martes, 16 de mayo de 2017

SME Conversatorio2 ¿Qué nos articula como clase trabajadora? 16may17

Reinstalar a despedidos y reanudar negociaciones, demandan profesores

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En el Día del Maestro, profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero e integrantes de la sección 18 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado marcharon por las principales vialidades de Chilpancingo, donde manifestaron que no hay nada que festejar, todo lo contrario. También repudiaron la reforma educativa y exigieron la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidosFoto Cuartoscuro
De los corresponsales
 
Periódico La Jornada
Martes 16 de mayo de 2017, p. 31
Miles de profesores marcharon ayer, Día del Maestro, en ocho entidades para exigir la abrogación de la reforma educativa, la reinstalación de docentes despedidos, la reanudación de las negociaciones con el gobierno federal, la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y pago a pensionados; en Veracruz, los docentes abuchearon al gobernador del estado durante el acto oficial.
Miles de integrantes de la Coordinadora Nacional de trabajadores de la Educación (CNTE), normalistas y otros ciudadanos marcharon en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para demandar la reinstalación de más de 3 mil 500 profesores despedidos en el país y para pedir al Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que emita la convocatoria para el relevo de la dirigencia de la sección 7, a mediados de este año.
Pedro Gómez Bahamaca, uno de los dirigentes de la sección 7, dijo que el magisterio continúa exigiendo negociación entre la CNTE y el gobierno federal.
Además, advirtió que como no han sido escuchadas sus exigencias sobre el relevo seccional, seguimos con nuestro plan para estallar el paro de labores por tiempo indefinido, indicó.
Guerrero: aumento salarial y seguridad para trabajar
En Guerrero, más de mil profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg), caminaron por Chilpancingo en demanda de aumento salarial y la presentación con vida de los 43 normalistas.
El dirigente de la Ceteg, Arcángel Ramírez Perulero, informó que entregarán un pliego petitorio al gobierno del estado y a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).
Los docentes solicitan garantías de seguridad, nivelación salarial por zonas y en educación indígena, entre otros puntos.
Los manifestantes bloquearon los dos carriles de la Autopista del Sol cerca de la 35 Zona Militar, donde efectuaron un mitin, gritaron consignas y exigieron que el Ejército ya no reprima a los maestros en esa entidad.
En Morelos, unos 100 integrantes del Movimiento Magisterial de Bases (MMB) marcharon en Cuernavaca para solicitar la reinstalación de 25 docentes despedidos por no aprobar los exámenes de evaluación.
Alejandro Trujillo González, vocero del MMB, aseguró: Hoy estamos marchando para decirle a los gobiernos federal y estatal que nuestra lucha sigue, y no nos vamos a detener hasta lograr la abrogación de la reforma educativa.
El magisterio de Baja California, en tanto, exigió al gobierno del estado pagar sueldos a los profesores interinos y la jubilación de 3 mil 200 docentes; de lo contrario, continuarán con paros de labores y otras movilizaciones, advirtió la dirigente de la sección 37 del SNTE, María Luisa Gutiérrez Santoyo, quien anunció que dos días de la siguiente semana suspenderán labores en las escuelas de la entidad. La semana pasada el magisterio estatal suspendió labores durante dos días en mil planteles.
En Chihuahua, maestros del Movimiento Resissste, afín a la CNTE, se manifestaron fuera de oficinas del gobierno estatal en la capital estatal y en Ciudad Juárez para demandar que se revise el sistema de jubilaciones; en Aguascalientes, profesores retirados exigieron pago de bonos.
En Querétaro, el gobernador Francisco Domínguez Servién se reunió en privado con líderes del SNTE para entregar reconocimientos a docentes destacados; mientras, profesores disidentes se manifestaron en el municipio de San Juan del Río para exigir la reinstalación de unos 40 trabajadores despedidos hace un año.
En Monterrey, Antonio Cota, activista y coordinador de la región 2 del Movimiento Magisterial de Nuevo León, fue detenido la mañana de ayer cuando protestaba contra la reforma educativa a la entrada del parque Fundidora.
El dirigente magisterial fue sometido por policías municipales con el argumento de que agredió a una persona que le impidió el ingreso a la ceremonia en la cual el gobierno estatal celebraba el Día del Maestro.
Los manifestantes (alrededor de una docena, la mayoría personas de la tercera edad) trataron de evitar que Cota fuera subido a una camioneta de la policía, pero los uniformados finalmente se lo llevaron. Aunque al principio opuso resistencia, Cota terminó por subir al vehículo que lo trasladó a la central policiaca del sector Alamey, donde pagó una multa y fue liberado tres horas después.
Mientras, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, fue abucheado por maestros que llevaban más de cuatro horas esperando a que se iniciara el acto oficial en la ciudad de Xalapa, donde algunos recibirían reconocimientos por años de servicio.
A las 7 horas empezaron a llegar profesores de diversas regiones del estado, dieron las 11 horas y no les daban el desayuno porque el mandatario estatal no llegaba. Cuando por fin Yunes se apersonó, varios maestros lanzaron rechiflas y comenzaron a quejarse:
Venimos de diferentes puntos del estado y esto es una grosería. Llegamos en la madrugada y tuvimos que hacer fila. Es un abuso, expresaron.
(Elio Henríquez, Sergio Ocampo, Rubicela Morelos Cruz, Antonio Heras, Rubén Villalpando, Claudio Bañuelos, Mariana Chávez, Érick Muñiz y Eirinet Gómez)


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En el Día del Maestro, disidentes marchan en rechazo a la Reforma Educativa y al Pacto por México


Maestros protestan en la Segob. Foto: Miguel Dimayuga
Maestros protestan en la Segob. Foto: Miguel Dimayuga


