jueves, 19 de octubre de 2017

Organizaciones adherentes a la OPT apoyarán candidatura de “Marichuy”

Los dirigentes de la OPT, durante la conferencia

*  Movimientos sociales del país dicen no sentirse representados por los partidos y se sumarán a la campaña de la vocera del Consejo Indígena, en 2018

Por La Redacción
Especial de Expediente Ultra
Al no sentirse representados en sus intereses por los partidos, movimientos sociales y sindicales agrupados en la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores (OPT), dieron a conocer su apoyo a la candidatura independiente de María de Jesús Patricio , “Marichuy”, rumbo  a la presidencia de la República,  en 2018.
En conferencia de prensa José Luis Rojas, Héctor Becerra, Humberto Montes de Oca, Héctor Valadéz y Edgar Sánchez, integrante de la Dirección Política, destacaron que emprenderán toda una campaña en el país para recabar una cifra superior a las 866 mil firmas que las autoridades electorales piden como requisito para otorgar el registro a la vocera del Consejo Indígena de Gobierno.
Señalaron que a esta tarea se sumarán organizaciones como la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE), el SME así como un sinfín de trabajadores, jóvenes estudiantes y activistas sociales, convencidos de que los partidos políticos no representan las demandas sociales ni los intereses de los campesinos, obreros, indígenas y otros sectores marginados y golpeados por la imposición de las reformas estructurales como la laboral, la educativa y energética.
Añadieron que el sistema político vigente en nuestro país atraviesa por una crisis de legitimidad agudizada por el descrédito de los partidos y su Pacto por México, por lo que en 2018 hará denodados esfuerzos por legitimar sus desgastadas instituciones a través de su sistema electoral.
Comentaron que la candidatura de “Marichuy” será una alternativa de crítica y denuncia al sistema político y económico que no garantiza un verdadero cambio a favor de las mayorías y que ha cancelado los derechos laborales y el cierre de empresas públicas como “expresión de la política neoliberal”.
De igual manera, subrayaron que en la campaña de la candidata indígena se pondrá de manifiesto por todo el territorio nacional la resistencia de los pueblos originarios en la defensa de sus comunidades, sus tierras y sus riquezas naturales, contra   los proyectos de las multinacionales.
“Esto nos permitirá articular la lucha política de innumerables organizaciones y el surgimiento de otros movimientos sociales en una conjunción de fuerzas más allá del 2018”, subrayaron al tiempo de enfatizar que a los agravios cometido por el actual gobierno debe sumarse la profundización de la actual crisis en terrenos como la violación a los derechos humanos expresada en situaciones como la desaparición de los 43 normalista de Ayotzinapa.
Para finalizar, dejaron en claro que su objetivo no es ganar la elección sino construir, en el marco de la coyuntura electoral, un acuerdo para avanzar en un proceso de lucha de todos los sectores de la población, diferente a las campañas de los partidos.  “La idea –destacaron–, es crear una acumulación de fuerzas para echar abajo las reformas estructurales mediante un cambio profundo y serio, porque sabemos que el proceso electoral tiene sus limitaciones y debemos ir más allá y desterrar al neoliberalismo”, concluyeron.

  Fuente

El INE aplica "medidas clasistas, racistas y excluyentes", sostiene Marichuy

Foto
María de Jesús Patricia Martínez recorrió calles de Palenque, cuarto punto de su recorrido por ChiapasFoto José Carlo González
Elio Henríquez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 19 de octubre de 2017, p. 11
San Cristóbal de Las Casas, Chis.
La vocera del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, quien busca el registro como candidata presidencial independiente, afirmó que con las medidas clasistas, racistas y excluyentes impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE), el sistema electoral no está hecho para que seamos los pueblos de abajo los que gobernemos.
Agregó que las leyes e instituciones del Estado están hechas para los de arriba, para los capitalistas y su clase política corrupta, resultando una gran simulación.
En un mensaje leído en Palenque, cuarto punto de su recorrido por Chiapas en su campaña para la recolección de firmas con el fin de obtener su registro de candidata, recordó que el día 15 de octubre recibió la constancia que la acredita como aspirante a la Presidencia de la República, pero desde un principio vimos que los mecanismos y las vías que el INE diseñó no están hechos para el pueblo de México, para los pobres de este país, sino para los ricos, exigiéndonos tecnologías para recabar las firmas que en muchas de nuestras comunidades ni siquiera conocemos.
Añadió que a pesar de ello decidió seguir adelante para cumplir con la encomienda que nos confiaron el Congreso Nacional Indígena y concejales y concejalas de la mayor parte de los pueblos originarios de México.
Dijo que se organizaron y formaron una red de apoyo en los 32 estados de este país, logrando registrar en tan sólo dos días mil 480 auxiliares voluntarios y la próxima semana registrarán mil 500 más que recabarán las firmas para lograr su registro como candidata independiente a la Presidencia de México.
Manifestó que el INE hizo una lista de marcas y modelos de teléfonos; dijo que debían tener como mínimo un sistema operativo Android 5.0 en adelante y a unas cuantas horas de comenzar con la descarga de las aplicaciones en los dispositivos nos encontramos con que no es cierta esa lista; nos encontramos con marcas que no están incluidas en el listado y de las que sí están incluidas resulta que no todas funcionan; la descarga es tediosa y puede durar horas. El sistema operativo requiere versiones superiores para que realmente funcione.
Marichuy aseguró que los teléfonos que llaman de gama media cuestan más de 5 mil pesos y muchas de las marcas y modelos indicados por el INE no funcionan, los de gama alta cuestan más de 12 mil y tampoco funcionan varias de las marcas y modelos indicados por el INE.

Fuente

TLCAN incumplió la promesa de más crecimiento y desarrollo

Foto
El premio Nobel de Economía Paul Krugman (al centro), ayer a su llegada a la conferencia organizada por The New York Times en la Ciudad de México. El profesor de Princeton consideró que el presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, es más parecido al ex presidente Luis Inázio Lula da Silva, un hombre que asustaba y era un radical, pero al final fue un buen gobernanteFoto Marco Peláez
Roberto González Amador
 
Periódico La Jornada
Jueves 19 de octubre de 2017, p. 20
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no cumplió con la oferta de sus promotores de generar más crecimiento económico y desarrollo para México, aseguró este miércoles Paul Krugman, profesor en Princeton y premio Nobel de Economía 2008.
Krugman restó peso a la opinión de quienes ven en Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, a un populista peligroso que amedrenta.
La prensa estadunidense presenta a López Obrador –quien buscará la Presidencia en 2018– como un líder populista, pero en México la gente está más relajada y menos preocupada, dijo.
López Obrador es más parecido al ex presidente brasileño Luis Ináazio Lula da Silva, un hombre que asustaba y era un radical, pero al final fue un buen gobernante.
Una salida de Estados Unidos del TLCAN, a la que Krugman sólo concedió 25 por ciento de probabilidad que ocurra, reduciría el producto interno bruto (PIB) de México en 2 puntos porcentuales, un efecto de magnitud similar a la que provocó el retiro de Reino Unido de la Unión Europea, previó Krugman en una conferencia organizada por The New York Times, del que es columnista.
El TLCAN lo que ofrece sobre todo es certidumbre y no sólo tarifas bajas para realizar comercio entre tres países, dijo el académico. Consideró que el acuerdo comercial entre México, Canadá y Estados Unidos, que está vigente desde enero de 1994, está a punto de romperse por una reacción de ira del presidente estadunidense Donald Trump
De cualquier manera, México va a sobrevivir sin el TLCAN, en caso de que el acuerdo terminara. El país tiene una economía robusta y ha adquirido una gran habilidad en el sector manufacturero. Pero sí va a quedar más pobre de lo que sería con el tratado, añadió.
El Tratado de Libre Comercio, dijo Krugman, sí es un acuerdo consolidado, pero ahora en Estados Unidos domina una presidencia imperial. En Estados Unidos las reglas funcionan, pero nuestro sistema dependía de que el presidente no iba a estar loco. Así que estamos en problemas.
Krugman se refirió a las expectativas no cumplidas cuando el TLCAN era negociado por los tres países y que fueron las que la parte mexicana más esgrimió, de que la liberalización comercial traería crecimiento económico, desarrollo y una disminución de la desigualdad.
La promesa general de acelerar el crecimiento con el tratado es una promesa que jamás se debió hacer, dijo el premio Nobel.
En la teoría económica jamás hay garantía para la noción de que la liberalización comercial va a llevar a un crecimiento prominente, apuntó.
El Banco Mundial y su teoría ortodoxa, cuando dijo que iba a haber un crecimiento económico de México a una tasa de 2 a 3 por ciento adicional, fue una mezcla de teoría con mala estadística, pero no era realidad, apuntó.
Mejor nación
Desde la perspectiva de Estados Unidos, comentó, el TLCAN debió hacer tres cosas: se suponía, apuntó, que el acuerdo comercial iba a convertirse en un tema de política exterior; dos, se iba a hacer un esfuerzo reformista en México para que el país se tornara más democrático, abierto y más cercano a valores de Estados Unidos, y en eso tuvo éxito, hoy México es un mejor lugar en términos políticos y democráticos, y a pesar de todo lo que se puedan quejar es mejor que en el pasado.
Y, un tercer objetivo del TLCAN, desde la perspectiva estadunidense, era diversificar la economía mexicana, convertir a México en algo más que venta de petróleo y playas. Sí tuvo éxito en este punto, pero el tratado también tenía que producir más desarrollo. Había ejemplos de países de Asia y Chile que sí tuvieron crecimientos milagrosos después de la liberalización de sus economías. Tratamos de convencernos que iba a ser así aquí, pero no sucedió.
En la misma charla, Gerardo Esquivel, académico de El Colegio de México y coordinador de investigación del Instituto Belisario Domínguez del Senado, dijo que el TLCAN logró un aumento en el volumen de comercio a partir de su entrada en vigor. Desde antes del tratado, agregó, México ya enviaba 80 por ciento de sus exportaciones a Estados Unidos.
Desde la entrada en vigor del tratado, México dejó de hacer políticas y reformas que propiciaran que el TLCAN generara un crecimiento económico más acelerado.
“La idea de Carlos Salinas de Gortari –quien, como presidente, promovió y firmó el TLCAN– era reducir la brecha de desarrollo de México respecto de Estados Unidos y Canadá, y eso no ha ocurrido”, afirmó.

