jueves, 11 de mayo de 2017

SME Conversatorio ¿Qué nos articula como clase trabajadora? 11may17

Apoyo a nuestras compañeras Enfermeras


Por sexto año, madres y familiares de desaparecidos claman hallar a sus parientes

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Entre los contingentes había representación de estados como Coahuila, Veracruz, Chihuahua, Nuevo León y Michoacán. En su recorrido ocuparon los carriles centrales de Paseo de la ReformaFoto Jesús Villaseca
José Antonio Román
 
Periódico La Jornada
Jueves 11 de mayo de 2017, p. 12
Con el dolor a cuestas, madres y familiares de desaparecidos, junto con centenares de personas solidarias, marcharon este 10 de mayo, Día de las Madres, para exigir la búsqueda de sus seres queridos, la verdad y la justicia.
Con paso lento y las fotografías en las manos de quienes han sido separados violentamente de sus familias, y sin dejar de gritar que jamás descansarán hasta encontrarlos, las madres y el contingente de cientos de personas caminaron del Monumento a la Madre al Ángel de la Independencia, donde se realizó un mitin y un acto cultural.
En el sexto aniversario de esta movilización hubo duros reclamos por la falta de resultados para detener las desapariciones, que suman ya más de 30 mil en todo el país, según las cifras oficiales, y que han convertido al país entero en una fosa clandestina, todo en medio de un alud de impunidad. El clamor sigue siendo el mismo: ¡Dónde están nuestros hijos!
Los reproches y acusaciones, lanzados contra los legisladores por no contar todavía con una ley general de desaparición de personas, alcanzaron también al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien hace apenas unas semanas había prometido a las organizaciones civiles crear una robusta comisión nacional de búsqueda. ¡No cumplió su palabra!, acusó Yolanda Morán Isais, madre de Dan Jeremeel, desaparecido desde 2008 en Torreón, Coahuila.
Desde las escalinatas del Ángel, la señora Morán, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos México (Fundem), dijo que el Estado se encuentra igualmente desaparecido, pues ante su indolencia y total ausencia, las madres de diversas regiones del país han tenido que salir a buscar a sus hijos e hijas, hurgando en los servicios médicos forenses (Semefos) o en las fosas clandestinas o comunes.
Lamentó también el fallecimiento de madres y abuelas, padres y abuelos que han tenido que partir en plena búsqueda de sus hijos desaparecidos. Del último año, dio los nombres de cinco de ellos, cuyas muertes llegaron antes que la verdad, la justicia y la reparación del daño. Pareciera que a eso apuesta el gobierno corrompido por el crimen organizado: a que nos rindamos por cansancio, o que la tumba nos acalle para siempre, y que la desmemoria cubra la responsabilidad del Estado, dijo. Pero les decimos que no descansaremos jamás, añadió.
Congregadas desde temprano en el Monumento a la Madre, decenas de personas de diversas organizaciones fueron preparándose para la marcha; sobre el piso fueron colocadas mantas de todos los tamaños para el recorrido, casi todas acompañadas con la foto del ser querido y la fecha y lugar de su desaparición.
En las mantas se leían muchas frases, en la que apenas reflejaban el inmenso dolor de un acontecimiento así. Te extrañamos mucho. Tus papás, decía una.
La movilización, denominada desde hace seis años Marcha de la Dignidad Nacional: Madres Buscando a sus Hijos e Hijas, y Buscando Verdad y Justicia, partió casi a las 10:30. A ella llegaron mujeres de diversos estado como Veracruz, Chihuahua, Nuevo León y Michoacán, entre otros.
Vestidas la mayoría con playeras blancas, portando mantas, pancartas y fotos estampadas con los rostros de sus hijos y seres queridos, las madres llagaron una hora después al Ángel de la Independencia. Ahí, Araceli Salcedo, madre de Rubí, joven de 21 años, secuestrada y desaparecida en Orizaba, Veracruz, en 2012, leyó el pronunciamiento de la marcha.
Hoy venimos a recordarles a los actores políticos que manejan nuestro país, a los que hacen las leyes y, sobre todo, a los responsables que las hacen cumplir, que tienen una enorme deuda permanente con todas las personas desaparecidas y con sus familias, dijo.
Para esta ocasión, las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, que están en plantón indefinido frente a la Procuraduría General de la República desde el pasado 20 de abril, se incorporaron a la marcha, y participaron en el acto.

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Madres de víctimas de violencia se manifiestan en seis entidades

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Decenas de madres con hijos desaparecidos marcharon ayer en Cuernavaca, del templo El Calvario al Zócalo, para exigir al gobernador de Morelos, el perredista Graco Ramírez, y al gobierno federal, que presenten con vida a sus familiaresFoto Rubicela Morelos
De los corresponsales
 
