sábado, 20 de mayo de 2017

POSICIONAMIENTO DEL SME ANTE LA GUERRA SUCIA DE NUESTROS DETRACTORES.

“Si fácil es abusar más fácil es condenar y hacer papeles para la historia para que te haga un lugar”
Silvio Rodríguez
Respuesta al Sr. Almazán.

El ex diputado del PRD José Antonio Almazán y ex miembro de la dirección del SME acaba de publicar su “balance aritmético” de siete años de digna lucha de resistencia electricista. Sus sumas y restas, más la regla de tres simple, le dan, según sus cuentas, la victoria al gobierno –“La ASF, la extinción del LyFC y el SME” La Jornada, pag. 23 del 12 de mayo-. En forma descarada, Almazán omite mencionar las condiciones concretas que enmarcaron nuestra lucha para sustentar por ego su tesis de la “negociación a la baja”. Sirvan las siguientes líneas para esclarecer el misterio de las cifras y de recordatorio para quienes desde el chat nos reclaman ¿el trabajo para cuándo?

Dice que no se han entregado propiedades al SME, que se trata de una “transmisión NO onerosa de bienes” y que el registro puede tardar varios años. La transmisión NO ONEROSA significa que el SME no gastará un centavo por recibir esos bienes. Y es la vía legal para que, de acuerdo a la Ley General de Bienes Nacionales (art. 84, frac. XIII) puedan transferirse inmuebles federales a organizaciones sindicales EN PROPIEDAD. La falta de registro de las propiedades es anterior al Decreto de Extinción y su regularización, por parte del INDAABIN tendrá que hacerse a la brevedad, a partir de la recomendación emitida por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre ese particular, tal y como aparece en el informe de la auditoría.
 
Miente cuando insinúa que al recibir Generadora Fénix las plantas de generación, se avala en los hechos la privatización de la industria eléctrica.
 
Desde 1999, el SME ha combatido los proyectos de privatización del sector energético y de la industria eléctrica en particular. Históricamente, fue promotor de la Nacionalización de la Industria Eléctrica en 1960 y de una tarifa social justa para los usuarios. Aún despojados de nuestra fuente de empleo hicimos frente al proceso legislativo de la mal llamada “Reforma Energética” con vigor y entereza; cumpliendo con nuestro compromiso histórico impulsamos la huelga de pagos y la organización de la población en lo que hoy es la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE), movilizaciones en las que, por cierto, Almazán jamás ha participado. En todo momento hemos insistido que nuestra lucha es de largo aliento, por la renacionalización de la industria eléctrica.
 
Participar en la industria eléctrica mediante un Contrato Colectivo de Trabajo, con prestaciones por encima de la Ley, para iniciar la reinserción laboral de nuestros compañeros y mantener el registro de nuestra organización sindical con más de 100 años de historia, evitando su disolución forzada tal y como lo manda nuestro Estatuto, no es avalar la privatización del sector. Afirmarlo como lo hace el ex diputado del PRD es como decir que quien tiene un empleo en México hoy en día está avalando la Reforma Laboral, o que los trabajadores de México por ser asalariados están avalando la explotación capitalista.
 
Y en efecto, el Contrato de Adquisición de energía de la CFE a Fénix sigue pendiente, tal y como se ha informado en Asambleas Generales pasadas y por los medios oficiales de la organización. En cuanto sea firmado, se dará a conocer. En tanto, el gobierno de EPN no cumpla con los acuerdos nosotros seguiremos tomando las calles.
 
Miente cuando afirma que se ha ocultado información sobre el capital de Generadora Fénix. En los acuerdos con Mota Engil siempre se estableció el poder garantizar liquidez a LF del Centro a partir de las ganancias por la generación de energía. Y con la modificación al Estatuto Sindical se dejó claramente establecido que todos los socios cooperativistas somos miembros activos del SME. Es decir, es de todos.
 