Caso Nochixtlán, ejemplo “de lo que no debe ser”, dice la CNDH y emite Recomendación


 
PROCESO 
 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A 16 meses de la represión policiaca en Nochixtlán, Oaxaca, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, sostuvo que los hechos ocurridos el 19 de junio del 2016, en el que murieron siete personas, son “un ejemplo de lo que no debe ser” en materia de desalojos de vialidades.
Y es que –dijo– no se observaron coordinación ni protocolos de actuación entre las corporaciones estatales y federales, además de que se registró un uso excesivo de la fuerza, detenciones ilegales y tratos crueles inhumanos y degradantes.
Al presentar la Recomendación 7VG/2017, el ombudsman nacional señaló que las violaciones a derechos humanos ocurridas en el operativo policiaco en el que participaron miembros de la Policía Federal, la Gendarmería y policías estatales y ministeriales fueron “graves”, al registrarse entre ellas siete fallecidos, 174 civiles lesionados, 45 de ellos por arma de fuego, así como 106 policías heridos, cuatro por arma de fuego.
Acompañado del segundo visitador Enrique Guadarrama, González Pérez acusó a autoridades estatales y federales de obstaculizar el trabajo del organismo, lo que atribuyó a “falta de voluntad a que se conozca la verdad, para que se pueda llegar al fincamiento de responsabilidades, que esto limite la reparación del daño, y sobre todo el que se esté invisibilizando hechos como éstos, se evite generar garantías de no repetición”.
En una exposición detallada de la investigación –realizada durante siete meses por personal del organismo– que se desplegó a Nochixtlán, así como a las comunidades de San Pablo Huitzo, Hacienda Blanca y Trinidad de Viguera, hasta donde se expandió el operativo, el ombudsman exigió fincar responsabilidades a todos los servidores públicos responsables de los abusos cometidos, en un operativo dirigido a desalojar a agremiados de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). “Estamos pidiendo que todos los que tuvieron que ver con la planeación, diseño, ejecución de este operativo se investigue precisamente su participación en ese mal diseño y, desde luego, quienes más tuvieron conocimiento de esos sucesos”, sostuvo.
El presidente de la CNDH señaló que, en una revisión de la indagatoria penal, personal del organismo detectó “la existencia de diversas omisiones en las diligencias de investigación e inobservancia de la normatividad aplicable por el personal ministerial de la Fiscalía estatal, las cuales no han sido subsanadas en su totalidad por la PGR, que atrajo la carpeta de investigación y en más de un año no se han realizado diversas diligencias necesarias para conocer la verdad y determinar responsabilidades”, pues ni siquiera se ha realizado la reconstrucción de los hechos ni se han tomado declaraciones de testigos ni víctimas.
Recomendaciones
La CNDH emitió 26 puntos recomendatorios dirigidos al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat; el comisionado nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia; el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, y al fiscal General de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez.
Entre ellos se cuenta que las autoridades estatales y federales tendrán que ofrecer una disculpa pública a las víctimas y a los habitantes de los pueblos afectados, además de proceder a la reparación de daños e iniciar investigaciones penales y administrativas.
González Pérez señaló que en las investigaciones de personal del organismo se determinaron violaciones graves al derecho a la vida, a la libertad, a la integridad, a la seguridad, al interés superior de niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia, así como al derecho a la verdad y al recurso jurídico efectivo.
Al señalar que la recomendación considera como sujetos de reparación a víctimas individuales y colectivas, entre ellas 20 personas que fueron detenidas sin haber participado de los hechos, el funcionario puntualizó que, debido a la mala planeación del operativo, atribuido a integrantes del Grupo de Coordinación Oaxaca, no sólo civiles resultaron afectados, sino también personal policial.
El ombudsman explicó que entre los afectados destacan unos 30 elementos de la banda de guerra y personal administrativo de la Policía estatal que fueron enviados al evento y que “no tenían la capacitación última para contender con ese tipo de operativos, eso muestra la desorganización del operativo”.
El segundo visitador Enrique Guadarrama agregó que el operativo fue monitoreado desde un hotel ubicado en la ciudad de Oaxaca, precisamente por el Grupo de Coordinación Oaxaca, integrado por el secretario general de Gobierno, el secretario de Seguridad Pública, el subsecretario de Operación Regional de la Secretaría General de Gobierno, el delegado estatal de la Segob, el coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, el comisionado de la Policía Estatal, el delegado estatal del CISEN, el coordinador Estatal de la Policía Federal en Oaxaca, División de Seguridad Regional y el encargado del Sexto Agrupamiento de Gendarmería.
Al insistir en la urgencia de investigar a policías y a integrantes del Grupo de Coordinación Oaxaca para el deslinde de responsabilidades, el ombudsman advirtió que las autoridades señaladas tienen un plazo de 15 días hábiles para aceptar la Recomendación.

Fuente

Desconfío de los partidos, pero es muy pronto para acabar con ellos: Salgado

Foto
No me voy a retirar de la lucha, asegura Nestora Salgado en entrevista con La JornadaFoto Carlos Ramos Mamahua
Fernando Camacho Servín
 
Periódico La Jornada
Jueves 19 de octubre de 2017, p. 14
Al caminar por las calles de México, Nestora Salgado tiene sentimientos encontrados: por una parte, está feliz de volver a su tierra, pero al mismo tiempo no puede evitar un sensación de tristeza por descubrir que la gente no es libre y se ha acostumbrado a no serlo.
Las rejas que muchas personas colocan en sus casas debido a la inseguridad le recuerdan las que la retuvieron a ella durante los casi tres años que estuvo en prisión, como parte de un proceso legal donde nunca pudieron probar ninguno de los cargos que le imputaron, pero que sigue activo, pendiendo sobre su cabeza como una espada de Damocles.
Durante la visita relámpago que hace Nestora a México, luego de un prolongado autoexilio en Estados Unidos, La Jornada aprovechó la oportunidad para platicar con la fundadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, en el estado de Guerrero.
En la charla, Salgado deplora el aumento de la violencia en el país y de la criminalización de activistas, pero también adelanta que sigue en la labor de tejer redes entre colectivos de México y Estados Unidos y subraya: no me voy a retirar de la lucha.
Se han robado mi vida
–Después de todo lo que ha pasado, ¿cómo se siente, cómo encuentra al país?
–Es bonito por el regreso, pero a la vez no tienes libertad. Sigo custodiada, con (guardias de) seguridad. Se han robado mi vida, mi privacidad. No me gusta este México que veo; en Estados Unidos al menos puedo caminar sola, sin cuidarme de nadie, pero esta realidad existe y veo que la gente se está acostumbrando a vivirla.
–Siguen vigentes algunos procesos judiciales en contra de usted, a pesar de que fue liberada el año pasado por falta de pruebas…
–Son seis procesos por secuestro y homicidio, por eso no tengo total libertad. Fui absuelta por falta de elementos, porque nunca se presentaron testigos ni me han podido probar nada. Aun ahorita, después de salir de prisión, no he podido regresar a mi casa. Mi rancho y mi negocio quedaron abandonados y mi cuenta bancaria está desaparecida.
Salí libre (el 18 de marzo de 2016), pero al tercer día (la Fiscalía de Guerrero) apela la resolución. Me están criminalizando por organizar a mi pueblo, por haber sido parte de la Policía Comunitaria y, más aún, por ser mujer. Violentaron mis derechos con acusaciones gravísimas y me robaron 2 años y 8 meses de mi vida.
–¿Por qué cree que usted moleste tanto a algunas autoridades?
–Porque pusimos en evidencia su colusión con la delincuencia organizada. No sé quién es jefe de quién: si la delincuencia de los políticos, o los políticos de la delincuencia.
“Cuando denuncié las violaciones a niños, la trata de blancas, los asesinatos, los secuestros y las desapariciones, me encerraron a mí en vez de investigar. ¿Cómo lo explicas? Obviamente alguien de esa esfera política de alto nivel estaba detrás.
Lo que hice yo fue organizar a mi pueblo, defender a las mujeres, a los campesinos. Yo no me voy a callar, no quiero ser parte de este crimen, y si por eso me van a matar estoy dispuesta a dar mi vida. No quiero ser parte de esa corrupción y podredumbre.
Unir el norte con el sur
–¿Nada ha cambiado en México desde que organizó la Policía Comunitaria?
–Sí, ahora las cifras de asesinatos son más altas. La única forma de parar esto es unirse y luchar juntos por lo que queremos. A un pueblo organizado no hay nadie que se le meta, pero ellos (las autoridades) saben cómo dividirlo y someterlo.
–Mucha gente la conoce y estaría dispuesta a escucharla, ¿usted qué propondría?
–Estoy trabajando desde Estados Unidos en la organización, visitando diferentes colectivos y organizaciones. Hay una gran cantidad de luchas aisladas que queremos construir, como hormiguitas, y estamos haciendo esa labor de enlace, porque sólo unificados nos podremos defender de este sistema que nos ha atacado tanto.
“Aunque no coincidamos en muchas cosas, en otras podemos trabajar juntos y unirnos. Yo ofrezco mis brazos solidarios para decidir qué hacemos juntos y llegar a otros niveles de organización. Hemos andado en eso, tratando de unir el norte con el sur, intercambiando ideas.
“Mi aprehensión fue un mensaje bien fuerte para la gente que se organiza. Muchos dijeron ‘caray, lo que nos puede pasar’, pero el gobierno tampoco esperó el mensaje que íbamos a mandar nosotros. Es como un espejo para que vean lo que podemos lograr organizados.”
–En este escenario tan complejo, ¿qué cree que vaya a pasar en el 2018?
–Lo veo bien difícil, pero también como una buena coyuntura para hacer un cambio si sabemos utilizar nuestra fuerza y canalizarla. Siempre he dicho que no confío en los partidos políticos, pero también veo que es muy pronto para acabar con ellos. Si queremos mandar a un presidente, tenemos que empoderarlo, porque somos una fuerza endiablada.
–¿Hay condiciones para que regrese definitivamente a México?
–No, ahorita no puedo quedarme en el país, porque ahorita ellos siguen con la espada desenfundada y corro el riesgo de que me abran otro proceso. Quiero hacer las cosas con mucho cuidado, pero no me retiro de la lucha. Hay mucha necesidad de seguir.
 
