lunes, 8 de mayo de 2017

A la Clase Obrera, al Pueblo de México

Han transcurrido siete años y seis meses del ilegal Decreto de Extinción de nuestra fuente de empleo, Luz y Fuerza del Centro, de donde somos jubilados; y hoy confirmamos que dentro de los objetivos que perseguía la clase política gobernante, estaba el desaparecer de manera forzada al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) para posteriormente avanzar afectando nuestras conquistas históricas.

La pretensión de disolver a nuestra Organización Sindical fracasó rotundamente al encontrarse el gobierno, con una férrea y digna resistencia de trabajadores y un mayoritario número de jubilados; sin embargo, una fracción del gobierno que se opone a la negociación política ha venido interponiendo una serie de obstáculos y argucias para retardar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados.

Para discutir la problemática general que nos afecta y nos compete como jubilados miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas, nos convocamos el pasado 30 de marzo en Asamblea de Jubilados; donde después de escuchar de la Dirección y Representación sindicales las acechanzas sobre nuestros derechos adquiridos, la Asamblea por unanimidad aprobó emitir el presente Desplegado, y dar a conocer a la opinión pública la situación en que nos encontramos.

SITUACIÓN DE LAS JUBILACIONES Y PENSIONES EN EL PAÍS.

La Jubilación y la Pensión de los trabajadores es uno de los mecanismos de distribución de la riqueza social más importante con la que contamos los trabajadores mexicanos. Si se aplica una visión desde la lógica mercantilista separada del concepto social, nada tiene sentido y resulta que las cuentas nunca salen.

Ciertamente las pensiones, desde nuestro punto de vista, no están concebidas como negocio, sino como una conquista derivada de una visión y lógica de reivindicar un Derecho, como el de la Seguridad Social Solidaria Distributiva.

Los trabajadores Jubilados y Pensionados del SME vemos con profundo malestar y preocupación, como poco a poco, pero efectivamente, la élite gubernamental y oligárquica de este país, han logrado despojar a las nuevas generaciones de trabajadores de cualquier perspectiva de bienestar al largo plazo, los han condenado a una vejez dependiente de su capacidad de ahorro, suprimiendo cualquier beneficio derivado de un compromiso solidario transgeneracional, intentando romper con cualquier residuo de solidaridad de clase que quedaba en nuestras leyes y normas de seguridad social.

El deterioro de las jubilaciones y pensiones, son reflejo de una política económica que ha privilegiado la especulación y el saqueo de recursos por sobre una lógica que impulse la productividad y el crecimiento de las capacidades transformadoras de una economía industrializada y desarrolladora, con una visión sustentable y soberana. 

Ya antes de la contra reforma laboral de 2012, se impulsaban por el gobierno y los empresarios el outsourcing y la precariedad laboral, ambas pesadillas que lograron legalizar con dicha contra reforma. Imponiendo un mundo laboral predominantemente informal, precario, con bajísimos salarios y rebosante de desempleo, el resultado no podía ser otro: más de seis millones de trabajadores que han aportado en su cuenta individual administrada de manera privada, no alcanzarán en el año 2021, ninguna pensión. 

Por eso afirmamos, que nunca saldrán las cuentas a favor de los trabajadores mientras predomine este régimen de privilegios, entreguismo y concentración de la riqueza en cada vez menos manos.
Hoy día, como Jubilados y Pensionados, estamos siendo objeto de otro atraco a través de las modificaciones que el legislativo realizó al Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta contraviniendo flagrantemente lo estipulado en la propia Ley en cuanto a las estipulaciones de exención por tratarse de percepciones de carácter social; y esto aunado a la aplicación de la Unidad de Medición Administrativa (UMA) en la deducción del Impuesto en lugar de realizarlos a partir del salario mínimo, lesiona en términos reales el monto de la pensión. 

Ante toda esta serie de agravios, llamamos la atención de los Jubilados y Pensionados a no desmayar. La inconformidad y el hartazgo a lo largo y ancho del país son crecientes y es la batalla digna de los trabajadores un componente esencial del espíritu de lucha de nuestro pueblo. El conformismo y la inmovilidad no hacen más que fortalecer a una élite que nos quiere condenar a la frustración, la pobreza y la resignación.

Ha sido y es la lucha unitaria de los trabajadores jubilados y pensionados del SME, lo que ha impedido que el gobierno nos dañe en nuestros derechos adquiridos. No han faltado agresiones y tentativas de retroceso, pero ha sido el SME el que ha logrado salvar y preservar conquistas. Por tal razón, exigimos a los funcionarios responsables de administrar nuestros derechos, pleno respeto a los mismos. Hoy nuevamente vivimos momentos de tensión con el gobierno por el incumplimiento de acuerdos, entre ellos, el alcanzado por cerca de mil compañeras y compañeros que obtuvieron en un acto de elemental justicia contra la barbarie calderoniana, una Pensión Vitalicia.

Ante este escenario de incumplimiento de los acuerdos pactados, el próximo martes 9 de mayo marcharemos a las 9:00 Am. de la sede del SME en Antonio Caso 45 a la Secretaría de Gobernación para demandar:

- Respeto absoluto a los derechos adquiridos por los jubilados de LyFC, emanados del Contrato Colectivo del Trabajo.

- Exigimos al Gobierno Federal el cumplimiento de los acuerdos y pagos pendientes a los compañeros de renta vitalicia ¡No más retrasos!

- Exigimos al Gobierno Federal la entrega inmediata de las fábricas y talleres, pactadas con el SME, indispensables para la reinserción laboral de los trabajadores en resistencia, muchos de ellos, hijos y familiares de los jubilados. 