Miente cuando dice que al gobierno “le salió barata la liquidación de LyFC y sus trabajadores”. De la cantidad que menciona, 325 mil millones de pesos corresponderían a un instrumento legal que se utilizó como parte de la estrategia legal para interrumpir la prescripción del cobro de las liquidaciones (juicio IV-53.1.2014), frente al laudo de la SCJN del 30 de enero del 2013, como se explicará más adelante. Los más de 3 mil 859 millones corresponden al juicio laboral 1267/2009 promovido por el SME EN REPRESENTACIÓN DE 44,276 TRABAJADORES, condición que Almazán omite mencionar, pero que puede leerse en el documento citado.
 
Miente al ocultar información que le consta, pues él fue miembro de la Dirección del Sindicato en las diversas ocasiones en que se informó de la imposibilidad de ubicar esos fondos y cuando se planificó la estrategia legal después del fallo de la Suprema Corte. Desde muchos años antes del Decreto de Extinción, el sindicato intentó, sin éxito, encontrar algún registro contable de Luz y Fuerza sobre los fondos de las cláusulas 64, 98 y 112. Incluso el IFAI ha señalado oficialmente la inexistencia de tales registros, que en su momento se supuso, fueron registrados como gasto y no como inversión en infraestructura. Esta es una más de las incongruencias del ilegal Decreto de Extinción de Luz y Fuerza que refiere a los pasivos laborales mientras el IFAI niega su existencia contable. 
 
Al inicio de febrero de 2013, tras el brutal golpe que sufrimos con la revocación del Amparo que nos daba el triunfo legal, que nos arrebató el patrón sustituto y los salarios caídos, tuvo lugar una reunión de la Dirección Sindical con el cuerpo jurídico del Sindicato; a pregunta expresa de Almazán (entonces Pro Secretario de Jubilados) acerca de que si a partir de que la SCJN dejaba en firme el laudo del 30 de agosto de 2010 (juicio IV-238/2009), era procedente demandar los pasivos laborales y la liquidación del CCT, el Lic. Carlos de Buen respondió que el dictamen de la Suprema Corte nos condenaba al cobro de la liquidación, y en conjunto con los abogados de la organización recomendó como opción jurídica abrir un incidente de liquidación, acompañado de diferentes tipos de demandas en la Junta Federal con la finalidad de ganar el tiempo suficiente para lograr una salida negociada al conflicto, propuesta aprobada por Acuerdo de Asamblea General el 4 de febrero del 2013.
 
Por ello esos fondos fueron demandados en el juicio IV-53.1.2014 como parte de la estrategia jurídica. Continuar el litigio por el pago de esos fondos implicaba extender el pleito legal por tiempo indeterminado, sin cobrar liquidaciones y previendo, por lo ocurrido con la revocación del Amparo, un fallo final en contra nuestra, centrado en la inexistencia de registro contable alguno de esos fondos.
Es curioso cómo, al referirse a la entrega de las plantas de Luz y Fuerza a Generadora Fénix, Almazán “denuncia” que se avala la privatización. Pero tratándose de la entrega de predios para su explotación por una empresa social, LF del Centro, señale una negociación “a la baja”. Por principio de cuentas, no son solamente los 40 predios transferidos al SME, los que siguen bajo régimen de dominio público de la Federación, sino 440 que, como ya se dijo deberán regularizarse a la brevedad. Y en efecto, los 533 bienes que eran propiedad de Luz y Fuerza, fueron transferidos a CFE, primero, mediante el comodato derivado del Decreto de Extinción para, en términos del decreto, garantizar la continuidad en el suministro del servicio de Energía Eléctrica.
 
Al quedar sin efecto el comodato y con la promulgación de la Ley de la Industria Eléctrica (11 de agosto de 2014), sus leyes y reglamentaciones secundarias y la Ley de la CFE (5 de agosto de 2014), el uso de las instalaciones de Luz y Fuerza para dar el servicio de energía eléctrica corresponde a CFE. Aún están en el proceso de desincorporación a su favor.
 
