miércoles, 10 de mayo de 2017

El SME siempre ha luchado contra la privatización del sector energético

 SME
El Sindicato Mexicano de Electricistas fue promotor de la Nacionalización de la Industria Eléctrica en 1960 y de una tarifa social justa para los usuarios. Siempre se ha opuestos a la privatización del sector energético. Despojados de su fuente de empleo, la solidaridad de los electricistas abarca el impulso de la huelga de pagos y la organización de lo que hoy es la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE).
Regeneración 9 de mayo de 2017. En un texto dirigido a la redacción de Regeneración, la dirección del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), refuta un artículo de nuestro colaborador José Antonio Almazán sobre el informe de la Auditoría Superior de la Federación sobre la extinción de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro y el patrimonio del SME.
Artículo de José Antonio Almazán.
Aclaración al Sr. José Antonio Almazán:
Los miembros del Comité Central y Comisiones Autónomas, Representantes Divisionales, Departamentales y Seccionales, miles de trabajadores de base en resistencia rechazamos categóricamente las mentiras y calumnias de José Antonio Almazán, ex diputado federal del PRD y ex miembro de la dirección política del SME, que recién acaba de publicar en su periódico Regeneración un artículo que descalifica al SME, sus órganos representativos y digna lucha de resistencia. Sus mentiras, calumnias y falacias no sólo intentan confundir a la opinión pública respecto a los resultados de nuestra lucha, sino además, pretenden amarrar navajas entre el SME y MORENA, ya que así le conviene a sus mezquinos intereses personales.
Nuestra organización, sus órganos representativos y compañeros en resistencia, repudian su malograda guerra sucia, por ello frente a lo publicado por Almazán el pasado 26 de abril en Regeneración, hacemos las debidas aclaraciones.
Dice que no se han entregado propiedades al SME, que se trata de una “transmisión NO onerosa de bienes” y que el registro puede tardar varios años.
La transmisión NO ONEROSA significa que el SME no gastará un centavo por recibir esos bienes. Y es la vía legal para que, de acuerdo a la Ley General de Bienes Nacionales (art. 84, frac. XIII) puedan transferirse inmuebles federales a organizaciones sindicales EN PROPIEDAD. La falta de registro de las propiedades es anterior al Decreto de Extinción y su regularización, por parte del INDAABIN tendrá que hacerse a la brevedad, a partir de la recomendación emitida por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre ese particular, tal y como aparece en el informe de la auditoría.
Miente cuando insinúa que al recibir Generadora Fénix las plantas de generación, se avala en los hechos la privatización de la industria eléctrica.
Desde 1999, el SME ha combatido los proyectos de privatización del sector energético y de la industria eléctrica en particular. Históricamente, el SME fue promotor de la Nacionalización de la Industria Eléctrica en 1960 y de una tarifa social justa para los usuarios. Aún despojados de nuestra fuente de empleo hicimos frente al proceso legislativo de la mal llamada “Reforma Energética” con vigor y entereza; cumpliendo con nuestro compromiso histórico impulsamos la huelga de pagos y la organización de la población en lo que hoy es la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE), movilizaciones en las que, por cierto, Almazán jamás ha participado. En todo momento hemos insistido que nuestra lucha es de largo aliento, por la renacionalización de la industria eléctrica.
Participar en la industria eléctrica mediante un Contrato Colectivo de Trabajo, con prestaciones por encima de la Ley, para iniciar la reinserción laboral de nuestros compañeros y mantener el registro de nuestra organización sindical con más de 100 años de historia, evitando su disolución forzada tal y como lo manda nuestro Estatuto, no es avalar la privatización del sector. Afirmarlo como lo hace el ex diputado del PRD es como decir que quien tiene un empleo en México hoy en día está avalando la Reforma Laboral, o que los trabajadores de México por ser asalariados están avalando la explotación capitalista.
Y en efecto, el Contrato de Adquisición de energía de la CFE a Fénix sigue pendiente, tal y como se ha informado en Asambleas Generales pasadas y por los medios oficiales de la organización.
