lunes, 12 de junio de 2017

El negro historial de la represión en México (Parte II y última: De los homicidios políticos a la criminalización social)


Carlos Salinas de Gortari  concluyó  su sexenio atrapado entre las dudas de los asesinatos perpetrados al candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, y al secretario general de ese partido, José Francisco Ruiz Massieu; su estrategia  estelar para combatir la marginación, el Programa de Solidaridad,  no alcanzó a permear en las regiones más apartadas del país y en zonas indígenas de Chiapas, en donde en enero de 1994 emergió como una respuesta a su política neoliberal el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que de inmediato fue brutalmente agredido por las fuerzas castrenses.
A Salinas no le interesó hablar de cara a la nación sobre las causas de la agobiante pobreza de millones de mexicanos, sino reprimir a quienes alzaron la voz para denunciarla.
Bastaron seis años para que Salinas concluyera el desmantelamiento y venta de las empresas públicas a precios irrisorios, iniciada por su antecesor Miguel de la Madrid Hurtado, abriendo el sector energético y entregando la soberanía económica y alimentaria a los capitales foráneos a través de la firma del TLC (Tratado de Libre Comercio). Miles de trabajadores perdieron su estabilidad laboral al ingresar en tropel las maquiladoras y el campo se convirtió en el principal expulsor de mano de obra a Estados Unidos, situación que brindó a  los cárteles la oportunidad de reclutar en sus filas a un sinnúmero de hambrientos y desesperados campesinos para convertirlos en sicarios.
En el gobierno de Ernesto Zedillo las afrentas se acrecentaron y la represión apareció con más fuerza en las comunidades indígenas y campesinas bajo el sello de un tecnócrata anodino y carente de toda sensibilidad social.
El 28 de junio de 1995, en el vado de Aguas Blancas, ubicado en el municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, fuerzas policiales de la entidad masacraron a 17 campesinos y dejaron heridos a 21 más. El gobernador Rubén Figueroa Alcocer fue destituido del cargo, pero no le fincaron responsabilidades. Algo similar ocurrió en Acteal, Chiapas, municipio en donde el 22 de diciembre de 1997, 45 indígenas de San Pedro Chenalhó fueron asesinados a manos de paramilitares por intentar establecer un autogobierno. Por esos hechos renunció al cargo Julio César Ruiz Ferro, entonces mandatario chiapaneco. Misma suerte corrió el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, pero como en Guerrero, la impunidad protegió a los políticos en turno.
Zedillo consintió la privatización de los ferrocarriles nacionales y le cargó a los mexicanos la deuda multimillonaria de los banqueros mediante el llamado Fobaproa, al igual que el rescate carretero; ambos sumaron más de 800 mil millones de pesos. Los adeudos de estos grupos empresariales fueron transformados a deuda pública. Pero no conforme con ello, el entonces presidente alentó las reformas a la Ley del IMSS, para que los ahorros de los trabajadores pasaran a ser manejados por los voraces banqueros a través de las Afores. Un agravio cometido  a millones de mexicanos que a la distancia los tiene en riesgo de afrontar una vejez miserable al no contar con los fondos necesarios para su retiro.
El gobierno de la inalcanzada transición democrática de Vicente Fox no marcó diferencia alguna en represiones y atentados neoliberales contra la economía familiar, el nivel de vida de millones de mexicanos y la represión contra los grupos sociales. Menos todavía en su lucha contra el crimen organizado, pues apenas con dos meses en el cargo, enero de 2001, “El Chapo” Guzmán se fugó del penal de alta seguridad de Puente Grande, con la complicidad de los funcionarios nombrados por el panista. Durante su administración comenzaron a dilapidarse los excedentes petroleros, sin que la economía se reactivara ni los programas sociales incidieran en un combate frontal a la marginación.
Como Salinas, Fox terminó su gobierno con dos hechos que han quedado registrados en el negro historial de las infamias cometidas al país. El 19 de febrero del 2006, 65 trabajadores quedaron atrapados al derrumbarse uno de los tiros de la Mina Pasta de Conchos, ubicada en el municipio de Nueva Rosita, Coahuila. Las instalaciones eran administradas por Minera México, propiedad de Germán Larrea, uno de los empresarios que financiaron en el 2000 la campaña presidencial del panista.