 
Fuente 

Caso Lesvy: Ordenan reclasificar delito por feminicidio; evidencian omisiones de la PGJ-CDMX

 
PROCESO 
 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CDMX) evidenció las omisiones de la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ-CDMX) para investigar con perspectiva de género las muertes violentas de mujeres de la capital.
Y es que, en el caso de Lesvy Berlín Rivera Osorio -la joven cuyo cuerpo fue encontrado atado a una cabina telefónica en Ciudad Universitaria- resolvió que existen los elementos para determinar que fue un feminicidio y no un suicidio.

Esta tarde, los tres magistrados de la Quinta Sala Penal del TSJ-CDMX, Celia Marín Sasaki, Salvador Ávalos Sandoval y Arturo Eduardo García Salcedo, determinaron que Jorge Luis González Hernández, expareja sentimental de Lesvy y principal sospechoso, debe ser vinculado a proceso por feminicidio agravado y no por homicidio simple.
Éste último fue el dictamen que emitió el Juez de Control Christian Ricardo Franco Reyes, el pasado 10 de julio, quien determinó que no existían los elementos suficientes para responsabilizar a González Hernández del asesinato de la joven de 22 años. El juez sólo le acusó de comisión de omisión por, presuntamente, no impedir que Lesvy se quitara la vida luego de una discusión.
Contrario a estas aseveraciones, la resolución de hoy del juicio de apelación confirma la hipótesis del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria -represente legal de la familia Rivera Osorio-: Lesvy no se suicidó.
Desde el inicio de las diligencias, el Centro documentó al menos tres características para clasificar la muerte de la joven como parte de la ola de violencia contra las mujeres que vive la capital: la exposición pública del cuerpo, rastros evidentes de violencia física, así como testimoniales de al menos dos amigos cercanos a la pareja de la violencia previa que vivía la víctima.
Incluso, ya se habla de un feminicidio agravado por la relación sentimental que mantenía Lesvy Berlín con Jorge Luis, pues al mantener un noviazgo se habla de una condición más de vulnerabilidad.
Impacto en el proceso
En entrevista con Apro, Alejandro Martínez Martínez, integrante del Centro de Derechos Humanos, refirió que la resolución “básicamente corrige todo el actuar de la Procuraduría” que dirige Edmundo Garrido Osorio, desde la muerte de Lesvy el pasado 3 de mayo, cuando aún era procurador Rodolfo Ríos.
“Se confirma lo que se ha venido peleando: le corrige la plana al Ministerio Público, a la Procuraduría local e incluso, al mismo juez de control, en el sentido de que los datos de prueba son suficientes para hablar de feminicidio”.
No sólo eso. La resolución tendrá un impacto en el resto del proceso, al menos en tres ámbitos, explicó Martínez Martínez.
El primero es que, de ahora en adelante, todas las actuaciones de la PGJ-CDMX deben ser con perspectiva de género y de derechos humanos, e incluso deberá corregir parte de sus diligencias. Por ello, es seguro que se pida una ampliación del plazo de la audiencia de cierre de investigación complementaria que se llevaría a cabo el 10 de noviembre.
En segunda instancia, el amparo que presentaron los abogados de Jorge Luis podría sobreseerse, en virtud de que ya no hay materia para hablar de homicidio.
Según dijo, el caso de Lesvy representa un asunto paradigmático, pues significa una llamada de atención para evidenciar que la Procuraduría y el sistema de impartición de justicia local no están actuando con perspectiva de género.
“Aunque todavía no llegamos al grado de que se emita una jurisprudencia por parte de la Corte, como en el caso de Mariana Lima, a nivel local sí tendría esa trascendencia al probar que la PGJ-CDMX no está investigando los casos de agresión contra las mujeres con perspectiva de género”, comentó.
Con la resolución el Centro de Derechos Humanos pedirá una ampliación de plazo para la entrega de los peritajes independientes en la audiencia de cierre.

Fuente

Olvidan a la mayoría de los afectados en Jojutla

Foto
La familia Tinoco García instaló una casa de campaña donde se encontraba su vivienda, en la colonia Emiliano Zapata del municipio de Jojutla, Morelos, derrumbada a causa del sismo del pasado 19 de septiembreFoto Rubicela Morelos
Rubicela Morelos Cruz
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 19 de octubre de 2017, p. 27
Jojutla, Mor.
Al cumplirse este jueves un mes del sismo del 19 de septiembre, la mayoría de las familias damnificadas de este municipio no han recibido el apoyo económico o material que autoridades de los tres niveles de gobierno les han prometido para la reconstrucción de sus hogares, de acuerdo con testimonios de pobladores que pernoctan en sus casas derruidas o bajo plásticos y tiendas de campaña.
En entrevistas, los que se quedaron sin vivienda agradecen a la sociedad civil, que los ha alimentado y ayudado para sobrevivir. Pero cuando se les pregunta qué han hecho las autoridades, responden como Silvestre Tinoco: Del gobierno, puras promesas, la verdad.
Algunos ya iniciaron por su cuenta la demolición de sus casas, conscientes de que tendrán que reconstruirlas con sus propios recursos, como José Luis Reynoso Delgado, quien dijo que esperar que el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), el gobernador Graco Ramírez o el gobierno municipal hagan algo sería estar atenidos a nada.
El sismo de magnitud 7.1 con epicentro entre Morelos y Puebla, que causó la muerte de 17 personas en este municipio y de 74 en toda la entidad, cambió drásticamente la existencia de quienes perdieron sus hogares y ahora viven en la calle, entre escombros, sin servicios básicos ni seguridad.
Silvestre Tinoco, vecino de la colonia Emiliano Zapata, aceptó platicar mientras almorzaba con su familia en una de las tiendas de campaña que donó el gobierno de China.
En un plato de plástico se sirvió leche y hojuelas de maíz, Tiene ojeras por cuidar a su familia por las noches. La ayuda ha sido de puros particulares, suelta de entrada.
Vea: por ejemplo, las tiendas de campaña nos las dieron los chinos. Comida hemos tenido gracias a Dios porque la gente de los alrededores nos trae, agregó.
Cuando han preguntado a funcionarios si recibirán apoyo para reconstruir, los del gobierno estatal dicen que no hay dinero; los del gobierno federal, que esperemos el mentado Fonden, pero no dicen cuándo, a lo mejor en cuatro o cinco meses. Algunos vecinos dicen que nos darán de ese fondo 120 mil pesos. ¡Imagínese! ¡La varilla está bien cara! Un carro de grava cuesta 400 pesos, el de arena, 300 pesos. ¿Cree que van a alcanzar 120 mil pesos? Si acaso para los cimientos. ¿Y lo demás, qué?, dice enojado.
Su esposa y su nuera retaron al gobernador Graco Ramírez, al presidente Enrique Peña Nieto y al presidente municipal de Jojutla, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, a vivir un día con sus familias en esos refugios, para que vean y sientan las inclemencias y agilicen la ayuda, dijo su cónyuge, Yesenia Soriano.
Jose Luis Reynoso Delgado y unos peones que contrató derrumbaban a golpe de marro parte de su casa. Él asegura que aunque ya les dieron folio del Fonden no se atiene a ese dinero, porque será una bicoca comparado con los daños en su casa, valuada antes del temblor en un millón 200 mil pesos.
José Luis preguntó: ¿Dónde está el dinero que donaron muchos artistas y fundaciones para los damnificados? Porque a nosotros, los más afectados por el sismo, no nos han dado nada. Ahora el gobierno del estado y el federal ofrecen préstamos. ¿Con qué vamos pagar?
En una tienda de campaña tres niños juegan mientras su padre está recostado en un catre, en la calle 18 de Marzo de la colonia Emiliano Zapata. Perdimos casi todo. No tenemos nada de dinero, ni siquiera para comprar una lámina. Todo esto nos lo han regalado, dice Sergio Fuentes Hernández.
Perla Hoyos Flores, madre de dos niños, uno de ellos discapacitado, demandó al Presidente y al gobernador que digan si los van ayudar o de una vez aclaren que no contarán con ellos, para rascarnos con nuestras propias uñas y no estar esperando como tontos. Así no se puede vivir, mucho calor en el día y frío en la noche. Los niños son los que más sufren, dice Perla mientras ella y su hijo comen un tamal y un atole regalados.
Todos los entrevistados mencionaron que estaban allí, en sus improvisados refugios, cuidando que nos les roben las pocas pertenencias que conservan, porque los ladrones han llegado a hurtar catres y hasta las despensas que les regalan.
La mayoría comía en las ruinas de sus casas y no en los albergues oficiales porque la comida es muy mala y les imponen horarios para desayuno, comida y cena, y ellos ni reloj tienen.
Hoy, un mes después del sismo, no ha llegado el apoyo del Fonden ni del fondo estatal Unidos por Morelos, a cargo de Sergio Beltrán Toto, supuesto operador de Rodrigo Gayosso Cepeda, dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática e hijo de Elena Cepeda, esposa del gobernador Graco Ramírez.
 