En cuanto sea firmado, se dará a conocer. En tanto, el gobierno de EPN no cumpla con los acuerdos nosotros seguiremos tomando las calles.
Miente cuando afirma que se ha ocultado información sobre el capital de Generadora Fénix.
En los acuerdos con Mota Engil siempre se estableció el poder garantizar liquidez a LF del Centro a partir de las ganancias por la generación de energía. Y con la modificación al Estatuto Sindical se dejó claramente establecido que todos los socios cooperativistas somos miembros activos del SME. Es decir, es de todos.
Miente cuando dice que al gobierno “le salió barata la liquidación de LyFC y sus trabajadores”
De la cantidad que menciona, 325 mil millones de pesos corresponderían a un instrumento legal que se utilizó como parte de la estrategia legal para interrumpir la prescripción del cobro de las liquidaciones (juicio IV-53.1.2014), frente al laudo de la SCJN del 30 de enero del 2013, como se explicará más adelante. Los más de 3 mil 859 millones corresponden al juicio laboral 1267/2009 promovido por el SME EN REPRESENTACIÓN DE 44,276 TRABAJADORES, condición que Almazán omite mencionar, pero que puede leerse en el documento citado.
Miente al ocultar información que le consta, pues él fue miembro de la Dirección del Sindicato en las diversas ocasiones en que se informó de la imposibilidad de ubicar esos fondos y cuando se planificó la estrategia legal después del fallo de la Suprema Corte.
Desde muchos años antes del Decreto de Extinción, el sindicato intentó, sin éxito, encontrar algún registro contable de Luz y Fuerza sobre los fondos de las cláusulas 64, 98 y 112. Incluso el IFAI ha señalado oficialmente la inexistencia de tales registros, que en su momento se supuso, fueron registrados como gasto y no como inversión en infraestructura. Esta es una más de las incongruencias del ilegal Decreto de Extinción de Luz y Fuerza que refiere a los pasivos laborales mientras el IFAI niega su existencia contable. Argumento que en su momento fue expresado por el propio ex diputado.
Al inicio de febrero de 2013, tras el brutal golpe que sufrimos con la revocación del Amparo que nos daba el triunfo legal, que nos arrebataba el patrón sustituto y los salarios caídos, tuvo lugar una reunión de la Dirección Sindical con el cuerpo jurídico del Sindicato; a pregunta expresa de Almazán (entonces Pro Secretario de Jubilados) acerca de que si a partir de que la Suprema Corte dejaba en firme el laudo del 30 de agosto de 2010 (juicio IV-238/2009), era procedente demandar los pasivos laborales y la liquidación del CCT, el Lic. Carlos de Buen respondió que el dictamen de la Suprema Corte nos condenaba al cobro de la liquidación, y en conjunto con los abogados de la organización recomendó como opción jurídica abrir un incidente de liquidación, acompañado de diferentes tipos de demandas en la Junta Federal con la finalidad de ganar el tiempo suficiente para lograr una salida negociada al conflicto, propuesta aprobada por Acuerdo de Asamblea General el 4 de febrero del 2013.
Por ello esos fondos fueron demandados en el juicio IV-53.1.2014 como parte de la estrategia jurídica. Continuar el litigio por el pago de esos fondos implicaba extender el pleito legal por tiempo indeterminado, sin cobrar liquidaciones y previendo, por lo ocurrido con la revocación del Amparo, un fallo final en contra nuestra, centrado en la inexistencia de registro contable alguno de esos fondos.
Desde que asumió su particular guerra contra la dirección del SME, Almazán insiste obsesivamente en el cobro de 80 mil millones de pesos de un pasivo laboral que no puede comprobarse y no puede cobrarse. Al igual que con el juicio IV-53.1.2014, un pleito legal por este tema se habría extendido por mucho tiempo, con un resultado previsiblemente en nuestra contra al no existir registros contables de dichos pasivos; como ya lo hemos mencionado.
Es curioso cómo, al referirse a la entrega de las plantas de Luz y Fuerza a Generadora Fénix, Almazán “denuncia” que se avala la privatización. Pero tratándose de la entrega de predios para su explotación por una empresa social, LF del Centro, señale una negociación “a la baja”. Por principio de cuentas, no son solamente los 40 predios transferidos al SME, los que siguen bajo régimen de dominio público de la Federación, sino 440 que, como ya se dijo deberán regularizarse a la brevedad. Y en efecto, los 533 bienes que eran propiedad de Luz y Fuerza, fueron transferidos a CFE, primero, mediante el comodato derivado del Decreto de Extinción para, en términos del decreto, garantizar la continuidad en el suministro del servicio de Energía Eléctrica.
