viernes, 9 de junio de 2017

COMUNICADO DEL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS.

En medio del escandaloso fraude electoral  en el Estado de México y el conflicto que se avecina, "apareció" en diversos medios de comunicación una nota distractora que alude al Sindicato Mexicano de Electricistas. 

Se dice, a plana completa en periódicos amarillistas, que la "Asociación de Jubilados de Luz y Fuerza" denuncia a la dirigencia del SME por apropiarse del patrimonio de la organización, según su dicho, valuado en 16 mil millones de pesos. 

Esta acusación no es nueva, se ha repetido en boca de nuestros detractores, una y otra vez, sin que estas "denuncias" legalmente procedan. 

Ante esta campaña difamatoria, aclaramos:

1. En el SME  no existen asociaciones de jubilados.  Nuestros compañeros jubilados de Luz y Fuerza militan dentro de las estructuras organizativas del SME. 

2. Los miembros de la  "asociación" mencionada, no son miembros activos de nuestra organización; en años no hicieron vida sindical y menos participaron en la digna lucha de resistencia del SME que con muchos esfuerzos y sacrificios evitó la disolución forzada de nuestra organización. 

3. Por otro lado, nuestro Sindicato está legalmente constituido y su dirección está  legitimada por la elección democrática de sus miembros; al mismo tiempo, está legalmente reconocida por la Dirección de Registro de Asociaciones, por lo que cuenta con su respectiva toma de nota vigente.

4. Estando debidamente constituida,  nuestra  dirección tiene facultades legales y estatutarias para administrar los bienes de la organización.

5. Dicha administración esta  normada por nuestro estatuto sindical  que obliga a la dirección del SME a rendirle cuentas a nuestros afiliados y solo a ellos.  Para esto, todos los años en el mes de Octubre,  celebramos, como una obligación estatutaria, la Asamblea General Presupuestal que anualmente sanciona el ejercicio de nuestros recursos.

6.  Nosotros no le rendimos cuentas a los traidores que después del ilegal decreto de extinción de Ly F del Centro llamaron a la liquidación de los bienes materiales de nuestra organización para repartírselos como un botín. Entre ellos, varios de los que hoy se auto denominan "Asociacion de Jubilados de LyFC".

7. Quienes llamaron a la rendición y abandonaron a nuestro SME carecen de la calidad moral y legitimación jurídica para reclamar la monetarización  de un legado histórico, patrimonio de quienes lo defendieron luchando hombro con hombro.

Por lo que llamamos a la opinión pública a hacer caso omiso a los dimes y diretes de estos oportunistas y traidores a la clase obrera.

Ante este borregazo mediático, les décimos... ciudadanos mexicanos, no se distraigan, algo está pasando en el Estado de México. 

José Humberto Montes de Oca Luna. 
Secretario del Exterior. 

CDMX a 8 de junio del 2017.

¡Repudio total al fraude electoral!


Votación en el Estado de México. Foto: Hugo Cruz
Votación en el Estado de México. Foto: Hugo Cruz


