se les entregara, sino que se canalizara directamente como un ahorro para el retiro a la banca, lo que se denominó SAR-92.
A los trabajadores se les dijo que era un dinerito extra que recibirían al final de su vida laboral, pero que no lo podrían tocar, salvo en caso de desempleo o de un accidente o enfermedad que los colocara fuera del trabajo o, bien su viuda, en caso de muerte, como una especie de autopréstamo, pero sólo después de 10 años de mantenerlo en la banca.
Los bancos, sin embargo, especulando con el 2% del salario de los trabajadores ganarían 80.3 millones de pesos desde los primeros 3 meses de operaciones del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR-92), según un informe actuarial que presentaron los entonces diputados federales Rubén Alvarez Garín (hoy finado) y Jesús Martín del Campo.
Los bancos recién privatizados a ricas familias mexicanas, también se quedan con el total de lo que ganen durante los 4 a 6 días siguientes del depósito de ese dinero, que supuestamente hace el patrón, pero es un porcentaje del salario de los trabajadores que no se les paga.
A pesar de las promesas que hizo Salinas de Gortari de que sería un dinerito extra para los trabajadores -a quienes forzaron a ahorrar en beneficio de la banca privatizada- hoy quienes se jubilan no lo pueden cobrar porque las Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (Afores) se niegan a entregárselos.
El licenciado Jesus Luna, colaborador voluntario de Frecuencia Laboral: El Espacio donde los Trabajadores son la Noticia, aseguró que los trabajadores son forzados a interponer una demanda que se prolonga por años, para recuperar su dinero y, además, tienen que pagar los servicios de un abogado, si no lo hacen no pueden recuperar el porcentaje de su salario que con el que los banqueros especularon durante los últimos 25 años. 

Poder de compra de salarios, el gran perdedor en el repunte inflacionario

Foto
Las compras se reducirán este año por el menor ingreso real de los trabajadoresFoto Roberto García
Roberto González Amador
 
Periódico La Jornada
Lunes 12 de junio de 2017, p. 20
El poder de compra de los salarios se convirtió en el claro perdedor en el repunte inflacionario que se inició con el año, a partir del incremento del precio de los combustibles y el efecto de la depreciación del peso frente al dólar en el costo final de bienes y servicios, muestran datos oficiales.
Por quinto mes consecutivo, en mayo el aumento promedio de los salarios contractuales fue inferior a la inflación acumulada en los 12 meses precedentes. En la práctica, el alza del ingreso de los trabajadores fue menor al repunte que registraron los precios, según datos del Banco de México (BdeM).
Hasta diciembre pasado, los incrementos salariales superaron la inflación. Incluso, en los primeros cinco meses de 2016 el ingreso de los trabajadores repuntó al doble de lo que lo hicieron los precios. Ello permitió un aumento del poder de compra y, de esa manera, un fortalecimiento del consumo en el mercado interno, uno de los motores de la economía en el pasado par de años.