Que la mayoría de los predios se consideren útiles para el servicio público y estén a cargo de CFE, como se menciona en el documento de la auditoría, no es consecuencia de la negociación como sugiere Almazán, sino de la Reforma Energética.
 
La negociación no se estableció con CFE, ni nos ganó predios, TODOS los predios e instalaciones le fueron asignados al inicio del conflicto para mantener el servicio. Nosotros les arrebatamos esos predios.
 
Almazán omite hablar de la defensa de los derechos adquiridos de nuestros jubilados.
 
Desde el decreto de extinción de Luz y Fuerza, el SME ha dado prioridad a la defensa de los derechos adquiridos de nuestros jubilados, destacando que el pago de sus catorcenas es obligación del Gobierno “con cargo a los recursos que se establezcan para tal fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación” (artículo 5 del Decreto), movilizándonos en las calles siempre que sea necesario, movilizaciones en las que, ciertamente, Almazán ha estado ausente. Y no menciona la campaña nacional de organización contra las reformas al sistema de pensiones, encabezada por la Confederación Nacional de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana (CONJUPAM), que impulsa el SME desde su dirección y su militancia, omisión que se explica porque cuando él fue presidente de la Confederación, ésta entró en letargo. Almazán suplanta su ausencia en la calle con acusaciones sin pruebas e insultos en redes sociales.
 
Almazán asume que no tenemos memoria.
 
Las irregularidades en la extinción de Luz y Fuerza iniciaron en el 2009, incluso antes del Decreto. Los 7 años de heroica lucha de resistencia lo demuestran: hemos peleado sin descanso contra una gran injusticia y las irregularidades que la sustentaron. Pero todo avance en esta lucha y lo alcanzado con la negociación ha sido avalado por acuerdos de Asamblea General y reafirmado con la movilización en las calles. 
 
Almazán omite decir que en siete años tuvimos cientos de detenidos, 12 presos políticos, una campaña permanente de linchamiento mediático en contra, la obsesión neoliberal de los gobiernos del PAN y del PRI de desaparecer al SME, a todo el aparato policiaco, judicial y político del Estado Mexicano queriendo aplastarnos y olvida que la salida política negociada fue la última opción que tuvimos para evitar la derrota. Decir que la negociación fue “a la baja”, cuando no teníamos absolutamente nada, ni fuente de trabajo, ni contrato colectivo, ni pasivos contables es mentir sin reparo, para hacerse pasar por el héroe que no fue. Ir “a la baja” en las condiciones concretas de la lucha, después del vergonzante fallo de la SCJN, hubiera significado aceptar la disolución forzada de nuestra organización. Cosa que nunca hicimos. La nuestra es, sin mezquindades, una legitima victoria política de los trabajadores electricistas y el pueblo de México que nos apoyó.
 
¿Se ha preguntado Almazán qué hemos hecho a ocho meses de la liquidación? La opinión pública debe saber que el Gobierno Federal ha incumplido con la entrega de importantes centros de trabajo indispensables para la reinserción de nuestros compañeros. Debe saber que a diario cientos de trabajadores en resistencia realizan actividades de planeación y organización para la creación de los puestos de trabajo necesarios para la reinserción de nuestros compañeros. Almazán, en medio de su “guerra sucia”, descalifica estos esfuerzos atribuyéndole a la cooperativa salarios mínimos, jornadas extenuantes y pésimas condiciones de seguridad. Miente otra vez. La Cooperativa LF del Centro se construye como alternativa al trabajo precario, predomínate en el mercado laboral neoliberal. 
 
Es cierto que tenemos un difícil camino que recorrer cuesta arriba, para poder reinsertar a todos nuestros compañeros desde la Cooperativa LF del Centro, FENIX y nuestros proyectos de expansión sindical, pero nada nos es imposible. Con la férrea unidad de nuestro movimiento, el respeto a nuestros acuerdos de Asamblea General, nuestra autonomía de clase y la solidaridad de las organizaciones democráticas de México, saldremos adelante. 
 