Al quedar sin efecto el comodato y con la promulgación de la Ley de la Industria Eléctrica (11 de agosto de 2014), sus leyes y reglamentaciones secundarias y la Ley de la CFE (5 de agosto de 2014), el uso de las instalaciones de Luz y Fuerza para dar el servicio de energía eléctrica corresponde a CFE. Aún están en el proceso de desincorporación a su favor.
Que la mayoría de los predios se consideren útiles para el servicio público y estén a cargo de CFE, como se menciona en el documento de la auditoría, no es consecuencia de la negociación como sugiere Almazán, sino de la Reforma Energética.
La negociación no se estableció con CFE, ni nos ganó predios, TODOS los predios e instalaciones le fueron asignados al inicio del conflicto para mantener el servicio. Nosotros les arrebatamos esos predios.
Almazán omite hablar de la defensa de los derechos adquiridos de nuestros jubilados.
Almazán “denuncia” un déficit financiero para el pago de más de 20 mil jubilados miembros del SME y en el marco de una reforma inminente contra jubilados y pensionados del país no es asunto menor. Sin embargo, Almazán omite mencionar, que desde el decreto de extinción de Luz y Fuerza, el SME ha dado prioridad a la defensa de los derechos adquiridos de nuestros jubilados, destacando que el pago de sus catorcenas es obligación del Gobierno “con cargo a los recursos que se establezcan para tal fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación” (artículo 5 del Decreto), movilizándonos en las calles siempre que sea necesario, movilizaciones en las que, ciertamente, Almazán ha estado ausente. Y no menciona la campaña nacional de organización contra las reformas al sistema de pensiones, encabezada por la Confederación Nacional de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana (CONJUPAM), que impulsa el SME desde su dirección y su militancia, omisión que se explica porque cuando él fue presidente de la Confederación, ésta entró en letargo. Almazán suplanta su ausencia en la calle con acusaciones sin pruebas e insultos en redes sociales.
Almazán asume que no tenemos memoria.
Las irregularidades en la extinción de Luz y Fuerza iniciaron en el 2009, incluso antes del Decreto. Los 7 años de heroica lucha de resistencia lo demuestran: hemos peleado sin descanso contra una gran injusticia y las irregularidades que la sustentaron. Pero todo avance en esta lucha y lo alcanzado con la negociación ha sido avalado por acuerdos de Asamblea General y reafirmado con la movilización en las calles. Si las instancias del Gobierno Federal deben acreditar sus facultades, procedimientos o métodos, solamente a ellos corresponde esa tarea.
Almazán omite decir que en siete años tuvimos cientos de detenidos, 12 presos políticos, una campaña permanente de linchamiento mediático en contra, la obsesión neoliberal de los gobiernos del PAN y del PRI de desaparecer al SME, a todo el aparato policiaco, judicial y político del Estado Mexicano queriendo aplastarnos y olvida que la salida política negociada fue la última opción que tuvimos para evitar la derrota. Decir que la negociación fue a la baja, cuando no teníamos absolutamente nada, ni fuente de trabajo, ni contrato colectivo, ni pasivos contables es mentir sin reparo, para hacerse pasar por el héroe que no fue. Ir a la baja en las condiciones concretas de la lucha, después del vergonzante fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hubiera significado aceptar la disolución forzada de nuestra organización. Cosa que nunca hicimos. La nuestra es, sin mezquindades, una victoria política de los trabajadores electricistas y el pueblo de México.
Es cierto que tenemos un difícil camino que recorrer cuesta arriba para poder reinsertar a todos nuestros compañeros desde la Cooperativa LF del Centro, FENIX y nuestros proyectos de expansión sindical, pero nada nos es imposible. Con la férrea unidad de nuestro movimiento, nuestra autonomía de clase y la solidaridad de las organizaciones democráticas de México, saldremos adelante, compartiendo con ustedes la convicción de que hace falta una profunda transformación del país .
“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”
SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS
Comité Central y Comisiones Autónomas.
Responsable de la publicación. José Humberto Montes de Oca. Secretario del Exterior.