Finalmente, ratificamos nuestra decisión de continuar en la construcción de un Gran Frente Nacional de Jubilados, Pensionados y Adultos mayores que exprese nuestra convicción de lucha clasista, frene las agresiones y arme la lucha por los cambios sociales y económicos que aspiramos. Por tal razón, Convocamos a todas las organizaciones obreras y civiles a participar en el 5º congreso nacional extraordinario de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, que se celebrará el próximo día miércoles 24 de mayo del año en curso, a las 12:00 Hrs. en el auditorio “ERNESTO VELASCO TORRES” sito en Insurgentes #98 Col. Tabacalera.

F R A T E R N A L M E N T E
 
“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”
 
“EL JUBILADO PASIVO ESTA ANCLADO EN EL PASADO, 
 
EL JUBILADO ACTIVO ESTA EN EL PRESENTE, CONQUISTANDO EL FUTURO”.
 
Responsable de la Publicación: Carlos Magariño Luévano. Prosecretario De Jubilados
José De La Cruz Dávila, Representante Propietario Principal.

Mañana martes, la lucha continúa, ¡TODOS A LA MARCHA!


35 años de derrotas obreras

Por Martín Esparza Flores /

Primero de Mayo

Martín Esparza Flores
Desde que hace 35 años en que los tecnócratas impusieron el neoliberalismo como el modelo económico del país, la clase trabajadora inició una gradual pérdida del poder adquisitivo en su salario lo mismo que de sus derechos laborales.
A partir del gobierno de Miguel de la Madrid se instauró la contención salarial como medio para “controlar” la inflación. El mismo argumento que a más de tres décadas siguen empleando gobierno, empresarios y sindicatos charros para permitir el empobrecimiento de millones de obreros que con sus familias   apenas y sobreviven con sus magros ingresos.
Festejar el Día del Trabajo suena para la clase trabajadora como una broma de muy mal gusto porque los que realmente celebran son los empresarios que, al lado de una clase política dúctil a sus intereses y a los de los organismos financieros internacionales, han desmantelado los derechos laborales de los mexicanos, consagrados en la Constitución de 1917, al grado de desaparecer, tras la aprobación de la Reforma Laboral, conquistas adquiridas, como un salario digno y remunerador, la jornada de ocho horas, el acceso a la estabilidad en el empleo y la seguridad social, así como el derecho a huelga.
Las nuevas generaciones se enfrentarán ante el predicamento de no poder acceder a una pensión digna en su vejez pues otro de los estropicios sociales del neoliberalismo ha sido aniquilar el sistema solidario de pensiones, modificando la ley del IMSS y del ISSSTE para entregar el ahorro de los trabajadores a los banqueros a través de las AFORES.
No es aventurado señalar que los retrocesos en contra de las conquistas laborales de los mexicanos son de tal magnitud que, de seguir por esta ruta de despojos a sus derechos, muy pronto se encontrarán en situaciones de depauperación similares a las generadas y permitidas en el gobierno del dictador Porfirio Díaz, hace ya más de un siglo, cuando los trabajadores laboraban en condiciones de franca semiesclavitud.
Lejos quedaron las épocas en que presidentes nacionalistas como Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos tuvieron el respaldo irrestricto del pueblo para consumar la expropiación petrolera de 1938 y la nacionalización de la industria eléctrica de 1960.  Hoy, con la Reforma Energética que violó los artículos 26, 27 y 28 constitucionales, se desmanteló el sector energético y se ha colocado en situación de desventajada la soberanía nacional ante la voracidad de las trasnacionales.
La inercia de las agresiones cada vez más evidentes a la clase trabajadora indica que ha llegado el tiempo de la unidad de las organizaciones sindicales, democráticas e independientes, para dar una lucha integral en todo el país, que restablezca la legalidad y el Estado de derecho.
Es vergonzoso que la clase política insista en encabezar festejos como el desfile del Primero de Mayo que no tienen ningún sustento. Desde hace 35 años con sus impuestas reformas han asesinado el fundamento la justicia social de la Constitución de 1917. Y los mexicanos ya no pueden permitir más abusos de estos gobiernos neoliberales. El hambre y la pobreza del pueblo están llegando al límite.

Contrastes Entre el Discurso y la Realidad CRECIÓ EL EMPLEO DE BAJOS SALARIOS

*Aumentó el Número de Trabajadores con Ingresos de 1 y 2 Salarios Mínimos.
*Disminuyeron los Empleos que Pagan entre 3 y 5 Salarios Mínimos.
Mientras que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto afirmaba en la Residencia Oficial de los Pinos, el primero de mayo del 2017, que nunca antes se habían creado tantos empleos como en su mandato, 2.7 millones en total según sus cifras, al mismo tiempo en las calles de la capital del país miles de trabajadores demandaban cambio de rumbo económico, por los estragos que ha provocado la política económica oficial de mantener bajos salarios y eliminar el empleo digno.
En México creció el empleo pero de ingresos bajos de 1 a 2 salarios mínimos, de acuerdo con las propias cifras oficiales que dió a conocer en su cuarto informe del gobierno el mismo presidente Peña Nieto, en una estadística que se publicó en la página 489.
En esa estadística oficial se precisa que entre 2015 y 2016 el número de trabajadores mexicanos con salario mínimo aumento de 6.8 a 8 millones. También creció de 12.8 a 13.7 millones la Población Económicamente Activa con ingreso de dos salarios mínimos, O sea, casi 22 millones de mexicanos ganan apenas entre 1 y 2 salarios mínimos.
Disminuyó en cambio,el número de personas cuyo salario oscila de entre 3 y 5 salarios mínimos por jornada laboral, en casi un millón de trabajadores para sumar 6.4 millones de personas.
¿Cuáles fueron las principales demandas de los trabajadores que participaron en la marcha del primero de mayo? precisamente la de un cambio de rumbo económico para que se generen empleos dignos y decorosos, que permitan elevar el nivel de vida de los mexicanos.
El licenciado Jesús Luna, colaborador voluntario de Frecuencia Laboral explicó que este primero de mayo del 2017, Día del Trabajo, hubo dos marchas: la que encabezaron los sindicatos de centrales obreras cuyos líderes están afiliados al Partido Revolucionarios Institucional (PRI), que encabeza el gobierno federal.
La otra estuvo organizada por los denominados sindicatos independientes, que lograron realizar un acto de unidad y fue la más nutrida con la demanda central de cancelación de las reformas estructurales con las que el gobierno de Peña Nieto ha desmantelado al país y ha empobrecido más a la población.
Por otra parte en el acto oficial de Día del Trabajo, que se realizó en la residencia oficial de Los Pinos, el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, aseguró que en México ya no hay huelgas.
Carlos Guillén, secretario de prensa del Sindicato Unico de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN), comentó en el programa Frecuencia Laboral del sábado 06 de mayo del 2017, que sí hay huelgas y muichas, pero las autoridades del trabajo de inmediato las decretan ilegalmente como "improcedentes", término que ni siquiera existe en la Ley Federal del Trabajo, por lo que no cuentan para su estadística maquillada. 