Periódico La Jornada
Jueves 11 de mayo de 2017, p. 27
Agrupaciones de mujeres marcharon ayer en Morelos, Veracruz, Michoacán, Nuevo León, Chihuahua y Querétaro para clamar que en el país no hay nada qué festejar el Día de las Madres, con hijos detenidos, desaparecidos, secuestrados y asesinados, así como niñas y adolescentes asesinadas, violadas o desaparecidas por el crimen organizado y la inacción de las autoridades encargadas de ofrecer seguridad e impartir justicia.
Las madres de víctimas de la violencia en Morelos marcharon en Cuernavaca para exigir a los gobiernos del estado y federal que presenten a sus hijos con vida, que hagan justicia y castiguen a los responsables.
Con pancartas, lonas y camisetas con las fotografías de sus hijas e hijos, caminaron hacia la plaza principal de dicha ciudad y se detuvieron frente a la ofrenda floral en honor a las víctimas de la violencia en Morelos, en una de las entradas del palacio de gobierno.
Somos las madres de las y los miles de desaparecidos en México, de los miles de asesinados, secuestrados y víctimas de la trata. Hoy salimos a todas las plazas públicas del país para exigir al gobierno la presentación con vida de nuestras hijas e hijos, para demandar justicia para las víctimas de feminicidio e hijos asesinados, dijo Celia Salinas, madre de Jessica Cerón, desaparecida en 2012.
Aseguraron que todas las investigaciones están estancadas y demandaron que se depure al personal de seguridad pública y judicial, pues las instituciones están cooptadas por el crimen organizado que opera en Morelos.
En Xalapa, Veracruz, las madres que forman parte de los colectivos Familias Enlace Xalapa y Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz corearon: ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! y ¿Dónde están, dónde están, nuestros hijos dónde están?
En el contingente, Yolanda Espíritu Mota, cuyas dos hijas desaparecieron en octubre de 2011, reprochó que las propias madres hayan tenido que iniciar la búsqueda de sus hijos por medios propios, ante la falta de respuesta del Ministerio Público.
Esta protesta se inició en el panteón Palo Verde y terminó en Plaza Lerdo, donde Espíritu Mota reprochó al gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares haber frenado las pesquisas después del cambio de administración estatal.
Integrantes del Comité de Personas Detenidas y Desaparecidas en Michoacán Alzando Voces marcharon por el centro de Morelia para exigir justicia y conocer el paradero de hijos, padres y hermanos. En la mayoría de los casos creen que agentes de seguridad estuvieron involucrados en las desapariciones.
Con pancartas que decían: Yo lucho por que lo que me pasó no te pase a ti, caminaron desde las instalaciones de la 21 Zona Militar por la avenida Acueducto y arribaron al palacio de gobierno, donde afirmaron que de octubre de 2015 a la fecha ha habido 17 desapariciones forzadas, pero desde 2006 suman 368.
En Monterrey, Nuevo León, las madres de personas desaparecidas se reunieron en la Explanada de los Héroes –frente al palacio de gobierno– para denunciar que los funcionarios se olvidaron de buscar a sus familiares y advirtieron que no van a rendirse ni a dejar de alzar la voz hasta hallar a sus parientes.
En Ciudad Juárez, Chihuahua, madres de desaparecidas protestaron fuera de la Fiscalía General del Estado porque desde 1997, cuando comenzaron los feminicidios en esa frontera, sus hijas no han sido localizadas.
Los integrantes de la organización Desaparecidos Justicia se manifestaron en la capital de Querétaro para recordar a las autoridades que de 2010 a la fecha han desaparecido 240 personas en la entidad y las investigaciones no han dado resultado alguno.
(Ernesto Martínez, Rubicela Morelos, Rubén Villalpando, Eirinet Gómez, Mariana Chávez y Érick Muñiz)

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Gasto público para pensiones, el más bajo de los países de la OCDE

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Jubilados y pensionados ferrocarrileros en una manifestación a las afueras de la Cámara de DiputadosFoto Francisco Olvera
Roberto González Amador e Israel Rodríguez
 
Periódico La Jornada
Jueves 11 de mayo de 2017, p. 20
El gasto público destinado a financiar las pensiones es el más bajo entre los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), aun cuando menos de la mitad de las personas mayores de 65 años recibe una pensión, de acuerdo con ese organismo, del que México forma parte.
La creciente transferencia de recursos para subsanar el déficit de los distintos regímenes pensionarios ha sido, hasta ahora, el argumento central para promover reformas en los sistemas para el retiro, orientados a la gestión privada de estos recursos.
Este año, el gobierno federal gastará 720 mil 128 millones de pesos para cubrir pensiones, cuotas, aportaciones, subsidios y otras erogaciones de seguridad social que otorgan el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado y el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, entre otros beneficiarios, de acuerdo con datos oficiales del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017.
El monto de dinero público destinado a financiar el gasto en pensiones, que en 2017 supera en 9.1 por ciento al de 2016, prácticamente se ha duplicado en una década y, actualmente, equivale a tres veces el que recibe la Secretaría de Educación Pública (SEP), de 265 mil 794 millones de pesos, según información oficial.
Respecto del tamaño de la economía, el gasto público en pensiones es poco más de 2.5 por ciento del producto interno bruto (PIB), proporción que resulta una de las más bajas entre los países que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
En México, el gasto social equivale a 8 por ciento del PIB, proporción que es la más baja entre los países de la OCDE. El promedio para el grupo de naciones que pertenece a ese grupo es de 21 por ciento del producto. El más alto es Francia, país que destina a este rubro recursos equivalentes a 32 por ciento del tamaño de su economía, de acuerdo con ese organismo multinacional.
El gasto social en pensiones en México, en torno a 2.5 por ciento del producto interno bruto, es también el más bajo entre los países de la OCDE, en parte por tratarse de un país con población mayoritariamente joven, pero también por la falta de protección social en la que se encuentra una porción significativa de los adultos en edad de retiro.
En Portugal, ejemplifica la OCDE, el gasto público en pensiones equivale a 14 por ciento del producto interno bruto, mientras en México llega a 2.5 por ciento. Hasta cierto punto, esto es explicado porque México es un país relativamente joven, con más trabajadores en activo por adulto mayor, pero también porque la mayoría de los adultos mayores en Portugal recibe una pensión, comparado con menos de la mitad de la población mayor en México, señala.