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Concesiones a mineras y embotelladoras violan el derecho humano al agua: ONG

Angélica Enciso L.
 
Periódico La Jornada
Miércoles 10 de mayo de 2017, p. 6
La preferencia en dotar de agua a la industria minera y la actividad energética, la privatización del servicio y la dotación de múltiples concesiones para la extracción del líquido a las embotelladoras, son algunos de los elementos que violan el derecho humano al agua, argumentan 101 organizaciones en un informe presentado a Léo Heller, relator especial sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Se otorgan concesiones para explotación de acuíferos a embotelladoras como Coca Cola, Pepsi Cola y Danone, las cuales acaparan 82 por ciento del valor del mercado en términos de ventas totales, pero no son reguladas ni fiscalizadas adecuadamente, además de que realizan pagos anuales por las concesiones absolutamente ridículos en relación con las ganancias que tienen estas empresas a partir del agua, mencionan.
Coca Cola Femsa paga 2 mil 600 pesos por cada una de las 46 concesiones de explotación de aguas subterráneas al año, y sólo en 2007 tuvo ganancias por 32 mil 500 millones de pesos, detallan.
Explican que durante 2014 la industria minera extrajo casi 437 millones de metros cúbicos de agua, cantidad suficiente para cubrir las necesidades de toda la población de Baja California Sur, Colima, Campeche y Nayarit en el mismo periodo.
E indican que a partir de la reforma constitucional en materia energética que promovió el gobierno federal en 2013, las actividades de exploración y explotación de petróleo y demás hidrocarburos tienen preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo.
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Coca Cola tuvo ganancias por 32 mil 500 millones de pesos en 2007; paga 2 mil 600 pesos anuales por cada una de las 46 concesiones de explotación de aguas subterráneasFoto José Carlo González
En 90 páginas, las organizaciones presentan el Informe sobre violaciones a los derechos humanos al agua y saneamiento. Exponen un panorama nacional, los obstáculos para el cumplimiento del derecho humano, el marco jurídico, el proceso de privatización, las implicaciones de los megaproyectos y la criminalización de comunidades y personas por defender el agua.
El fracking destaca por la afectación en términos de disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad y calidad del agua, factores indispensables para el cumplimiento del derecho humano al agua.
Indican que las empresas mineras gozan de privilegios fiscales incomparables que han permitido que los recursos naturales de la nación beneficien a unos cuantos, y con las reformas a la leyes minera y energética se les otorga carácter de industria de utilidad pública, con lo que la exploración y extracción de recursos son de interés nacional y orden público, priorizando este uso por encima de cualquier otro.
En la elaboración del documento participaron la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, el Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, y Agua para todos, agua para la Vida, entre otras.