En mayo de 2017 el incremento de los salarios contractuales fue, en promedio, de 4.8 por ciento, de acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esa alza fue insuficiente para resarcir la inflación de los 12 meses precedentes, que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía se situó en 6.16 por ciento. Con ello el poder de compra tuvo una caída real de 1.30.
Lo ocurrido en mayo confirma una tendencia iniciada con el gasolinazo del primero de enero pasado, cuando el gobierno federal decidió liberar el precio de los combustibles, lo cual, en la práctica, se tradujo en un incremento de 24 por ciento en el precio que pagan los consumidores por gasolina y diésel.
En enero de este año, el alza promedio de los salarios contractuales fue de 4.14 por ciento, mientras la inflación de los 12 meses precedentes se situó en 4.72.
A partir de ahí la brecha entre salarios y precios se fue ampliando, según los datos del BdeM.
En febrero los salarios contractuales tuvieron un aumento de 4.55 por ciento, con una inflación en los 12 meses precedentes de 4.86; en marzo, el incremento salarial fue de 4.69 y la inflación anual de 5.35; en abril, mientras las negociaciones contractuales se saldaron en 3.91 por ciento, los precios repuntaron 5.82 a tasa anual, de acuerdo con la información oficial.
En contraste, en diciembre de 2016 el aumento promedio de los salarios contractuales fue de 4.14 por ciento, con una inflación anual de 3.36.
Efectos del desgaste salarial
En el pasado par de años, el repunte del gasto en consumo, impulsado por la recuperación de los salarios, que crecían más que la inflación, fue uno de los factores que contribuyeron al desarrollo de la economía.
“La tasa de crecimiento promedio anual del consumo privado en 2015 fue de 2.7 por ciento y para 2016 aumentó a 3.2. Entre otros factores, la evolución positiva del consumo privado fue impulsada por el crecimiento del salario real –arriba de la inflación– que se registró en esos años, como fue el caso del salario medio de cotización de los trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social”, explicó BBVA Research en su estudio Situación México, correspondiente al segundo trimestre de 2017.
En 2015 y 2016, abundó, el consumo privado tuvo una importante contribución con el crecimiento del producto interno bruto.
Diversos factores recientes han afectado el consumo privado. Uno de éstos ha sido el incremento de la inflación interanual, pues pasó de 3.4 por ciento en diciembre de 2016 a 5.4 ciento en marzo de 2017 (y 6.16 en mayo). Esta mayor inflación ha hecho que el salario real registre tasas de crecimiento reales negativas. Es decir, consideramos que el menor ingreso real de los trabajadores propiciará un menor ritmo de expansión del consumo privado a lo largo de 2017, expuso BBVA Research.
En lo que va del año, el promedio de las negociaciones alcanzó 4.5 por ciento, con una inflación de 6.16 por ciento al quinto mes de 2017.