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Experto: Consar, incapaz de regular a administradoras de fondos para el retiro

Israel Rodríguez y Roberto González Amador
 
Periódico La Jornada
Jueves 11 de mayo de 2017, p. 21
Gustavo Leal Fernández, experto en sistemas de pensiones, afirmó que la sanción de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) a cuatro Administradoras de Fondos para el Retiro (Profuturo GNP, Sura, XXI Banorte y Principal) pone en evidencia la incapacidad de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) para regular su universo que es la industria de las Afores. Mientras que la Cofece demostró su autonomía detectando y sancionando prácticas monopólicas, la Consar fue permisiva con algunos de sus regulados.
Esta incapacidad del regulador tiene que ver con la manera en que en los últimos 20 años la dinámica del Sistema de Ahorro para el Retiro ha sido apoderada directamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como si fuera un asunto exclusivo hacendario perdiendo toda la perspectiva de que el sistema de ahorro para el retiro debe cumplir con una agenda de pensiones y es justamente lo que no se está haciendo.
En entrevista con La Jornada, el especialista aseguró que el actual sistema para el retiro después de 20 años de operación, con la modificación de la Ley del IMSS 1995-97 y tras la repetición de esa fallida Ley para el caso de la reforma del Issste en 2007, claramente ha mostrado que las reformas de pensiones neoliberales a partir de Ernesto Zedillo y hasta Enrique Peña Nieto, incluidos por supuesto los dos gobiernos panistas, han generado un sistema de ahorro forzoso que reúne la friolera suma de 3 billones de pesos y sin embargo es incapaz de devolver pensiones dignas.
Según los más recientes estudios de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), y las estimaciones del propio Fondo Monetario Internacional (FMI) está devolviendo, si acaso, 26 por ciento del último salario devengado como porcentaje total de la pensión.
El también catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana señaló que este resultado es el centro. Un sistema de ahorro forzoso que no devuelve pensiones entonces es un sistema de ahorro, pero no un sistema de pensiones. Y eso es lo que está en el fondo del comportamiento de las administradoras que hicieron está actividad anómala que denunció y sancionó la Cofece, pero que no ubica en el contexto de fondo el desafio pensionario mexicano.
Gustavo Leal consideró que la propuesta hacendaria de hacer una nueva ola de reformas coincide en términos de negar a la sociedad mexicana algo que se está poniendo en el centro del debate, que es evaluar la dinámica de este sistema de ahorro para el retiro e inmediatamente proceder a constituir un grupo de estudiosos que diagnostique y proponga soluciones para garantizar una seguridad social a la siguiente generación.
La reciente declaración de Óscar Vela Treviño, jefe de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la SHCP, de proponer el uso de 5 por ciento de los fondos de vivienda justamente lo que demuestra es que la tecnocracia hacendaria se cree dueña de los fondos, quiere imponer su agenda y está desoye a la sociedad que reclama un ajuste.
Mientras el gobierno que entre en 2018 no cambie a estos funcionarios no va haber manera de que la sociedad logre construir una solución hacia los jóvenes advirtió.
Criticó que Hacienda se sienta propietaria del uso y abuso sobre los 3 billones de pesos del SAR.
Recordó que Brasil, España, Reino Unido y Suecia no han permitido la privatización de sus sistemas de pensiones y son viables.

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Descarta Fitch que multas impuestas a Afore les impacte financieramente


Roberto González Amador
 
Periódico La Jornada
Jueves 11 de mayo de 2017, p. 20
Las sanciones impuestas por la autoridad antimonopolio a cuatro administradoras de fondos para el retiro (Afore) serán absorbidas financieramente con relativa facilidad por estas empresas, que no afrontarán un castigo por unos usuarios poco sensibles a la consecuencia de este tipo de prácticas, aseguró Fitch Ratings.
La firma calificadora sostuvo que las Afore afrontarán riesgos a su reputación por parte de inversionistas y otros participantes del mercado, pero no espera que sean castigadas por los usuarios. No serán afectadas desde la perspectiva de negocio, dado que atienden a una base de clientes pulverizada que es menos sensible a este tipo de eventos, consideró.
El jueves de la semana pasada, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la autoridad antimonopolio, anunció una sanción por mil 100 millones de pesos a las Afore XXI Banorte, Sura, Principal y Profuturo. Las encontró culpables de haberse puesto de acuerdo para retrasar los trámites iniciados por trabajadores para cambiarse a una administradora que les ofreciera mejores condiciones de costo, con lo que redujeron sus costos comerciales y aumentaron sus ganancias.
Los efectos potenciales en las propietarias de las Afore multadas por el organismo regulador no son significativos, ya que es poco probable que estas penas económicas debiliten materialmente el perfil relativamente sólido de sus controladoras, opinó Fitch Ratings.
Tres de las cuatro Afore multadas son subsidiarias de controladoras calificadas por Fitch: Grupo Financiero Banorte (Afore XXI Banorte), Grupo Profuturo (Profuturo GNP Afore) y Sura Asset Management (Afore Sura).
Fitch no prevé un efecto negativo significativo en el desempeño financiero de estas tres entidades calificadas derivado de las sanciones debido a su perfil financiero sólido, sus fuentes de ingresos relativamente diversificadas y por su historial probado en el mercado mexicano como administradores de fondos para el retiro. Por ello, los efectos financieros de las multas impuestas por el organismo regulador probablemente serán bajos, dijo la firma calificadora en un comunicado.

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¿Y los huachicoleros de “cuello blanco”?