 
Fuente 

Peña Nieto es más impopular que Maduro; sólo 7% de los mexicanos confía en su gobierno: Centro Pew

 
PROCESO 
 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De acuerdo con una encuesta realizada el mes pasado por el Pew Research Center –un think tank con sede en Washington–, en México 93% de los mexicanos no confía en el presidente Enrique Peña Nieto, lo que coloca al país en el fondo del ranking de las 38 naciones incluidas en el sondeo.
Es decir, Peña Nieto es más impopular que el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, quien es rechazado por 73% de sus representados, según esa encuesta que incluyó a 42 mil personas.

Según los datos de ese organismo, México está por debajo de naciones como Líbano, donde un 8% aprueba la forma de gobernar, así como de los africanos incluidos en este ejercicio de popularidad de los mandatarios.
En la pregunta sobre la conveniencia de que un grupo de expertos gobiernen el país, en el caso de México 53% de los consultados lo consideraron como bueno, mientras que 41% se manifestó en contra.
Sobre la pregunta de cómo consideran un gobierno en el que un líder fuerte tome las decisiones sin pedir autorización o consultar a un parlamento, a escala mundial, 26% lo consideró correcto, mientras que 71% dijo que sería un tipo malo de gobernanza.
En México, 27% lo cree totalmente bueno, 34% malo y 33% totalmente malo.
En el caso de la población que estaría a favor de un régimen militar, México encabeza la lista de países en América Latina. El 42% dijo que es buena idea, mientras que 29% lo considera malo y 23% totalmente malo.
El pasado 14 de septiembre, el Pew Research Center dio a conocer los resultados sobre el índice de popularidad del presidente Peña Nieto.
De acuerdo con los resultados de esa encuesta, sólo 28% de los mexicanos tenía una opinión favorable al mandatario, una caída de más de 50% con respecto al apoyo que tenía en 2011.

Fuente

Tomateros de Florida piden “mano dura”

El Economista 

 

Los productores de tomate de Florida, respaldan la idea de que en el TLCAN 2.0 se facilite la imposición de cuotas antidumping y se proteja estacionalmente a los cultivos, planteamientos que han sido perfilados por el equipo negociador de Donald Trump, de acuerdo con The Washington Post.


Tomateros de Florida piden “mano dura”

Los productores de tomate de Florida, Estados Unidos, respaldan la idea de que en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte renegociado (TLCAN 2.0) se facilite la imposición de cuotas antidumping y se proteja estacionalmente a los cultivos, planteamientos que han sido perfilados por el equipo negociador de Donald Trump, de acuerdo con el rotativo The Washington Post (TWP).
El miércoles pasado concluyó la cuarta de siete rondas de negociación en Washington, y fuentes al tanto del tema aseguran que, hasta la fecha, el equipo negociador estadounidense comandado por el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, no ha hecho la propuesta formal de facilitar las cuotas antidumping, pero se sabe que en la tercera ronda sí se perfiló el tema de la protección estacional de cultivos.
Bajo las reglas actuales, los granjeros pueden solicitar investigaciones antidumping sólo después de demostrar que el dumping ha dañado a un sector completo a lo largo de varias temporadas, pero la propuesta del equipo de Lighthizer haría posible que pequeños grupos de productores interpongan quejas y que éstas puedan derivar en cuotas antidumping.
“Estamos a favor del libre comercio, pero éste tiene que ser justo”, dijo a TWP Tony DiMare, un agricultor de tomate de tercera generación del estado de Florida, quien denunció que los productores mexicanos cuentan con mejores condiciones de cultivo y además reciben subsidios gubernamentales, lo cual abarata su producto de exportación. DiMare listó algunas circunstancias que, dijo, otorgan ventajas a sus competidores mexicanos, como el cultivo en invernaderos, menores costos laborales y regulatorios y los subsidios del gobierno.
Como resultado, dijo, docenas de granjas han cerrado en Florida.

“Debe protegerse cadena productiva”

Granjeros de EU y México reiteran alianza

Al concluir la cuarta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), productores agropecuarios de Estados Unidos y México hicieron una declaración conjunta para reiterar su fuerte compromiso con “la relación comercial bajo este acuerdo comercial”.
Los líderes del Consejo de Granos de Estados Unidos (USGC), el Consejo de Exportación de Soya de Estados Unidos (USSEC), los Productores Nacionales de Sorgo (NSP), la Asociación Nacional de Procesadores (NRA), la Asociación Nacional de Cultivadores de Maíz (NCGA) y el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) confirmaron que el TLCAN ha proporcionado la base de la política comercial para la cadena interregional de valor de cereales y ganado más eficiente en el mundo.
Tras una reunión la semana pasada en Washington para discutir las prioridades de la cadena de producción pecuaria, establecieron un compromiso para trabajar juntos, “como lo hemos hecho durante más de 30 años, para asegurar el éxito de las industrias en ambos lados de la frontera”. Destacaron que el comercio de granos y soya entre México y Estados Unidos en el 2016 representó más de 6,600 millones de dólares, con más de 90% de estos ingredientes consumidos por la industria ganadera mexicana. Por ello pidieron a los negociadores mantenerse en la mesa de negociaciones y verse como una cadena de suministro integrada para la producción ganadera. (Redacción)

Fuente

miércoles, 18 de octubre de 2017

Declaración Política. ORGANIZACIÓN POLÍTICA DEL PUEBLO Y LOS TRABAJADORES (OPT)

 
 
AL CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO. AL PUEBLO DE MÉXICO. A LAS ORGANIZACIONES DEMOCRÁTICAS Y POPULARES.
 