Lejos de exigir a la compañía las inmediatas labores de rescate, Vicente Fox, mediante su secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar Sáenz, encubrió el crimen de industria que, hasta hoy, sigue sin castigo. Sólo dos cuerpos fueron rescatados y los otros 63  permanecen en las entrañas del socavón siniestrado como mudos testigos de la injusticia de los gobiernos panistas hacia los trabajadores.
Dos meses más tarde, el 3 y 4 de mayo de ese año, en San Salvador Atenco, Estado de México, se suscitó una de las peores represiones de que se tenga memoria; Fox cobró a los ejidatarios y miembros del Frente Popular en Defensa de la Tierra (FPDT) la afrenta de no haberle permitido erigir en sus tierras de cultivo lo que había anunciado como su obra sexenal: el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.
Con el apoyo de las autoridades se reprimió brutalmente a los habitantes de Atenco, que apoyaban a vendedores de flores desalojados por la policía en el vecino municipio de Texcoco; al llamado del gobierno local acudieron fuerzas federales a las que no importó golpear y detener lo mismo a hombres que a menores de edad; la brutalidad fue tal que más de 60 mujeres fueron violadas y vejadas y 290 personas detenidas.
Sujetos a proceso como reos de alta peligrosidad, 12 miembros del FPDT  fueron enviados al penal del Altiplano; luego de cuatro años de lucha y movilizaciones sociales exigiendo su liberación, la Suprema Corte los declaró inocentes, el 30 de junio de 2010. Su delito consistió en  defender su tierra y el derecho a trabajarla.
Con el arribo de otro panista al poder, Felipe Calderón Hinojosa, México se dispuso a sumergirse en un baño de sangre luego de que, para legitimar su gobierno, al espurio mandatario se le ocurriera declarar la “guerra” a los ensoberbecidos cárteles de la droga, también solapados en el sexenio de Fox. Ambos exmandatarios compartieron la comisión de un gigantesco y costoso  agravio al país: dilapidaron un billón 200 mil millones de pesos de los excedentes petroleros.
Con Calderón no tardaron en aparecer la impunidad y la represión como muestras de su ineptitud para atender los graves problemas sociales y de justicia en el país. El 5 de junio de 2009, fallecieron 49 niños y 106 más resultaron gravemente heridos tras registrase un incendio en la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora. Lejos de hacer justicia, Calderón encubrió a los responsables, entre ellos a  Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima de su esposa Margarita Zavala. Hace unos días se cumplieron ocho años de la tragedia y los padres de familia siguen exigiendo que los culpables estén en la cárcel. Margarita Zavala, con el mayor de los cinismos e impunidades,  ahora quiere ser presidenta.
Meses más tarde, el 11 de octubre, Calderón operó un golpe de estado contra los trabajadores del SME, a los que mediante el uso de las fuerzas militar y policial  expulsó de sus centros de trabajo, al emitir su  decreto de extinción de  Luz y Fuerza del Centro; de la noche a la mañana el “presidente del empleo” despojó de su trabajo a  44 mil electricistas de manera injustificada. Como lo denunció el SME (Sindicato Mexicano de Electricistas), al entonces mandatario le preocupaba que un sindicato independiente obstruyera sus planes para desmantelar el sistema eléctrico nacional y entregarlo a las trasnacionales, pero su plan no logró desaparecer al SME y  su promesa de bajar  las tarifas eléctricas y mejorar el servicio nunca se cumplió. Millones de usuarios terminaron repudiándolo por la desmesurada alza en sus recibos de luz.
Al final de su gobierno quedaron regados por el país más de 80 mil cadáveres y  aún están en calidad de desaparecidos unas 20 mil personas, sin contar con la cifra incuantificable de desplazados por su fallida guerra contra el narcotráfico. Ahora, con la imposición de las reformas estructurales y la criminalización de la protesta social, la agenda de la represión empieza a saturarse; lo sucedido en Nochixtlán, Oaxaca, es el resultado de la inconformidad de los maestros a la Reforma Educativa y los despojos a miles de comunidades campesinas e indígenas por la implementación de proyectos energéticos, que engendran un clima de incalculable tensión social. Los agravios acumulados a lo largo de los  sexenios contra el pueblo de México están llegando al límite y eso deben sopesarlo con sumo cuidado los tecnócratas que insisten en rendir culto a la teoría neoliberal y la narcopolítica.
Martín Esparza 

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