México en venta. Deschamps y Anaya firman contrato con Chevron e Inpex para explorar aguas profundas en El Golfo. Foto: Eduardo Miranda
México en venta. Deschamps y Anaya firman contrato con Chevron e Inpex para explorar aguas profundas en El Golfo. Foto: Eduardo Miranda


PROCESO 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La raíz de la palabra huachicoleros se deriva del término huacho, que es el surco realizado en la tierra, de gran profundidad, para ordeñar los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex). Durante décadas se trató de una actividad criminal menor, realizada por bandas sin la capacidad delictiva y corruptora como la actual.
Curiosamente, el crecimiento exponencial de esta actividad se registró en los últimos tres sexenios (Fox-Calderón-Peña Nieto), hasta llegar a representar un quebranto a las arcas públicas nacionales entre 15 mil y 20 mil millones de pesos anuales, según informó este martes el titular de Hacienda, José Antonio Meade.
Lo realmente grave es que desde 2003 el gobierno de Vicente Fox creó una “coordinación” institucional para frenar el robo ilegal de combustible. En casi 14 años han desfilado por esa coordinación interinstitucional seis secretarios de Hacienda, ocho secretarios de Energía, seis directores generales de Pemex, tres secretarios de la Defensa, tres titulares de la Marina y ocho procuradores generales de la República, y el robo de combustible se incrementó en 10 mil por ciento, según los informes de Pemex.
La gravedad del fenómeno ha ocupado la atención mediática a raíz del enfrentamiento ocurrido la semana pasada en la comunidad de Palmarito, Puebla, entre efectivos militares y pobladores acusados de robar combustible en los ductos de Pemex.
El enfrentamiento dejó un saldo trágico de al menos diez personas muertas, seis de ellas civiles y cuatro soldados, 11 heridos, 14 detenidos y una situación de tensión política y social. La Procuraduría General de la República (PGR) anunció que abrió una indagatoria por los delitos de posesión, portación de armas de fuego y los que resulten, al mismo tiempo que anunció que trabajará de manera “coordinada” con las autoridades estatales. Una vez más, se prometió la “coordinación”.
El propio presidente Enrique Peña Nieto anunció el pasado viernes 5 una nueva estrategia que en realidad se parece mucho a la que Fox instauró hace 14 años. Condenó los ataques registrados en Puebla y defendió a “los familiares y compañeros soldados del Ejército mexicano” que perdieron la vida.
Ni Vicente Fox ni Felipe Calderón ni Enrique Peña Nieto han mencionado en su estrategia contra los huachicoleros a quienes están más allá del llamado Triángulo Rojo de Puebla y se siguen concentrando en la narrativa de culpabilizar a los pobladores que dependen de los criminales.
Ninguna coordinación o investigación se ha realizado para dar con los huachicoleros de “cuello blanco”: altos funcionarios de Pemex, integrantes del sindicato dirigido por Carlos Romero Deschamps y autoridades de al menos seis entidades donde se concentra más del 90% del robo a ductos: Puebla, Guanajuato, Veracruz, Hidalgo, Querétaro y Tamaulipas.
Tampoco se ha investigado a profundidad si este enorme trasiego ilegal de combustible es una forma de financiar ilegalmente campañas electorales. Los priistas han acusado de eso al exgobernador de Puebla Rafael Moreno Valle, aspirante presidencial del PAN, en cuyo mandato se disparó la actividad delictiva.
Sin embargo, ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, ya que el crecimiento más alarmante se ha registrado durante la administración federal del propio Peña Nieto, en paralelo con un mayor desmantelamiento de la vigilancia en los ductos de Pemex.
Desde 2016 se reportó una disminución de 624 kilómetros diarios en la vigilancia de ductos e instalaciones petroleras en el país, bajo el pretexto del recorte presupuestal de 100 mil millones de pesos que aplicó el gobierno federal a Pemex.
El reporte financiero de Pemex indicó que en 2016, en coordinación con la Secretaría de la Marina, la Secretaría de la Defensa y otras autoridades gubernamentales, patrullaron un total de 10.4 millones de kilómetros para inspeccionar las instalaciones y derechos de vía de la empresa. Es decir, un promedio de 28 mil 693 kilómetros diarios que resultó menor a los 29 mil 317 kilómetros diarios patrullados durante 2015.
Tan sólo el año pasado la PGR abrió 2 mil 960 carpetas de investigación sobre el robo ilegal de hidrocarburos. Guanajuato y Puebla son las dos entidades que concentran casi la mitad de estas investigaciones: mil 322 carpetas en el caso de Guanajuato y 367 en el caso de Puebla, seguidos por Veracruz, con 235 casos; Hidalgo, con 198; Tamaulipas, con 139, y Querétaro, con 138.
¿Cuál fue el resultado de estas indagatorias? ¿Por qué no se tomaron las medidas pertinentes en casos, sobre todo, donde el robo de combustibles se vincula con otros casos de crimen organizado?
En efecto, es preocupante el vínculo entre políticos de Puebla y el robo de ductos, pero la “coordinación” no ha mencionado nada de este punto. Desde el 18 de abril pasado, la PGR, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y el Ejército intervinieron tres gasolineras del alcalde de Palmar de Bravo, Pablo Morales Ugalde, militante del Partido Social de Integración (PSI). Este partido fue creado durante la administración del gobernador panista Rafael Moreno Valle.
Según la propia información periodística, dos días después del operativo contra las tres gasolineras se encontraron al menos 60 bidones de combustible robado en un predio cercano a la alcaldía de Palmar de Bravo.
Los avisos de que hay una dimensión mucho mayor a la de las simples bandas locales del Triángulo Rojo de Puebla en el robo de combustible han sido muchos y persistentes, sobre todo desde 2015, cuando Pemex calculó que se robaron 800 mil barriles, tan sólo en el último trimestre, en el Poliducto que une Minatitlán, Veracruz, con la Ciudad de México y que pasa por el estado que gobernó Moreno Valle.
www.homozapping.com.mx