PROCESO 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A nueve meses de la ruptura de las mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación, de las continuas amenazas de represión del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, y de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) optó por continuar la lucha del movimiento magisterial “desde las aulas”, este 15 de mayo, día del maestro, los disidentes regresaron a las calles, con una nueva jornada de protestas.
Miles de profesores de las secciones de Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Chipas, Durango, Hidalgo, Coahuila, Nuevo León, Campeche, Tabasco, Ciudad de México y Yucatán de la CNTE se manifestaron durante seis horas en las calles de la capital del país, desde el Auditorio Nacional hasta la Secretaría de Gobernación.
A las 10 de la mañana, al menos 40 camiones arribaron con los miembros de las distintas secciones de la Coordinadora que se hicieron presentes: 7,9 , 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 22, 32, 36, 40, 44.
Se sumaron las organizaciones sociales Frente Popular Revolucionario Francisco Villa siglo XXI, Movimiento Proletario Independiente, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, estudiantes normalistas y los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
“Este no es un día que podamos celebrar; esta es una marcha de lucha”, gritaron los manifestantes.
El objetivo de la marcha versó sobre tres ejes: “Urgimos al gobierno a que antes de que termine el sexenio se presenten con vida a los normalistas de Ayotzinapa”, “Exigimos que se haga justicia y se castigue a los responsables de la muerte de los estudiantes de la normal Isidro Burgos de Guerrero, así como a los muertos de Nochixtlán, que no lo manden al túnel del tiempo” y “Que se dé marcha atrás a las reformas estructurales de Peña Nieto y del Pacto por México, que no han significado más que fracaso y crisis al país”.
Los manifestantes también exigieron que se retome la mesa de negociación en materia política, educativa y social con la CNTE sobre la abrogación de la Reforma Educativa y la reinstalación de los 600 profesores cesados desde que inició el movimiento.
También criticaron la acción de Juan Díaz de la Torre, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores por la Educación (SNTE), quien el pasado 8 de julio presentó 12 resolutivos ante la SEP, hecho que marcó el inicio de negociaciones entre ambos organismos.
“La cuenta está pendiente, te pusiste de rodillas ante Meyer”, le gritaron al líder.
Parada en Los Pinos, sin éxito
A las 11:00 horas, entre pancartas, banderas, cientos de sombreros campesinos, los profesores de una de las organizaciones sindicales más importantes de México iniciaron su recorrido.
Apenas uno metros, en el cruce de Paseo de la Reforma y la Calzada  Chivatito, anunciaron una primera pretensión de diálogo. La Dirección  Política Nacional, misma que presidía el contingente encabezado por los secretarios generales y la Comisión Única de Negociación, intentó llegar a la residencia oficial de Los Pinos para entregar directamente una carta con las peticiones del movimiento.
“Es la misma que presentamos en nuestra participación del 1 y 2 de mayo pasados”, detallaron.
Antes de acercarse 500 metros, una barricada montada por el Cuerpo de Granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina les cerró el paso.
Luego de varias llamadas y minutos de espera, una comisión de 25 profesores, liderada por el secretario general de la sección 9 de la Ciudad de México, Enrique Enríquez, el de la 22 de Oaxaca, Eloy López, y el de la 18 de Michoacán, Víctor Manuel Zavala –tres de las que tienen con más agremiaos– fue atendida por Ricardo Martí, un directivo de Atención Ciudadana de la Presidencia.
Antes de entrar, los líderes anunciaron que con base en el resultado del diálogo, decidirían continuar o no el recorrido. Después de la plática –de pocos minutos y detrás de la barricada— la comisión salió y Eloy López anunció a los medios de comunicación que entregaron el documento oficial, pero la marcha no se modificaba porque no había respuesta.
“No modificamos nada, vamos a llegar a Gobernación, ahí esperaremos el enlace”, explicó el secretario de la sección 22.
Gobernación, respuesta vaga
El movimiento continuó su rumbo sobre Reforma. Dos contingentes de la Coordinadora Nacional de la Salud y de la Seguridad Social, así como la Asamblea Nacional de Energía se sumaron a la protesta.
Durante el recorrido no hubo conatos de violencia. Los participantes coreaban: “El magisterio y el pueblo unido, jamás serán vencidos”,
“Los maestros nos enseñan a sumar, a leer y también a luchar”
“Venceremos”.
Hacia las 14:15 horas, el contingente dobló por la calle de Bucareli. Nuevamente, a metros de la sede de la dependencia federal hallaron otra barricada de uniformados. Uno a uno de los 14 contingentes se plantó detrás de la cerca de metal.
La Comisión de la Dirección Política Nacional se organizó para poder entrar. Según dijeron, a diferencia de su primer intento de diálogo en Los Pinos, los secretarios entregaron una lista de entre 40 y 45 nombres de representantes para hablar frente al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
La Comisión esperó una hora sin respuesta. Entonces un grupo de cinco profesores comenzó a golpear la cerca de metal con palos y piedras; otros más patearon la valla.
Finalmente, la dependencia anunció que recibiría al grupo, pero con menos participantes. Los maestros deliberaron y aceparon que sólo fueran cinco: Enrique Ibarra, de la sección 9, Víctor Manuel Zavala, de la 18, Eloy López, de la 2, Daniel López de la 7 de Chiapas; Juan Gaspar, de la 14 de Guerrero, y Enrique Enríquez, de la sección 9 de la Ciudad de México.
Tras una hora de deliberación, el grupo de profesores salió. “En esta mesa se hicieron los planeamientos del pliego petitorio. Recibimos una repuesta vaga, ambigua, insuficiente e inadecuada a nuestra petición. Sólo nos remiten a los estados de la República para que desde ahí seamos atendidos”.
Aseguraron que el director general Adjunto de Gobierno, Lorenzo Gómez Hernández, quien los recibió “no tiene la capacidad de resolución”. Por ello, exigieron tener una entrevista directa con Osorio Chong.
“Nos recibieron de una forma, para la CNTE, inadecuada. No queremos que de parte del gobierno federal no haya voluntad. La CNTE merece respeto. Su respuesta es insuficiente, nula para nosotros”, sentenció Eloy López.
Ante la molestia visible de los manifestantes, el secretario de la sección 22 anunció que en la Asamblea Nacional, Sección 9, la coordinadora decidirá qué hará y si habrá otra jornada de protestas.
También aseguró que ya tenían una propuesta de educativa del magisterio, misma que presentarán a finales de junio.
“Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper…” corearon los profesores luego de dar por terminado el mitin.
Casi al término de la marcha multitudinaria, la Segob emitió un comunicado en el que indició que el gobierno de la República, “respetuoso de los derechos laborales de todos los trabajadores de la educación”, dio respuesta al pliego de la Coordinadora.
Dijo que “con base a la ley, lo relativo a la educación básica debe atenderse por las autoridades educativas de las entidades federativas y los asuntos educativos de competencia federal corresponden al ámbito de la Secretaría de Educación Pública”.
Luego, reiteró que en el ámbito de su competencia, “el gobierno de la República tiene como objetivo principal garantizar el derecho de las niñas y niños a una educación de calidad”.

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Mitin de profesores jubilados


Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Martes 16 de mayo de 2017, p. 15
Maestros de la Coalición Nacional de Jubilados y Pensionados realizaron ayer una movilización del Antimonumento +43 a la sede de las oficinas centrales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) para exigir el pago de sus jubilaciones y de prestaciones devengadas, como su seguro de retiro, que están detenidas.
El contingente de educadores de Chihuahua, Baja California, Michoacán, estado de México, Veracruz, Sonora y Guerrero, entre otros, demandaron el pago de su prestación de previsión social múltiple, despensas y otros que, según explicaron, les han escamoteado o ‘‘desaparecido’’.
Esta coalición señaló que hay un gran descontrol en el pago de jubilaciones y les escatiman diversos pagos; desde 2008, dijeron, les adeudan conceptos como el 02, que es la previsión social múltiple. También indicó que hay varias irregularidades en los talones de pago y que incluso a la gran mayoría de trabajadores les adeudan el concepto 03, despensa.
Los ex trabajadores, que también llegaron de Campeche, indicaron que ayer se llevaron a cabo movilizaciones en diversos estados porque la problemática es común a escala nacional, ya que les faltan pagos de diversas prestaciones.
En la protesta también se manifestaron contra la privatización de los servicios médicos y pidieron investigación a las áreas de compras de medicamentos del Issste.