PROCESO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “¡Repudio total al fraude electoral!” no es sólo la consigna de ciudadanos burlados, sino una definición política y sobre todo ética, que nunca ha perdido su vigencia en México, pero que hoy es más actual que nunca.
Una tras otra, haciendo una lista interminable, se acumulan las evidencias de las trampas urdidas y materializadas por Enrique Peña Nieto y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de México y Coahuila. Tan grave es el fraude electoral en una y en otra entidad, que deben anularse las dos.
¿Por qué? Porque los recuentos distritales en curso, de los que el Partido Acción Nacional (PAN) ya se retiró en Coahuila, sólo muestran una parte de los operativos de adulteración de la voluntad popular planificados aun antes del inicio del proceso electoral y las campañas que, en el caso del Estado de México, tuvo a Rosario Robles como la mapache mayor, sólo detrás de Peña.
El fraude electoral se comete no sólo en las urnas –como claramente se está acreditando con el recuento en la quinta parte de las casillas electorales del Estado de México, que hace caer a Alfredo del Mazo–, sino antes y durante el proceso, cuando desde el despacho presidencial se usan los recursos humanos, tecnológicos, materiales y económicos para torcer la voluntad popular.
Y no hay que soslayarlo: Lo visto en Coahuila y el Estado de México es el ensayo de lo que traman hacer Peña y el PRI en las elecciones federales del próximo año, en las que tratarán de volver a imponerse si no hay, desde ahora, una respuesta contundente de la ciudadanía, y naturalmente los partidos, para neutralizar ese proyecto.
“¡Repudio total al fraude electoral!” fue la consigna y acción que, desde los ochenta, se instaló en la sociedad ante las cotidianas maniobras para torcer los resultados electorales en el país y que, ahora, la dirigencia y la militancia del PAN deben retomar, aunque la exigencia de limpieza electoral es una causa a la que todos los mexicanos deben sumarse, salvo que sean cómplices.
El repudio al fraude electoral es, naturalmente, contra quienes lo ejercen en cualquier partido y gobierno. Y si, como el PRI denunció, el PAN también orquestó una masiva compra de votos en Coahuila, entonces que se proceda.
Difícilmente se anulará la elección en Coahuila y en el Estado de México, aunque la cercanía de Ricardo Anaya con Peña, de la que mucho se sabe en el PAN, hace más posible la primera entidad que la segunda. Ya se verá si a la demanda legítima se le cruzan las ambiciones personales.
Hay que subrayarlo: El principio básico de la democracia electoral, un ciudadano igual a un voto emitido en condiciones de libertad, jamás se ha arraigado en México, ni siquiera en el viejo Instituto Federal Electoral (IFE) encabezado por José Woldenberg que, como en la alternancia en el 2000, el resultado cubrió las porquerías.
Y el Instituto Nacional Electoral (INE), invención por cierto del PAN, es ya un fiasco: Ni arrebató el poder de los gobernadores en los órganos electorales locales, que en Coahuila y el Estado de México actúan como funcionarios del gobierno, ni logró controlar y fiscalizar los vastos recursos legales e ilegales que dominan la política.
El repudio total al fraude electoral implica, de ahora, impedir más maniobras del PRI que se sustenta en el hambre, la ignorancia y el crimen.
Comentarios en Twitter: @alvaro_delgado

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Repudian a las afueras del IEEM los resultados de elección en Edomex


La sede del IEEM. Foto: Eduardo Miranda
La sede del IEEM. Foto: Eduardo Miranda


PROCESO 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Esta tarde-noche un contingente de unas 500 personas llevó a cabo una movilización desde las Torres Bicentenario hasta las oficinas del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), con el fin de repudiar el resultado de las elecciones del domingo 4.
A las afueras de la sede electoral mexiquense en Toluca, los inconformes exigieron que se realice un conteo “voto por voto y casilla por casilla”.
Según reportes, los inconformes forman parte de al menos nueve diferentes colectivos del Estado de México.
Sin embargo, al arribar los manifestantes a las oficinas del órgano electoral local, un grupo de al menos cien elementos de la policía estatal ya se encontraban en las inmediaciones para contener cualquier eventual brote de violencia.
Los inconformes exhibieron pancartas en que las incluían mensajes de rechazo al candidato priista Alfredo del Mazo y además acusaron que se cometió un fraude en contra Delfina Gómez, candidata de Morena.
También exigieron que se lleve a cabo el conteo “voto por voto y casilla por casilla” de los resultados obtenidos en los comicios de este domingo 4.
Durante la protesta, los inconformes realizaron un bloqueo de forma temporal en los carriles centrales y laterales de la avenida Paseo Tollocan en dirección a la capital del país.

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Aumento a minisalarios debe esperar a que se estabilice la inflación: CCE


Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Viernes 9 de junio de 2017, p. 34
Un posible incremento a los salarios mínimos tendrá que esperar a que se estabilice la inflación, señaló el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, en la firma de un acuerdo con el director general del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot), César Alberto Martínez, quien busca impulsar el financiamiento a trabajadores de 22 organismos privados.
El funcionario expuso que la afiliación de más de 303 mil 900 centros laborales de todo el país ha permitido a la institución otorgar más de 58 mil millones de pesos, mediante 4 millones 380 mil 200 créditos, en sólo cuatro años y medio de la actual administración.
Destacó que ha crecido la demanda de préstamos por parte de los trabajadores, de forma que incluso en el presente año ya se otorgaron 371 mil 759, por 5 mil 987 millones de pesos. Además, el organismo ha cambiado su sistema de originación de los préstamos, conocido como Crédito Seguro, el cual incluye captura de huellas dactilares y firma electrónica, para agilizar los trámites y evitar el robo de identidad.