La OPT es una organización política independiente integrada por mujeres y hombres, jóvenes, adultos y personas mayores organizados en torno a la necesidad de hacer avanzar un proceso de cambio profundo en nuestro país. Somos una organización surgida en el marco de la resistencia electricista derivada del ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro y desarrollamos trabajo político en la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, la Nueva Central de Trabajadores y la Confederación de Jubilados y Pensionados de la República Mexicana. Nuestra voluntad apunta a la construcción de un México libre, soberano, democrático y socialista.
En relación a la coyuntura política del 2018, nuestra organización ha tomado la decisión de apoyar a la candidatura independiente del Consejo Indígena de Gobierno (CIG) en los mismos términos como el CIG la ha formulado: las elecciones de 2018 son motivo de una gran campaña de concientización y organización del pueblo toda vez que el régimen de partidos no representa una alternativa de transformación social que garantice la paz, la justicia y la democracia en nuestro país.
En este sentido, la OPT recabará firmas para respaldar el registro legal de la compañera María de Jesús Patricio Martínez como candidata independiente a la Presidencia de la República, e impulsara todo un conjunto de actividades políticas, económicas y culturales destinadas a fortalecer esta alternativa política a los partidos institucionales.
Esta decisión se inscribe en la que para nosotros es la construcción de un sujeto social para el cambio. El régimen de partidos se ha encargado de sojuzgar a la voluntad y conciencia del pueblo al coartar el libre desarrollo de sus procesos de auto organización y de lucha social reivindicativa anulando su derecho a gobernar este país usurpando la representatividad popular a través de los partidos políticos que cada vez están más lejos de los verdaderos intereses y necesidades de los ciudadanos y la nación entera. La imposición del modelo neoliberal a consagrado la desigualdad social, la legalización del despojo, la precarización del trabajo y la pérdida de soberanía de nuestra nación. Son cada vez más las manifestaciones de descontento y de resistencia popular que a lo largo y ancho del país están enfrentado al neoliberalismo y sus males. Sin embargo, al carecer de una alternativa política que trascienda los estrechos marcos de la simulación democrática del régimen terminan por adherirse por inercia a las campañas de los partidos institucionales que se encargan de desmovilizar y dispersar su fuerza después de servirse de ellas en las urnas. Nosotros aspiramos a un proceso de organización independiente que trascienda el proceso político electoral del 2018 y constituya una vía de construcción de un sujeto social articulado capaz de asirse de los destinos de nuestra patria, un sujeto que integre a las clases populares agraviadas por el neoliberalismo y le restituya la soberanía de un buen gobierno al pueblo organizado. En este sentido, la decisión de apoyar la candidatura del CIG va más allá de la coyuntura electora del 2018 queremos avanzar dentro de un marco de respeto mutuo a la formulación de un proyecto libertario de nación.
En nuestra Reunión Nacional del 9 de septiembre pasado asumimos la tarea de incidir activamente en la próxima coyuntura electoral con un programa político, objetivos, posiciones políticas y en su caso candidatos propios ejerciendo nuestra legitima autonomía ideológica respecto a los demás agrupamientos políticos existentes en el país y en particular con aquellos partidos que cuentan con registro legal. Partimos de que las condiciones políticas que prevalecen en el país, expresadas en una creciente inconformidad popular contra el régimen neoliberal corrupto y autoritario que prevalece en México, abren las posibilidades para desenmascarar el verdadero carácter antipopular y entreguista del régimen a través de desarrollar una campaña de agitación y de organización entre las amplias masas trabajadoras y populares donde tenemos presencia, extender nuestra influencia política a otras regiones y entidades de la República donde no estamos, así como fortalecer nuestra unidad con otras fuerzas políticas y sociales revolucionarias para acumular fuerzas en esta coyuntura política y avanzar en crear las condiciones para una verdadera transformación económica, política y social en beneficio de los trabajadores, del pueblo y de la nación durante y después del proceso electoral.
Nuestro apoyo a la compañera María de Jesús Patricio Martínez nos coloca del lado de la voluntad de los pueblos originarios en resistencia, damos este paso consientes de que la unidad de todas las resistencia populares hará nacer la fuerza social que nos alcanzará los profundos cambios a los que aspiramos.
DIRECCIÓN NACIONAL DE LA OPT. México a 28 de Septiembre de 2017
 
 

¡INCIDIR EN LA COYUNTURA ELECTORAL PARA CONSTRUIR UN BLOQUE DE FUERZAS POPULARES!

A los medios de comunicación
Al pueblo trabajador y oprimido de México
Por este medio nos permitimos exponer públicamente el acuerdo de nuestra última reunión nacional, celebrada el 9 de septiembre del año en curso, en la que tomamos el acuerdo de apoyar la candidatura independiente de María de Jesús Patricio Martínez, “Marichuy”, vocera del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) del Congreso Nacional Indígena (CNI).
Este acuerdo se inscribe en la necesidad de construir una alternativa desde el campo popular para hacer frente a la destrucción de derechos laborales, sociales y humanos, que tiene como eje la política de despojo, de precarización y de entrega de nuestros recursos y de la soberanía nacional a los grandes capitales internacionales, por medio de un régimen que no duda en utilizar la violencia y la represión para imponer las “recetas” neoliberales. Coincidimos con los compañeros del CIG cuando hablan de una guerra desatada por parte del gobierno y los sectores oligarcas en contra de los oprimidos de nuestro país, lo que ha dado como resultado múltiples brotes de resistencia que, sin embargo, no se expresan en los procesos electorales debido al carácter autoritario, corrupto y antidemocrático que ha hecho de los partidos políticos meras franquicias de los distintos grupos de poder, profundizando al mismo tiempo la crisis de legitimidad y descomposición en la que se encuentran.
Convencidos de que el apoyo a la compañera Marichuy puede convertirse en motor articulador de diversas fuerzas clasistas, populares y revolucionarias, hemos resuelto incidir sumándonos al impulso de un amplio proceso de autoorganización desde abajo, que incorpore a la clase trabajadora, a las agrupaciones y colectivos de mujeres, de jóvenes y estudiantes, a la sociedad en su conjunto, a esta iniciativa surgida desde los pueblos indígenas. Nuestra decisión de cerrar filas alrededor de la propuesta del CIG va más allá del proceso electoral del 2018, pues constituye una vía para la construcción del sujeto social capaz de tomar en sus manos los destinos de la patria.
Por nuestra parte y en pleno ejercicio de nuestra legítima autonomía ideológica, desarrollaremos una campaña de agitación y de organización entre las masas trabajadoras y populares, difundiendo nuestro programa y posiciones políticas, al tiempo que destinamos nuestros esfuerzos a la recolección de firmas para garantizar la presencia de la vocera del CIG en las boletas electorales, lo que no sólo nos coloca del lado de la voluntad de los pueblos originarios en resistencia, sino que abre la posibilidad de avanzar hacia una verdadera transformación económica, política y social en beneficio de los trabajadores, del pueblo y de la nación durante y después del proceso electoral.
Dirección Política Nacional de la OPT
CDMX, a 17 de octubre de 2017

OPT Conferencia de prensa 17oct17

Enel se lanza por el suministro de energía en México

La empresa de capital italiano lanzó su filial de suministro calificado en México mediante la cual pretende conseguir al menos 150 grandes clientes que significará ventas por 35 millones de dólares.

Foto: Reuters

La empresa de capital italiano Enel lanzó su filial de suministro calificado en México mediante la cual pretende conseguir al menos 150 grandes clientes que significará una demanda de 400 gigawatts por hora al año y ventas por 35 millones de dólares.
En cinco años, buscarán a su vez alcanzar el millar de clientes, que son la cuarta parte de los elegibles hoy con consumos superiores a 1 megawatt constante, ya sea por sí mismos o mediante la agregación de demanda en tanto representen el mismo interés económico.
Los servicios de Enel Suministro Calificado serán la gestión completa del consumo eléctrico y para ello, la italiana comprará en el mercado mayorista las mejores ofertas, que complementará con los 728 megawatts instalados y los 1,282 que construye en el país al ser el mayor ganador de las dos subastas de largo plazo que se han realizado.
"Los contratos que buscaremos serán trajes a la medida, que se adapten a las necesidades de los clientes, sin generalizaciones tarifarias o temporales, eso nos permitirá competir", dijo Gerardo Cervantes, director comercial y Energy Manager de Enel México y Centroamérica.
kgarcia@eleconomista.com.mx
erp

Fuente

La seguridad, clave para el futuro energético de México


Por: César Reyes, Jonathan Pinzón*
El desarrollo del sector energético mexicano, impulsado por la reforma constitucional de 2013, ha sido cada vez más dinámico. Con la apertura a la participación privada los sectores de petróleo, gas y electricidad, a lo largo de su cadena de valor, se ha detonado una importante inversión nacional e internacional. La Secretaría de Energía (SENER) prevé que hacia finales de 2018 se alcance una inversión aproximada de cien mil millones de dólares, derivada de la ampliación de la red de gasoductos, así como de los contratos asignados mediante los procesos competitivos de las rondas petroleras y las subastas eléctricas.
Sin embargo, el rápido y progresivo crecimiento del sector energético enfrenta una serie de importantes retos, entre ellos aquellos relacionados con la agenda de seguridad. Los desafíos van desde la capacidad de garantizar el suministro energético hasta la protección de instalaciones estratégicas y la ciberseguridad.
En los últimos años la plataforma de producción de hidrocarburos en México ha disminuido de forma importante, al tiempo que el consumo de energéticos continúa aumentando. La disponibilidad de acceso a mercados internacionales ha permitido que nuestro país encuentre un acceso competitivo al gas natural, cuyas importaciones provienen en su mayoría de Estados Unidos.
Ante este escenario, es importante que se diseñen estrategias que fortalezcan la producción nacional, reduzcan la alta dependencia de las importaciones de productos petrolíferos y de gas natural y se detone el aprovechamiento de las abundantes fuentes renovables de energía en el país. Además de los retos de producción interna, el país enfrenta también desafíos importantes en materia de robo de combustibles y de capacidad de almacenamiento.
Por otro lado, nuestro país no está exento de amenazas de ataques a instalaciones como refinerías, terminales de almacenamiento, centrales nucleares o hidroeléctricas. En este sentido, con la construcción de nueva infraestructura, el reforzamiento de los esquemas de prevención y la protección de instalaciones estratégicas cobra una relevancia aún mayor. Otros riesgos que enfrenta esta infraestructura incluyen afectaciones por desastres naturales, como los recientes sismos en nuestro país o los huracanes en el Golfo de México, que impactan directamente en el suministro energético.
La ciberseguridad del sector es también un reto que se debe afrontar de manera integral. Los ciberataques a infraestructura crítica energética pueden provocar, entre otras afectaciones, la desestabilización de actividades de producción y distribución de hidrocarburos o que las redes eléctricas sufran apagones.
Asimismo, la puesta en marcha de nuevos mercados energéticos requiere cada vez más de la generación y acceso a volúmenes importantes de datos. En este contexto, es muy importante que la infraestructura esté protegida ante posibles brechas de seguridad y ciberataques que puedan resultar en el robo de información confidencial y reservada.
Ante estas amenazas, las autoridades del sector energético y de seguridad nacional suman esfuerzos para coordinar acciones de prevención y respuesta ante incidentes que permitan mantener la disponibilidad ininterrumpida y los precios competitivos de los energéticos. Este enorme reto requiere cada vez más del involucramiento de los distintos participantes de las industrias energética y de seguridad.
Estos temas serán discutidos este 19 de octubre en la VIII Cumbre de Seguridad: Seguridad para el futuro energético de México, organizada por la productora de contenidos BluGroup y la firma de consultoría Zumma rg+c. La Cumbre reunirá a líderes y tomadores de decisión, con el objetivo de coincidir en la importancia de abordar una agenda común que le permita al sector energético desarrollarse plenamente y contribuir al crecimiento económico de México.
*Socios de Zumma rg+c
@ZummaMX, @rrrroreyes, @jonpinzon

Fuente

Negociación del TLC se va hasta el 2018

El Economista 

 

Tanto México como Canadá se niegan a renunciar a ventajas injustas y rechazan cosas que en el TPP ya habían aceptado, lo que      retrasa las negociaciones, recriminó Lighthizer, al finalizar la cuarta ronda.