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Investigarán Sedena y PGR la ejecución de un civil en Palmarito

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La cámara de seguridad captó el momento preciso en que uno de los presuntos huachicoleros disparó por la espalda a un militar durante los enfrentamientos ocurridos el pasado miércoles 3 de mayo en Palmarito Tochapan, PueblaFoto Video dado a conocer por el diario local Cambio
Gustavo Castillo y Fernando Camacho
 
Periódico La Jornada
Jueves 11 de mayo de 2017, p. 3
La Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General de Justicia Militar investigarán la presunta participación de militares en una ejecución ocurrida en la comunidad de Palmarito Tochapan, municipio de Quecholac, Puebla, durante los enfrentamientos que durante varias horas sostuvieron civiles armados y miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el pasado 3 de mayo.
Grabaciones de una cámara de seguridad dadas a conocer por un diario local muestran el momento en que, al parecer, un soldado ejecuta a un civil de-sarmado. Ante esto, la Sedena se comprometió a colaborar en todo con la PGR y señaló que el Ministerio Público Federal deberá determinar la autenticidad de los videos y deslindar las responsabilidades correspondientes.
Según la versión oficial, los militares –quienes iban acompañados por policías locales– sostuvieron enfrentamientos con integrantes de grupos de huachicoleros (ladrones de combustible) fuera de Palmarito Tochapan y las confrontaciones se extendieron hasta el centro de esa comunidad poblana. Los choques armados dejaron seis civiles y cuatro soldados muertos, 12 heridos y 14 personas detenidas.
Ayer, el diario Cambio, de Puebla, difundió imágenes obtenidas de cámaras de vigilancia en las cuales se muestra que, al parecer, un soldado habría disparado a la cabeza de un hombre sometido y desarmado.
De acuerdo con las grabaciones difundidas, captadas por las cámaras colocadas en la esquina de Avenida Hidalgo con 10 Norte, al filo de las 20:30 horas un grupo de militares perseguía una camioneta pickup blanca que circulaba por la zona, en donde presuntamente viajaban ladrones de hidrocarburos extraídos de ductos de Petróleos Mexicanos. En la imagen se aprecia que los militares se dividen en dos grupos: un comando avanza detrás de un transporte de personal castrense hacia una zona donde presuntamente disparaban en su contra.
Se observa que mientras parte de los soldados avanzan por una calle, un civil que inicialmente estaba tirado se levanta y abre fuego en contra de los militares; uno de los uniformados cae al piso, sus compañeros se parapetan en la camioneta y luego atienden a su compañero.
Momentos después, la grabación muestra que entre las 20 y las 20:44 horas, una camioneta que inicialmente se acerca a la intersección de la Avenida Hidalgo con 10 Norte avanza de frente y momentos después es conducida en reversa, mientras los soldados disparan al vehículo.
En la imagen de video se aprecia que el parabrisas delantero había recibido varios impactos, y luego la unidad es bloqueada por un transporte militar del cual bajan varios uniformados y sacan a los ocupantes.
Los tres civiles descienden, dos de ellos son alejados de la unidad, mientras el tercero es llevado a rastras hacia una banqueta cercana a la barda en la que se encuentra una de las cámaras que grabaron los hechos. Son ya las 20:36 horas. Dos minutos más tarde, los soldados colocan boca abajo al hombre, quien presuntamente estaba herido, y a las 20:44 hay tres militares en el lugar; uno de ellos aparentemente dispara a la cabeza del civil.
Una vez conocidas las imágenes, la Sedena informó que ‘‘tuvo conocimiento de la difusión en redes sociales de dicho video, el cual muestra los momentos en que el personal militar es agredido con disparos de arma de fuego desde diversos vehículos, logrando la aprehensión de algunos de los agresores’’.
Indica que las imágenes captan ‘‘el momento en el que, al parecer, un elemento militar efectúa un disparo sobre un civil ya sometido’’.
Lo anterior, indica la dependencia, ‘‘debe ser esclarecido fehacientemente por el Ministerio Público de la Federación (instancia) que lleva la investigación de los hechos, para determinar con precisión si corresponde al lugar y evento de referencia, así como si es auténtico o editado, y en su caso deslindar las responsabilidades que correspondan’’.
La Sedena se comprometió a colaborar ‘‘en todo lo necesario con la Procuraduría General de la República, con la convicción de que bajo ninguna circunstancia pueden justificarse conductas contrarias a la ley y a los derechos humanos, por lo que en caso de acreditarse deben ser sancionadas con todo rigor’’.
Por su parte, la Fiscalía General de Justicia Militar realizará las investigaciones por lo que hace a los delitos del orden castrense, en tanto que la PGR informó que ‘‘la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo abrió el 4 de mayo una investigación por los hechos ocurridos’’, y realiza las indagatorias correspondientes sobre los hechos que fueron videograbados.