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Periodistas de 19 países llaman a Peña a esclarecer crímenes contra comunicadores

Blanche Petrich
 
Periódico La Jornada
Viernes 9 de junio de 2017, p. 13
Desde El Salvador, periodistas y escritores de 19 países se comprometieron a ejercer presión ante sus gobiernos –Estados Unidos, Colombia, España, Argentina, Brasil, El Salvador y Guatemala, entre otros– para que desde esas naciones se ‘‘haga uso de todas las vías diplomáticas posibles para que la falta de libertad efectiva de prensa en México sea parte de la agenda prioritaria bilateral y multilateral’’.
En una declaración suscrita por más de 200 comunicadores durante el Foro Centroamericano de Periodismo, la cual fue entregada el 5 de junio a la embajada mexicana en San Salvador para que se la haga llegar al presidente Enrique Peña Nieto, se hace un exhorto al jefe del Ejecutivo para que el aparato judicial responsable de investigar los delitos contra periodistas sea depurado con el fin de garantizar resultados en el esclarecimiento pleno de los asesinatos de los corresponsales de La Jornada Miroslava Breach Velducea y Javier Valdez Cárdenas, así como los demás informadores mexicanos ultimados en los años recientes.
El ForoCAP, que se realiza anualmente en la capital salvadoreña, se inauguró el pasado 15 de mayo y sus trabajos, debates y encuentros quedaron marcados por el impacto de la noticia, producida justo esa mañana de la ejecución de Valdez Cárdenas, reconocido como ‘‘uno de los mejores profesionales en la crónica del horror en que el crimen organizado ha sumido a la sociedad mexicana’’.
Entre los firmantes figuran varios galardonados con los premios de mayor prestigio en el continente, el Pulitzer, el María Moors Cabot y el Premio Gabriel García Márquez de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano.
Suscriben la misiva, entre otros, Raymond Bonner, el reportero de The New York Times que en 1980 reveló al mundo la masacre de El Mozote por parte del ejército salvadoreño, una de las de mayor magnitud conocidas hasta la fecha en América Latina; Alberto Salcedo Ramos, afamado cronista colombiano; Gustavo Gorriti, periodista de investigación de Perú; James Alberti, reportero brasileño que reveló los primeros rasgos del entramado corrupto de Odebrecht.
También Rodrigo Abd, fotorreportero argentino premiado con el Pulitzer y el World Press Photo por su trabajo en Afganistán y Siria; Joe Sacco, autor de reportajes periodísticos desplegados en formato de cómic; Carlos Dada y el equipo de periodistas de El Faro, quienes en 2011 fueron reconocidos en Nueva York con el premio María Moors Cabot, junto con el equipo de periodistas de RíoDoce, el diario sinaloense cofundado por Javier Valdés y donde colaboró, a la par de La Jornada, hasta su asesinato.

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Grupo Higa, Monsanto y Eólica del Sur violentan derechos humanos en México: ONU


Activistas protestan contra Monsanto. Foto: Benjamin Flores
Activistas protestan contra Monsanto. Foto: Benjamin Flores