“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”
SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS
Comité Central y Comisiones Autónomas.
Responsable de la publicación. José Humberto Montes de Oca Luna.
Secretario del Exterior.

México atraviesa la crisis general más aguda de los últimos años

Por Raúl García Alvarez

México, 21 may (PL) México atraviesa una de las crisis económica, política y social más agudas de los últimos 10 años, aseguró hoy José Humberto Montes de Oca, secretario internacional del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

En conversación con Prensa Latina precisó que se conjugan varios factores, entre los más graves enumeró la inseguridad, la falta de gobernabilidad y el crecimiento de los homicidios, incluso contra los comunicadores.

A esto se une, agregó, la carencia en la vida diaria dada por la inflación y el fracaso de las llamadas reformas en sectores relevantes como la educación, salud y energía que llevan a privatizar recursos que eran de los mexicanos.

Analizó que existe una descomposición de las instituciones del Estado, vinculación entre el crimen organizado y la clase política, mientras la oligarquía domina los intereses económicos de las grandes empresas trasnacionales.

Otro de los males, advirtió, es la falta de transparencia de las autoridades para dar respuesta de los miles de personas asesinadas o desaparecidas.

Recordó que sigue pendiente por esclarecer, después de un poco más de dos años, el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero.

Esto demuestra, subrayó, un escalamiento de la crisis de los derechos humanos acompañada de obstáculos y restricciones a la justicia y las libertades fundamentales.

Expuso que se toman acciones para despertar el sentimiento nacional. Se requiere, dijo, de un movimiento sindical de unidad, más activo y combativo, de resistencia y antineolibera.

Apuntó Montes de Oca que los miembros de la Nueva Central de Trabajadores (NCT) laboran en la concientización de millones de mexicanos para luchar contra las manifestaciones del neoliberalismo y sus reformas estructurales causante de los males actuales.

En esa lucha, concluyó, está enfrascado el Sindicato Mexicano de Electricistas y la NCT que agrupa a unas 80 organizaciones independientes y democráticas en un proyecto de nación.