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Sin reparar en video, gabinete de seguridad insiste en estrategia contra huachicoleros


La reunión con el gabinete. Foto: Presidencia
La reunión con el gabinete. Foto: Presidencia


PROCESO 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Presidencia de la República informó que el gabinete de seguridad se reunió hoy con el grupo especial contra el robo de combustible para implementar la estrategia al respecto.
A pesar de que este miércoles se difundió ampliamente una serie de videos en los que se muestra una aparente ejecución extrajudicial y desmiente la versión oficial de lo ocurrido en Palmarito, Puebla el pasado 3 de mayo, el gobierno federal mantuvo los trabajos instruidos por el presidente Enrique Peña Nieto tras los enfrentamientos en los que perdieron la vida cuatro soldados y seis civiles.
En las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con la presencia de su titular, Salvador Cienfuegos Zepeda, se reunieron los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; de Hacienda, José Antonio Meade; de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, así como los titulares de la Oficina de la Presidencia, Francisco Guzmán; de Petróleos Mexicanos (Pemex), José Antonio González Anaya; de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Eugenio Ímaz.
“En la reunión se revisaron los alcances de la estrategia elaborada por el Grupo de Coordinación contra el Robo de Combustible, que por primera vez cuenta con la activa participación de Pemex, el Sistema de Administración Tributaria y de la Unidad de Inteligencia Financiera, en el combate a este ilícito”.

Sin mayores detalles, el comunicado del gobierno expone que se acordaron acciones adicionales “para agilizar y fortalecer la referida estrategia”, así como una reunión con los gobernadores de las entidades con mayor incidencia en el robo de combustible: Puebla, Guanajuato, Veracruz y Tamaulipas.
Luego de la difusión de videos que pretenden desmentir la versión oficial de lo ocurrido, la Sedena emitió un comunicado en el que informó que la Procuraduría General de la República (PGR) se encargará de confirmar su veracidad y establecer que las condiciones de modo, tiempo y lugar coincidan con los hechos, o si los videos fueron editados o alterados.
La creación del grupo de coordinación, así como la elaboración de una estrategia para combatir el delito fue instruida por Peña Nieto el pasado viernes 5, luego de lamentar la muerte de cuatro soldados y reiterar la versión oficial sobre ataques, escudos humanos y lo que el propio mandatario describió como la captación de población civil por parte de las mafias de robo de combustible.

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Despedidos de Pemex, 25 mil trabajadores en este gobierno

Juan Carlos Miranda
 
Periódico La Jornada
Jueves 11 de mayo de 2017, p. 22
En los cuatro años y medio de gobierno de Enrique Peña Nieto más de 25 mil trabajadores de base han sido despedidos de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Según el reporte anual de 2016 enviado por la empresa a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), de los 155 mil 538 empleados que tenían Pemex y sus subsidiarias en 2013, al cierre de 2016 sólo tenían 130 mil 333, disminución de 16.2 por ciento o 25 mil 205 trabajadores menos.
El reporte, en el que se excluye a los empleados contratados temporalmente, indica que el mayor número de despidos ocurrió entre 2014, año en que entró en vigor la reforma energética impulsada por el actual mandatario, y 2015, cuando se perdieron 14 mil 706 fuentes de trabajo, casi 800 por ciento más que los mil 649 trabajadores despedidos el año previo, es decir, entre 2013 y 2014.
El número de trabajadores de Pemex y filiales bajó en 8 mil 850 o 6.3 por ciento, al pasar de 139 mil 183 empleados, al cierre de 2015, a 130 mil 333 al término de 2016.
Deterioro laboral
De acuerdo con su reporte correspondiente al primer trimestre de este año, entre enero y marzo Pemex despidió a 9 mil 649 trabajadores, aunque en dicho informe se incluye a los trabajadores eventuales, por lo que el dato no es comparable con los que figuran en el reporte anual de 2016.
El informe de Pemex señala que al 31 de diciembre de 2016, el sindicato representaba aproximadamente 79 por ciento de la fuerza laboral de la compañía y entidades subsidiarias, aunque desde el establecimiento oficial del sindicato, en 1938, no se han experimentado huelgas y sólo han ocurrido suspensiones laborales por cortos periodos, ninguna de éstas ha tenido un efecto adverso en las operaciones de la petrolera.
Sin embargo, las condiciones laborales de los trabajadores de nuevo ingreso o con menos de 15 años de antigüedad se deterioraron a finales de 2015.
En noviembre de ese año, Pemex anunció que había suscrito un convenio con el sindicato para modificar el sistema de pensiones aplicable a todos los trabajadores y, de acuerdo con éste, los trabajadores con menos de 15 años de antigüedad la edad de retiro se incrementó de 55 a 60 años con una antigüedad de 30 años para obtener una pensión equivalente a ciento por ciento.
Adicionalmente, se acordó que para los trabajadores de nuevo ingreso aplicará un esquema de cuentas individuales que tendrán las ventajas de aportaciones complementarias por Pemex, la portabilidad hacia otras cuentas y el ahorro voluntario con sus beneficios fiscales.

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Excluyente, el modelo de gestión del agua, informan colectivos a la ONU

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Distribuidor Donato Guerra, del Sistema Cutzamala, que abastece de agua a la Ciudad de México con un flujo de 12 metros cúbicos por segundo hacia la planta potabilizadora de Los Berros. Imagen de archivo de 2005 cuando campesinos del Frente Mazahua tomaron simbólicamente las válvulas para probar la vulnerabilidad de las instalacionesFoto Agencia MVT
Angélica Enciso L.
 