La multa a cuatro Afore afectará a todo el sistema de ahorro: expertos

Foto
El gobierno federal debe forzar a las Administradoras de Fondos para el Retiro a retribuir a los trabajadores las pérdidas por el retraso en el traspaso de cuentas. En la imagen, empleados de la maquiladora TarrantFoto José Castañares
Susana González G.
 
Periódico La Jornada
Lunes 8 de mayo de 2017, p. 18
La multa por mil 100 millones de pesos que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) impuso a cuatro Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) –Sura, Profuturo, Principal y 21-Banorte–, por coludirse para retrasar el traspaso de cuentas individuales de trabajadores, crea un riesgo reputacional que afectará a todo el sistema e incrementará la desconfianza de la gente justo en momentos en que se promueve el ahorro voluntario y se pretenden efectuar nuevas reformas para incrementarlo, advirtió Carlos Lozano Nathal, presidente del Colegio Nacional de Actuarios.
El caso evidencia que el interés de las Afore es incrementar su rentabilidad financiera y no brindar mejores pensiones a los trabajadores, puntualizó Berenica Ramírez, también especialista en el tema del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La investigadora ponderó que existe otro caso más grave en el sector que atenta contra la competencia. Incluso lo calificó de monopolio autorizado por la Cofece y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, pese a que la ley de ésta determina en su artículo 26 que ninguna administradora podrá tener más de 20 por ciento de participación en el mercado de los sistemas de ahorro para el retiro. Se trata, dijo, de la fusión de Banorte con Afore 21, que autorizaron en 2013 y a la fecha concentra 23 por ciento de recursos y 29 por ciento de cuentas de las Afore. ¿Por qué la Cofece no hace el seguimiento sobre prácticas monopólicas al respecto?, cuestionó Ramírez, quien también fue secretaria académica de dicho instituto de investigaciones.
Sobre el caso de Sura, Profuturo, Principal y Afore 21-Banorte, sostuvo: Se debe hacer un seguimiento de la multa que se les ha impuesto, porque el monto representa alrededor de 3 por ciento de los recursos acumulados en el sistema de ahorro para el retiro. Debe exigirse que provenga del capital de las administradoras, no del ahorro de los trabajadores. Las autoridades deben informar a dónde irán esos fondos que se recauden.
Para Lozano Nathal, los afiliados a las Afore sancionadas pagarán indirectamente la multa. ¿Por qué? Porque el dinero que manejan no es suyo. Son recursos públicos que proviene de todos los ahorradores. Las Afore no producen bienes y servicios por su cuenta. Administran el dinero de otros. Aunque el pago de multas salga de sus rendimientos, éstos se generaron mediante el ahorro de los trabajadores, explicó.
Consideró que el problema revelado por la Cofece no sólo es de competencia, sino también ético, ya que las Afore no ponen, en primer lugar, el interés de la gente. Todo el sistema de ahorro para el retiro recibió un golpe muy fuerte con este caso, aunque no todas las Afore estén involucradas, pues así como hay riesgos financieros y operativos que se analizan para toda empresa, también existen riesgos reputacionales y éstos se extenderán a todas las administradoras, porque entre los trabajadores se reforzará la idea de que sólo trabajan para su beneficio.
Si bien elogió la resolución de la Cofece, señaló que si su argumento para imponer la millonaria multa fue que se afectó la competencia que debe existir entre las Afore para favorecer al público, entonces debe resarcirse económicamente a los ahorradores que resultaron perjudicados con el retraso de los traspasos.

