miércoles, 31 de mayo de 2017

Piden a la CIDH rechazar caso de mineros de Cananea


Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Miércoles 31 de mayo de 2017, p. 15
El gobierno mexicano pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que no admita el caso de las violaciones a los derechos de los mineros de Cananea, dé por concluido el asunto y sea enviado a archivo, plantea un informe que presentó ante esa instancia el embajador de este país ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
El embajador Luis Alfonso de Alba entregó dicha petición sobre la denuncia de violaciones presentada por el sindicato nacional de mineros y expuso como principales argumentos que en el proceso del conflicto no se han agotado los recursos internos y de jurisdicción hasta la fecha.
Otro argumento del Estado mexicano es que “los peticionarios –es decir, los mineros– pretenden que la CIDH funja como organismo de cuarta instancia para revisar las actuaciones de los tribunales mexicanos”.
El expediente bajo el que se dirime el caso en esa instancia internacional es el P-5-12 832 Mineros y familiares. Según establece una copia del Informe del Estado mexicano al respecto, el gobierno solicitó oficialmente en marzo pasado que el caso sea desechado.
El conflicto
Cabe señalar que el conflicto laboral en la mina de Cananea, propiedad de Grupo México, cuyo principal accionista es Germán Larrea, fue llevado por ese sindicato ante dicha instancia internacional, la cual, tras varios años de análisis, pidió al gobierno mexicano que respondiera a los señalamientos de que mineros de Cananea han sufrido violaciones a sus derechos humanos. La respuesta oficial del Estado mexicano fue presentada en abril del 2017.
Al conocer la versión oficial, el sindicato, que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, envió un escrito al secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, y a la secretaria ejecutiva adjunta, Elizabeth Abi-Marshed, en el cual puntualiza que el documento del gobierno está basado en mentiras, lo que es penoso y grave.
Expone en el texto que la mayor mentira del gobierno federal es señalar que el gremio no agotó el principio de definitividad, ya que éste recurrió no sólo a todos los recursos de revisión posible en diversos tribunales, sino fue más allá: llevó al caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, la cual negó la revisión del mismo y también otro que se interpuso por reclamación.

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