Fuente

Solicitó un Informe por Declarar Inexistencia de las Relaciones Laborales en CIDH PIDE A MEXICO EXPLICAR EL CASO CANANEA

*En 2009 el Gobierno de Felipe Calderón Declaró Inexistentes las Relaciones de Trabajo Provocó un Despido Masivo.
*El entonces secretario de Gobernación, Fernándo Gómerz Mort, Asesoraba al Dueño de la Mina Cananea: Juez y Parte.
*El Gobierno Mexicano pidió un Tiempo para Responder...pero ya se Tardó Medio Año.

El gobierno mexicano pidió un tiempo para responder al cuestionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de por qué decretó la terminación de la relación laboral con los mineros de Canea tras estallar su huelga hace casi 10 años, pero ya se tardó medio año y no ha respondido el comunicado del organismo internacional ante el cual los trabajadores afectados interpusieron una denuncia.
El próximo 30 de julio del 2017 se cumplen 10 años de huelga en la mina de Cananea, Sonora, a la que su dueño Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México, cambió el nombre por el de Buenavista del Cobre y recontrató trabajadores a los que les paga menos que a los mineros que despidió, luego de que el 19 de abril del 2009 el gobierno de Felipe Calderón ilegalmente declaró terminadas las relaciones de trabajo.
Así lo dijo Antonio Navarrete Aguirre vocero de la sección 65 del Sindicato Minero, con sede en Cananea, Sonora en entrevista para Frecuencia Laboral el Espacio en Donde los Trabajadores son la Noticia.
La huelga por mejores condiciones de seguridad e higiene en el trabajo estalló el 30 de julio del 2007, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ( JFCA ) declaró inexistente la huelga, pese a que se cumplieron todos los trámites legales correspondientes.
En el 2009 se les otorgó la legalidad de la huelga, pero la empresa Grupo México de Germán Larrea, uno de los hombres más ricos de México, cuyo abogado era al mismo tiempo el secretario de Gobernación, Fernándo Gómez Mont, cerró la mina aduciendo causas de fuerza mayor.
La autoridad lo complació y aceptó el cierre de la mina dejando a mil 200 trabajadores en el desempleo, con lo cual también provocó daños a todo el pueblo de Cananea, pues dejó de suministrar recursos al hospital de la empresa, que atendía a las familias de esos trabajadores, a las escuelas donde estudiaban sus hijos y dejaron de recibir el servicio de luz eléctrica.
En el 2010 Grupo México abrió de nueva cuenta la mina y contrató nuevos trabajadores, utilizando a la Policía Federal y al ejército para quitarles la mina a los mineros huelguistas. Dos años después, el sindicato acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH ) para denunciar a Grupo Méxicoy al gobierno federal por haberles quitado el derecho al empleo.
Después de 5 años la comisión contestó y pidió al gobierno federal que muestre las pruebas de por qué terminó la relación laboral con los mineros de Cananea, y le otorgó 3 meses para contestar. El gobierno Mexicano le solicitó un mes más de prórroga, pero no ha cumplido con la rendición de cuentas.
El gobierno mexicano también le solicitó a la ( CIDH ) que se pronuncie por la no revisión al asunto de terminación de relación laboral de los mineros con Grupo México.
En ese proceso ilegal de terminación de relaciones laborales, la empresa les ofreció a los mineros sindicalizados en la sección 65, una liquidación de 60 mil pesos para los de más de 20 años de antigüedad, pero el sindicato minero la rechazó, por lo cual hasta hoy se mantienen en resistencia y reclamando el regreso a su fuente de empleo.
El 6 de agosto de 2014 se derramó la presa que contenía acido sulfúrico y otros químicos propiedad de Grupo México y contaminó con este veneno al rio Sonora y a la presa El Molinito, que surte de agua potable a la Ciudad de Hermosillo. El sindicato había denunciado este riesgo en el pliego petitorio que motivó de la huelga.
"Estamos en espera de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos resuelva nuestro caso y por esa vía se resuelva el conflicto y tengamos nuevamente nuestro trabajo, Celebraremos este décimo aniversario del conflicto, invitamos a todas las organizaciones para que vean como hemos resistido los trabajadores mineros, el 30 de julio realizaremos una caravana de protesta de Cananea hasta Hermosillo", agregó Antonio Navarrete.
FECHAS PARA RECORDAR
el 14 de abril de 2009 la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dictó un laudo en virtud del cual declaró terminadas las relaciones de trabajo que tenía la empresa Mexicana de Cananea y el Sindicato Minero, por la supuesta existencia de una causa de fuerza mayor, argumentando como tal el grado de deterioro y destrucción en que se encontraban las instalaciones de la citada empresa.
Los mineros se ampararon y el miércoles 21 de abril del 2010, la SCJN declaró infundados los recursos de reclamación que el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos, había interpuesto en contra de la determinación del Presidente de dicha Sala de no admitir el recurso de revisión interpuesto por el Sindicato Minero, en contra de la negativa de amparo en el caso de la terminación de las relaciones de trabajo en la empresa Mexicana de Cananea. (Leer Noticia Relacionada: LA SUPREMA CORTE FALLA EN CONTRA DEL PUEBLO DE CANANEA link: http://www.frecuencialaboral.com/cananeapierdeamparo2010.html)

IMSS discrimina y recorta incapacidad por maternidad a siete embarazadas, según la CNDH



