Desde hace más de 11 años el consejo de ejidos y comunidades opositores
a la presa La Parota lucha por la defensa de su territorio, cultura e
identidadFoto Javier Verdín
De los corresponsales y Fernando Camacho
Periódico La Jornada
Martes 30 de diciembre de 2014, p. 13
Los megaproyectos económicos, entre ellos minas,
presas hidroeléctricas, autopistas, aeropuertos, parques eólicos,
acueductos e incluso desarrollos turísticos, se han convertido en una de
las principales causas de conflictividad social en años recientes en
todo el país, reportaron los corresponsales de La Jornada.
Lo anterior se debe no sólo a que
despojan
de sus recursos naturales a las comunidades donde se asientan,
pasando por alto su opinión y su voluntad
, sino también a que generan
altos niveles
de contaminación en la tierra y el agua, dividen a los pueblos para
imponer sus intereses e incluso se les señala como responsables de
encarcelamientos y asesinatos contra los activistas opositores, de
acuerdo con denuncias de múltiples colectivos de la sociedad civil.
Minas imponen sus intereses
Según un análisis realizado por los corresponsales de
este diario en el país, los megaproyectos mineros son una de las
actividades más cuestionadas por los pueblos cuyas tierras son
explotadas por estas compañías –la mayoría de origen extranjero–, pero
también los objetan especialistas de universidades y organizaciones no
gubernamentales.
El Tribunal Permanente de los Pueblos denunció recientemente que las
minas son la mayor causa de tensiones en América Latina, al generar unos
200 conflictos sociales en la región, de los cuales cerca de 90
implican a empresas canadienses, las cuales violan los derechos
ambientales de la región donde trabajan y provocan la ruptura del tejido
social.
A escala local, la Red Mexicana de Afectados por la Minería detectó que hay por lo menos 35
focos rojos
generados por esta actividad, diez de ellos en San Luis Potosí, cuatro
en Oaxaca, Michoacán y Guerrero con tres cada uno, los estados de Baja
California Sur, Chihuahua, Hidalgo, Puebla y Zacatecas con dos por cada
entidad, y al menos uno en Chiapas, Colima, Jalisco, Durango, Morelos y
Veracruz.
Además, en prácticamente todos los casos las mineras violan el
convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –firmado y
ratificado por México–, que establece el derecho de las comunidades
indígenas a ser consultadas de forma previa, libre e informada para
pedir su autorización antes de poner en marcha cualquier proyecto
económico en sus territorios.
Un caso reciente que ilustra la falta de controles a las empresas
mineras y el daño ecológico que éstas pueden causar es el de las minas
Buenavista del Cobre y Cananea, filiales de Grupo México, que el 7 de
agosto pasado derramó 45 millones de litros de sulfato de cobre y
metales pesados en los ríos Bacanuchi y Sonora, lo cual ha paralizado
casi por completo las actividades económicas en siete municipios de
Sonora.
Otro ejemplo paradigmático que ilustra las malas condiciones en las
que trabajan los mineros, pese a las ganancias millonarias de los dueños
de las compañías que explotan el mineral, es el de Pasta de Conchos,
ubicada en la región carbonífera de Coahuila –también propiedad de Grupo
México–, donde el 19 de febrero de 2006 ocurrió una explosión que dejó
atrapados a 65 obreros a más de 700 metros de profundidad.
De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del estado, la
mina estalló por la acumulación de gas metano, el cual se deriva de la
extracción de carbón y es imperceptible al olfato. Trabajadores
sobrevivientes y ex trabajadores del lugar aseguraron que la empresa los
obligaba a laborar aun cuando los sensores electrónicos detectaban
concentraciones de gas por arriba de lo tolerable.
Autopistas despojan
a comunidades
De igual forma, la construcción de autopistas es motivo
de conflictos en diversas entidades, sobre todo porque en el proceso son
comunes los despojos de tierras, el no pago de indemnizaciones y la
falta de consulta a los pueblos afectados.