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No bastaba con contar los muertos; había que contar sus vidas, sus sueños

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Se lo decían los amigos, los familiares, los compañeros del gremio. Cabrón, cuídate. Estos güeyes no tienen madre. Son unos malditos, escribió Javier Valdez Cárdenas en su columna Malayerba, que se publica en el semanario Ríodoce, en marzo pasado. En la imagen, durante la Feria Internacional de la Lectura que se celebra en Mérida, YucatánFoto La Jornada Maya
Blanche Petrich
 
Periódico La Jornada
Martes 16 de mayo de 2017, p. 3
Javier Valdez Cárdenas, periodista prolífico, destacado corresponsal de La Jornada en Culiacán, escribió apenas en marzo, en su columna Malayerba, que publica el semanario que fundó con otros colegas, Ríodoce, un párrafo que resultó trágicamente profético:
Se lo decían los amigos, los familiares, los compañeros del gremio. Cabrón, cuídate. Estos güeyes no tienen madre. Son unos malditos. Pero él seguía escribiendo críticas y denuncias en su columna, en uno de los diarios de la localidad: apedreando con sus teclas, sus palabras, el ejercicio del poder político, la corrupción, la complicidad entre criminales y servidores públicos, la policía al servicio de la mafia.
Hoy le tocó a él. A media calle, el sombrero Panamá que portaba siempre como rúbrica, quedó volcado al lado de su cabeza inerte.
Amenazas de grueso calibre
En semanas recientes recibió amenazas de un calibre diferente al acostumbrado; él y su esposa Griselda realmente se preocuparon. Viajó a la Ciudad de México para consultar con los directivos de este periódico y con el Comité de Protección para Periodistas, con el que tenía lazos estrechos, sobre lo que procedía hacer.
Le propusieron salir del país durante una temporada, por protección; quizá alguna capital latinoamericana donde pudiera seguir escribiendo sobre sus temas y recuperar el aliento. Se estaban analizando los detalles para dar ese paso. Los gatilleros le ganaron la carrera.
Javier Valdez nunca quiso acostumbrarse a recibir una tras otra las noticias –duras como martillazos– de los colegas que caen abatidos en las regiones del país donde el Estado ha perdido el control frente al crimen organizado.
A mediados de 2015 decidió meterse de lleno en una investigación para un nuevo libro de su larga bibliografía, Narcoperiodismo, la prensa en medio del crimen y la denuncia. En esa ocasión el trabajo lo llevó más allá de las fronteras de Sinaloa.
Fue a Tamaulipas, donde, solía platicar, fue bajar 50 escalones en el infierno después de Culiacán. A Veracruz lo definió como la conjunción de todos los males. Y fue a Chihuahua, entidad tan acostumbrada al peligro, un año antes de que asesinaran a su colega Miroslava Breach.
A propósito de ese golpe, escribió en Twitter: A Miroslava la mataron por lengua larga. Que nos maten a todos, si esa es la condena de muerte por reportear este infierno. No al silencio. Y Nuevo León, Coahuila, Ciudad de México, porque estaba empeñado en descifrar el mensaje oscuro en el asesinato de Rubén Espinosa en el multihomicidio de la Narvarte.
Acababa de cumplir 50 años. Tenía dos hijos, Tania Penélope y Francisco Javier; un nieto adorado, Javier, y una compañera que lo cobijaba como un árbol, Griselda Triana. Le encantaban los boleros, que escuchaba con deleite en el bar El Guayabo, el rock, el jazz y por supuesto el aguachile.
Optimista irredento, siempre convenció a su amada Griselda de permanecer en Sinaloa a pesar de los nubarrones y las tormentas, como aquella que en 2009 llegó en forma de un granadazo lanzado en la redacción de Ríodoce.
A diferencia de muchos otros esforzados periodistas de los estados, dos premios internacionales obtenidos en 2011 le brindaron un relieve inusual. Fue reconocido con el María Moors Cabot y el Premio a la Libertad de Prensa que otorga el Comité para la Protección a Periodistas. En esa ocasión a él y a sus compañeros culichis se les vio lucir smoking y corbata negra en Nueva York.
En octubre del año pasado, a propósito del lanzamiento de su libro, habló de su infancia en una entrevista con este diario.
Javier nació y creció en el viejo barrio Rosales, de Culiacán, que entonces tenía calles sin pavimentar y predios que funcionaban como canchas de beisbol. Contó que siempre fue consciente de una línea invisible que dividía irremediablemente a familias comunes y corrientes, como la suya, y los otros, los gomeros, serranos hoscos, todavía muy pocos, que bajaban de la montaña con la pasta de opio y se quedaban a vivir en la capital sinaloense, pero sin integrarse jamás con sus vecinos. Eran los años 70.
Esos forasteros rudos fueron sustituidos hacia sus años de adolescencia por otros vecinos, verdaderos villanos dignos de escalofrío. Valdez tiene vivo el recuerdo de uno de esos: un tipo violento que andaba por sus rumbos con una Uzi 9 mm terciada y mataba gatos y perros a su paso. Era policía y también narcotraficante, y todos sus vecinos lo sabían. Ahora está en la cárcel. Los niños de entonces ya empezaban a distinguir el miedo como compañero cotidiano.
Cuando cumplió 20 años y empezó sus pininos en el periodismo, esa línea invisible volvió a trastocarse. A los narcos del barrio ya se les empezó a reconocer como eso, como narcos. Y comenzaron a ejercer entre los jóvenes cierta atracción fatal. Empezaba ese coqueteo, ese guiño de la sociedad culichi hacia los narcotraficantes, y la convivencia ya no podía deslindarse, ya estábamos con ellos. Ya eran parte de nuestra vida.
Entonces tuvo su primera experiencia amarga: Era muy morro y trabajaba en una marisquería. Uno de esos cabrones, un bato de sombrero, botas, cinturón piteado, quería que le citara con engaños a una jovencita porque le gustaba. Me amenazó con que si no lo hacía me iba a matar. Yo le platiqué a los dueños. Me dijeron que no me preocupara, que no iba a pasar nada. Y no pasó. Pero ahí conocí el abuso, no sólo contra mí, sino contra la muchacha esa. Y me percaté que yo, frente a una situación de abuso, brinco, me encabrono, me dan ganas de correr y contárselo a alguien. Pero también me di cuenta que no todos reaccionan así, a muchos les vale.
De ahí su salto al periodismo. La ocasión se le presentó con una plaza que se abrió en el Canal Tres, local. Y luego un periódico que ya desapareció, donde publicaba una columna, Con sabor a asfalto, que narraba historias de la ciudad, de lo colectivo, con la gente como centro de todo. Y luego su paso por el Noroeste.
Desde entonces escribió crónica con gran naturalidad. De su habilidad con esa forma de relato, el periodista peruano Gustavo Gorriti ha expresado, en un arranque de admiración que muchos en el gremio comparten: Javier es a la crónica lo que Chejov al cuento.
Aprendimos a punta de chingadazos
Pero quizá un paralelo más cercano sea Elmer Mendoza, también sinaloense, que vivió esa misma generación, esa misma sociedad donde se ametrallaba a un cortejo en pleno entierro; donde había vendettas entre bandas de narcos. “No sabíamos qué era una AK-47 ni mentábamos a los cuernos de chivo, pero sí veíamos cotidianamente las metralletas. Con todo, cuando (Felipe) Calderón detonó su absurda guerra, descubrimos que tampoco nosotros estábamos preparados para narrar la maldad. Aprendimos a punta de chingadazos que no bastaba contar los muertos; había que contar sus vidas, sus amoríos, sus sueños; escribir también desde la perspectiva del gatillero, del delincuente, de la enfermedad que todo esto estaba provocando a la sociedad”.
Así empezaron sus columnas Crónicas de Asfalto y después Malayerba, que aún se publicaba en Ríodoce. Cuando la violencia se disparó, él no se detuvo, convencido de que contar esas historias ya no era suficiente, que había que explicarlo. Fue entonces cuando, confesó, se sintió rebasado. “Empezamos a medir nuestras palabras. De pronto, cuando estás más clavado con una cobertura y su seguimiento, llega alguien y nos dice: ‘ya bájenle’. Puede ser una amenaza, puede que sea gente preocupada por nosotros. De cualquier modo nosotros frenamos”.
De ese método de revisar con lupa cada historia, de siempre preguntarse ¿de parte de quién? ¿Fue el narco, cualquiera de los cárteles, el Ejército, la Marina, un sicario, un jefe policiaco, un servidor público? Muchos periodistas de todo el país le aprendieron a Javier Valdez. Por eso es reconocido como maestro.
Parte de su bibliografía incluye Miss Narco, Los morros del narco, Levantones o Con una granada en la boca. Queda ahí resonando su voz y su pluma.