Mikel Arriola, titular del IMSS. Foto: Octavio Gómez
 
PROCESO 
 
CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al IMSS por su negativa a otorgar a siete derechohabientes el periodo completo de incapacidad por maternidad de 12 semanas a que tienen derecho.
En un comunicado, el organismo informó que emitió la Recomendación 23/2017 dirigida al director general de esa institución, Mikel Andoni Arriola Peñalosa, para salvaguardar, entre otros, los derechos a la igualdad y no discriminación de siete mujeres y de sus hijas e hijos, ante la disminución indebida del periodo de incapacidad por maternidad tratándose de partos anticipados.
Lo anterior, precisó la CNDH, basado en el artículo 123 constitucional, el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo y diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.
“Se trata de restricciones ilegítimas al derecho a la seguridad social, en la modalidad de protección a la maternidad, mediante las cuales se violaron los derechos humanos a la seguridad jurídica y legalidad; a la igualdad y no discriminación, y a una vida libre de violencia de las agraviadas, que también trasgredieron el principio del interés superior de la niñez, contra sus ocho menores hijas e hijos”, precisó el organismo.
Agregó que se integraron siete expedientes con motivo de igual número de quejas interpuestas por las víctimas.
Precisó que en cuatro casos el nacimiento ocurrió antes de que las mujeres trabajadoras aseguradas por el IMSS contaran con el periodo de descanso prenatal, que se otorga a las 34 semanas de gestación; por lo que una vez presentado el parto, el IMSS sólo les otorgó 42 días de incapacidad postparto, lo que redujo a la mitad el periodo de 12 semanas de descanso y recuperación a que tienen derecho.
En los otros tres casos, el IMSS determinó reducir dicho periodo debido a que la fecha del parto no coincidió con la calculada por los médicos del Instituto o por haber proporcionado información insuficiente a las mujeres trabajadoras, lo que ocasionó que no acudieran a tiempo a solicitar la incapacidad por maternidad; de modo que, en lugar de haber contado con un lapso de recuperación correspondiente a 84 días (12 semanas), en un caso fue de 59, en otro de 63 y en el tercero de sólo 42 días.
De la información recabada por la CNDH, se acreditó que la reducción en el periodo de incapacidad por maternidad se aplica de manera general a todas las madres trabajadoras aseguradas del IMSS que presentan partos prematuros; e incluso, en un reciente criterio emitido por el Instituto con la finalidad de permitir la transferencia de semanas de maternidad del periodo prenatal al postnatal, expresamente excluye a las mujeres cuyo producto de la gestación nazca antes de las 34 semanas, a quienes sólo se les otorgan 42 días de descanso y no los 84 con que cuentan todas las mujeres aseguradas y derechohabientes que concluyen su embarazo en la forma prevista por el Instituto.
Como consecuencia de las violaciones a derechos humanos de las víctimas, causadas por los servidores públicos del IMSS señalados en la recomendación, la CNDH consideró procedente la reparación integral de los daños que les fueron ocasionados, a través de medidas de restitución, satisfacción y de no repetición, en términos de la Ley General de Víctimas. Dicha reparación deberá contemplar el pago del subsidio económico y el otorgamiento del descanso, con el que se garantice su derecho a 84 días de incapacidad por maternidad.
Además, la Comisión recomendó al IMSS iniciar las acciones para que su normatividad sea modificada a efecto de ajustarla a los estándares de derechos humanos, tanto de fuente nacional como internacional, con el objeto de garantizar a todas las mujeres afiliadas a ese Instituto su derecho a la seguridad social, en la modalidad de protección a la maternidad, mediante el otorgamiento de las 12 semanas de descanso, independientemente del número de semanas de gestación que hubieren transcurrido al momento del nacimiento; e incluso, valorar la ampliación de dicho periodo hasta 14 semanas, en caso de que el producto de la gestación requiera atención médica hospitalaria o nazca con alguna discapacidad, como lo reconoce la Ley Federal del Trabajo en su artículo 170.
También se recomienda al IMSS impartir a su personal cursos en temas de educación, formación y capacitación en materia de derechos humanos, principio del interés superior de la niñez, interpretación conforme y pro persona, así como realizar campañas de difusión, con objeto de garantizar que en cada una de las Unidades de Medicina Familiar y Hospitales de Alta Especialidad con atención gineco-obstétrica, se proporcione información oportuna, clara y precisa a las madres trabajadoras, respecto del derecho a contar con el periodo de descanso por maternidad de 12 semanas; e incluso, con la posibilidad de transferir semanas y ampliarlo en los casos previstos por el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo.