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Padres de los 43 ponen fin a bloqueo de PGR tras pactar encuentro con Osorio Chong

Padres de los 43 marchan a la PGR. Foto: Octavio Gómez
Padres de los 43 marchan a la PGR. Foto: Octavio Gómez

Padres de los 43 ponen fin a bloqueo de PGR tras pactar encuentro con Osorio Chong

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos acordaron liberar los accesos a la PGR tras pactar un encuentro con Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Segob, con el fin de conocer avances en la investigación del caso y que haya una definición “de Estado” al respecto.
Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los familiares de las víctimas, contó que durante la reunión sostenida este martes con el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa Cifrián; la subprocuradora de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, y el fiscal especial Alfredo Higuera Bernal, se acordó “buscar un espacio en la agenda del secretario Miguel Osorio Chong para tener un encuentro con los padres y madres de los normalistas”.
El abogado dijo que la intención es llegar “al más alto nivel político para que haya una definición, de si en verdad existe una voluntad política para avanzar en este caso, o si solamente están ‘administrando’ el caso en vistas a las elecciones del 2018”.
Durante el encuentro, en que se ratificó que el Mecanismo de Seguimiento del caso Ayotzinapa, de la CIDH, estará al pendiente del cumplimiento de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Rosales Sierra puntualizó que para los padres y madres era importante “abrir un camino de diálogo con autoridades del más alto nivel, para poder avanzar, porque si la investigación tiene más de un año que no registra avances, no es por incapacidad de los responsables de la investigación, es porque se trata de una decisión de Estado de administrar este problema, porque saben que los descubrimientos podrían afectar el proceso electoral en contra de su partido”.
Para los padres y madres, dijo Vidulfo Rosales, lo fundamental será escuchar de voz del secretario de Gobernación, constatar “si hay disposición y voluntad política para solucionar este asunto antes del 2018, que haya un verdadero compromiso político y que se fijen tiempos de cumplimiento”.
Durante el encuentro se recordó la escena en la que el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa, señaló en audiencia en la sede de la CIDH en Washington que los padres y madres deberían considerar la posibilidad de que sus hijos hubieran sido asesinados y calcinados en Cocula, como lo postula la “verdad histórica” esgrimida por Jesús Murillo Karam, extitular de la PGR.
Ante ello, el funcionario de Segob “trató de justificarse, diciendo que no dijo lo que dijo, pero volvió a señalar que todas las líneas de investigación están abiertas”, contó Rosales Sierra, quien dijo que los padres y madres “comprenden que lo que dijo en Washington es realmente una posición de Estado, una intención de cerrar el caso, o administrarlo, de ahí que queremos que sea Osorio Chong quien confirme si sigue siendo esa la posición del gobierno mexicano”.
Será en esa reunión aún, sin fecha definida, en que los padres y madres de los normalistas desaparecidos plantearán al secretario de Gobernación la urgencia de avanzar en al menos cuatro puntos: abrir una línea de investigación sobre las responsabilidades que tuvieron los militares del 27 Batallón de Infantería; las consignaciones de dos policías federales y agentes del municipio de Huitzuco plenamente identificados; avanzar en la investigación de los números telefónicos de los jóvenes, y apurar las indagatorias sobre el tráfico de drogas de Iguala a Chicago.
Rosales Sierra destacó que no sólo se trata de que los padres y madres no quieran aceptar la “verdad histórica”, sino que ésta “se cae por su propio peso, no tiene sustento jurídico, en un juicio se cae, y no se trata de que haya solamente dos torturados, como dicen, con uno es suficiente para señalar que es una tesis desaseada, que no cumple con los estándares del debido proceso”.
Vidulfo Rosales agregó que este miércoles 10 los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos se integrarán a la marcha convocada por madres de miles de desaparecidos que manifestarán una vez más en la Ciudad de México, en una movilización que irá del Monumento a la Revolución al Ángel de la Independencia.
Al término del encuentro los funcionarios federales ofrecieron una conferencia de prensa en la que sostuvieron que gestionarían lo más pronto posible la reunión entre Osorio Chong y los padres de los 43, así como adelantar la visita del Mecanismo de Seguimiento de la CIDH.
Campa Cifrián confió en que “pronto” los padres liberarán los accesos al edificio de la PGR, y se comprometió a hacer “la gestión para que se lleve a cabo esta reunión” con el secretario Osorio Chong.
Sara Irene Herrerías aseguró que “esta misma semana” se realizarán las búsquedas en la zona guerrerense utilizando la tecnología LIDAR, con una ampliación de 60 kilómetros, tal como lo recomendó el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), y sostuvo que la PGR tiene “abiertas todas las líneas de investigación, tanto las recomendaciones del grupo de expertos independientes de la CIDH, como las de la CNDH, así como las que plantean los coadyuvantes y los padres, y las que el mismo fiscal observe a través de la investigación”.
También dijo que el procurador Raúl Cervantes “está y ha estado en la mejor disposición de reunirse con los padres, y el planteamiento que se les hizo es que tiene que ser en este marco del seguimiento del Mecanismo de la CIDH, porque en la última reunión con sus representantes así lo plantearon ellos”.
Sobre las denuncias por tortura, el fiscal del caso Alfredo Higuera Bernal aseguró que de “ocho casos que se informaron a los jueces, dos habían tenido a juicio de los peritos resultado positivo”, y se comprometió a que la PGR “respetará al cien por ciento el análisis de los peritos y los resultados que ellos emitan, y naturalmente serán los jueces los que están llevando estas causas penales los que determinarán los alcances o efectos de esos dictámenes”.

