jueves, 15 de junio de 2017

México repite violación a DH de centroamericanos que piden asilo en EU: AI


Migrantes centroamericanos. Foto: Isaín Mandujano
Migrantes centroamericanos. Foto: Isaín Mandujano


CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Si bien, las medidas antimigrantes que anunció el presidente estadunidense, Donald Trump, concentran la atención y la preocupación mundial, la organización Amnistía Internacional (AI) sostiene que el gobierno mexicano participa en “la repetición de estas violaciones de derechos humanos contra miles de solicitantes de asilo que huyen de la violencia extrema del Triángulo Norte de Centroamérica”.
En el informe “Facing Walls: Violaciones de los derechos de solicitantes de asilo en Estados Unidos y México” publicado hoy, la organización criticó las políticas de “mano dura” que adoptaron ambos gobiernos -particularmente desde la llegada de Trump, en el caso de Estados Unidos- ante la ola de refugiados provenientes de El Salvador, Honduras y Guatemala.
AI urgió al mandatario republicano “rectificar las declaraciones previas que equiparan erróneamente a solicitantes de asilo y migrantes con delincuentes” y solicitó al Congreso anular la orden ejecutiva de seguridad fronteriza que firmó el magnate en enero pasado, así como negar la asignación de fondos para ampliar los centros de detención para solicitantes de asilo.
También pidió al presidente Enrique Peña Nieto que su gobierno cese la detención de los niños migrantes, ponga fin a “las prácticas ilegales de devolución (de migrantes) y garantizar que esas prácticas sean castigadas y seguidas de medidas disciplinarias contra los funcionarios implicados”.