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El Caso de la Guardería ABC REDUCEN LA CONDENA A RESPONSABLES DEL INCENDIO

*El Juez Lejos de Hacer Justicia, Reduce el Castigo.
*La Prima de Margarita Zavala, Aspirante a una Candidatura Presidencial, Nunca fue Procesada.
 
 
Revés a los padres de familia de los niños quemados en la guardería ABC del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hermosillo Sonora el 5 de junio del 2009, debido a que redujeron la sentencia a los responsables del incendio y hasta la fecha quedaron impunes los dueños de la instancia infantil, entre los que está una prima de la esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala.
En entrevista para Frecuencia Laboral el espacio en donde los trabajadores son la noticia, Julio Cesar Marques padre del niño Julio Cesar Marques Baez muerto en ese fatídico incendio, detalló que desde mayo del 2016, el juez primero de distrito Raúl Martínez Martínez con residencia en Hermosillo Sonora, dictó sentencia contra 19 personas.
La condena fue de 29 años de cárcel, pero los sentenciado apelaron y el asunto recayó en el quinto tribunal unitario con residencia en Hermosillo. Después de un año el juez redujo la sentencia a 10 de ellos a 14 años y 8 meses 20 días de prisión, mientras que a otros 9 los demás ratificó la sentencia de 29 años de prisión.
Esta decisión del magistrado Edmundo Pérez Alcalá va en contra de lo que nosotros consideramos justo, vemos con esta acción que la autoridad no tiene voluntad de impartir justicia. Cabe mencionar que todos alcanzaron fianza porque las muertes fueron clasificadas como homicidios dolosos, solo Cesar Arturo Leyva ex delegado del IMSS en Sonora , fue encarcelado.
Nosotros nos vamos a amparar contra la decisión del magistrado.
La Procuraduría General de la República ( PGR ) solo investigó a implicados de bajo nivel en el organigrama, nosotros señalamos que había elementos para imputarle responsabilidad al ex gobernador Alejandro Burns, y a Juan Molinar Orcasitas ( ya fallecido ) ex director del IMSS, y Daniel Caram Pumé, pero no nos hicieron caso, la autoridad desestimó las pruebas que entregamos.
Nunca fueron llamados a rendir cuentas por la muerte de 49 niños y niñas y 80 heridos con quemaduras para el resto de su vida.
Dentro de los sentenciados se encuentran dos socios de la guardería, los otros dos fueron exonerados, una de ellas es Marcia Martín de Alta Gracia Gómez del Campo prima segunda de Margarita Zavala esposa del ex presidente Felípe Calderón.
A los que si sentenciaron fueron a personal de protección civil, algunos bomberos y personal de bajo perfil del IMSS de Sonora. 

Consolidan sistema de avisos sobre accidentes de trabajo

Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Lunes 12 de junio de 2017, p. 8
El Sistema de Avisos de Accidentes de Trabajo (SIAAT) fue consolidado por la secretaría del ramo. Se trata de una herramienta para hacer accesibles e inmediatos los reportes sobre percances laborales y evitar que los patrones sean sancionados con multas que van desde 3 mil 775 hasta 150 mil pesos, conforme la unidad de medida y actualización (UMA). Además, permite verificar la notificación de los informes de riesgos laborales que ocurren en los centros de trabajo, por lo que el número de registros en este sistema aumentó 18.19 por ciento en año y medio de operación. El SIAAT opera desde enero de 2016 y al cierre de mayo pasado se tenían registradas en esta herramienta electrónica 6 mil 146 empresas o representantes habilitados, ya que facilita a los patrones presentar ante la autoridad laboral los avisos de accidentes y defunciones de empleados en su actividad productiva. 