Periódico La Jornada
Jueves 11 de mayo de 2017, p. 33
En el país prevalece un modelo de gestión del agua excluyente e insostenible que favorece los negocios privados. Las zonas con más agua y gran población indígena tienen mayor carencia, falta voluntad política para atender su abastecimiento, y en los pasados seis años hubo 303 ataques a defensores ambientales, advierte el Informe sobre violaciones a los derechos humanos al agua y saneamiento.
Aunque datos oficiales indican que la cobertura de agua potable es de 92.3 por ciento de la población y de 91 por ciento en alcantarillado, lo que se mide es la infraestructura no el acceso real, continuo, suficiente, de buena calidad y asequible.
Ejemplifica que en Iztapalapa hay tomas domiciliarias a las que llega agua insalubre y se contabilizan como acceso al líquido.
Así, las políticas públicas basadas en estos datos no atienden los problemas, se señala que es un derecho cubierto y ya no hay pendientes, pero la realidad es que millones de mexicanos no gozan de él, señala el documento elaborado por la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, el Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, Agua para todos Agua para la Vida, entre otras decenas de organizaciones y que fue presentado a Léo Heller, relator de Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua y saneamiento, quien presentará un informe sobre esta materia.
Menciona que hay opacidad e ineficiencia en la operación de los organismos operadores de agua potable, argumento que se utiliza para impulsar su privatización. Y aunque se reconoce la importancia de la conservación de los recursos hídricos, se fomenta la sobreexplotación y contaminación con el otorgamiento de miles de concesiones a industrias extractivas, para los megadesarrollos, se fomenta la construcción de presas y acueductos.
En cuanto a saneamiento, indica que las aguas residuales deberían llegar a plantas de tratamiento, pero en la mayor parte de las localidades, la población tiene contacto con ellas en los ríos, barrancas y el mar. Destaca que hay datos que reportan que entre 70 y 90 por ciento del agua superficial está contaminada. El caso del río Santiago en Jalisco, es un ejemplo.
Apunta que los acuerdos de privatización del servicio, promovidos por el Banco Mundial, han sido injustos para los municipios y los usuarios, dañinos para el medio ambiente, opacos y no aseguran el respeto a los derechos humanos al agua y al saneamiento. Durante la gestión de las empresas privatizadas, las autoridades municipales no se han preocupado por las violaciones al derecho humano al agua y su respuesta a las quejas y demandas ciudadanas ha sido nula, en ningún caso se han aplicado sanciones a las empresas privadas.
En las ciudades donde se ha privatizado el servicio (Aguascalientes, Cancún, Isla Mujeres, Solidaridad, Navojoa, Saltillo, Ramos Arizpe, Puebla, Veracruz y Medellín) hay violaciones al derecho: mala calidad del agua, aumentos excesivos de tarifas, cortes del servicio y falta de transparencia. Destaca que en meses recientes ha sido evidente la presión del Banco Mundial para la privatización del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
Los estados que encabezan la lista de mayor rezago en el servicio durante los pasados 15 años, coinciden con los de mayor porcentaje de servicio deficiente y son los de mayor presencia indígena: Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Campeche, Hidalgo, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, Yucatán
Destaca que entre 2010 y 2016 se presentaron ataques a defensores ambientales sobre todo en los estados de México y Sonora con 12 casos, seguidos de Oaxaca con seis, Puebla cinco, Colima y Campeche, con cuatro casos cada uno, entre otros. Se trata de amenazas, intimidación, criminalización y agresiones físicas. Señala que la corrupción y la impunidad son factores que propician estas agresiones así como el incremento de los conflictos socioambientales por los intereses económicos implicados, el desequilibrio del poder entre los estados, las empresas y los defensores de los derechos humanos.

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Juez achaca a la falta de tiempo y carga laboral el retraso en el caso Mireles


Simpatizantes de Mireles piden su liberación en la Ciudad de México. Foto: Octavio Gómez
Simpatizantes de Mireles piden su liberación en la Ciudad de México. Foto: Octavio Gómez


PROCESO 

MORELIA, Mich. (apro).- El juez quinto de Distrito de Uruapan, Rubén Olvera Arreola, quien lleva el caso del exlíder de autodefensas José Manuel Mireles, reconoció que no ha podido emitir un dictamen sobre el asunto porque se encuentra revisando otros casos “igual de importantes”.
De acuerdo con un video sobre la visita que le hicieron Virginia Mireles, hermana del acusado; Daniel Moncada, exdirigente de Movimiento Ciudadano, y el abogado Ignacio Mendoza, el juez argumentó que por falta de tiempo y el exceso de carga laboral no ha podido responder a la solicitud de excarcelación del exvocero del grupo de autodefensas de Tepalcatepec para que enfrente su proceso en libertad.
“Nos había dicho usted que se iba a resolver el caso entre el 2 0 3, algo así. A más tardar seis días”, dice Mendoza al juez, a lo que éste responde: “Lo revisé (el caso) y tiene algunos ajustes que no he podido resolver”.
A su vez, Moncada reclama: “El caso del doctor Mireles es muy relevante desde el punto de vista humano, es el luchador social más importante que ha tenido el país en los último 30 años. Está a un mes de cumplir tres años de prisión injusta. Yo creo que si ya el juez sexto, su compañero, sentó un precedente con otros cien autodefensas que les permitió que siguieran su proceso en libertad, ¿por qué el doctor Mireles no puede acceder a ese beneficio?”.
Olvera: “Yo no conozco esos asuntos. Sin demeritar la importancia de José Manuel Mireles como luchador social en reclusión, existen otros casos también importantes que demandan su atención, que no me han permitido concluir esa parte”.
Virginia Mireles: “Están recibiendo un sueldo que nosotros los contribuyentes estamos pagando y todos sabemos que no es poco lo que usted está ganando para que diga que no tiene tiempo. Yo diría que usted debería retirarse de este puesto, o necesita contratar más gente, porque si usted me dice: ‘esto tiene que ser calmado’, yo digo: ‘¡cabrón, entonces usted no está allí!’. Nada sabemos como familia, lo único que sabemos es que tenemos un familiar encarcelado y enfermo”.
Olvera: “Creo que necesito que usted también me entienda, yo llegué aquí en noviembre”.
Mendoza: “Estamos pidiendo un derecho, que simple y sencillamente deje libre al doctor Mireles, que sencillamente le permita enfrentar el proceso en libertad. Usted tiene mucho trabajo, es cierto, pero eso no está en la ley. Dice con claridad los tiempos, los momentos y las necesidades. Esto es lo que pedimos señor juez: Justicia en el caso del doctor Mireles”.
Virginia Mireles, Daniel Moncada e Ignacio Mendoza señalaron que la ley establece tiempos para la resolución de causas penales, independientemente de la carga laboral de los jueces o el tiempo que lleven al frente del cargo, sin embargo, no se han respetado en el proceso de José Manuel Mireles.
Ante los señalamientos, el juez se comprometió a dar una resolución “el próximo jueves”.
La defensa jurídica de José Manuel Mireles Valverde, encabezada por Ignacio Mendoza Jiménez, interpuso una denuncia de tipo penal en contra del juez Rubén Olvera Arreola por obstrucción y omisión en el caso del exvocero de las autodefensas michoacanas.
Dicha denuncia fue presentada en la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de la Federación, de la Procuraduría General de la Republica, el pasado jueves 4.