PROCESO 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Grandes empresas como Grupo Higa, Monsanto y Energía Eólica del Sur han violentado los derechos humanos de diversas poblaciones en México.
Lo anterior se desprende del “Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas”, presentado este jueves ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
De acuerdo con Elena Villafuerte Mata, integrante del área de Justicia Transnacional en la organización Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales AC (ProDESC), quien estuvo presente en Ginebra, Suiza, durante la presentación del estudio, el gobierno de Enrique Peña Nieto habría privilegiado garantizar las obras a grandes empresas, por encima de los derechos humanos. Y la Reforma Energética, dijo, ha propiciado el aumento de atropellos a los derechos humanos por parte de las empresas.
“La realidad es que los temas de la consulta indígena, y el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, están pendientes en la agenda del Estado mexicano, pero específicamente en lo que se refiere a la Reforma Energética”, puntualizó.
Y señaló que la respuesta del gobierno federal ante el Informe “no ha despejado dudas de que empresas sigan involucrándose en nuevos atropellos”.
“El Estado mexicano hizo una intervención acotada, pero definitivamente no abordando de manera crítica o propositiva los temas que vienen en el informe, ni las recomendaciones del Grupo de Trabajo”, sostuvo.
El gobierno federal, agregó, se ha visto comprometido en diversas ocasiones con estas mismas empresas. Este podría ser el caso de los atropellos, detallados en el Informe, de Grupo Higa para la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan que ha expropiado terrenos de comunidades indígenas en Xochicuatla, Estado de México.
Más de cien organizaciones civiles que colaboraron con el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas documentaron en su etapa preliminar: 32 abusos al derecho a la tierra y el territorio por parte de empresas, 28 casos de falta de acceso de información sobre trabajos, 22 abusos al derecho a un medio ambiente sano, 17 de impactos a la salud de la población, 17 de falta de cumplimiento a derechos indígenas.
Oponerse a los proyectos de las empresas puede resultar contraproducente en México. El Informe, en su etapa preliminar, documentó 32 casos de agresiones contra personas que se resistían a esos proyectos.
“Incluso en el propio informe se habla de que existe una ansiedad del gobierno mexicano de atraer inversiones. Y que eso combinado con esa dinámica de corrupción e impunidad da un marco para que se cometan abusos en el marco de las actividades empresariales”, dijo la representante de ProDESC.
El Informe destaca el caso del parque eólico en los municipios de El Espinal y Juchitán de Zaragoza, de la empresa Energía Eólica, que se detuvo después de que una resolución de un Tribunal Federal decidió en 2015 conceder un amparo a las comunidades locales.
Y pese a que pueblos indígenas fueron consultados durante dos años con el fin de ganar su consentimiento para la obra, finalmente parte de los locales no terminaron por concederlo. Aun así, en 2016 un Tribunal volvió a darle luz verde al proyecto.
Las consultas en ocasiones han debido de ser ordenadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Yucatán y Campeche. Sólo después de que las autoridades aprobaron a Monsanto cultivar soja transgénica sin consultar con los pueblos originarios afectados.
“Las comunidades locales señalaron que, entre otros agravios, la contaminación de las fuentes de agua con herbicidas, la deforestación y las repercusiones del proyecto en la apicultura tradicional de la comunidad maya eran causa de preocupación”, destaca el informe.
Dolores Rojas, coordinadora de programas de la Fundación Heinrich Böll, expresó que uno de los puntos a resaltar sobre el trabajo presentado en Suiza es el llamado que se hizo al gobierno federal sobre las consultas populares en el emprendimiento de proyectos.
“Un tema que a mí me parece importante como es el de la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, conforme el Convenio 169 OIT, se reitera que las consultas deben de realizarse lo antes posible y han de dejar abierta la posibilidad de que algunos proyectos no sean viables. Es decir, si en la comunidad dice no, pues las empresas tendrán que aceptarlo. En México pasa justamente lo contrario”, sostuvo Rojas.
Los derechos ambientales de la población también han sido vulnerados por empresas transnacionales, dice el informe, y destaca el derramamiento de sulfato de cobre por parte de la minera Buenavista del Cobre, filial del Grupo México, en el Río Sonora, el 6 de agosto de 2014.
El informe recuerda que ese ha sido el mayor desastre ambiental de la industria minera en México, ya que afectó directamente a cerca de 22 mil personas, con efectos también en el ganado y los cultivos, y de manera indirecta a 250 mil personas de siete municipios situados a orillas del río Sonora: Arizpe, Banamachi, Huepac, Aconchi, San Felipe, Baviácora y Ures”, cita el trabajo.
En otros casos las empresas detrás del desastre son más numerosas. El Grupo de Trabajo de la ONU visitó el Río Santiago, Jalisco, “el más contaminado de México”, cita el trabajo.
El Informe del Grupo de Trabajo detalla que desde 2002 van a dar al río los vertidos de más de 300 empresas instaladas en el corredor industrial de Ocotlán-El Salto.
Este río corre por los municipios de Juanacatlán y El Salto, afectando así a 300 mil personas, sin embargo, la población de la cuenca fluvial podría ascender a 7.5 millones.