Masacraron a Estudiantes por Ejercer su Derecho a la Manifestación Pública 10 DE JUNIO de 1971 NO SE DEBE OLVIDAR

 
El presente escrito es un testimonio que sólo recoge una parte de lo que recuerdo y de lo que vivió el movimiento estudiantil, desde finales de la década de los sesenta y principios de los setentas, en los que encuentro ciertos elementos que se parecen con la masacre y desaparición forzada de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, en donde existe un espíritu de rebeldía, de rechazo a la opresión de la clase dominante.
Desde 1968 en México estalló la protesta estudiantil, que fue reprimida por el ejército y los paramilitares en el mes de octubre. Acción mandatada por funcionarios sin escrúpulos, al igual que los actos opresivos que han ocurrido después.
¿Qué sucedió ese jueves 10 de junio de 1971?
El jueves de Corpus o dia de las mulas, como se conoce mas popularmente, los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, principalmente, y de la Universidad Nacional Autónoma de México habían decidido que iban a manifestarse por diversas demandas como: •  Derogación de la Ley Orgánica de la Universidad de Nuevo León; •  Democratización de la enseñanza; •  Desaparición de todas las Juntas de Gobierno de las Universidades del país y de todas sus actuales leyes orgánicas; •  Derogación del reglamento del IPN, •  Representación paritaria de maestros y alumnos en los consejos técnicos de la UNAM•  Desaparición de las fatídicas porras y del llamado grupo "Francisco Villa" de la UNAM; •  Libertad a todos los presos políticos.
La marcha inicio en el Casco de Santo Tomás, a la altura del Metro Normal, por la calzada de los maestros aproximadamente a las 17:00 horas. Yo era estudiante de la Escuela Superior de Economía, en ese momento, y también me sumé a la manifestación.
Entre el Casco de Santo Tomás y la Calzada México-Tacuba había calles bloqueadas por el llamado cuerpo de granaderos. Dada mi ingenuidad, en ese momento no di importancia a tal acontecimiento, con el paso del tiempo considero que lo que hicieron con esta medida fue tapar salidas, encajonarnos.
Cuando el grupo que encabezaba la marcha apenas estaba entrando a la avenida México-Tacuba un numeroso grupo de gente joven la mayoría con palos y algunos con armas de fuego comenzaron a golpear a quien encontraban, esto nos tomó por sorpresa y mientras un pequeño grupo de amigos y compañeros nos reagrupamos, incluso arrancando pequeños arboles para defendernos, comenzaron los disparos.
Según recuerdo los disparos provenían de la parte alta del entonces cine Cosmos. Estábamos en plena trifulca en la que hubo momentos que se hizo retroceder a los jóvenes que estaban armados con palos, quienes iniciaron la agresión, luego se dejó sentir mas violentamente la ráfaga de disparos, viendo caer en medio de charcos de sangre a muchos, no sabría decir cuántos compañeros estudiantes heridos y tal vez muertos.
En esta situación lo que hicimos algunos fue correr en distintas direcciones, uno de los vecinos al cual nunca le pregunte su nombre, pero que recuerdo con cariño su gesto solidario, nos hizo pasar a su domicilio. Ahí habíamos bastantes compañeros la mayoría preocupados, asustados, ya que conforme pasaba el tiempo no sabíamos lo que pasaba afuera, los medios de comunicación, principalmente la radio, trasmitía lo que les ordenaban diciendo que había un pleito entre bandas rivales, pero lo que más nos alarmó fue que agentes buscaban en los domicilios a estudiantes.
El buen amigo que nos ayudó negó que en su domicilio hubiese alguien, posteriormente, a eso de las 4 a las 5 de la madrugada, en la cajuela de su automóvil nos fue sacando de su casa y dejándonos cerca de nuestros domicilios.
Mi agradecimiento a quien nos proporcionó semejante acto de solidaridad. ¡Viva el movimiento estudiantil, gloria a los mártires del 10 de junio de 1971! 

Contaminación de agua y conflictos sociales, daños de la minería en Chiapas y Oaxaca


Angélica Enciso L.
 