Negociación del TLC se va hasta el 2018

Arlington, EU. México y Canadá no cedieron a ninguna de las principales peticiones presentadas por Estados Unidos en la mesa de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), lo que expresamente no estaba en los planes del gobierno del presidente Donald Trump.
“Francamente estoy sorprendido y decepcionado por la resistencia al cambio de nuestros socios negociadores en ambos frentes”, dijo Robert Lighthizer, representante comercial de la Casa Blanca.
Lighthizer cuestionó que ni México ni Canadá acepten cambios en el TLCAN que tienen el propósito preciso de reducir el déficit comercial de Estados Unidos y criticó que ambos países tampoco otorgaron concesiones secundarias en otros asuntos, retrasando el avance de la negociación.
Flanqueado por Chrystia Freeland, ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, e Ildefonso Guajardo, secretario de Economía de México, quienes lo miraban fijamente, Lighthizer lanzó una amenaza: “El TLCAN es, hasta cierto grado, un acuerdo de inversiones, y es poco razonable esperar que Estados Unidos continúe fomentando y garantizando a las empresas estadounidenses invertir en México y Canadá principalmente para exportar a Estados Unidos”.
Deploró también que los dos vecinos de Estados Unidos no aprobaron ciertos cambios que ya habían aceptado como parte del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), un tratado de libre comercio firmado entre 12 naciones, pero que finalmente rechazó Trump.
“Hubiera pensado que por ahora podríamos haber aprobado capítulos relacionados con el comercio digital, las telecomunicaciones, la anticorrupción y varios de los anexos sectoriales, por ejemplo”, dijo, con un dejo de recriminación. Luego cuestionó que México y Canadá han disfrutado años de ventajas “injustas” que no están dispuestos a renunciar.
“No hemos visto indicios de que nuestros socios estén dispuestos a realizar cambios que puedan resultar en un reequilibrio y una reducción en estos enormes déficits comerciales”, dijo.
Leyendo desde un comunicado conjunto, Lighthizer anunció que las tres partes hicieron algunos progresos durante la cuarta ronda en áreas como aduanas y comercio digital así como “ciertos anexos sectoriales”.
Manteniendo una misma línea, México y Canadá coincidieron en rechazar peticiones de Estados Unidos sobre reglas de origen automotriz medidas por país; cambios en la metodología para fijar cuotas compensatorias por dumping o subsidios en productos agrícolas; una cláusula para que el TLCAN muera automáticamente cada cinco años, a menos que las partes lo renueven, y la eliminación del Capítulo 19, el cual permite el establecimiento de un mecanismo de solución de controversias en materia de dumping y subsidios prohibidos.
En su intervención, Freeland dijo que algunas de las propuestas de Estados Unidos violarían las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y planteó que las reglas de origen en el sector automotriz sugeridas por el gobierno de Trump “interrumpirían severamente” las cadenas de suministro, harían que los fabricantes de América del Norte sean menos competitivos en relación con las importaciones de fuera de la región y pondrían en peligro decenas de miles de empleos en América del Norte.
“Somos buenos vecinos, pero necesitamos buenos mecanismos para la resolución de controversias”, dijo Freeland.
Guajardo reprobó que Estados Unidos insista en establecer una cláusula de renovación quinquenal del TLCAN, dado que esto conlleva menor certidumbre para las inversiones en América del Norte.

Postergan la quinta ronda

Los negociadores retrasaron el inicio de la quinta ronda con el objetivo de replantear posiciones ante la inmovilidad de las mismas sobre los temas torales.
La próxima ronda, que se había programado tentativamente del 29 de octubre al 2 de noviembre, se realizará del 17 al 21 de noviembre en la Ciudad de México. Este nuevo plazo, de un mes, tiene como fin trabajar en unir las “brechas conceptuales” puestas en las mesas de negociaciones, comentó Lighthizer. También se acordó extender las conversaciones hasta el primer trimestre del 2018.
Freeland dio la bienvenida a la pausa más larga entre las rondas, diciendo que esperaba que el tiempo extra produjera “perspectivas frescas y creativas”.
A su vez, Guajardo informó que habrá una reunión con los jefes negociadores en diciembre en Washington DC, sin precisar la fecha, y, posteriormente, se seguiría con el calendario normal, para que la sexta ronda de negociaciones, a nivel ministerial, se celebre en Canadá.

Una negociación atípica

Arlington, EU. Todo terminó donde comenzó, con una simple diferencia. En su campaña, Donald Trump ofreció cambios al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) considerados como inaceptables o “líneas rojas” por México y Canadá. Ahora es lo mismo, sólo que las propuestas están puestas en papel en la mesa de negociaciones.
México y Canadá han dejado más que claro que no cruzarán esas líneas y que ninguno se levantará de la mesa. Es un no rotundo y respaldado por los sectores productivos y los congresos de ambos.
¿Por qué entonces Estados Unidos se aferra a su misma posición? Lo único que en los hechos ha cambiado intermitentemente es la reacción de los mercados financieros. Entre más fricciones y mayores efectos contraproducentes contra México y Canadá se anticipen, sus monedas o sus mercados de valores pueden caer en esa misma medida. Los especuladores han sido protagonistas.
“Debemos entender que todos tenemos límites”, dijo Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, a Robert Lighthizer, representante comercial de la Casa Blanca, al término de la cuarta ronda de negociaciones.
Las propuestas de Estados Unidos “hacen retroceder el reloj”, le cuestionó Chrystia Freeland, ministra de Relaciones Exteriores de Canadá.
¿Cuál es la estrategia de Estados Unidos? Nadie la entiende. ¿Para presionar? Ya se ha decantado que Canadá y México prefieren el plan B. ¿Para salirse del TLCAN? Muchos dicen que es como darse un balazo en el pie.
“A pesar de nuestras diferencias actuales, debemos asegurarnos de que las decisiones que tomemos hoy no vuelvan y nos atormenten mañana”, advirtió Guajardo a Lighthizer.
Hay dos esperanzas para quienes están en favor del TLCAN: mientras haya mesa de negociaciones, puede haber un acuerdo para actualizarlo, o en tanto no haya un acuerdo y nadie se salga, el TLCAN seguirá funcionado como hasta ahora.
Algunos creen que Trump puede sacar a Estados Unidos del TLCAN. Pero si este es el propósito por sí mismo, ¿para qué negociar?
Es pertinente una corrección en el inicio de esta historia: Trump prometió en campaña sacar a Estados Unidos del TLCAN. Ahora negocia, aunque con un gran enigma.

Fuente

EU manifiesta su decepción por negativa de México y Canadá a aceptar cambios en el TLCAN


 
PROCESO 
 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El representante comercial de la Casa Blanca, Robert Lighthizer, se manifestó sorprendido “por la resistencia al cambio” de México y Canadá para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
“No hemos visto indicios de que nuestros socios tengan la voluntad de realizar cambios que resultarían en un mayor equilibrio y una reducción de estos enormes déficits comerciales”, subrayó el enviado de Estados Unidos.
Añadió: “Me duele y me decepciona la resistencia de las dos partes que aquí me acompañan. Coincidimos en el primer objetivo, pero a veces no aceptan criterios que ya habíamos aceptado en el pasado”.
Y advirtió que si se logra un acuerdo hacia adelante “debe ser justo”, pero por lo pronto, apuntó, “tomemos el tiempo para reflexionar”.

Lighthizer declaró lo anterior debido a que algunas de las propuestas que se presentaron durante la cuarta ronda de negociaciones –que concluyó este martes– crearon una serie de “retos”, de manera que la renegociación del TLCAN se prolongará hasta el primer trimestre de 2018.
Así lo señalaron en un comunicado conjunto el representante comercial de la Casa Blanca, el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, y la canciller de Canadá, Chrystia Freeland, quienes acordaron reunirse en la Ciudad de México del 17 al 21 de noviembre para la quinta ronda de renegociación.
“Canadá, Estados Unidos y México han completado sustancialmente las discusiones en el Capítulo de Competencia… Además, los negociadores hicieron progresos en varios grupos, como aduanas y facilitación comercial, comercio digital, prácticas regulatorias y sectores anexos”, destaca la declaración conjunta.
Sin embargo, los funcionarios de los tres países reconocieron que algunas de las propuestas han creado “retos” y existen “brechas conceptuales significativas” entre los tres países, por lo que pidieron a sus negociadores buscar “formas creativas” de estrechar las diferencias.
Ante las especulaciones de un posible rompimiento, Guajardo subrayó: “Nadie quiere terminar ese proceso”.