lma/Rga





La Anuee y el derecho a la energía eléctrica

Periódico La Jornada
Opinión
 
Miguel Concha
 
El pasado 17 de abril cientos de personas marcharon de la Estela de Luz hacia las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en Paseo de la Reforma 164. La marcha concluyó con un plantón que continúa con carácter indefinido a las afueras de dicha sede. Quienes realizaron esas acciones fueron mujeres, hombres, personas jóvenes, adultas y adultas mayores, principalmente de la ciudad y el estado de México, pertenecientes a la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (Anuee).
Luego de que el gobierno de Felipe Calderón decretó en 2009 la extinción de la compañía de Luz y Fuerza del Centro –que implicó el lanzamiento al desempleo de 44 mil electricistas y que la CFE asumiera sus tareas y la prestación del servicio–, miles de mexicanas y mexicanos vieron que sus recibos de luz empezaron a llegarles con saldos realmente absurdos, elevadísimos e impagables, sin relación alguna con su consumo. Fueron los llamados cobros locos. Esta situación se agravó con la privatización del sector energético puesta en práctica en la contrarreforma de agosto de 2013. Desde entonces se confirma la errónea política energética instaurada por el gobierno federal, en la que identificamos que no se consulta a la ciudadanía, se imponen reformas privatizadoras y se violentan derechos humanos elementales.
Para defenderse de estos cobros excesivos nació la Anuee hace poco más de siete años. Se trata de una organización independiente, integrada de manera libre por ciudadanos y ciudadanas. Una de sus primeras acciones fue promover quejas masivas contra la CFE por esos cobros abusivos ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Sin embargo, los agravios de la CFE contra las personas usuarias no se limitan a los cobros excesivos y arbitrarios, pues la empresa ha emprendido una serie de medidas encaminadas a fiscalizar, vigilar y hostigar a las personas usuarias, tales como la instalación de medidores de prepago sin su consentimiento y la sustitución de la red de líneas de cobre por aluminio, llegando incluso al extremo de abrir procesos penales contra quienes se oponen a estos actos o contra quienes se oponen, mientras no se resuelva su queja ante la Profeco, a pagar el servicio de energía eléctrica.
En estos años la Anuee ha avanzado no sólo en la cantidad de miembros y organización: también ha avanzado en la compresión del problema que busca resolver y en la construcción de soluciones. La Anuee ya no lucha solamente contra cobros excesivos, lucha también por el reconocimiento de la energía eléctrica como derecho humano. Para que el derecho humano a la energía eléctrica sea elevado en el artículo cuarto de nuestra Carta Magna a rango constitucional, su planteamiento a la sociedad y al Estado pone de nuevo en el centro del debate que los bienes y recursos de nuestro territorio deben ser para bien de los pueblos y comunidades que habitan en él. El movimiento social de la Anuee merece, pues, reconocerse. La fuerza y la relevancia social y política que ha construido confirma que debemos apostar a la organización social para luchar por que nuestras necesidades básicas sean reconocidas por el Estado como derechos humanos y no como mercancías.
La energía eléctrica por sí misma cuenta con los elementos necesarios para ser considerada dentro de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca), que se relacionan directamente con las necesidades básicas de toda la humanidad para vivir con dignidad. Tenemos entre ellas la alimentación, el agua, la salud, la vivienda, la educación, el trabajo, la cultura y el medio ambiente sano. Los Desca, como los derechos civiles y políticos, deben ser también respetados, protegidos, promovidos y garantizados por el Estado, según señala el artículo primero constitucional. Además, por su naturaleza, deben contar con disponibilidad; asequibilidad, tanto física como económica, y calidad adecuada y adaptabilidad cultural. La energía eléctrica se ha convertido en una necesidad para la vida digna de las personas, las familias y las comunidades. Se necesita para el estudio, el trabajo, la conservación de alimentos y medicamentos, las comunicaciones y la seguridad.
De ninguna manera una persona debe verse compelida a elegir entre comer el pan de cada día o pagar la luz. De ninguna manera se debe privar de los Desca a nadie por ninguna razón, menos por razones económicas. La lucha de la Anuee muestra vivamente cómo se construye y reconoce un nuevo derecho humano y confirma que los derechos humanos, todos, son producto de las luchas de los pueblos. No se necesitan concesiones de los de arriba. La Anuee lleva un mes en plantón y reclama toda nuestra solidaridad a sus demandas: reconocimiento del derecho humano a la electricidad; tarifa social justa; borrón y cuenta nueva a los adeudos generados desde 2009; empleo digno para la Cooperativa Luz y Fuerza del Centro; cobertura en todo el territorio nacional de manera adecuada, asequible y respetuosa de las costumbres de comunidades y pueblos, y, finalmente, renacionalización de la industria eléctrica.
Su lucha no es sectorial, es de todos y todas, pues todos y todas usamos la energía eléctrica. Este artículo se escribe también en memoria del compañero Gerardo Mata Mendoza, quien falleció la madrugada del 29 de abril en el plantón de la Anuee víctima de un paro cardiaco. Pese a su delicada salud, pues padecía diabetes, Gerardo Mata se entregó a la lucha con alegría y entusiasmo. Ofreció su vida para conquistar un derecho más para el pueblo mexicano. Pongamos el hombro a la lucha de la Anuee para que su sacrificio no sea en vano. Hoy sabemos que la lucha de esta asamblea de usuarios y usuarias es ya un referente de defensa colectiva de derechos humanos y un aliento para continuar en la construcción de un país digno y en paz.

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