Periódico La Jornada
Lunes 12 de junio de 2017, p. 13
La explotación minera en el país ocasiona problemas de abasto y contaminación de agua, además de que genera conflictos sociales. Sólo en Chiapas hay al menos 21 concesiones y en San José del Progreso, Oaxaca, sigue el diferendo por la operación de la empresa Cucaztlán, que comenzó a explotar plata hace seis años.
En los municipios Acacoyagua y Escuintla, en la costa de Chiapas, la explotación de titanio afecta la calidad de las fuentes de agua de las comunidades, y sólo en esa zona hay al menos 21 concesiones mineras, de acuerdo con el Frente Popular en Defensa del Soconusco, en un documento presentado al relator especial de Naciones Unidas para el Derecho Humano al Agua Potable y al Saneamiento, Léo Heller.
Explicó que los sistemas de agua municipales obtienen líquido de los ríos Cintalapa y Cacaluta, y las tomas se encuentran justo abajo de la mina de titanio Casas Viejas, explotada por la empresa El Puntal. Desde 2004, la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó cinco proyectos extractivos en la zona de influencia de la reserva de El Triunfo y en las áreas de recarga de mantos acuíferos, con lo cual empezaron los problemas de abasto, indicó.
Señaló que han crecido los casos de cáncer de colón, estómago, hígado y riñones entre los habitantes de Acacoyagua y Escuintla. Apuntó que ha solicitado a las autoridades estudios epidemiológicos por daños a la salud y al agua por la minería, así como de calidad del líquido, pero no se han realizado.
En Ejutla y Ocotlán, Oaxaca, comunidades se oponen a la expansión del proyecto minero San José, de las empresas Cuzcatlán y Fortuna Silver Mines, y han advertido que el presidente municipal de San José del Progreso, Servando Díaz Vásquez, en diversas ocasiones ha solicitado la participación de elementos armados ante protestas de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán. Los integrantes de ésta argumentan que por mandato de asambleas comunitarias se han declarado los territorios como prohibidos para la minería desde noviembre de 2015.
En tanto, una coalición de organizaciones civiles ha solicitado a las agencias gubernamentales de Canadá y Estados Unidos, encargadas de regular las leyes de valores en esos países, que investiguen si la empresa Almaden Minerals, de origen canadiense, ya que infringió los requisitos de divulgación que deben cubrir las compañías que cotizan en esos mercados al no revelar información clave sobre el proyecto de exploración de oro y plata conocido como Depósito Ixtaca, en el municipio Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla.

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La corrupción "nunca se va a erradicar", dice Rovelo Pico

Alejandro Cruz Flores
 
Periódico La Jornada
Lunes 12 de junio de 2017, p. 30
Cambiar el flagelo de la corrupción requiere por lo menos 40 años, afirmó el titular de la Contraloría General de la Ciudad de México, Eduardo Rovelo Pico, quien admitió que nunca se va a erradicar, sólo lo puedes mantener en niveles tolerables, pero jamás lo puedes eliminar, pues es consustancial a la sociedad.
En entrevista con este diario, señaló que las autoridades capitalinas trabajan en lo que será el sistema anticorrupción de la Ciudad de México, que entrará en vigor en marzo de 2018, para el cual, señaló, se requiere de la participación ciudadana, así como de presupuesto y voluntad política, pues de lo contrario no va a servir.
Para que el sistema pueda operar y funcionar, manifestó el funcionario, el marco jurídico es muy importante, pero no suficiente, pues la corrupción es un problema estructural y social, que requiere de la corresponsabilidad ciudadana y un entendimiento pleno de que se quiere transformar el statu quo en que se mantiene el fenómeno.
Es un hecho social (la corrupción) que radica en la desigualdad y está introyectado en el sistema. Generaciones vienen y van y el fenómeno allí está, porque el concepto de corrupción es amplio, se vislumbra desde distintos enfoques: antropológico, biológico, sicológico, jurídico, administrativo y político.
Por ello, añadió, se tiene que preparar a las nuevas generaciones para que vayan reconociendo este problema y que se requiere ponerle un alto, aunque, advirtió, no se va a erradicar porque es un hecho social.
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El titular de la Contraloría General de la Ciudad de México, Eduardo Rovelo Pico, en una imagen de archivo durante una comparecencia ante el pleno de la Asamblea LegislativaFoto Guillermo Sologuren
Rovelo Pico señaló que el nuevo sistema anticorrupción implica crear nuevas instituciones, que más que un proceso burocrático permitirá articular a todos los entes involucrados en esta tarea, para lo cual se requiere de presupuesto y voluntad política.
En el sistema anticorrupción de la Ciudad de México participarán, además de la Contraloría General, la Auditoría Superior, la Asamblea Legislativa, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, la Procuraduría General de Justicia, el Instituto de Acceso a la Información Pública y el Tribunal de la Contencioso Administrativo capitalinos, señaló.
El primer paso para su constitución, explicó, será la expedición de seis nuevas leyes locales, entre ellas la del sistema anticorrupción, de responsabilidades administrativas, auditoría y control interno; además, se deberá hacer modificaciones a otras cuatro normas, para lo cual el Poder Legislativo tiene de plazo el 19 de julio de este año.
Posteriormente, se deberá integrar el comité de participación ciudadana, instalar el comité coordinador y la secretaría ejecutiva del sistema anticorrupción de la Ciudad de México, lo cual deberá ocurrir entre el 15 de agosto y el 18 de diciembre.
A más tardar el 23 de febrero del año próximo se deberá designar al secretario técnico de la secretaría ejecutiva del sistema anticorrupción, el cual deberá empezar a operar el 8 de marzo.