Fuente

Deberán Crear un Sitio Web TRANSPARENCIA EN LOS SINDICATOS

Carlos Guillén S.,
Secretario de Prensa del SUTIN y Colaborador Voluntario,
Publicación Original del Portal www.frecuencialaboral.com
El pasado viernes 5 de mayo inició el funcionamiento del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia (SIPOT) para los 7 mil 132 Sujetos Obligados de todo el país, entre quienes se encuentran los sindicatos que reciben recursos públicos, por lo que tendrán que crear un sitio web en donde reporten cuánto dinero o bienes reciben, en qué lo usan y los donativos que otorgan a terceros.
Según la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobada en mayo de 2015, no sólo las dependencias de los tres niveles de gobierno, están obligadas a hacer pública su información y a responder a las peticiones de información que cualquier ciudadano haga. Esto se hizo extensivo a partidos políticos –que se sostienen del erario- y a aquellos sindicatos que reciban recursos públicos.
Conforme a esta ley los sindicatos también deberán publicar el contenido de sus contratos colectivos de trabajo o de las condiciones generales de trabajo, nombre de los dirigentes sindicales y período de su mandato (Leer Noticia Relacionada: SINDICATOS QUEDARON BAJO LA LUPA link: http://www.frecuencialaboral.com/leytransparenciaimponecontrolasindicatos2015.html)
La idea de la Ley es hacer transparente el uso de recursos públicos y que estos sean destinados a los fines establecidos por la normatividad que les da sustento. El origen de estas medidas está en el uso discrecional que generalmente se ha dado a los recursos públicos, es decir, aquellos que vienen del trabajo de la población.
No es casualidad que además de las dependencias gubernamentales, sean precisamente partidos políticos y sindicatos, quienes hayan sido incluidos en el listado integrado por 7 mil 132 Sujetos Obligados de todo el país. En el caso de los partidos políticos, la práctica ha demostrado que no funcionan como elementos que organicen a la sociedad para participar en política, es decir, en las actividades públicas destinadas al bien común de la sociedad, sino más bien, se han convertido en agrupaciones para usufructuar espacios de poder y aprovechase de ello en beneficio de grupos y cúpulas partidarias.
En el caso de los sindicatos, se trata de una de las instituciones con mayor desprestigio a consecuencia de las prácticas de la mayoría de los sindicatos existentes en el país ya que, de manera similar a los partidos, lejos de defender las condiciones de compra venta de la fuerza de trabajo en favor de los trabajadores, se convirtieron –por obra y gracia de la alianza charro-gobierno-patrón—en instrumentos para el control de los asalariados y para imponer las medidas impuestas por los gobiernos para favorecer a los patrones.
Precisamente, una de las características de los sindicatos charros es la opacidad en su manejo. Los contratos colectivos que detentan, los recursos provenientes de cuotas, del gobierno o de los patrones, son manejados en absoluto secreto para los trabajadores afiliados, quienes son parte de estos sindicatos muchas veces, contra su voluntad.
Es claro que las dependencias gubernamentales y los partidos políticos deben hacer pública su información. De dónde vienen los recursos que manejan y en qué los gastan. Para el caso de los sindicatos, desde hace décadas el sindicalismo democrático ha demandado que se informe a los trabajadores el destino de las cuotas sindicales y la firma y contenido de los contratos colectivos. Se ha luchado también porque sean los trabajadores integrantes de cada sindicato quienes elijan a sus representantes mediante el ejercicio de la democracia sindical y que las representaciones sindicales rindan cuenta a los afiliados de cada organización.
¿Deberíamos entonces aplaudir que los sindicatos sean sujetos de la Ley de Transparencia? La verdad es que, como muchas cosas, la transparencia para los sindicatos se quedó a medias. La ley es aplicable a aquellos sindicatos que reciben recursos públicos. Cierto es que se incluye la obligación de hacer públicos los contratos colectivos, la integración de las direcciones sindicales y las fechas y cambios de éstas.
También es cierto que ya la legislación laboral establece la obligatoriedad de hacer pública la información relacionada con los contratos colectivos como una medida para combatir el contratismo de protección y la verdad es que el sindicalismo que practica este vicio cuenta, si no con el visto bueno de la autoridad laboral, si con su inactividad, como queda demostrado con la insistencia gubernamental de que no existe tal tipo de contratismo y el apoyo que desde las juntas de conciliación se da a las organizaciones e individuos que detentan este tipo de contratos cuando los trabajadores se organizan para disputar la titularidad de los contratos colectivos.
Sin embargo, no se puede llegar a la conclusión de que haya que rechazar el cumplimiento de las obligaciones que esta ley establece para los sindicatos. En realidad, el sindicalismo democrático desde su nacimiento ha insistido en la obligación de que los representantes informen a los afiliados sobre todos aquellos aspectos que les conciernen, se ha exigido un uso transparente de los recursos sindicales y ha ido más allá.
La ley fija sanciones a quienes se nieguen a proporcionar información, pero no hay mecanismo alguno para que se cumpla, por ejemplo, con la obligación de convocar a elecciones o para destituir a quien viole los estatutos. En el sindicalismo democrático hay sindicatos que si cuentan con los mecanismos para revocar el mandato o para forzar al cumplimiento de la democracia sindical. En eso hay sindicatos más avanzados que la ley en mención.
A final de cuentas, las obligaciones establecidas en el artículo 70 de la Ley de Transparencia son en cierto sentido, como la toma de nota a los comités ejecutivos. Podemos no estar de acuerdo con su existencia, pero no podemos arriesgar nuestras organizaciones a no contar con ella. En el caso de esta Ley, la debemos cumplir si no queremos meter a nuestras organizaciones en problemas de orden económico y legal. Pero la garantía para que haya verdadera transparencia, para que los recursos de los sindicatos sean usados en beneficio de los trabajadores y los contratos colectivos los protejan, está en la participación y vigilancia de los trabajadores, en el ejercicio de la democracia sindical. Si esta no se practica, no habrá verdadera transparencia y democracia en los sindicatos.
Por lo pronto, el pasado jueves se cumplió el plazo para que los sujetos obligados –sindicatos incluidos—publicaran la información relativa a los recursos públicos que reciben, ya sea en efectivo o en especie, en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia (SIPOT).
El pasado viernes 5 de mayo inició el funcionamiento de este sistema y se abrió un periodo en que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales revisará la información publicada por los 7 mil 132 Sujetos Obligados de todo el país, en más de 48 millones 138 mil registros, que a su vez contienen más de 600 millones de datos. Confiamos en que el sindicalismo democrático no permita que esta ley sea un nuevo elemento de presión y agresión contra los trabajadores y sus organizaciones. Seguramente desde el poder hay quienes tratarán de aprovecharse de la situación.