Fuente

IP advierte que no aceptará retroceso en el TLCAN


Alejandro Alegría
 
Periódico La Jornada
Miércoles 18 de octubre de 2017, p. 23
Al término de la cuarta ronda de negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el sector privado de México reiteró que no aceptará propuestas que representen un retroceso en el pacto o que violen las reglas de intercambio internacional.
En conferencia telefónica, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, dijo que no se está polarizando el proceso. Hay que tener paciencia; no podemos terminar ni con un buen acuerdo, ni con un mal acuerdo en la quinta ronda, dijo.
Tenemos que tener una visión de mediano plazo, incluso sin plazos fatales, porque lo más importante es construir algo benéfico para las tres economías, agregó.
El presidente del CCE aseguró que las propuestas que Estados Unidos ha puesto son intransitables, por esa razón se regresa a hacer trabajo en equipo con los negociadores mexicanos y así encontrar una solución.
Reglas de origen, entre lo difícil
Indicó que se identificó la existencia de tres grandes temas que deben atenderse. En el primero se encuentran el energético y comercio electrónico, así como aquellos donde hay coincidencia trilateral y los que ya se han cerrado como pequeñas y medianas empresas y competencia.
El segundo incluye el laboral y de propiedad intelectual, así como otros donde hay consenso de que se deben discutir y ya fueron tocados en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (ATP).
El tercero se compone por los temas más difíciles, es decir, reglas de origen, la cláusula de caducidad. Sobre este tema, Castañón insistió en que pone en riesgo la confianza de los inversionistas; no es factible porque este tratado es de inversión y de empleo y tenemos que dar confianza para generar proyectos de mediano plazo.
Sobre la posibilidad de que se alargue el proceso de negociación, Castañón señaló que a la IP sólo le preocupa que el proceso se pueda contaminar con el tema electoral. Es tan importante la negociación con nuestros socios que tenemos que tomar el tiempo que sea necesario y que ningún actor político lo contamine con intereses políticos o electorales, aseveró.
Por su parte, Moisés Kalach, encargado del cuarto de junto del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales (CCENI), dijo que hay que ser muy responsables a la hora de hacer propuestas y reiteró que en toda negociación hay idas y vueltas.

Fuente

Peña Nieto y la normalidad corrupta


 
PROCESO 
 
CIUDAD DE MÉCICO (apro).- Un acto organizado por el Grupo Financiero Interacciones –banco nacido al amparo del poder político y cuyos clientes son los gobiernos–, fue elegido por el presidente Enrique Peña Nieto para recriminar a quienes se ocupan, por la vía de la transparencia, de los actos de corrupción.
Lo hizo al frivolizar ahí las denuncias que remiten a asuntos dolorosos por la perdida de vidas humanas y aun patrimoniales de miles o millones de personas.
Notable bifurcación de símbolos y hechos, como sólo en las reuniones entre Peña Nieto y ese grupo financiero ocurre.
Interacciones es el banco de Carlos Hank, hijo homónimo de “El Profesor”, paradigma del “hombre del sistema”, como se llamaba a quienes sabían trepar el escalafón del régimen hegemónico y que, en su caso, pudo hacerlo mientras amasaba una fortuna que hoy tiene a sus descendientes en la Lista de Forbes de los más ricos del mundo. Se le identificaba como líder del “Grupo Atlacomulco” con el que, por origen y parentescos, se identifica al propio Peña Nieto.
Aunque el presidente abordó diferentes tópicos relevantes destacó su declaración sobre corrupción. Según Peña Nieto, en todo quiere encontrarse culpables para poder decir que fue la corrupción. Ejemplificó con un choque vehicular por falla de semáforo; sardónico, dijo que se quiere saber a quién se compró el semáforo. Aunque luego presumió los sistemas de transparencia y anticorrupción como avances de su gobierno, la declaración es reveladora de sus conceptos. Ejemplo malogrado.
Si un semáforo falla y el ciudadano quiere saber quién fue el proveedor, es porque existe la posibilidad de una compra irregular, funcionarios que no verificaron las condiciones, y de que actos de corrupción resultaran en el daño patrimonial o físico al ciudadano. Perder un coche no es daño para uno del Grupo Atlacomulco, ni siquiera cuando choquen el Ferrari y aun cuando no les guste pagar tenencia pero, para un ciudadano común, puede ser una tragedia hasta pagar un deducible, como el que por cierto, tendrán que pagar muchos afectados por el sismo, sólo para endeudarse más.
Del ejemplo ficción a los hechos: en el Paso Exprés había señalamientos previos de deficiencias en la obra, con una empresa, Epccor, cuyos dueños tienen largo historial en obras mal hechas; hubo dos muertos. En los sismos, hay ejemplos más graves: inmuebles con pisos y helipuerto ilegal; el Tec de Monterrey –cinco muertos– o, el más doloroso por los 19 niños muertos: irregularidades en la edificación y verificaciones al colegio Rébsamen. Todo con síntomas de corrupción.
Pero decirlo ahí, con Interacciones, tiene una relevancia especial. Interacciones, de Carlos Hank, es el tercer banco que acapara deuda pública; su hijo preside Banorte, segundo banco acreedor de gobiernos. Juntos, los bancos de los Hank son los principales prestamistas de los gobiernos estatales y municipales, cuando las deudas son el escándalo de la década y tienen a varios gobernadores presos o bajo investigación.
Que los banqueros, descendientes del líder del Grupo Atlacomulco sean los principales acreedores, es un asunto de interés público. Se trata de saber en qué condiciones y por cuánto, cientos de gobernantes han comprometido los recursos de estados y ciudades hasta por 25 años.
Desde 2014, en Proceso litigamos para abrir los contratos de deuda subnacional con esos bancos que, por su parte, se ampararon contra las resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que nos daban la razón. Con chicanadas han logrado prolongar los procesos constitucionales.
Viejos amigos, fue frente a Hank que Peña Nieto, el mandatario federal con más señalamientos de corrupción en dos décadas, refrendó la coincidencia de los de Atlacomulco: su resistencia a la transparencia y la normalidad con que ven la corrupción.
Visita www.notassinpauta.com

Fuente

Temer deja sin castigo a terratenientes con trabajadores en condiciones de esclavitud