Cumplen amenaza: Asesinan a Javier Valdez en Culiacán

Balean a corresponsal de La Jornada en Sinaloa
Lo esperaban fuera del semanario Ríodoce
Lo sorprendieron cuando se disponía a partir en su auto
Sicarios pretenden simular que se trató de un asalto
Investigarán el crimen PGR y la fiscalía del estado
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Cerca de las instalaciones del semanario Ríodoce, del que era editor, quedó el cuerpo del corresponsal de La Jornada en Sinaloa, Javier Valdez Cárdenas, tras ser abatido por sicarios. En el lugar de la agresión la policía encontró 12 casquillos percutidosFoto El Debate
De la Redacción
 
Periódico La Jornada
Martes 16 de mayo de 2017, p. 2
Javier Valdez Cárdenas, corresponsal de La Jornada en Sinaloa y editor del semanario Ríodoce, fue asesinado ayer, pasado el mediodía, en el centro de Culiacán, capital del estado.
De acuerdo con reportes de la policía estatal, el periodista y escritor de 50 años, especializado en temas de narcotráfico, fue atacado por sujetos encapuchados a unos metros de las instalaciones de Ríodoce.
Luego de salir del semanario, Javier Valdez abordó su automóvil, y cuando se disponía a partir, los sicarios lo sorprendieron, lo obligaron a bajar del vehículo y le dispararon en repetidas ocasiones sobre la calle Vicente Rivapalacio, colonia Jorge Almada.
En el lugar quedaron 12 casquillos percutidos de pistolas .9 milímetros y 38 súper. El cuerpo del periodista quedó tendido sobre el asfalto a mitad de la calle, a unos metros del semanario que fundó en 2003.
Los agresores se llevaron el automóvil del comunicador y minutos después, alrededor de las 12:35 horas, elementos policiacos lo encontraron cerca del sitio del crimen, en la calle Aquiles Serdán.
Javier Valdez había recibido amenazas de muerte anónimas desde hace tres meses.
Juan José Ríos Estavilla, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, anunció que las investigaciones de la dependencia a su cargo están orientadas principalmente a la actividad profesional de Valdez Cárdenas.
Agregó que otras de las líneas que se incorporarán a la carpeta de investigación es que se haya pretendido probablemente inducir un supuesto robo a vehículo.
No obstante, subrayó que la actividad profesional del corresponsal de La Jornada es la principal línea de investigación.
Mencionó que Javier Valdez, uno de los periodistas más respetados en Sinaloa, no denunció a la FGE haber recibido alguna amenaza ni solicitó protección de la autoridad.
En un comunicado, la FGE señaló que inició una investigación en coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR), por conducto de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle).
Explicó que ambas dependencias trabajarán en forma conjunta para esclarecer el crimen y consignar ante las autoridades a todas las personas que estén vinculadas al homicidio.
En tanto, el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, condenó el asesinato de Javier Valdez y aseguró que solicitó a la FGE colaborar en todo lo que sea necesario para que (la investigación) llegue hasta las últimas consecuencias.
En entrevista, el mandatario estatal calificó el homicidio de afrenta grave a la libertad de expresión, es una situación muy lastimosa, nos duele, nos molesta, nos irrita.
Refirió que Javier Valdez era muy reconocido, se ganó un lugar en Sinaloa, no sólo nacional, yo diría internacionalmente. Era una persona muy querida, apreciada y reconocida; gente muy talentosa.
Valdez Cárdenas es el sexto periodista asesinado en México desde el 2 de marzo pasado. Antes fueron ultimados: Filiberto Álvarez Landeros, locutor en Tlaquiltenango, Morelos (29 de abril); Maximino Rodríguez Palacios, del portal de noticias Colectivo Pericú, en Baja California Sur (14 de abril), y Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada y colaboradora de Norte, de Ciudad Juárez (23 de marzo).
Asimismo, Ricardo Monlui Cabrera, propietario y director del portal El Político y editor de la columna Crisol de El Sol de Córdoba, en Veracruz (19 de marzo) y Cecilio Pineda Brito, director de La Voz de Tierra Caliente, en Guerrero (2 de marzo).
(Con información de Notimex, Reuters, Afp, Xinhua y Ríodoce)

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Periodistas de Sinaloa y CDMX protestarán por asesinato de Valdez; Feadle abre investigación