Focos rojos de violencia en la Ciudad de México


Protesta en Ciudad Universitaria por la joven hallada muerta en las instalaciones. Foto: Octavio Gómez
Protesta en Ciudad Universitaria por la joven hallada muerta en las instalaciones. Foto: Octavio Gómez


PROCESO 

De enero a marzo pasado la capital del país alcanzó sus más altos índices delictivos desde 1997. Las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, encuestas del Inegi, estadísticas de la PGJ y reportes del Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México no son las únicas que desmienten el triunfalismo de la procuraduría local y del jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, quienes insisten en ofrecer estadísticas con delitos a la baja: también los reportes cotidianos de balaceras, asesinatos, robos y agresiones sexuales se multiplican ante la mirada de los ciudadanos, que se sienten inermes.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La Ciudad de México vivió el primer trimestre más violento de los últimos seis años, marcado por un repunte del número de asesinatos, agresiones con armas de fuego y robos violentos: cada día que transcurrió entre enero y marzo, la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ CDMX) reportó, en promedio, 2.7 homicidios dolosos, 4.8 lesiones dolosas con arma de fuego, 68 robos con violencia, cinco agresiones sexuales y 44 asaltos violentos a transeúntes.
La semana pasada, mientras se multiplicaban las balaceras y asaltos en lugares públicos y a plena luz del día, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno, se enfocaba en su carrera política. En la mañana del miércoles asumió la presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), consolidó su acercamiento con el presidente Enrique Peña Nieto y se proyectó, sin decirlo, hacia los comicios del 2018.
En el mismo momento, dos eventos sacudieron los medios capitalinos. Al sur de la metrópoli, en Ciudad Universitaria, trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hallaron el cuerpo de una mujer de 22 años atado a una caseta telefónica en la zona del Instituto de Ingeniería.
La noticia se difundió masivamente en la comunidad estudiantil, que se movilizó el viernes en un “acto político sororario” en repudio a la violencia contra las mujeres, mientras las autoridades universitarias anunciaron un reforzamiento de la seguridad en el campus.
La PGJ CDMX provocó una mayor indignación en Twitter: difundió el jueves una serie de detalles negativos sobre la mujer –entre ellos, que estaba “alcoholizándose y drogándose” la noche anterior, o que “no estudiaba desde 2014, y dejó sus clases en CCH, donde debía materias”–, una práctica de revictimización común en la institución.
El mismo miércoles, a cerca de las 9 de la mañana, tres hombres fueron asesinados a balazos en las afueras del mercado de Sonora, en la colonia Merced Balbuena, de la delegación Venustiano Carranza. La procuraduría capitalina filtró rápidamente la información de que los individuos tenían antecedentes penales por robo de vehículo y transeúnte.
La versión fue que cobraban “derecho de piso” a los mercaderes y se encontraban a punto de asaltar una camioneta cuando un hombre salió por la parte de atrás y los acribilló. Dos fallecieron ahí mismo y el tercero en la ambulancia que lo llevaba al hospital, mientras el homicida y el conductor de la camioneta se desvanecieron en la ciudad.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2114, ya en circulación

Fuente 

Denuncian los mineros de Sombrerete confabulación de Grupo México y STPS

Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Lunes 8 de mayo de 2017, p. 3
Grupo México y funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) están operando de forma conjunta un ‘‘fuerte golpe’’ contra los trabajadores en huelga de la mina San Martín, en Sombrerete, Zacatecas, similar al de Cananea, Sonora.
Denunció lo anterior el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, el cual expuso que empresa y autoridades utilizan mecanismos ‘‘legaloides’’ para que se desconozca el paro y se finiquite la relación laboral.
El secretario del Exterior, Sergio Beltrán Reyes, aseguró: ‘‘Se está cocinando en la Secretaría del Trabajo un golpe a los mineros de Sombrerete; tenemos conocimiento de que funcionarios de esa dependencia están trabajando con la empresa y con los abogados de la misma para dar un golpe similar al de Cananea’’.
Indicó que lo lamentable es que se unan para ver cómo desconocen derechos de los trabajadores, cuando ‘‘deberían reunirse para buscar soluciones a los conflictos laborales que aquejan al país’’. Hizo ver que el sindicato no va a dejar de luchar, porque eso ‘‘sería enterrar la dignidad’’, y agregó que en Sombrerete, si no encuentran justicia en las instancias nacionales acudirán a las representaciones internacionales.
‘‘El sindicato minero, que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, ha demandado al gobierno federal y a las autoridades laborales que sienten a negociar a las partes para resolver las huelgas de Sombrerete, Taxco y Cananea; sin embargo, lejos de incidir para que se alcance un acuerdo han operado en favor de Grupo México’’, dijo.
Según explicó, en Cananea, luego de que la empresa había tratado de desconocer la huelga tres veces, logró junto con las autoridades laborales que se determinara que la mina ya no podía seguir operando y que se tenía que liquidar a todos los trabajadores.
Sin embargo, luego de dicho dictamen la empresa volvió a abrir con una nueva razón social y otros trabajadores, con un contrato y sueldos recortados, fórmula que quieren repetir y que el sindicato minero no permitirá.
La huelga en Sombrerete, que corresponde a la sección 201 del sindicato, comenzó el 30 de julio de 2007, y de unos 500 trabajadores que iniciaron el paro cerca de 280 han aceptado una liquidación de cuatro meses de salario. Sin embargo, queda la mitad de los sindicalizados que siguen demandando sus derechos laborales.

Fuente

Deuda histórica de México con los apaches


Apaches… fantasmas de la Sierra Madre, de Manuel Rojas.
Apaches… fantasmas de la Sierra Madre, de Manuel Rojas.