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Pretende México más apertura en el sector agrícola en tratado con la UE

Alejandro Alegría
 
Periódico La Jornada
Miércoles 10 de mayo de 2017, p. 23
Mientras la Secretaría de Economía (SE) pretende alcanzar una mayor liberalización del sector agrícola mediante la modernización del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM), autoridades de la Comisión Europea no ven posible la apertura al ciento ciento debido a que es un tema sensible.
El titular de la dependencia federal, Ildefonso Guajardo Villarreal, consideró que la cobertura que actualmente existe es de 70 por ciento, por lo que se busca la manera de alcanzar el 30 por ciento restante, pero apuntó que hay sectores en los que la situación se complica, como sucedió con el lácteo durante la negociación del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, en el cual Nueva Zelanda buscaba la liberalización y sólo se logró una ampliación.
El encargado de la política comercial de México consideró que otro producto que podría ampliar su cuota de exportación es el plátano, ya que la actual que mantiene con la Unión Europea es ridículamente pequeña en comparación con otros tratados que tiene con otros países. Vamos por una ampliación profunda, hay sectores que les duelen mucho a los productores mexicanos, dijo.
Por su parte, Cecilia Malmström, comisaria de la Unión Europea, sostuvo que el sector agrícola es muy sensible, tanto para los miembros de la Unión Europea como para México, por lo que la liberalización de 100 por ciento no será posible, aunque habrá sectores que se abran más.
Malmström resaltó que la modernización del TLCUEM ofrece muchas oportunidades, como reducir aranceles en el sector agrícola para que los alimentos sean más baratos o conseguir que las autorizaciones administrativas sean más rápidas sin proteccionismo y acceder a contratos públicos.
Agregó que en materia de inversión, la modernización del acuerdo comercial incluirá el tema, aunque aún está bajo revisión, debido a que anteriormente el Tratado de Lisboa limitaba ese aspecto, por considerarlo competencia de los estados que integran la UE.
Sobre la revisión del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, Guajardo Villarreal sostuvo que el tema no es la ausencia de Estados Unidos, sino un escenario más negativo, por que ese país ha bombardeado el multilateralismo comercial, como sucede al argumentar que los tribunales de la Organización Mundial de Comercio lo sancionan con sesgo permanente, pero el multilateralismo está fundamentado para poyar a las naciones emergentes para hacer un balance de poder global, dijo. Abundó que el tema es más bien confrontar visiones y en ese sentido, el multilateralismo juega un papel fundamental para hacer un equilibrio.
Recordó que mientras no se designe quién será el responsable de las negociaciones, no se iniciará el proceso de revisión del acuerdo, aunque podría iniciar en agosto próximo.
Por su parte, Malmström sostuvo que si Estados Unidos no quiere estar presente en la escena global, hay otros que sí lo desean.

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