PROCESO 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones de periodistas y defensoras de la libertad de expresión locales, nacionales y de América condenaron el asesinato del periodista Javier Valdez este lunes en Culiacán, anunciaron la realización de protestas en repudio del hecho y exigieron al gobierno mexicano asumir su responsabilidad de investigar y resolver no sólo ese crimen, sino los demás ataques a periodistas en el país.
Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR), mediante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (Feadle) inició una Carpeta de Investigación por el homicidio del fundador del semanario Ríodoce y corresponsal del diario La Jornada.
En un comunicado, informó que de la Delegación de la PGR en Sinaloa ya inició las diligencias correspondientes y que personal de la Fiscalía se trasladará al lugar del homicidio para “recabar información e indicios de prueba” que sirvan para aclarar los hechos y profundizar en la indagatoria para capturar a los responsables.
La PGR condenó “todos aquellos actos de agresión  en contra de personas dedicadas al periodismo y en agravio al ejercicio del derecho a la libertad de expresión” y reiteró su “compromiso de llevar a cabo una investigación inmediata y oportuna”.
En tanto, periodistas de Sinaloa se organizaron y mediante las redes sociales anunciaron que este martes 16 realizarán protestas en distintos municipios para exigir a las autoridades el esclarecimiento del caso y el cese a la violencia en el estado.
La convocatoria en Culiacán es para manifestarse a las 09:30 horas en las escalinatas de la Catedral; en Los Mochis será a las 08:30 horas en el monumento a la Libertad de Expresión. En Mazatlán se reunirán en las 09:30 horas en el Monumento al Pescador.
Con las etiquetas #NiUnoMás, #NoAlSilencio y #PrensaNoDisparen, periodistas en la Ciudad de México difundieron la convocatoria para manifestarse mañana también, pero a las 19:30 horas en la Secretaría de Gobernación, con vestimenta de luto y velas.
Exigen investigar 
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó el asesinato del periodista Javier Valdez, externó su solidaridadcon su familia y compañeros de profesión, así como con los trabajadores y directivos de ambos medios informativos.
En un comunicado, el presidente del organismo, Luis Raúl González Pérez, dijo que el homicidio de Javier Valdez “es un hecho inaceptable y reprobable, que lastima a la sociedad mexicana en su conjunto, afectando la libertad de expresión y al corazón mismo de la democracia mexicana”.
El organismo dijo que envió a Culiacán, visitadores adjuntos encabezados por el titular del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, para reunirse con familiares y colegas de la víctima, así como con autoridades municipales y estatales.
La Comisión demandó a las autoridades de los tres niveles de gobierno hacer una investigación “de manera exhaustiva y expedita” para que no haya impunidad en ese crimen, además de que se apliquen medidas cautelares para proteger a la familia del periodista y a los colaboradores de Ríodoce.
Por otro lado, la CNDH reiteró su preocupación por la falta de mecanismos de prevención de la autoridad para evitar homicidios que buscan inhibir el ejercicio profesional del periodismo. Aclaró que aun cuando las agresiones a periodistas no provengan de servidores públicos, sino de particulares, “el Estado mexicano no está exento de su obligación de investigar de manera exhaustiva el origen de las mismas”.
Y sentenció: “Los agravios a periodistas que no se atienden hasta su esclarecimiento total, reparación integral del daño a la víctima y castigo a los responsables, generan la reiteración de prácticas criminales que lastiman y afectan la vida nacional en sus valores cívicos y democráticos; así como la privación de vida de periodistas y defensores de derechos humanos”.
De paso, la CNDH  expresó su solidaridad con el periodista independiente Fabián García Castrejón, editor del periódico digital Ámbitos Nayarit y reportero del portal Nayarit me gusta, que tuvo que abandonarla entidad, con el apoyo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ante el hostigamiento y las amenazas de muerte recibidas de servidores públicos como consecuencia de su trabajo informativo.
Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) repudió el asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas y exigió a las autoridades “asumir de una vez sus responsabilidades de investigar, identificar y llevar ante la justicia a los culpables de éste y otros crímenes contra comunicadores”.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información y director del portal de noticias La Silla Rota, Roberto Rock, manifestó que “la sensación de indefensión se intensifica cada día en este país ante la impunidad y falta de resolución judicial de los numerosos casos de agresión y asesinatos de periodistas”.

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Mineras acaparan, contaminan y sobrexplotan el agua de México




Las trasnacionales mineras secan los veneros del país. Grupo México y Goldcorp encabezan la lista de las que más litros de agua ocupan para la extracción de los minerales. Además, la empresa de Germán Larrea, uno de los más ricos del país, se encuentra en la lista de “presuntos evasores fiscales”, elaborada por la Auditoría Superior

Grupo México y Goldcorp son las dos mineras que mayores cantidades de agua consumen en el país, señala el Debate sobre grandes consumidores de agua: El caso de las mineras en México, informe elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop) de la Cámara de Diputados, publicado el 27 de abril pasado.
Catorce empresas han contaminado los cuerpos de agua de las comunidades donde se encuentran. Y otras siete acaparan el líquido de tal forma que ponen en riesgo a las localidades que las circundan.
“La mitad del agua destinada a la minería en el país se extrae de tan sólo tres estados: Sonora (107.9 millones de metros cúbicos anuales), Zacatecas (55.8 millones de metros cúbicos anuales) y Michoacán (44.4 millones de metros cúbicos anuales), indica la información documentada por el investigador Manuel Llano Vázquez, maestro en antropología social por la Universidad Iberoamericana y autor del portal de análisis CartoCrítica.
Y es bajo las denominaciones de Buenavista del Cobre, SA de CV; Compañía Industrial Minera México, SA de CV; Industrial Minera de México, SA de CV; Mexicana de Cananea, SA de CV y Mexicana del Cobre, SA. de CV; que el conglomerado Grupo México mantiene 142 títulos de concesión de agua, como se documentó en la edición 487 de Contralínea.
En tanto que la minera canadiense Goldcorp, Inc, es la segunda en acaparamiento de recursos, mediante sus filiales Camino Rojo, SA de CV; Compañía Minera Nukay, SA de CV; Desarrollos Mineros de San Luis, SA de CV, y Minera Peñasquito, SA de CV, que ocupan más de 47 millones 600 mil metros cúbicos anuales, según la información de CartoCrítica.
Grupo México también ha sido identificada por la Auditoría Superior de la Federación dentro de las 59 que “que cuentan con títulos de concesiones mineras, que se identificaron como presuntos evasores, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que no realizaron el pago de los derechos especial, adicional o extraordinario de minería previstos en los artículos 268, 269 y 270 de la Ley Federal de Derechos”.