PROCESO 

El sociólogo Manuel Rojas se adentra hasta la médula en la investigación sobre los apaches, una etnia de origen mexicano cuya nación fue dividida por la invasión de Estados Unidos de 1846 a 1848. Ni los investigadores ni los cineastas le han entrado al tema porque va en contra de la versión oficial, sostiene Rojas, autor del libro Apaches… fantasmas de la Sierra Madre. Indignado, cuestiona que la Secretaría de Relaciones Exteriores no exija al vecino del norte la devolución de los archivos apaches, “parte de nuestro patrimonio histórico”.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Despreciados en nuestro país, por el folclor y la jerga popular, los apaches renacen gracias a la reivindicación del sociólogo Manuel Rojas en su libro Apaches… fantasmas de la Sierra Madre (Secretaría de Cultura de Chihuahua, 437 páginas ilustradas) que se presentará el 9 de mayo en el Teatro Wilberto Cantón de la Sociedad General de Escritores de México (Sogem).
Con elocuencia norteña, Manuel Rojas va al grano:
“Soy un estudioso que , por destino geográfico, mi misión ha sido espulgar las páginas incómodas de la historia ofi-
cial de México. Los académicos de El Colegio de México, de El Colegio de Sonora y de El Colegio de la Frontera Norte, intelectuales orgánicos, por contar con muy buenos salarios, pues de plano nomás no se atreven a rascar profundo en los archivos de los siglos XVII, XVIII y XIX sobre la etnia apache, ni ir a fondo en la guerra Estados Unidos-México, porque entrarían en contradicción con la historia oficial.”
Apaches… llega a su segunda edición “corregida y aumentada” del volumen que en 2008 publicaron los institutos de cultura de Chihuahua y Sonora, con prólogo del finado dramaturgo y crítico teatral de Proceso Víctor Hugo Rascón Banda, “¿De dónde son los apaches?”, quien escribió:
Gracias a la televisión y el cine norteamericanos, para los mexicanos y para el mundo los apaches son de Estados Unidos porque los vemos perseguidos por los rangers y soldados vestidos de azul, atrincherados en fuertes donde ondea la bandera de las barras y las estrellas. Los Apaches… Fantasmas de la Sierra Madre, de Manuel Rojas, es un libro que aparece para deshacer mitos y leyendas e ilustrarnos sobre la nación apache que fue extinguida en Chihuahua y Sonora… ¡Ay, apaches! ¡Cuántas mentiras se han dicho en vuestro nombre!
Dicho prólogo se incluye en la nueva edición de Rojas (Guadalajara, agosto 22 de 1958), también autor de La cicatriz, el rock en la última frontera; Joaquín Murrieta, el patrio (“que los chilenos han pretendido siempre arrebatarnos”, afirmó Rascón Banda), Eraclio Bernal. Así se gestó la Revolución Mexicana y La rosa amarilla de Texas (obra que Rojas montará con su grupo Teatro Vivencias el 3 de mayo en el Teatro del Estado de Mexicali, Baja California, donde radica):
“Me he gastado un dineral que no te imaginas, sólo investigando. Para el libro de Murrieta me gasté 27 mil dólares a lo largo de cinco años. Y en Apaches… casi 30 mil y más tiempo, pues viajé a varios sitios nuevamente para comprobar datos, tomar fotos y trazar los mapas al lector.”
–¿Por qué ha hecho de los apaches tema de investigación?
–Porque el asunto de la apachería es un asunto sesgado y omitido por la historia oficial. Yo pongo al descubierto la subordinación y el vasallaje que han tenido muchísimos gobiernos mexicanos a partir del desmembramiento del antiguo territorio de México que fue nuestra vieja Texas. Pienso que hoy día, por ejemplo, está sucediendo algo muy grave. ¿Cómo es posible que el actual gobierno de Estados Unidos con Donald Trump tenga una actitud tan hostil contra México, y nuestras fuerzas armadas les estén haciendo el trabajo sucio?
A la vista de la amplia documentación novohispana, mexicana y estadunidense, Rojas pone en evidencia que los confines de la nación apache estuvieron en lo que llama “las cuatro esquinas del conflicto”: el sureste de Arizona, sur de Nuevo México, suroeste de Texas, y en territorio nacional el noroeste de Chihuahua y Sonora.
“¿Cuáles nativos americanos, pues? Su país de origen es México y es por circunstancia de la invasión de Estados Unidos de 1846 a 1848 que su nación quedó partida en dos.”
El “tarascazo” de Polk
En la vastedad de su entorno geográfico, la apachería se dividió al menos en siete parcialidades: navajos, lipanes, jicarillas, mezcaleros, mimbreños, chiriguas y coyoteros.
“Los misioneros españoles concibieron a los apaches no como desplazados, sino como intrusos; no supieron entenderlos, y en ese equívoco los perdimos como aliados formidables: pudieron ser valladar ante la invasión estadunidense, primero en Texas (1836); y, 10 años después, con el tarascazo (“mordisco gigantesco”) del presidente James Knox Polk a la mitad de los territorios mexicanos tras la invasión gringa de 1846, que culminó con el humillante tratado de Guadalupe-Hidalgo el 2 de febrero de 1848.
“Para 1874, Porfirio Díaz y el presidente Ulises S. Grant acordaron establecer la Reservación de los Apaches en San Carlos, Arizona, y hay un documento que presento en mi libro donde resulta que al encargado de ese confinamiento en Estados Unidos, ¡el que le pagaba su sueldo era el gobierno mexicano, Porfirio Díaz, 150 pesos mensuales! Como mexicanos, ¿quién entiende eso? Ningún intelectual orgánico se ha atrevido a explorar esa interrogante. Yo no estoy inventando nada. Ahí hay una veta que los historiadores y los cineastas se han negado a explorar.”