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Entrega México a Trump documento sobre las “bondades” del TLCAN

Luis Videgaray, titular de la SRE. Foto: Octavio Gómez
Luis Videgaray, titular de la SRE. Foto: Octavio Gómez


PROCESO 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Previo al arranque del proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el gobierno mexicano busca convencer a la administración estadunidense de Donald Trump que el libre comercio benefició a ambos países y no sólo a México, como lo sostiene el magnate desde que lanzó su campaña presidencial.
En un documento de 11 cuartillas entregado al Departamento del Comercio, el gobierno mexicano expone una serie de cifras, gráficas y datos para demostrar que “México es, por lejos, el mayor consumidor de productos estadunidenses cuando se ajusta por ingreso”, que el TLCAN fomentó la creación de empleos en el vecino país del norte, o que “Estados Unidos tiene un moderado déficit comercial con México”, entre otros.
El gobierno mexicano también reconoce que, en promedio, los mexicanos consumen dos veces más productos y bienes de origen estadunidense que los habitantes de Estados Unidos consuman productos mexicanos, y que en total 22.1% del PIB mexicano se gasta en importaciones de Estados Unidos, mientras apenas el 1.6% del PIB estadunidense se destina a importaciones de México.
En este documento, que dio a conocer hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el gobierno mexicano aseveró que “el déficit comercial de Estados Unidos es el resultado de factores macroeconómicos y no de las políticas comerciales”.
Una de las principales razones del déficit, insiste, recae en la poca recaudación de impuestos y en la irrupción de China en la Organización Mundial del Comercio, en el año 2000.
Igual asevera que México no subsidió industrias para ganar ventajas comerciales en el marco del TLCAN, y que el acuerdo “no sólo provee certidumbre a las empresas exportadoras de Estados Unidos respecto de las tarifas aduaneras, sino también les protege de un potencial incremento mayor de las aduanas en México”.
En la vitrina de los éxitos del libre comercio y de la integración regional, el gobierno mexicano ejemplifica con las industrias automotriz, electrónica, agrícola y energética. Respecto a esta último, recordó que “al igual que en muchos sectores, Estados Unidos tiene un surplus comercial con México de 11 mil 500 millones de dólares”.
El libre comercio permite a las empresas estadunidenses “especializarse e incrementar su productividad”, añade el documento, al abundar que sin sus manufacturas en México –donde la mano de obra resulta mucho más barata—, “no podrían competir en los mercados globales”.
Además sostiene que la agravación del déficit comercial de Estados Unidos con México entre 2013 a 2016 –pasó de 54 mil 600 millones a 63 mil 200 millones de dólares– no es mala noticia, pues se debe a la recuperación del sector manufacturero en ese país, lo que a su vez incrementó la demanda de productos intermedios ensamblados en México.
Además, si bien México y los mexicanos recibieron la mayoría de los ataques proteccionistas de Trump, el déficit de Estados Unidos con México se eleva a 12% respecto del volumen de comercio bilateral, muy por debajo de Irlanda o China, con las cuales el déficit rebasa el 60%.
Desde el arranque de su campaña, Trump repitió que, durante años, México se benefició del TLCAN en detrimento de los trabajadores de ese país.
El magnate vilipendió el déficit comercial de Estados Unidos respecto de México, y anunció que su administración obligaría a los demás socios a renegociar el acuerdo. De no encontrar una fórmula más benéfica para Estados Unidos, amagó con desaparecer el TLCAN.
El pasado 31 de marzo, Trump pidió por decreto al Departamento de Comercio que elaborara un informe sobre “la existencia de prácticas comerciales desleales y las causas de los déficits comerciales que presenta Estados Unidos”.
La dependencia abrió una convocatoria a todas las partes interesadas –entre ellas el gobierno de México– para que envíen sus comentarios sobre el tema. El próximo jueves 18, el gobierno estadunidense llevará a cabo una reunión pública para escuchar a las partes interesadas.

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