martes, 4 de abril de 2017

Demandan cancelar proyectos mineros en la Costa y la Montaña de Guerrero


Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 4 de abril de 2017, p. 29
Chilpancingo, Gro.
Autoridades agrarias de las regiones de la Montaña y la Costa Chica de Guerrero acordaron exigir la cancelación de todos los títulos de concesión de exploración y explotación minera otorgados en sus territorios y expulsar a quienes pretendan realizar prospecciones u otra actividad relacionada con esa industria.
Representantes de los pueblos amuzgos, nahuas, tlapanecos, mixtecos y afromestizos tomaron esta decisión el sábado en el municipio de Xochistlahuaca, en la Costa Chica, en una asamblea a la que acudieron cientos de indígenas y autoridades agrarias de al menos 16 demarcaciones.
En la reunión se expuso la devastación de tierras, el despojo de los ríos y otros cuerpos de agua, así como el saqueo de grava, arena y otros materiales para proyectos de muerte, resultado de que autoridades federales emitieron 60 títulos de concesión para la extracción de oro, plata y otros minerales.
También se denunciaron amenazas y agresiones a indígenas y afromexicanos por parte de políticos, caciques y empresarios, en complicidad con instituciones del gobierno federal encargadas de preservar las aguas nacionales y el medio ambiente.
Los representantes de los pueblos originarios acordaron impedir el despojo de nuestro territorio y de nuestros bienes naturales, así como frenar la devastación de nuestros bosques y selvas para la explotación ganadera y maderera, e iniciar trabajos comunitarios urgentes de reforestación.
Otros acuerdos fueron impedir que el agua de nuestros ríos sea vendida a partir de criterios políticos y económicos, impulsar la formación de comités comunitarios para regular su distribución, detener la extracción desmedida de materiales pétreos de nuestros ríos, hacer efectivas las declaraciones de territorio libre de minería en la Montaña y la Costa Chica de Guerrero, fortalecer nuestras asambleas agrarias y organizar nuestras comunidades para lograr una efectiva procuración de justicia que acabe con la impunidad, además de ejercer nuestro derecho a la libre determinación, la autonomía y la autogestión.
Indicaron que estas resoluciones están amparadas por los Acuerdos de San Andrés, la Constitución, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el derecho consuetudinario arraigado en nuestras asambleas e instituciones comunitarias.

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