Previo a la bibliografía, en el apartado
final del volumen, “Lego en Derechos de Autor” (página 415), Rojas acusa que la edición anterior de Apaches… produjo “dos pésimos libros” alentados por un “desafortunado oportunismo”: Apaches del Desierto y Últimos apaches en Nácori Chico, de Javier Ortega Urquidi y Rodolfo Rascón Valencia.
Al son de la Doctrina Monroe
De los 17 capítulos en Apaches… fantasmas de la Sierra Madre, que pueden leerse como novela épica, destacan los dedicados a los jefes Mangas Coloradas, José Cochise, Gerónimo, Pluma Blanca, Victorio, Juli, Juh, Loco, Chihuahua, Chato, Nacho, Taza, Nana o El apache Elías, y las mujeres Petra Dayaundil Luz del amanecer, Inés, Bostezo…
Expone Manuel Rojas.
“Uno de los aspectos reveladores en la historia de la apachería es que de cinco grandes batallas que hubo en el siglo XIX, cuatro se libraron en suelo mexicano, en Sonora y en Chihuahua. Este aspecto ha sido soslayado incluso por nuestros cineastas y entre mis proyectos futuros, haré una propuesta al INAH para realizar un documental en las zonas de conflicto apache.
“La más grande batalla entre apaches y soldados sucedió el 10 de enero de 1850, posterior a la invasión gringa, en Pozo Hediondo, actualmente Bella Esperanza, Sonora, con una confederación de 450 apaches comandados por Mangas Coloradas, el caudillo más importante de la apachería del siglo XIX.”
Se refiere al combate “a 12 kilómetros de Nacozari”, enfrentando a un centenar de irregulares de Chihuahua, “soldados presidiales como se les conoció”, al mando del capitán Ignacio Pesqueira (1829-1886), quien al paso de los años gobernó Sonora (1857-1861).
“Si nos ponemos a entablar parámetros con el desmembramiento geográfico de México y el desmantelamiento de las fuerzas presidiales en la frontera norte, nos damos cuenta que fue un grandísimo error del gobierno centralista mexicano que, teniendo a su lado a los apaches, los hayan licenciado. Eso aconteció cinco años antes, cuando vino la revuelta de los colonos anglosajones de Texas. Mandaron a los apaches al desempleo y les quitaron las raciones alimenticias que les daban a sus familias, o sea, que los pusieron en contra, porque eran aliados y soldados fieles empleados del gobierno de México hasta 1831, cuando los dan de baja.”
La “miopía gubernamental” le abrió la puerta para que el expansionismo anglosajón “y verbigracia, la Doctrina Monroe” tuviese como punta de lanza “la anexión de Texas en 1836 y después la invasión de Estados Unidos robando los ricos territorios de Nuevo México, Arizona, Colorado y de la Alta California, que también poseía los estados de Nevada y de Utah”.
Halló documentación insólita sobre Mangas Coloradas, y la fe de bautizo de Nana “el apache José María Elías”. Se cansó de espulgar en los archivos parroquiales de Janos, Chihuahua, que albergaban “cientos de bautizos apaches” y “que desaparecieron misteriosamente”, pues ni la diócesis de Casas Grandes ni la arquidiócesis de Chihuahua los tienen.
“¿Quiénes son mis principales sospechosos? ¡Los gringos!”, reitera, toda vez que “no hay uno ni dos, sino miles de documentos originales de México a la Patagonia desde la Colonia, bajo resguardo” en la Biblioteca Bancroft de Berkeley, California, “que visito a menudo”, y los de la Benson Latin American Collection, en Austin, Texas.
“¿Cómo llegaron allá, y lo peor, cómo es posible que la Secretaría de Relaciones Exteriores no mande una nota diplomática exigiendo la devolución de esos archivos pues son parte de nuestro patrimonio histórico?”
Manuel Rojas refuerza sus analogías:
“No conformes los gringos de habernos arrebatado la mitad del territorio, negociaron una porción extra que es La Mesilla con el Tratado Gadsen, que data de 1854. Por otro lado, es criminal y absurdo que nuestras fuerzas armadas, en lugar de cortar por lo sano esa dependencia, la ha mantenido por los gobiernos neoliberales con las fuerzas armadas de los Estados Unidos y la estén aumentando en una coyuntura, además, en la que nuestro comercio y relaciones exteriores están siendo dañadas por Trump.”
En 1983, Manuel Rojas obtuvo la licenciatura en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) con su tesis Las fuerzas armadas en el México contemporáneo. Así, lamenta que México haya dejado de ser “aquel país que admiraban otras naciones latinoamericanas por el ejercicio de la Doctrina Estrada, para convertirnos ahora en el hazmerreír porque bailamos al son que nos toca Estados Unidos”.
Y concluye:
“Ojalá que un cambio de gobierno reactive nuestro sentido nacionalista, porque ya ves que ahora se estigmatiza el nacionalismo como si fuera pecado; pero la gente se olvida que el país hegemónico principal que son los Estados Unidos, es el más nacionalista.”
Apaches… Los Fantasmas de la Sierra Madre será presentado el 9 de mayo a las 19 horas por Jesús Lazcano. La cita es en José María Velasco número 59, colonia San José Insurgentes, delegación Benito Juárez.
Este reportaje se publicó en la edición 2113 de la revista Proceso del 30 de abril de 2017

