lunes, 24 de octubre de 2016

Nueva justicia laboral

Revista Siempre! 
 
Por Martín Esparza Flores /

Su eficiencia en entredicho

Por Martín Esparza Flores
Las modificaciones aprobadas por el Senado en el supuesto de mejorar la justicia laboral en México no contienen, como la reforma laboral, el punto de vista de la clase trabajadora. Como sucede de manera inalterable con las decisiones del Congreso, los partidos políticos de nueva cuenta se adjudican el “sagrado” derecho de decidir qué es lo mejor para los golpeados asalariados, ignorando su parecer.
De acuerdo con los cambios resueltos, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, esos nidos de corrupción y atropellos que por décadas fueron puestos al servicio de los empresarios, desaparecerán para dar paso a tribunales en materia de trabajo dependientes del Poder Judicial Federal y de las entidades federativas.
El problema de fondo es que en el plano de la realidad nacional no se les augura un futuro promisorio sobre todo por la marcada y constatada dependencia de muchos de los fallos de ministros, magistrados y jueces en contra de los legítimos derechos e intereses de los trabajadores, por consigna del Ejecutivo. Mientras en nuestro país la autonomía de los impartidores de justicia siga en entredicho, la justicia no sólo laboral sino en todos los órdenes jurídicos seguirá siendo una inalcanzable utopía para los desposeídos.
De acuerdo con lo fundamentado en la Cámara alta, el origen de la propuesta del Ejecutivo descansa sobre dos ejes políticos que nada tienen qué ver con la opinión de los directamente interesados: el foro de consulta sobre justicia cotidiana encargado por la Presidencia de la República al Centro de Investigación y Docencia Económicas; y el llamado que la Organización Internacional del Trabajo, hizo durante su conferencia internacional, de junio pasado, en Ginebra, Suiza, a nuestro país para promulgar, en este sentido, reformas en materia laboral.
Los legisladores propalaron como una “victoria” para los trabajadores lo alcanzado con el consenso de todos los partidos; unos por zalamería al Ejecutivo, otros por defender sus intereses, como ocurrió con líderes de organizaciones corporativas del PRI, y los más por ignorancia y desinterés en torno al tema, circunscribieron la justicia laboral al terreno de las controversias jurídicas, cuando el término, ubicado en el ámbito de la justicia cotidiana, debería ser más extenso, incluyendo el derecho de los trabajadores y sus familias, por ejemplo, a una atención médica oportuna y de calidad, muy diferente al pésimo servicio y la carencia de medicamentos con que el IMSS pone en peligro su salud y su vida.
En el catálogo de demagogias y buenos propósitos alcanzados en el Congreso no faltaron quienes pontificaron el fin de los contratos de simulación y el respeto a los legítimos contratos colectivos, pero nadie mencionó, ni por asomo, que con la legalización de las outsourcings, establecida en la reforma laboral, en nuestro país se ha dado un retroceso precisamente a la contratación colectiva y al acceso a la seguridad social de millones de mexicanos en edad productiva, sobre todo jóvenes.
Otro de los puntos a definir en este nuevo modelo de justicia laboral será saber de dónde saldrán los recursos para instrumentarlo.

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