Foto
El presidente de Brasil, Michel Temer, enfrenta la segunda denuncia presentada por la Procuraduría General, esta vez por formación de banda criminal y obstrucción de la justicia. En la imagen, el mandatario durante la entrega de la Orden del Mérito Médico que su gobierno concede a civiles y militares en servicio, ayer en el Palacio de PlanaltoFoto Afp
Eric Nepomuceno
Especial para La Jornada
Periódico La Jornada
Miércoles 18 de octubre de 2017, p. 27
Río de Janeiro.
En sus olímpicos esfuerzos por mantenerse en el sillón presidencial, Michel Temer, en el poder a raíz de un golpe institucional, da reiteradas muestras de considerar que, en esa lucha, cualquier arma es buena.
En vísperas de enfrentar la segunda denuncia presentada por la Procuraduría General de la República, esta vez por formación de banda criminal y obstrucción de la justicia, Temer, una vez más, transformó su despacho en balcón de negocios. Recibe a diputados, escucha sus demandas, negocia la liberación de recursos (desviados, por cierto, de su destinación inicial), así como la distribución de cargos y puestos, como el envío al Congreso de medidas de interés de grupos económicos o religiosos, en especial los de sectas evangélicas fundamentalistas.
El pasado lunes, de manera inesperada, Michel Temer decidió acatar una antigua reivindicación de los grandes terratenientes brasileños: adoptó medidas que dificultarán, cuando no imposibilitarán, la fiscalización y castigo a los responsables por tener trabajadores en condiciones de esclavitud o en situación análoga a ésta. Con eso espera asegurar los votos favorables de la bancada ruralista, que reúne a más de 200 de los 531 diputados, y que representa intereses propios (muchos de ellos son grandes propietarios de tierra) y de todo el sector del agronegocio.
Hubo protestas inmediatas, dentro y fuera del país. La más contundente fue la de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que en una dura nota afirmó que el país deja de ser referencia global en el combate al trabajo esclavo y pasa a ser ejemplo negativo. Además, advierte que la medida es ilegal, porque altera lo que determina el Código Penal brasileño.
Para la OIT, la legislación anterior contenía puntos considerados ejemplares, que fueron anulados o neutralizados. Antes, se consideraba que jornadas exhaustivas y en condiciones degradantes conformaban una situación análoga a la esclavitud. La nueva determinación de Temer dice que no, y que la fiscalización sólo podrá sancionar al empleador cuando haya restricción de libertad. No aclara qué implica dicho concepto, o sea, prevalecerá el criterio del empleador.
Antes, impedir que alguien abandonara determinado lugar donde es forzado a ejecutar tareas en situaciones degradantes era esclavitud. A partir de ahora, sólo se considerará que hay esclavitud cuando se recurra al uso de la fuerza o haya vigilancia armada para impedir que el trabajador abandone el local.
La legislación anterior determinaba la divulgación, en cualquier momento, de una lista negra con los nombres de los acusados de emplear mano de obra esclava. Esa lista era elaborada por el cuerpo técnico del Ministerio del Trabajo, sin injerencia alguna. Ahora, la divulgación pasa a ser de competencia exclusiva del titular de la cartera de Trabajo. Si decide mantenerla bajo sigilo, nadie sabrá quiénes la integran.
Antes, los integrantes de la lista eran obligados a pagar deudas laborales e indemnización a las víctimas. Además, su nombre quedaba registrado por al menos un año. Ahora, los que practiquen trabajo esclavo ya no tendrán ninguna obligación frente a sus víctimas. Los pobres miserables tendrán que recurrir, por su cuenta, a la justicia, lo que jamás ocurrirá.
Todo eso llevó a la OIT a dar otra alerta: sin que se divulgue el registro de quiénes contratan a trabajadores en condiciones de esclavitud, Brasil corre el riesgo de enfrentar barreras comerciales, especialmente en las exportaciones de alimentos. Abandonar el criterio estrictamente técnico en la elaboración y divulgación de la lista para adoptar criterios políticos con seguridad generará desconfianza de compradores de todo el mundo. El sistema de la lista negra era considerado referencia internacional.
Desde la llegada de Michel Temer y su grupo al poder, las presiones de la bancada ruralista no hizo más que aumentar. Como consecuencia, el combate al trabajo esclavo perdió fuerza, pero perduraba. La fiscalización, por ejemplo, sufrió drástica reducción en su presupuesto, a tal punto que el pasado agosto se agotaron los recursos previstos en el presupuesto nacional para todo este año.
Acosado por consistentes denuncias de corrupción, entre otros delitos, el presidente más impopular de toda la historia brasileña no lo pensó dos veces. A cambio de apoyo para mantenerse en el cargo y preservar a los dos ministros más fuertes de su gobierno, que además de integrar la misma denuncia que será analizada por la Cámara de Diputados responden a un sinfín de acusaciones en la justicia, retrocedió y eliminó conquistas laborales de décadas.
A tal punto impactó el retroceso, que tanto el Ministerio Público del Trabajo como el Ministerio Público Federal, fiscalías máximas, hicieron críticas muy duras a la medida y recomendaron que sea anulada.
El ministro de Agricultura, Blairo Maggi, poderosísimo terrateniente y cultivador de soya transgénica, dijo: sólo tenemos que celebrar tras la decisión de Michel Temer.
Nada podría ser más claro.

Fuente

Miles exigen libertad para los líderes independentistas catalanes

Foto
Cientos de miles de catalanes repudiaron ayer el encarcelamiento de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, líderes de plataformas independentistas que fueron enviados a la prisión de alta seguridad de Soto del RealFoto Ap
Armando G. Tejeda
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 18 de octubre de 2017, p. 25
Madrid.
Cataluña vivió ayer una intensa jornada de revolución democrática, en la que centenares de miles de personas salieron a las calles para exigir la liberación de los dos presos políticos del proceso de secesión, en referencia a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y la plataforma Omnium Cultural, respectivamente.
Los líderes independentistas pasaron su primera noche en la prisión de alta seguridad de Soto del Real, adonde fueron enviados por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, acusados del delito de sedición, por el cual podrían ser condenados hasta a 15 años de cárcel.
Las calles de las principales ciudades y pueblos de Cataluña se llenaron de letreros e inscripciones con consignas parecidas a las que se hicieron populares en los años más duros de la transición a la democracia, cuando todavía persistía la férrea estructura represora de la dictadura. Presos políticos, libertad, ni un paso atrás, los claveles serán siempre nuestros o presos catalanes, los queremos en casa, se escuchó gritar a miles de manifestantes indignados por el encarcelamiento de las figuras más relevantes del movimiento independentista.
Fue una jornada de revolución democrática, porque prácticamente en todo el día hubo concentraciones, actos de protesta, reuniones de comités y, por la noche, se llevó a cabo una multitudinaria manifestación en las calles de Barcelona que según la guardia urbana congregó a más de 200 mil personas.
La marcha se desarrolló en silencio, esta vez los inconformes llevaban veladoras rojas y azules en vez de banderas. El mensaje fue contundente: más allá de las filiaciones ideológicas o de las reivindicaciones políticas, se habían congregado ahí para decir fuerte y claro que el Estado español había cruzado la línea roja al echar a andar la maquinaria judicial para meter a la cárcel a los dos primeros presos políticos. El mismo mensaje se repitió en Girona, Tarragona, Lleida, Valencia, la Puerta del Sol de Madrid e incluso en varias capitales europeas, donde el movimiento separatista catalán se movilizó para alzar la voz ante lo que considera un atropello sin parangón en una democracia occidental.
Estas detenciones, además, hicieron desaparecer las escasas posibilidades de que se abra una mesa de diálogo entre el gobierno español, del derechista Mariano Rajoy, y el catalán, del nacionalista Carles Puigdemont. Durante los discursos en las manifestaciones, así como en las declaraciones de la mayoría de los líderes soberanistas, se insistió en que Madrid había negado cualquier posibilidad a una salida pactada con el encarcelamiento de los Jordis.
Marcel Mauri, vocero de la plataforma Omnium Cultural, señaló que “ni siquiera el franquismo se atrevió a tanto. Por ello, de ahora en adelante saldremos a la calle para exigir la libertad de los presos políticos, pero también para pedir democracia, porque nosotros salimos con la determinación y la voluntad de paz y civismo que hacían ‘los Jordis’. Esto es lo que nos hace diferentes, lo que no vamos a perder nunca”.
El vicepresidente de la ANC, Agustí Alcoberro, advirtió que los Jordis son personas honestas y comprometidas con este país y por ese motivo son presos y rehenes del reino de España. Es un elemento más de la deriva antidemocrática que ha supuesto la reducción de libertad y de derechos, pero por mucho que nos encarcelen siempre tendremos relevo. Porque no tenemos miedo.
El gobierno catalán también expresó su profundo malestar e indignación, al tiempo que advirtió que no cambiará su postura ante el requerimiento de Madrid para que aclare antes del próximo jueves si declaró o no la independencia. Aseguró que mantendrá su oferta de diálogo, pero siempre y cuando se haga por cauces democráticos y respetando el mandato popular de la población catalana del primero de octubre.
Jordi Turull, vocero de la presidencia, advirtió que del otro lado hay un gobierno que cierra constantemente las puertas y mira en dirección contraria al diálogo mediante la represión y el acoso a empresas, invitándolas a que se lleven su sede social de Cataluña.
Ada Colau, alcaldesa independiente de Barcelona pero con vínculos a Unidos Podemos (UP), calificó las detenciones de políticas y arremetió contra la justicia española. Además, anunció la suspensión de las actividades institucionales del consistorio hasta el próximo jueves, en señal de protesta por la situación de excepción que se vive en Cataluña.
Mireia Boya, vocera de la Candidatura de Unidad Popular (CUP), informó que habían iniciado conversaciones con las otras dos fuerzas independentistas –Partido Demócrata de Catalunya (PDCAT) y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC)– para declarar en los próximos días la independencia formal y pública, ya sin vuelta atrás. Se encontrarán con una república proclamada cuando vengan por nosotros. Sólo buscamos el mejor momento para hacerlo, pero será en los próximos días. En este sentido, apremió a la sociedad civil a apoyar en las calles la proclamación, con el mismo espíritu unitario que permitió que el pasado primero de octubre se pudiera celebrar el referendo de autodeterminación, a pesar de su prohibición por los tribunales españoles.
Pedimos que nadie se quede en casa, que ningún silencio sea cómplice del Estado español.
Este anuncio coincide con la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró ilegal la ley de referendo aprobada por el Parlamento catalán el pasado 5 de septiembre y que abrió las puertas a la consulta ciudadana. La sentencia fue aprobada por unanimidad, en la que además se advirtió que en la tramitación de la ley hubo graves quiebres del procedimiento legislativo, tal como denunciaron los partidos de oposición que son contrarios a la independencia.
En cuanto a las consecuencias de la inestabilidad política que se vive en Cataluña, Irene Garrido, secretaria de Economía del gobierno español, informó que desde el pasado primero de octubre se han ido de la región 700 empresas, incluidas las más importantes. Además de que en un solo día se habría registrado una fuga de depósitos bancarios de más de 4 mil millones de euros, motivada por el miedo y la incertidumbre.
La independencia supondría el empobrecimiento de la población por la desaparición del crédito, vendrían tensiones presupuestarias porque habría menos ingresos tributarios, sería imposible frenar los procesos inflacionarios derivados de tener que financiar déficit emitiendo deuda y, en definitiva, un desastre por la fuga de capitales ante la falta de confianza política y económica, señaló.
La empresa de seguros SegurCaixa Adeslas, que es la que da la cobertura al Parlamento catalán, anunció que ya no dará este este servicio de responsabilidad civil a la institución y a los diputados por el riesgo producido por los acontecimientos ocurridos recientemente en Cataluña.

Fuente