El documento muestra que ambos gobiernos deportan de manera masiva a los migrantes originarios de Centroamérica -incluyendo los niños-, niegan con frecuencia el estatus de asilo y violan de manera sistemática el derecho internacional en materia de protección a refugiados.
La organización, que siguió durante años los “esfuerzos de países de todo el mundo por levantar barreras físicas”, insistió en que los muros nunca lograron su propósito de “impedir que la gente cruce sus fronteras”, sino que fomentaron la creación de nuevas rutas migratorias “infinitamente más mortales”.
Un ejemplo: entre noviembre de 2016 y abril de 2017, fallecieron 71 migrantes en el condado de Pima, Arizona; prácticamente el doble que la cifra reportada durante el mismo periodo del año anterior.
En paralelo, AI reportó que, según investigaciones oficiales, los precios que los “coyotes” cobran para cruzar la frontera hacia Estados Unidos “han aumentado considerablemente”.
Aseveró: “Tanto las autoridades estadunidenses como las mexicanas tienen la responsabilidad de proteger a las personas migrantes en su territorio frente a los abundantes secuestros, homicidios y abusos que se cometen a lo largo de muchos puntos de la frontera entre Estados Unidos y México”.
Frontera militarizada
En el caso mexicano, Amnistía Internacional criticó el Plan Frontera Sur que el presidente Peña Nieto lanzó en el verano de 2014 y que consistió en un incremento de los operativos antimigrantes en los estados colindantes con Guatemala y Belice.
Si bien los migrantes que atraviesan el país se encuentran a merced del crimen organizado -son innumerables los casos de secuestros, violaciones y asesinatos perpetrados en la ruta migratoria-, la represión inducida por el Plan Frontera Sur “ha puesto a las personas migrantes en un peligro adicional y las ha obligado a tomar otras rutas más peligrosas”, deploró AI.
La organización recordó que desde hace varios años, el gobierno estadunidense, a través de la Iniciativa Mérida, aporta ayuda financiera y entrenamiento a las autoridades mexicanas para contener el flujo de migrantes centroamericanos en la frontera sur.
“La implicación de las fuerzas armadas estadunidenses a lo largo de la frontera sur de México sigue estando clara”, sentenció.
Además, subrayó que la situación podría acentuarse: en abril pasado, durante una reunión de representantes de México, Centroamérica y el Mando Sur de Estados Unidos “se expusieron planes para aumentar las patrullas terrestres y aéreas en la frontera sur de México y mejorar la participación del ejército estadunidense con los gobiernos mexicano y centroamericanos para abordar la migración y el crimen organizado transnacional”.
En 2016, el gobierno mexicano recibió una cifra “récord” de ocho mil 788 solicitudes de asilo procedentes de Centroamérica -en 2013 fueron apenas mil 296-, y podría elevarse a 20 mil este año. Aun así, la cifra es mínima, pues según AI, la mitad de las 400 mil personas que cruzan México cada año para llegar a Estados Unidos podrían aplicar a la protección internacional.
En México, AI subrayó lo que otras organizaciones documentaron desde hace años: los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) deportan de manera masiva y expedita a los centroamericanos indocumentados que atraviesan el país y en los centros de detención los desalientan a solicitar el asilo.
Por ello, la organización urgió al INM que revise “urgentemente” sus procesos de identificación para garantizar que los migrantes detenidos sean informados “adecuadamente” de su derecho a pedir asilo en México.
“Esta revisión debe tener como finalidad detener las prácticas ilegales de devolución y garantizar que reciben la sanción administrativa que corresponde”, añadió.
Orden polémica
En el caso de Estados Unidos, Amnistía Internacional se concentró particularmente en la polémica orden ejecutiva “Mejoras a la Seguridad Fronteriza y el Control de la Inmigración”, que Donald Trump firmó el pasado 25 de enero, la cual “viola tanto el derecho internacional como las normas internacionales de derechos humanos”, según la organización.
“El efecto conjunto y, de hecho, el resultado buscado de las nuevas acciones de Trump es socavar los derechos de los solicitantes de asilo en Estados Unidos y permitir un régimen inhumano y punitivo para las personas migrantes que entran irregularmente”, estimó AI.
El informe plantea que las autoridades estadunidenses han negado la entrada a solicitantes de asilo centroamericanos en garitas fronterizas, lo que constituye una práctica ilegal y pone en riesgo la vida de los solicitantes, pues a menudo son devueltos a las inseguras ciudades fronterizas mexicanas.
A través de la orden ejecutiva, Trump pretende endurecer la política antimigrante instaurada desde los años 90 en Estados Unidos, misma que siguió su antecesor Barack Obama, quien implementó nuevas medidas de control fronterizo desde 2008, las cuales “no detuvieron el flujo de personas procedentes de El Salvador, Honduras y Guatemala”, según AI.
Así, durante su presidencia, Obama incrementó el número de agentes de la Patrulla Fronteriza de 15 mil a 23 mil 861 y Trump anunció que reclutará otros cinco mil uniformados.
Bajo la administración del demócrata, el presupuesto para la detención de migrantes se incrementó de manera regular –se convirtió en el sistema de detención migratoria más grande del mundo-, y para el año fiscal 2018, Trump pidió otro incremento de mil 500 millones de dólares que, de aprobarse, permitiría a las autoridades encarcelar a 70 mil migrantes -entre ellos niños- de manera simultánea, por un costo de cuatro mil 500 millones de dólares anuales.
“Antes de que un Estado decida recluir a las personas migrantes en situación irregular, deben considerarse siempre alternativas a la detención. Por desgracia, el Sistema de Detención de inmigrantes de Estados Unidos no cumple el derecho internacional”, afirmó AI.
E insistió: “Algunos expertos han señalado que, cada vez que el gobierno adopta nuevas medidas de control de la inmigración, las cifras se reducen, sólo para volver a aumentar, en algunos casos hasta niveles más altos que antes”.
AI también refutó una serie de “mitos” que Trump alimentó durante su exitosa campaña electoral, entre ellos que los migrantes son delincuentes o que la frontera sur de Estados Unidos enfrenta una oleada de mexicanos.
Recordó que, contrario a lo que aseveraba el magnate, el número de entradas irregulares de mexicanos al vecino país del norte disminuye de manera constante desde el 2008: en 2016 las autoridades fronterizas detuvieron a 192 mil mexicanos en su intento de cruzar la frontera, una cifra muy por debajo del millón 600 migrantes arrestados en el año 2000.
Asimismo, descartó el argumento según el cual los migrantes latinoamericanos van a Estados Unidos por motivos económicos, ya que un número siempre mayor huye de la violencia extrema que sacude sus países.
Entre 2010 y 2015, por ejemplo, las solicitudes de asilo procedentes de los países del Triángulo Norte se dispararon en un 555%, mientras nueve de cada 10 centroamericanos entrevistados por AI evocaron las amenazas contra sus vidas o los “impuestos de guerra” como principal motivo de migrar, y uno de cada tres dijo que tomó la decisión definitiva de salir de su país después del asesinato de un familiar cercano.
En México, entre 35 mil y 287 mil personas -la cifra varía considerablemente según las fuentes de información- tuvieron que abandonar sus casas para huir de la violencia generada por la guerra contra el narcotráfico.
Cada año, entre siete y 11 mil mexicanos solicitan asilo en Estados Unidos, pero las autoridades de ese país les niegan el estatus de refugiado en la inmensa mayoría de los casos, alegando que México cuenta con zonas seguras dónde pueden reubicarse.

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