Mineras, causantes del deterioro

El estudio del CESOP apunta que la inversión extranjera en el sector minero en México no ha representado necesariamente una mejora económica en las poblaciones marginadas. “Más bien, parece que, al contrario, algunas veces son causantes de deterioro en la vida de los pobladores. Puede mencionarse, el caso de la mina concesionada por el gobierno federal a la transnacional canadiense Fortuna Silver Mines, cuya filial es la Compañía Minera Cuzcatlán, en San José del Progreso, Oaxaca”.
San José del Progreso es el tercer municipio más pobre de ese estado y se estima una ganancia de 360 millones de pesos de la minera canadiense, en 2012, con la extracción de miles de onzas de oro y plata. En contraste, el pago por esas concesiones al gobierno federal ascendió apenas a 2 millones de pesos. Datos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) muestran que el 16.67 por ciento de las personas de este municipio viven en muy alto grado de marginación; el 75 por ciento, en alto grado y sólo 1 por ciento en grado medio.
La Constitución dice que el uso de los recursos naturales los debe impulsar el Estado y sólo excepcionalmente los particulares. Esto es algo que no se está haciendo ni con la minería ni con el agua, dice en entrevista Francisco López Bárcenas, autor del libro El mineral o la vida. La legislación Minera en México.
Pareciera que la industria minera dentro de la economía es de suma importancia, pues es el cuarto sector que más ingresos genera, pero eso no quiere decir que el país sea rico porque los beneficios van a dar a las arcas de los que están explotando los recursos.
“Lo que dejan al Estado es un mínimo y lo que queda como la anuencia para el desarrollo del país es nada. Ése es el esquema que se tiene que revisar, porque los efectos secundarios que tiene son muchos: peligro en las condiciones laborales, contaminación, explotación de recursos hídricos y evasión de impuestos”, comenta el especialista.

Las grandes consumidoras

Las empresas mineras son grandes consumidoras de recursos hídricos. La investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, Sol Pérez Jiménez, indica que el 38 por ciento de los proyectos mineros coinciden en zonas de acuíferos con disponibilidad hídrica precaria o que son considerados sobreexplotados.
En su investigación Impacto de la minería metálica en el recurso hídrico, la académica enlista 14 empresas que han contaminado los cuerpos de agua de las comunidades donde se encuentran; así como el acaparamiento del recurso por parte de siete empresas y otras tres con “amenaza de impacto”.
Entre ellas se encuentran la empresa Peña Colorada, filial de Ternium. Según la investigadora, indica que en Colima diferentes comunidades han reportado desecación de manantiales y contaminación del Río Marabasco. Contrario a ello, información de la empresa dice que el agua es un insumo estratégico de los procesos mineros de Ternium, por lo cual “se han aplicado diversos sistemas para cuidar la cantidad y la calidad del recurso”.
Herrero de la Bufa, en Durango, de la empresa Grupo Minero Bacis, ha sido denunciada por organizaciones de pescadores, que indican que hay contaminación del agua por derrames de las presas de jales de la misma empresa. Por su parte, la información del consorcio minero se enorgullece de que en la última década ha logrado una producción de 1 mil 500 toneladas métricas, que produce un concentrado “Bulk” (plata-oro).
Minera Plata Real (filial de la canadiense Linear Gold) es otra de las empresas cuyos trabajos de exploración, en Oaxaca, “han causado grave contaminación en el río y en los mantos freáticos”, documenta la geógrafa por la Universidad Nacional Autónoma de México.
En el acaparamiento o agotamiento de agua, Pérez Jiménez expone que la minera Sundance Minerals, disecó manantiales y contaminó arroyos en Capulálpam de Méndez, Oaxaca. Éste “había sido un pueblo minero. La escasez de agua y contaminación del suelo hizo a los pobladores buscar la manera de expulsar a la empresa canadiense, que explotaba a cielo abierto el oro de esta comunidad” (Contralínea 339).
La empresa Peñasquito, de GoldCorp, ha generado el agotamiento del agua, ya que en varios ejidos los pozos se han secado por completo. La compañía está instalada en Mazapil, Zacatecas.
La mina El Arco, de Grupo México, en Baja California, afectaría el acuífero del Vizcaíno. Éste se encuentra proyectado en un área natural protegida, denominada Reserva del Valle de los Cirios, en el municipio de Ensenada.
El proyecto Paredones Amarillos, de Vista Gold, “afectaría la reserva de la biósfera Sierra de la Laguna, principal fuente de agua dulce de los municipios de La Paz y Los Cabos”, explica la investigadora.
En el proceso extractivo se emplea habitualmente cianuro y los residuos minerales contienen naturalmente compuestos de sulfuro, que cuando se exponen al agua y al oxígeno, forman ácido sulfúrico.
En un fenómeno denominado drenaje de ácidos provenientes de minas, el ácido sulfúrico se filtra a través de los residuos de las minas y libera sustancias tóxicas como el cadmio y el arsénico de la roca. Esta mezcla venenosa puede escurrirse a la capa freática u otras fuentes de agua locales y, al ser consumida, puede causar daños al sistema nervioso, cáncer, enfermedades hepáticas y otros efectos adversos para la salud de los seres humanos, como se explica en el informe Han destruido la vida en este lugar. Megaproyectos, violaciones a derechos humanos y ambientales en México, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Repercusiones de la minería

Los impuestos que pagan estas empresas no están retribuyendo en la devastación ambiental (incluyendo el uso excesivo del agua) que está dejando la industria, dice Mayra Montserrat Eslava Galicia, académica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón.
El CESOP menciona que en el país se tienen identificadas seis zonas donde la sobreexplotación del agua es generada principalmente por actividades mineras circundantes o que transportan el recurso de estas áreas acuíferas a su campo de trabajo. “Los casos más notorios de sobreexplotación, relacionada con la actividad minera, se localizan en los acuíferos de Valle de Ixtlahuacan (Colima), Los Juncos (Chihuahua), Campo Mina (Nuevo León), Villa Hidalgo (San Luis Potosí), San Simón (Baja California) y en Guadalupe de las Corrientes (Zacatecas)”.
Entre los aspectos que analiza el Centro de la Cámara de Diputados se encuentra sobre la actividad minera en el país es la contaminación que deja en los recursos hídricos, indica que en el caso de Grupo México “ha dejado en el municipio daños ecológicos fuertes, con la contaminación de los mantos acuíferos de la zona (por el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en el río Sonora).
“La empresa en cuestión utiliza miles de litros de agua y mercurio para separar el oro; por consiguiente, el líquido queda contaminado y ya no se puede aprovechar, ni para consumo humano ni para riego”, indica el estudio del CESOP.
El CESOP identifica que “el suelo de las regiones mineras no sólo recibe los desechos sólidos y líquidos derivados del uso humano; también aguas ácidas que contienen metales pesados de mineralizaciones sulfuradas aflorantes. También se trata de contaminación por la minería a cielo abierto y por el alto consumo de agua que demanda la explotación de los minerales”.
También, dice el Centro de la Cámara de Diputados, innumerables estudios de especialistas han documentado de manera exhaustiva que ninguna actividad industrial es tan agresiva ambiental, social y culturalmente como la minería a cielo abierto.