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Paga Ferronales 18 mdp por fideicomiso inexistente

Paga Ferronales 18 mdp por fideicomiso inexistente
Desde hace seis años quebró ese instrumento: Federación de Jubilados
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Víctor Flores Morales, el pasado primero de mayoFoto Cristina Rodríguez
Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Lunes 8 de mayo de 2017, p. 3
Ferrocarriles Nacionales en Liquidación paga 18 millones de pesos anuales a seis miembros del sindicato que encabeza Víctor Flores Morales, por concepto de ‘‘gestoría y administración’’ de un fideicomiso que ya no existe, sostuvo la Federación de Ferrocarrileros Jubilados.
La organización señaló que aun cuando desde hace seis años quebró el Fideicomiso Ferronales JUB 5012-6, creado para pagar las pensiones del gremio, y de que ‘‘desaparecieron’’ 13 mil 500 millones de pesos que lo integraban, el gobierno federal sigue entregando a la fecha a seis personas del sindicato ferrocarrilero que encabeza Víctor Flores Morales 9 millones semestrales por ‘‘administrar’’ dicho fondo.
La citada federación presentó a La Jornada copias de los estados de cuenta de Ferrocarriles Nacionales en Liquidación, los cuales muestran que desde 1999 se han entregado más de 275 millones de pesos a unos cuantos miembros del sindicato ferrocarrilero por ‘‘administrar’’ un fondo que ‘‘ellos mismos se acabaron’’, indicó la organización.
Gestoría fantasma
La documentación entregada por los jubilados también da cuenta de que en los primeros años la ‘‘gestoría’’ que se pagó a los allegados al dirigente se tomaba del fideicomiso; cuando éste quebró les siguieron pagando de los recursos públicos.
Esta organización refirió que desde 2011 se liquidó el fideicomiso, y desde ese año las pensiones de estos trabajadores se están pagando con partidas presupuestales federales.
‘‘Nunca se investigó realmente qué pasó con los millonarios recursos. El líder del sindicato simplemente se lavó las manos diciendo que fue la fiduciaria’’, según indicó.
Desde 1999, para apoyar la administración de los recursos, se integró un ‘‘comité nacional de gestoría y enlace’’ formado por seis personas del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM), los cuales a la fecha siguen cobrando una partida presupuestal equivalente a 1.5 millones de pesos mensuales, que en los primeros años se tomaron de los recursos de los trabajadores y desde hace seis años los paga el gobierno federal.
Dicho ‘‘comité’’, que sigue recibiendo estos recursos, está integrado por Francisco Grajales, Javier Ismael Santos Loyo, José de Jesús Ortiz Rodríguez y otros miembros del comité nacional de Víctor Flores.
Ello, ‘‘sin que se justifique la partida’’, pues ya no hay nada que administrar, dijo Pedro Montoro, de la Federación de Jubilados. Indicó que ha habido malversación de recursos por parte de la dirigencia del STFRM, por lo cual existen denuncias ante la Procuraduría General de la República, primero por la desaparición de los montos del fideicomiso para el pago de pensiones, y luego porque ‘‘se acabaron’’ más de 345 millones de pesos del seguro de vida, el cual se integró para pagar a los familiares de los trabajadores cuando hay un deceso de los mismos.
Otra denuncia presentada fue por el cobro de cuotas sindicales a los jubilados; a la fecha, sólo esta última denuncia prosperó e incluso un tribunal falló en favor de los pensionados y ordenó a Ferrocarriles Nacionales en Liquidación ya no hacer estos descuentos y regresar cerca de 600 millones de pesos que les habían quitado a los ex trabajadores por este concepto.
Dicha resolución se emitió hace más de un año y a la fecha no se ha cumplimentado; a los jubilados les siguen descontando cuotas que le entregan a un sindicato. Sostuvo Montoro que ahora el gobierno federal, por medio de la Secretaría de Hacienda, se encarga de cubrir el pago del seguro por defunción a las viudas, huérfanos y deudos de los trabajadores, pues el fondo que se había integrado para esto ‘‘también se acabó’’.
Sin embargo, a los miles de jubilados les siguen descontando otro monto mensual de sus recibos para el pago de este seguro.

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Macron gana las elecciones presidenciales de Francia


Emmanuel Macron. Foto: AP
Emmanuel Macron. Foto: AP


PROCESO 

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Emmanuel Macron ganó este domingo las elecciones presidenciales de Francia con el 65.5% de los votos contra el 34.5% recibido por Marine Le Pen, según datos del Ministerio de Interior francés.
“Voy a defender a Europa… nuestra civilización está en juego”, dijo Macron en un discurso a sus seguidores en París.
Macron, de 39 años, será el jefe de Estado más joven de la historia del país galo tras una reñida primera vuelta que dejó afuera a los partidos más tradicionales.
Emmanuel Macron había ganado en primera instancia el pasado 23 de abril con apenas el 24.01% de los votos, seguido por Le Pen con el 21.30%, dejando atrás al resto de los aspirantes.

“Esta noche se abre una nueva página de nuestra larga historia. Quiero que sea la de la esperanza y la de la confianza recuperadas”, declaró Macron a la AFP.
El nuevo mandatario dio un mensaje a la nación en el que prometió gobernar para todos los franceses: “Somos los herederos de una gran historia. Voy a defender a Francia.
“Sé por qué algunas han elegido votar por un partido extremo. Conozco la ira, la ansiedad, las dudas que muchos de ustedes han expresado. Y por eso es mi responsabilidad considerar eso”.
Por su parte, la candidata de extrema derecha Marine Le Pen dijo a sus simpatizantes que llamó a Macron para felicitarlo, diciendo que los franceses han elegido para la continuidad. En su discurso, indicó que su partido, el Frente Nacional, debe comenzar una nueva campaña después del resultado.
Los resultados de los comicios supondrían un alivio para los defensores de la Unión Europea que temían una oleada nacionalista que destruyera el proyecto de integración continental.

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