lunes, 17 de octubre de 2016

Los Senadores Nunca Consultaron a los Trabajadores TRIBUNALES LABORALES NO GARANTIZAN HACER JUSTICIA

*Tampoco Garantizan Acabar con la Corrupción ni Agilizar los Juicios Laborales.
*Imponen un Sistema Autoritario que Privilegia a los Empresarios, que Privilegia a las Multinacionale.
*¿Cómo Confíar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus Jurisprudencias para Anular los Derechos?

Participación de Martín Esparza Flores,
Conductor de Frecuencia Laboral y Secretario General del SME,
Transcripción de Andrea Luna Hernández, Programa 15 /octubre /2016,
 
Tenemos muy claro que esta reforma a los artículos 107 y 123 constitucionales que aprobaron los senadores para desaparecer a las Juntas de Conciliación y Arbitraje y -en su lugar- crear tribunales laborales, no fue consultada con la clase trabajadora. Es parte de este proceso de desmantelamiento de cualquier espacio de defensa de los derechos de la clase obrera en este país.
¿ Que va a pasar con las juntas federales de conciliación y las juntas locales? el cierre, el despido de los trabajadores. (ya en abril hubo un recorte de 200 empleados.
Escuchaba yo al ex secretario del Trabajo y actual senador, Javier Lozano Alarcón, dice es que eliminan a las juntas locales y federales de conciliaciòn y arbitraje porque estan controladas por el gobierno. Y crearán un órgano conciliador que va a estar dentro de los propios tribunales pero ¿quién lo va a controlar?
Hay que preguntarnos si realmente con los tribunales laborales habrà justicia para los trabajadores en este país. Observamos que hay un sistema autoritario que privilegia a los empresarios, que privilegia a las multinacionales en estos tratados comerciales. ¿Qué hacen las multinacionales cuando invierten en un país? Le exigen al gobierno que les de certidumbre jurídica y por eso están modificando la constitución y las leyes.
Por eso es que debemos organizarnos los trabajadores para hacer un amplio espacio de organización y de lucha. Hoy hay una crisis también el movimiento obrero democrático independiente del país, la tasa de sindicalización es muy baja y se tiene poca fuerza para defender los derechos humanos laborales que están desapareciendo.
Las juntas locales y federales de conciliación y arbitraje fueron creadas como una conquista de los trabajadores para poder sentar al patrón a negociar las demandas laborales y poder conciliar toda controversia derivada de la propia constitución y la ley. En esas instancias hay una representación tripartita de obreros, empresarios y gobierno. Hoy se pierde este espacio de los trabajadores y se crearan juzgados de lo laborales en donde no se garantiza ni honestidad, ni justicia pronta y expedita.
Hay voces encontradas, por ejemplo, escuchaba a algunos abogados Arturo Alcade dice: estamos a favor de que desaparezcan las juntas. Incluso cuando las reformas que hicieron a la ley federal del trabajo dijeron: bueno por lo menos que le pongan que se den a conocer los contratos de protección. Son voces que benefician al capital a los empresarios, aquí no hay ningún beneficio para los trabajadores. Es muy claro que la única forma de que haya justicia para los trabajadores es con la organización.
Con la reforma que aprobaron los senadores quedó todo muy confuso ¿qué es lo que va a pasar con los trabajadores de la Junta federal y local de Conciliación y Arbitraje ¿Qué va a pasar con la Procuraduría de Defensa del Trabajo? y todos los procedimientos que ahí se hacían. Dan un año de tiro de gracia para este proceso.
Lo que observamos es todo un proceso de desmantelamiento.
El argumento de los senadores y los diputados dicen: es que en la juntas eran muy corruptos. Pero el poder judicial no es mejor.
Un ejemplo es el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME): logramos un amparo a nuestro favor en el 2012, los tres magistrados del tribunal del circuito en materia laboral resolvieron en pro. Y los sinvergüenzas ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación lo revocaron con argumentos sin fundamento legal. Entonces ¿quién puede confiar en esta clase de poder judicial en donde los ministros mejor pagados de todo el mundo, quienes no sirven más que para avalar la anulación en la práctica de los derechos humanos establecidos en la constitución con sus jurisprudencias 

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