Sin garantías laborales

La seguridad laboral es otra de las aristas que no cumple la industria minera en México. Pedro Vargas, trabajador de la minera Autlán, en Puebla, dice que las condiciones de trabajo para los mineros son muy reducidas, pues ante cualquier evento no hay garantía de una atención debida.
 “Los riesgos que tenemos están en la misma operación de la mina, el manejo de los hornos y la contaminación a la que estamos expuestos. Hablamos con los patrones para que mejore nuestra situación: necesitamos medidas de seguridad más específicas para evitar cualquier accidente; pero no nos hacen mucho caso”, dice el integrante del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana.
Industrial Minera México, filial de Grupo México, tiene en su historial la muerte de 65 de sus trabajadores tras la explosión de la Mina 8 Pasta de Conchos, hace 11 años.
En enero pasado dos trabajadores de la minera Gold Resource Corporation perdieron la vida. En tanto, la canadiense Panamerican Silver fue acusada de despojo por habitantes de la comunidad zacatecana La Colorada, municipio de Chalchihuites.+
Érika Ramírez
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: SOCIEDAD] 

Si un organismo autónomo funciona, cástralo


La sede del INAI, al sur de la Ciudad de México. Foto: Octavio Gómez
La sede del INAI, al sur de la Ciudad de México. Foto: Octavio Gómez


PROCESO

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Los precedentes no dejan lugar a dudas: En México los organismos autónomos se crean para mantener el statu quo, diluir responsabilidades y abrir más posiciones para que los líderes políticos ocupen puestos junto con sus amigos o militantes.
Pero esas instituciones nunca se forman para dar plena vigencia al estado de derecho, cumplir a cabalidad sus atribuciones legales, ejercer a plenitud su autonomía y, por ende, impulsar la transformación y el cambio. En el momento en que los organismos autónomos (por errores en el diseño y/o en la designación de sus miembros) empiezan a ejecutar eficaz, eficiente y oportunamente las atribuciones y obligaciones que les establece la ley, la respuesta inmediata de los legisladores, del Ejecutivo en turno o de ambos es limitarlos, disminuirlos, destruirlos.
La historia se repite una y otra vez. Sucedió en 2003 y 2007 con el Instituto Federal Electoral tras la realización de las elecciones federales de 1997, 2000 y 2003, y particularmente después de las sanciones ejemplares al PAN, PVEM y el PRI por violaciones a las disposiciones constitucionales y legales en materia de ingresos y egresos de los recursos de campaña.
En 2003 fueron vetados todos los integrantes del primer Consejo General enteramente ciudadanizado y se le dio cauce a la integración de un Consejo General a modo de los intereses del PRI y el PAN, con el apoyo del –desde entonces– apéndice tricolor PVEM.
Lo mismo hizo este bloque partidista en 2007 con una reforma legal que mermaba las facultades del máximo órgano de gobierno del IFE al restarle facultades de fiscalización y debilitar su injerencia en la supervisión de las tareas de la estructura ejecutiva, al obligar a la rotación anual de las presidencias de comisiones y limitar el número de comisiones en las que podía participar cada consejero.
En consecuencia, los partidos políticos ejercen ahora un suficiente control del órgano de gobierno de la autoridad electoral, y una parte importante de la ciudadanía dejó de confiar en la autoridad electoral.
En 2002 se creó el Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información (IFAI) y unos años después se le otorgó la autonomía constitucional. En 2003 la legislación respectiva entró en vigor y el INAI tomó decisiones importantes que catapultaron el ejercicio del derecho: desarrolló el Sistema Informático de Solicitud de Información (SISI) y privilegió el principio de máxima publicidad al resolver los recursos que interponían los ciudadanos.
Las resoluciones del INAI obligaron a las autoridades a revelar información, ante lo cual el entonces presidente Felipe Calderón empezó a dinamitar al organismo con la designación de comisionados que actuaban más como cancerberos de la opacidad que como garantes de la transparencia.
A pesar de que las últimas reformas constitucionales y legales en la materia colocan a México en la vanguardia del tema, el presidente Enrique Peña Nieto se aseguró de que la mayoría de los integrantes del órgano superior del hoy instituto nacional acatarían sus instrucciones, y éstos le han devuelto el favor con resoluciones a modo.
En 2012, la nueva alternancia en el Ejecutivo federal hizo realidad la incipiente autonomía del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), cuyos indicadores y encuestas empezaron a desnudar los fracasos de las políticas públicas de la actual administración en diversas áreas, pero particularmente en materia social y económica. Y Peña Nieto, cuando tuvo que designar al nuevo presidente de la Junta de Gobierno, se decidió por un leal funcionario federal: Julio Alonso Santaella, y optó por manipular las estadísticas y los indicadores, aunque la terca realidad permanezca invariable.
Pero no contento con ello, en la segunda nominación el descaro todavía fue mayor, pues forzó la designación de Paloma Merodio como vicepresidenta del Inegi cuando ni siquiera cumplía con los requisitos legales. La realidad política obligaba a controlar al órgano de gobierno, no únicamente al presidente del organismo. Había que dejar claro que lo que se premia es la lealtad, no el cumplimiento de la ley.
Y ahora le toca el turno al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Mientras las resoluciones relevantes para la vida nacional no afectaran al duopolio televisivo, la actuación de dicho órgano garante contaba con el respaldo de las televisoras y radiodifusoras (poderes fácticos) y del Ejecutivo y Legislativo federales (poderes constitucionales); pero cuando los comisionados del IFT decidieron dar pleno cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y garantizar la protección de los derechos de las audiencias desataron toda su furia.
Primero, esos comisionados tuvieron que enfrentar una campaña de desprestigio; después, las controversias constitucionales del Consejería Jurídica de la Presidencia y del Senado de la República. Además, antes incluso del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aceptaron el cercenamiento de las facultades del IFT con una reforma aprobada fast track en la Cámara de Diputados.
Con esa contrarreforma, las fracciones parlamentarias del PRI, PAN, PVEM, Panal y PES en la Cámara de Diputados pretenden dejar sin efectos los lineamientos emitidos por el IFT con la. Y, para no dejar lugar a dudas de ello, en el segundo transitorio señalan: “Se abrogan las disposiciones reglamentarias y administrativas que se opongan al presente Decreto”.
Pero lo peor es que no sólo abrogan los lineamientos del IFT, sino que le cercenan atribuciones fundamentales que darían plena vigencia a los derechos de las audiencias, particularmente los que tienen que ver con la distinción entre información y publicidad y con la designación y las atribuciones de los defensores de las mismas.
En este caso no podían nombrar incondicionales, así que optaron por debilitar al órgano garante. Como la mayoría de los comisionados decidió cumplir a cabalidad con sus responsabilidades y pusieron en riesgo los privilegios de los concesionarios, el Ejecutivo y los diputados decidieron neutralizarlos con la designación de incondicionales a fin de mantener el statu quo, no para garantizar los derechos de las audiencias.
La historia, pues, se repite: cuando los órganos de gobierno de los organismos autónomos se decantan a favor del beneficio colectivo y atentan contra los privilegios de quienes detentan los poderes fácticos y constitucionales, éstos los castran.
Este análisis se publicó en la edición 2114 de la revista Proceso del 7 de mayo de 2017. 