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Miles defienden la realización de un referendo independentista en Cataluña

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Manifestantes se reunieron ayer en los alrededores del Palacio de Montjuïc, en Barcelona, en defensa de un referendo independentista. Según el ayuntamiento participaron unas 30 mil personas, aunque organizadores hablaron de cerca de 50 milFoto Afp
Afp
 
Periódico La Jornada
Lunes 12 de junio de 2017, p. 26
Barcelona.
Decenas de miles de personas se concentraron este domingo en Barcelona para defender un referendo sobre la independencia de Cataluña, que el gobierno regional pretende organizar a principios de octubre pese a su prohibición, constató un periodista de la agencia de noticias Afp.
Frente al palacio de Montjuïc, el ex entrenador del FC Barcelona, Pep Guardiola, ferviente independentista, leyó un manifiesto ante los asistentes –30 mil, según el ayuntamiento, 47 mil, según una fuente independentista– y el presidente autonómico, Carles Puigdemont.
Votaremos aunque el Estado español no quiera... No tenemos otra salida, la única respuesta posible es votar, dijo en catalán, castellano e inglés, al pedir el apoyo de la comunidad internacional contra los abusos de un Estado autoritario.
Puigdemont anunció el viernes que el primero de octubre se celebrará un referendo, prohibido por el Tribunal Constitucional español, sobre la independencia de esta región de 7.5 millones de habitantes del noreste de España, que tiene lengua y cultura propias.
En caso de la victoria del sí, los independentistas prevén iniciar la desconexión de España.
El gobierno español, encabezado por el conservador Mariano Rajoy, se opone a esta votación y ha declarado que la impedirá, sin precisar cómo.
Creo que la independencia es la única salida, declaró Ramon Fon, jubilado de 67 años, que asistió a la concentración, organizada por asociaciones independentistas. Quiero el referendo como un primer paso, y si mi posición es mayoritaria, alcanzar la independencia, agregó, con la bandera estrellada de los independentistas a la espalda.
De acuerdo con un sondeo de un instituto gubernamental catalán, más de 73 por ciento de los catalanes está a favor de que se celebre un referendo basado en el que Escocia organizó en 2014 con el acuerdo del gobierno británico, opción que Madrid rechaza.
En noviembre de 2014 el Ejecutivo regional organizó una consulta simbólica, prohibida por Madrid, sobre la independencia en la cual participaron 2.3 millones de personas, de 6 millones de electores, y ocho de cada 10 votaron a favor de la secesión. Esto le costó al presidente autonómico de aquel momento, Artur Mas, ser condenado en marzo a dos años de inhabilitación.

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