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Retiene el SAT más de 360 mdd a mineras canadienses


Reuters
 
Periódico La Jornada
Viernes 9 de junio de 2017, p. 24
La autoridad tributaria de México retiene más de 360 millones de dólares en devoluciones de impuestos a seis mineras canadienses, incluidos 230 millones de dólares a Goldcorp Inc, según fuentes y documentos oficiales vistos por Reuters, hecho que eleva la tensión entre el gobierno y las firmas que operan en el país.
En una serie de reuniones, funcionarios canadienses han presionado a México para que solucione el problema que afecta la capacidad de inversión en operaciones y es particularmente difícil para las mineras y exploradores más pequeños con escasez de efectivo, dijeron personas familiarizadas con el asunto.
Goldcorp, con sede en Vancouver, declinó comentar sobre su rembolso pendiente, que representa 142 por ciento de su ganancia neta en 2016 y 6 por ciento de sus ingresos de todo el año.
A Goldcorp, la tercera minera de oro más grande del mundo por valor de mercado, se le debe la mayor cantidad, según los documentos, seguida de Torex Gold Resources, pequeña firma con sede en Toronto que inició producción comercial en México el año pasado y está esperando un rembolso de 66.5 millones de dólares.
Comportamiento atípico
Está dañando la capacidad de reinvertir los dólares en activos que realmente pagan impuestos, dijo el presidente ejecutivo de Torex, Fred Stanford, quien está trabajando con autoridades mexicanas para resolver las solicitudes de 2015 de la empresa, pero declinó hablar del monto por rembolsar. Si bien varias compañías dijeron que los retrasos en los rembolsos empezaron a aumentar hace dos o tres años, no se han informado anteriormente de los montos exactos de las devoluciones retenidas.
Osvaldo Santín, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), reconoció el problema en una entrevista con Reuters el mes pasado y dijo que la agencia identificó alza en las solicitudes de devolución del impuesto al valor agregado (IVA). Debido a este comportamiento atípico en las solicitudes es que estamos llevando a cabo procesos de dictaminación más profundos, explicó Santín.
La dependencia trabaja con las mineras y busca una resolución rápida para evitar que se convierta en un problema de operaciones, agregó Santín.
El apetito de las empresas mineras por invertir en México se ha reducido ante los rembolsos retenidos, así como amenazas a la seguridad y altas regalías, dijo Rob McEwen, CEO de McEwen Mining.
Toma una serie de estos factores y cuando una minera no tiene control sobre ellos, aumenta el riesgo, dijo McEwen.

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Embajador cubano pide solidaridad para Venezuela; es hora de la unidad

Andrea Becerril y Víctor Ballinas
 
Periódico La Jornada
Viernes 9 de junio de 2017, p. 17
El embajador de Cuba en México, Pedro Nuñez Mosquera, sostuvo que en estos tiempos turbulentos y de acechanzas es la hora de la unidad latinoamericana. Consideró que Venezuela merece la solidaridad y el apoyo de todas las naciones del continente.
Luego de participar en la jornada en memoria por los 122 años de la caída en combate de José Martí, realizada en el Senado, comentó que confía en que la normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos avance.
–¿El presidente Donald Trump no será obstáculo para la normalización de la relación bilateral?
–El presidente Trump ha dicho que va revisar la política con Cuba. Nosotros nos mantenemos tranquilos, en espera del resultado de esa revisión. Pensamos que lo que más conviene a los dos países, es que se mantenga esa relación y se desarrolle”, respondió.
El embajador Nuñez Mosquera recalcó que el gobierno cubano aspira a llegar a una relación con Estados Unidos sobre bases de respeto mutuo, no intervención ni injerencia, en asuntos internos.
Explicó que con el ex presidente Barack Obama se logró el restablecimiento de la relación diplomática con Estados Unidos y se ha avanzado en algunos campos como prevención de desastres, y lucha contra el narcotráfico.
Respecto a la crisis en Venezuela, dijo que la patria de Bolívar merece solidaridad y apoyo. Los recursos naturales de ese país se han puesto en función de programas de justicia social, que han beneficiado a muchos países de América Latina.
Por su parte, la coordinadora de los senadores del PRD, Dolores Padierna, recalcó que a 122 años de que Martí cayó en combate, su obra sigue vigente y “es indispensable en estos tiempos en que recobra bríos la pretensión de imponer una sola ruta, trazada desde los centros financieros internacionales.
El pensamiento de Martí simboliza hermandad que se ha sobrepuesto siempre a las amenazas y agresiones del poderoso vecino del norte, recalcó la senadora.

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