fUENTE

Bolivia: La construcción mediática del narcoestado




La Paz, Bolivia. En todos estos años, ya van décadas, lo persiguieron para convertirlo en un narcotraficante desde el espectáculo de ciertos medios de comunicación, nacionales e internacionales. Ninguna prueba. Se frustraron: ni él ni el “narcoestado” que intentaron construir como imaginario colectivo.
Vanos fueron los intentos. Desde que fue dirigente de los productores de hoja de coca en el Chapare, en la década de los 80, a la fecha, buscaron y rebuscaron su pasado, su presente y lo dejaron intacto. Ni el embajador de Estados Unidos en Bolivia, Manuel Rocha, en 2005, pudo revertir la trayectoria invicta del dirigente que enrumbaba a la presidencia de Bolivia.
A partir de 2006, cuando Evo Morales asumió como presidente, se desató una nueva etapa en esa campaña de desprestigio. Junto a otros temas, el narcotráfico y el complejo mundo de las drogas, constituyeron ejes del discurso periodístico de “grandes medios” y “analistas” que intentaron volcar la opinión pública favorable a sus políticas de gobierno.
Medios con importante alcance, aunque no necesariamente influyentes en la vida cotidiana de las personas, “gatillaron” notas, artículos, reportajes y crónicas, como el caso de la Revista Veja, apuntando a la credibilidad del gobernante indígena para desgastarlo y contribuyendo, en momentos claves, a la desestabilización del gobierno abiertamente antiimperialista.
Veja se reconoce con una línea editorial de centro derecha. Su cercanía a grupos de poder le ha conferido varias primicias de corte político, pero también varios juicios por el tipo de periodismo de “investigación” convertido en especulación, manipulación y mentira.

Petrobras y el “falso indio”

El primer cuestionamiento a Evo Morales en la revista apareció en 2006, debido a la nacionalización de los hidrocarburos, que incluyó a Petrobras. Sendas portadas, reportajes y notas criticaron la medida y, a través de ella, la política de Lula, entonces presidente de Brasil. De ese tema específico pasaron a la crítica permanente al bloque progresista en América Latina.
El siguiente eje sobre el cual giró el discurso de la revista Veja fue el del “falso indio”, con lo cual el supuesto periodismo de investigación pasó a un periodismo interpretativo plagado más de adjetivos que de datos y argumentos. La descalificación al presidente, tomó un ritmo frecuente y en cualquier tema abordado.
2009, el jefe del narcotráfico
A partir de 2009, Veja comenzó a publicar textos sobre el presidente Morales y la política aplicada a la hoja de coca. Con el argumento de que el 80 por ciento de la droga consumida en Brasil provenía de Bolivia, sin ningún sustento de datos, la crítica pasó a la ampliación de áreas de producción de hoja de coca, anunciada por el gobierno boliviano.
Duda Teixeira y Reinaldo Acevedo, periodistas de la revista Veja, se turnan en escribir sobre Evo Morales con la misma orientación negativa y cada vez más tendente al narcotráfico. Teixeira (1975) es periodista de Sao Paulo y editor internacional de Veja, autor de varios reportajes y libros con clara identificación de derecha como “Che, la farsa de un mito”. Acevedo (1961) también periodista paulista fue periodista de Veja, jefe de prensa de varios medios como Folha de Sao Paulo, articulista con más de 100 mil visitas diarias y con medio millón de seguidores en twiter.
En 2011, Acevedo publica un artículo nombrando por primera vez al “narcogobierno”, cuyo objetivo de definirse como pluricultural buscaría encubrir no sólo el aumento de la producción de hoja de coca, sino la fabricación de cocaína y crack, y el tráfico libre a través de la frontera con Brasil. Estas aseveraciones sin ninguna comprobación, dato o documentación, en otras palabras, sin fuente alguna, fueron la antesala de un extenso reportaje.
Duda Teixeira lanzó en 2012 el reportaje de mayor repercusión en otros medios de comunicación internacionales. “La República de la cocaína” construye la imagen de un país en el que desde el presidente, ministros, modelos, amawtas, jefes de la policía y dirigentes cocaleros están vinculados con el narcotráfico. Pruebas ausentes, las afirmaciones se asientan en supuestos informes de inteligencia de la policía boliviana que no se muestran, pero se respaldan en declaraciones de Roger Pinto, prófugo de la justicia boliviana y asilado en Brasil.
En la línea del periodismo interpretativo, cada vez más alejado de la investigación, Veja vuelve a publicar sobre Evo Morales y la expulsión de USAID, en 2013. Ese mismo año, en otra publicación se nombra a Bolivia como “narcoestado”. El grado de especulación es sumamente elevado, así como la desinformación acerca de las políticas de gobierno. Esa construcción discursiva culmina con la inferencia de que Morales al ser un “falso indio”, usaría el poder para practicar el narcofascismo.
Esa matriz de opinión desinformativa siempre tuvo su correlato en el escenario mediático boliviano. Este 2017, la promulgación de la Ley General de la Coca actualizó discursos y mensajeros frente a la política nacional antidrogas. La nueva norma, junto a la Ley de Sustancias Controladas, reemplaza la conocida ley 1008, que aterrizó aún en inglés en tierra boliviana, en los años 80.
En medios impresos y digitales, los columnistas casi en su totalidad escribieron en contra de la nueva Ley. La línea temática en la que más incidieron fue en la hoja de coca como una mercancía destinada al negocio del narcotráfico y delitos conexos. Varios “analistas” que fueron parte de gobiernos anteriores olvidan adrede que no lograron ningún resultado positivo aplicando el dictamen norteamericano en materia de lucha antidrogas. Aún más, varios de sus colegas partidarios fueron acusados de estar vinculados al narcotráfico.
Las opiniones personales de cada columnista no sustentan sus afirmaciones, pero cuentan con amplios espacios en diarios y sitios web. Sin datos, ni documentos, ni pruebas, buscan estigmatizar a la hoja de coca, al presidente y al gobierno. No se atreven a denominar al “narcoestado”, porque el vacío del discurso no alcanza, pero sí posicionan la “narcoley”.
Ni los columnistas indígenas resisten al guión digitado desde afuera. Desconocen y reniegan del valor ceremonial, medicinal y religioso de la hoja de coca que aprendieron con sus ancestros. Los otros vienen de la herencia colonial.
Estos son los sentidos que una buena parte del mundo mediático construye en el imaginario colectivo. Se sigue, se reproduce, se instala la agenda ajena que criminaliza la coca. Es recomendable hoy, ante la velocidad de la comunicación digital, profundizar la lectura crítica de esos medios y sus columnistas “orgánicos”, los de la postverdad y ponerle atajos a la manipulación, la desinformación y el engaño histórico.
Claudia Espinoza I./PL