En el estado de México es emblemático el caso de 15 familias del
pueblo de San Francisco, cuyas viviendas y negocios fueron demolidos
para iniciar la construcción de la autopista de Naucalpan al Aeropuerto
de Toluca y además fueron multados con más de 3 millones 700 mil pesos
por rellenar parte de una barranca contigua a los lotes donde antes
vivían.
Aunque nunca se negaron a dejar los terrenos, los antiguos
dueños de las tierras afirman que las autoridades estatales derribaron
sus casas cuando aún estaban habitadas, por lo que no pudieron rescatar
sus bienes ni sus documentos personales. De igual forma, nunca se
cumplieron las promesas de que serían indemnizados, por lo que
recurrieron a cauces legales para reclamar el pago de daños.
En Guanajuato, el presidente del Consejo Estatal Indígena y
representante de 26 comunidades ñañús, Magdaleno Ramírez, denunció ante
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la violación a los derechos
del pueblo indígena por parte del gobierno panista de Guanajuato al
intentar despojarlos de sus tierras para construir la autopista
Silao-San Miguel de Allende.
En la queja, el líder indígena acusó al estado de intimidarlo
constantemente para que se desistiera del amparo tramitado contra la
autopista, cuyo proceso judicial tiene detenida la obra.
Termoeléctricas y parques eólicos, otra fuente de conflicto
En lo que se refiere a iniciativas de generación de
energía, uno de los ejemplos más recientes es el Proyecto Integral
Morelos, mediante el cual se busca instalar dos plantas termoeléctricas
de ciclo combinado en el pueblo de Huexca, Morelos, así como un
gasoducto de 160 kilómetros que atravesará 60 pueblos de tres entidades
(Puebla, Tlaxcala y Morelos) y un acueducto que transportará 50 millones
de litros de agua al día.
De acuerdo con organizaciones sociales de la región, el proyecto de
la Comisión Federal de Electricidad –donde se invertirían mil 600
millones de dólares, sobre todo en concesiones a las empresas españolas
Elecnor y Enagas, así como a la italiana Bonatti– es una
bomba de tiempo
,
pues además de las implicaciones ambientales por el uso de diversos
materiales en las termoeléctricas, el gasoducto pasaría por una zona de
actividad sísmica y volcánica.
De igual forma, en el estado de Oaxaca, la instalación de 17 parques
de generación de energía eólica –concesionados a 11 empresas
trasnacionales– provocó que desde 2007 varias comunidades zapotecas y
huaves del Istmo de Tehuantepec se organizaran para resistir lo que
llamaron
la nueva Conquista
.
En la localidad de Unión Hidalgo, un grupo de 28 comuneros aceptó
rentar sus tierras a la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos, filial de
la española Renovable Energy, pero luego de algunos meses se
organizaron y desistieron, exigiéndole a la Procuraduría Agraria que
decretara el cese de los contratos.
Otro caso ejemplar y reciente de megaproyectos que se iniciaron sin
pedir el consentimiento de los pueblos es el Acueducto Independencia, en
el estado de Sonora, mediante el cual se desvían anualmente 75 millones
de metros cúbicos de agua de la cuenca del río Yaqui al Sonora, para
abastecer del líquido a la ciudad de Hermosillo.
Aunque en 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó un
amparo solicitado por la tribu yaqui contra la manifestación de impacto
ambiental otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales al acueducto, este sigue operando mientras no se realice una
consulta entre los indígenas sobre este tema, la cual no ha cumplido con
los requisitos de ser libre e informada, según los inconformes.
Los desarrollos turísticos también pueden convertirse en elementos de
conflicto o desequilibrio ecológico, como lo demostró el caso del
proyecto Cabo Cortés, que pretendía construir en el Parque Nacional Cabo
Pulmo, en Baja California Sur, una marina para más de 400 barcos, 27
mil habitaciones de hotel, centros comerciales y dos campos de golf, en
una zona de baja densidad habitacional y gran escasez de agua.
Sin embargo, en junio de 2012 el entonces presidente Felipe Calderón
anunció la cancelación de las licencias otorgadas a la empresa española
Hansa Baja Investments, luego de que por años diversas organizaciones
civiles, además de académicos especialistas, advirtieran sobre la
inviabilidad de dicho proyecto.
Fuente
